nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y OTRO

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y Otro Recurso de Protección.

Rol N°164-2025.- La Serena, veintiséis de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se ha deducido recurso de protección a favor de nombre reservado, de nacionalidad cubana, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la Subsecretaria del Interior, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización, realizada el 24 de abril de 2023, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 27 de Ley N°19.880 y asimismo, con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°21.325 de 2021, Ley de Migración y Extranjería, y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022 Señala que don nombre reservado ingreso al país en calidad de turista, estando dentro del país cambio su condición migratoria a residente temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile, posteriormente, la recurrente realizo la solicitud de residencia definitiva, siendo aprobada, manteniendo esta condición hasta el día de hoy, y que, el 24 de abril de 2023 ingresa su solicitud del beneficio migratorio de nacionalización, pero a la fecha no ha tenido respuesta del servicio, por lo que se mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre.

Señala que, es importante destacar que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites, debiendo las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Además, alude al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, por lo cual se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo, evitando trámites dilatorios.

Por estas consideraciones solicita ordenando al servicio recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo de 30 días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Comprobante de solicitud de nacionalización; 2. Cédula de identidad para extranjeros.; 3. Comprobante de pago de derechos y 4. Certificado de residencia.

SEGUNDO: Que, a folio 4, evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones.

En primer término, alega excepción de cosa juzgada, solicitando que la presente excepción sea acogida, pues con fecha 11 de diciembre de 2024 se interpuso Recurso de Protección Rol Nº1955-2023, ante la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, en la cual mediante sentencia de fecha 10 de enero de 2025, se acogió el recurso de protección presentado en contra del Servicio Nacional de Migraciones en el cual se solicitaba que se resolviera la solicitud de Carta de Nacionalización, y que la sentencia señala plazo de 30 días para emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de carta de nacionalización, y que, el mismo día de la sentencia y no apelando por parte de esta autoridad migratoria, se procede a enviar a etapa de cumplimiento, encontrándose actualmente dentro de plazo para dicho cumplimiento.

Arguye que, posteriormente se presentó el presente recurso, en la cual se solicitaba que se resolviera la solicitud de Carta de Nacionalización, y que, los petitorios de los dos recursos presentados tienen como finalidad resolver la solicitud de Carta de Nacionalización de 20 de abril de 2023, ante esta autoridad migratoria.

Por lo que señala que se darían los presupuestos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, esto es, 1°. Identidad legal de las personas; 2°. Identidad de la cosa pedida; y 3°. Identidad de la causa de pedir. Por lo que solicita se acoja la excepción interpuesta y se rechaza el presente recurso.

Luego evacua informe, y expone que el 20 de abril de 2023, don nombre reservado, solicita carta de nacionalización, bajo el ID de trámite 63853585. Añade que el 20 de abril de 2023, la solicitud pasa a análisis, con la documentación presentada por la parte recurrente.

Luego, el 5 de abril de 2024, la solicitud pasa a etapa de Policía de Investigaciones, para que dicha institución efectúe su intervención, como es propio de una solicitud de carta de nacionalización por gracia.

A continuación, el 11 de abril de 2024, la solicitud vuelve a análisis; revisados los antecedentes presentados por Policía de Investigaciones, se le solicita complementar información de la entrevista realizada al recurrente.

Destaca que, atendida la naturaleza de la solicitud del recurrente, en especial consideración a que nuestra carta fundamental la señala como una especial gracia, es que desde el 11 de abril de 2024 la solicitud se encontró en etapa de análisis. Con fecha 04 de febrero de 2025, cumpliendo con lo ordenado por esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena en sentencia de recurso de protección 1955-2024, la solicitud avanzó a etapa de ratificación de autoridad, con lo cual ha concluido la fase que involucra tanto a El Servicio Nacional de Migraciones, como ha Policía de Investigaciones de Chile, además de otros servicios y organismos involucrados en el presente proceso. Dicho lo anterior, es que se puede demostrar que el Servicio a cumplido con su labor dentro de plazo Destaca que en la tramitación de una solicitud de carta de nacionalización y su otorgamiento intervienen distintos organismos públicos, a saber, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades de ese Servicio, cumpliendo cada uno de los organismos señalados una determinada función, siendo finalmente el Presidente de la República quien otorga o no la nacionalidad chilena.

Hace presente que la competencia del Servicio Nacional de Migraciones respecto de las solicitudes de carta de nacionalización solamente se limita a la tramitación de dicha solicitud y no se extiende a la resolución de esta, en virtud del artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería. Así, la participación del Servicio Nacional de Migraciones en este tipo de procedimientos termina con la remisión, mediante oficio ordinario, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Por estas consideraciones solicita se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales del recurrente, con condena en costas de la contraria.

Acompaña a su presentación: E-book rol protección 1955-2024 Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena.

TERCERO: Que, a folio 8, y en atención a lo informado por el servicio, se certifica la existencia del recurso invocado por el Servicio Nacional de Migraciones, y se resuelve tener presente al resolver el recurso.

CUARTO: Que, a folio 7, evacuó informe la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaría del Interior y expone que en relación con el caso de autos, es posible informar que los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente ya han sido recibidos por este Ministerio, de parte del Servicio Nacional de Migraciones, encontrándose actualmente el acto administrativo que la resuelve en sus últimas etapas de tramitación, previo a la firma de la autoridad, y una vez concluida la tramitación de dicho acto, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Señala en cuanto al otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior de este Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, lo cual está dispuesto en los artículos 84 de la ley N°21.325; 1° y 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N°4, de la ley N°16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse que “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados.

Añade que, en su parte, el artículo 157, N°8, de la ley N°21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte de este Ministerio. Y que, ello, en la práctica, implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, a fin de revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago -aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N°21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior de este Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Alega que, de lo anteriormente expuesto, se debe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Por lo que concluye, solicitando el rechazo del recurso con costas.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEPTIMO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la Subsecretaria del Interior, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Por lo que, la solicitud de informe requerida al Servicio Nacional de Migraciones es mandatada por esta Corte en atención a sus facultades oficiosas que le son conferidas por el Autoacordado sobre recurso de protección, y por lo tanto, el actuar del Servicio Nacional de Migraciones en el caso sub lite no ha sido arbitrario ni ilegal, pues ya ha entregado al Ministerio los antecedentes para resolver sobre la carta de nacionalización del recurrente, y que, efectivamente respecto de este servicio en relación al recurrente de autos se configura la triple identidad de la cosa juzgada.

OCTAVO: Que, en relación a la recurrida Subsecretaría del Interior, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, en especial que el traspaso de la solicitud de nacionalización por el Servicio Nacional de Migraciones al Ministerio de la cartera ya señalada se realiza el cuatro de febrero pasado y al tratarse de un procedimiento que comprende de diversas etapas ante diversas autoridades administrativas no es posible entender que el lapsus de tiempo que la solicitud en cuestión se encuentran ante el ministerio en comento, sea excesiva o dilatoria atendida la carga de trabajo que por estas materias el mismo tiene, de forma que no puede entenderse dicho proceder como ilegal o arbitrario, lo que llevará a desestimar al acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se decide:

I.- Que, SE ACOGE, la excepción de cosa juzgada interpuesta por el Servicio Nacional de Migraciones.

II.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la Subsecretaria del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°164-2025 (Protección).