nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº1636-2025.- La Serena, seis de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, pasaporte de identidad país de origen N°BC334884, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior, representado por don nombre reservado, sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta Nº2500100120872, de fecha 02 de septiembre de 2025, mediante la cual se rechaza solicitud de residencia temporal, por considerar que no cumple los requisitos, al no presentar documentación que acredite solvencia económica suficiente del empleador para realizar la contratación, señalando que dicho acto vulnera el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

Expone que el recurrente, de nacionalidad colombiana, el 08 de julio de 2024 realizó su solicitud de residencia temporal, bajo la subcategoría migratoria de actividades licitas remuneradas fuera del país, acreditando vínculo laboral con la empresa “ELECTRICIDAD MATIAS ANTONIO BARRAZA CAIMANQUE E.I.R.L.”

Señala que el 31 de julio de 2025 se le requirieron antecedentes adicionales, cumpliendo con lo solicitado.

Luego, el 19 de agosto de 2025, nuevamente se le solicitan documentos adicionales, cumpliendo con lo ordenado.

Posteriormente, el 19 de agosto de 2025 se le informó que estaba en causal de rechazo, otorgándole un plazo de 10 días para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

Finalmente, señala que por Resolución Exenta Nº2500100120872, de fecha 02 de septiembre de 2025, se rechazó su solicitud de residencia temporal, por entenderse que no desvirtuó los motivos para proceder al rechazo.

No obstante, reclama que desde el momento que hizo la postulación, así como cuando le pidieron subsanar dos veces, procedió a remitir los documentos solicitados, dando cumplimiento con los requisitos que exige la ley para obtener el beneficio. Añade que la empresa “ELECTRICIDAD MATIAS ANTONIO BARRAZA CAIMANQUE E.I.R.L” es una empresa que se encuentra debidamente constituida, con más de 7 años de funcionamiento en el país, estimando el recurrente como contradictorio que el Servicio Nacional de Migraciones indique que la empresa no posea los suficientes ingresos económicos, cuando la misma cuenta con suficiente solvencia, tal como se refleja en la carpeta tributaria.

En consecuencia, estima que la resolución del servicio es ilegal y arbitraria, al no haber valorado de manera exhaustiva los antecedentes presentados por el recurrente, vulnerando con ello su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, con relación a otros interesados que han obtenido una respuesta favorable.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº2500100120872, de fecha 02 de septiembre de 2025, ordenando que se realice una nueva revisión del caso y se emita una nueva resolución conforme a derecho, dentro de un plazo de 30 días, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, informando al tenor del recurso.

Previamente, opone la excepción de incompetencia relativa, argumentando que el recurrente tiene su domicilio en la Región del Biobío, dado que el 19 de febrero de 2025 presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, tramitado bajo el Rol N°621-2025, por la falta de pronunciamiento sobre la solicitud residencia temporal, el que fue rechazado por dicho tribunal de alzada en sentencia que posteriormente fue confirmada por la Corte Suprema.

En cuanto al fondo, solicita el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Informa que el 05 de julio de 2024 el recurrente solicitó el beneficio migratorio de residencia temporal.

Luego, el 31 de julio de 2025, se le notificó que debía acompañar su certificado de antecedentes penales del país de origen y, además, presentar la Carpeta Tributaria para solicitar créditos del empleador contratante, emitida por el Servicio de Impuesto Internos (SII), otorgándole un plazo de 60 días.

El 19 de agosto de 2025 se le informa que su solicitud sería rechazada, reiterándole que debía acompañar la Carpeta Tributaria para solicitar créditos del empleador contratante, emitida por el Servicio de Impuesto Internos (SII), otorgándole un plazo de 10 días.

Finalmente, la solicitud del recurrente fue rechazada a través de Resolución Exenta N°2500100120872, de fecha 02 de septiembre de 2025, por no cumplir suficientemente con los requisitos para obtener la subcategoría migratoria de residencia temporal, al no presentar la documentación que acredite la solvencia económica del empleador para contratar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Decreto N°177 del Ministerio del Interior.

Indica que no es efectivo que se haya dado un trato desigual a la parte recurrente, ya que su solicitud ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, conforme a la jurisprudencia que cita, no es de carácter fatal.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, previamente, con relación a la excepción de incompetencia relativa alegada por el Servicio Nacional de Migraciones, la misma será desechada, teniendo presente que la parte recurrente ha señalado como su domicilio domicilio reservado, como además, teniendo en consideración la circunstancia que el vínculo laboral del recurrente es con una empresa cuyo domicilio corresponde a la Región de Coquimbo, por lo que resulta del todo atendible que el recurrente haya cambiado de domicilio. De manera que, si bien, consta que la parte recurrente presentó anteriormente un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, no obstante, ello no resulta suficiente para concluir que, actualmente, el recurrente no tenga su domicilio en el territorio jurisdiccional de esta Corte, debiendo por ello rechazarse la excepción de incompetencia.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, por el rechazo de la solicitud de residencia temporal presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al recurrido realizar una nueva revisión del caso y se emita una nueva resolución conforme a derecho.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, resulta oportuno tener presente que el artículo 17 del Decreto Supremo N° 177 de 2022, que establece las subcategorías migratorias de residencia temporal en Chile, establece: “Podrán solicitar este permiso aquellos extranjeros que deseen establecerse en Chile por un tiempo limitado, a fin de desarrollar actividades lícitas remuneradas bajo vínculo de subordinación o dependencia, y que cumplan los siguientes requisitos:

a. El extranjero interesado deberá presentar un contrato de trabajo celebrado con una persona natural o jurídica, con domicilio o sucursal en Chile e inicio de actividad vigente ante el Servicio de Impuestos Internos, cuando la actividad que desarrolla así lo requiera. La duración del contrato no podrá ser inferior a 3 meses.

b. El contrato deberá ser firmado por el empleador ante un notario público chileno, mientras que el trabajador extranjero, deberá firmarlo ante el Consulado que sea competente de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Consular.

c. El objeto del contrato de trabajo deberá ser coherente con las actividades declaradas por el empleador ante el Servicio de Impuestos Internos. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito cuando se trate de actividades que por su naturaleza no exijan al empleador haber iniciado un giro ante dicho servicio público(…)”.

A su turno, conviene también considerar que, acorde al artículo 22 del mismo cuerpo legal: “Sea que se trate de actividades realizadas bajo subordinación o dependencia, o por cuenta propia, deberá adjuntarse a la solicitud de residencia, la carpeta tributaria del empleador o contratante, en caso de que el empleador sea una persona jurídica o natural con inicio de actividades. De lo contrario, deberá acreditarse la solvencia económica suficiente del empleador para cumplir con las obligaciones contractuales contraídas”.

OCTAVO: Que, en mérito de lo anterior, lo resuelto por la autoridad recurrida se encuentra comprendido dentro de sus atribuciones y en conformidad a la legislación vigente, estando la resolución de rechazo, además, debidamente fundada, al señalar en su motivación segunda que “analizada la solicitud efectuada, ésta no cumple suficientemente con los requisitos que habilitan para obtener la subcategoría de residencia temporal solicitada, al no presentar documentación que acredite solvencia económica suficiente del empleador para realizar la contratación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Decreto 177 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

De esta manera, no se verifican los reproches efectuados por el recurrente a la resolución impugnada, atendido que este fue emanado de la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundado en causa legal y dotada de la motivación necesaria para sostener la decisión adoptada, por lo que el recurso necesariamente deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la excepción de incompetencia relativa.

II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra del Servicio de Migraciones.

Acordada con el voto en contra de la Ministra (S) Macarena Navarrete González, quien estuvo por acoger el recurso de protección, por considerar que el acto reclamado resulta arbitrario e ilegal, en la medida que no pondera adecuadamente los antecedentes del empleador acompañados por el solicitante, careciendo por ello de una debida fundamentación.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1636-2025 (Protección).-