Protección contra INTERCHILE S

Inmobiliaria Cerdeña S.A.

Interchile S.A.

Recurso de Protección Rol N° 1636-2017.- La Serena, diez de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparece don Julián Herrera Horta, abogado, en representación de Inmobiliaria Cerdeña S.A., sociedad comercial del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de INTERCHILE S.A., empresa eléctrica, representada por don nombre reservado, ingeniero, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por considerar que dicha empresa, en forma ilegal y arbitraria, ha incurrido en actos que implican privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio del derecho de dominio de que es titular su representada respecto del predio denominado “Resto del Fundo Totoralillo”, al construir obras eléctricas no autorizadas, conculcando, de esta forma, la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por lo que solicita el inmediato restablecimiento del imperio del Derecho.

Sostiene que es dueña exclusiva del inmueble ya señalado, ubicado en la comuna de Los Vilos, provincia de Choapa, IV Región de Coquimbo, y que la recurrida debe construir la línea eléctrica de transmisión denominada LÍNEA PAN DE AZÚCAR-POLPAICO 2 X 500 Kv imponiendo una servidumbre eléctrica en el inmueble de la recurrente.

Indica que la recurrida inició ante la autoridad administrativa un procedimiento administrativo concesional conforme con el D.F.L. N°4/20.018 del Ministerio de Economía, donde se indica que en el inmueble de propiedad de la recurrida se instalarán 13 (trece) torres, abarcando 5.427,95 metros de longitud y un área de servidumbre de 432.513,14 metros cuadrados.

Señala el actor que en el procedimiento administrativo concesional se cometieron sendas y graves irregularidades administrativas, cuestión que motivó a su parte a presentar este recurso constitucional precautorio de urgencia, entre las irregularidades señala que no se cumplió en dicho procedimiento administrativo con la debida notificación del plano especial de servidumbre eléctrica, notificando a su parte mediante avisos, violando la bilateralidad, objetividad y transparencia por parte de la Comisión Tasadora, ya que no hubo citación previa, visita a terreno ni notificación del informe final, realizándose además una solicitud judicial de toma de posesión material del inmueble, acompañándose a ella documentos no originales y falsos, esto es, un “borrador” del Informe de Tasación no suscrito por los supuestos miembros de la Comisión Tasadora designada por la SEC, constando aquello en los autos ROL V-138-2016, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, agrega que los hechos aquí relatados serán materia de acciones administrativas y judiciales separadas de este asunto.

Señala que con fecha 21 de Agosto de 2017, su representada, tomó conocimiento mediante un Levantamiento Topográfico elaborado por don nombre reservado, que en el inmueble se construyeron obras eléctricas no autorizadas por el procedimiento concesional eléctrico, tomando contacto con la empresa eléctrica, por medio de su contratista FELVAL, sin que hasta la fecha se haya obtenido una legítima y oportuna explicación.

Indica como conculcada la garantía fundamental prevista en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, agregando que la Ley General de Servicios Eléctricos dispone taxativamente los casos de concesión eléctrica que se encuentran regidos por dicha normativa, debiendo entenderse que se trata de una “expropiación parcial” (servidumbre eléctrica) por “ley general” (LGSE) por causa de “utilidad pública” (proyecto de transporte eléctrico), debiendo interpretarse dicha normativa de manera restrictiva, por tratarse de un derecho expropiatorio y por limitar un derecho fundamental.

Agrega que en la especie se encuentran frente a una acción –construcción de obras no autorizadas- que contraviene tanto la LGSE como una disposición normativa constitucional, por cuanto priva, amenaza y perturba a su representado en el legítimo ejercicio de las facultades inherentes al dominio.

Además resulta ser una acción arbitraria, porque se trata de una manifestación caprichosa del agente, carente de toda razón.

Solicita que se acoja la acción constitucional deducida, adoptando de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su representada, se ordene al recurrido la suspensión inmediata de todas las faenas en el predio de la recurrente, el retiro inmediato de todas las estructuras eléctricas (torres) y sus elementos complementarios, no autorizados y abstenerse, bajo sanción de desacato, de realizar a futuro todo acto que perturbe, amenace y/o prive a su representada del derecho real de dominio.

Todo ello, con costas.

Acompaña los siguientes documentos para fundamentar sus alegaciones:

- Copia de la inscripción de dominio que acredita la propiedad del denominado Resto de Fundo Totoralillo.

- Copia de la solicitud de concesión eléctrica definitiva.

- Copia del plano especial de servidumbre eléctrica asociado al inmueble, ISA 003.3-PES 036.

- Copia del escrito presentado por la abogado Francisca Ilabaca en representación de Interchile S.A. en los autos rol V-138-2016, con fecha 04 de agosto de 2016.

- Copia del escrito presentado por el abogado recurrente con fecha 02 de agosto de 2017 en que se solicita al tribunal la certificación que indica.

- Copia de la resolución de fecha 03 de agosto de 2017 que provee el escrito del numeral anterior.

- Copia de la certificación de fecha 08 de agosto de 2017 de fojas 85 en los autos rol V-138-2016.

- Copia del correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2017, enviado por don nombre reservado a doña nombre reservado, gerente general de Inmobiliaria Cerdeña S.A, reenviado al abogado recurrente con fecha 22 de agosto del mismo año y respondido el día 31 del mismo mes y año, al que se adjunta el plano del numeral anterior.

- Levantamiento Topográfico elaborado por don nombre reservado.

Que don Claudio Alarcón Arriagada, abogado, en representación de INTERCHILE S.A., solicita que la acción deducida se desestime sin más trámite, con costas, en razón de los siguientes argumentos.

Indica que Interchile es el titular de la Resolución Exenta Nº 1608/2015, de fecha 10 de diciembre de 2015, dictada por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, la cual autoriza ambientalmente a desarrollar el proyecto “Plan de Expansión Chile LT 2x500kV Cardones – Polpaico”, proyecto que consiste en una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje (500 kV) en doble circuito entre la subestación Cardones, en las cercanías de Copiapó, y la subestación Polpaico, en Santiago, contando con una extensión de aproximadamente 753 km., y en las subestaciones que permiten modificar el nivel de tensión necesario para su interconexión al Sistema Interconectado Central. Proyecto en el que ya se inició la construcción, agregando que durante la tramitación del procedimiento administrativo de concesión eléctrica el Plano Especial de Servidumbre ISA 003.-PES 036 que contiene la información de la servidumbre eléctrica legal que grava el predio sirviente, que fue notificado en el proceso judicial no contencioso causa rol V-57-2015 del Juzgado de Letras de Los Vilos, en que la recurrente no presentó oposición ni observación respecto a la servidumbre eléctrica durante el procedimiento administrativo de concesión eléctrico, de aquellas reclamaciones que faculta el artículo 27 de la Ley General de Servicios Eléctricos, concluyendo, por lo tanto, el procedimiento administrativo con la dictación del acto administrativo final que concedió a Interchile Concesión eléctrica para la “Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2x500 kV Subtramo 3.2.4” mediante, el Decreto Supremo N° 38, del Ministerio de Energía, de fecha 16 de marzo de 2016, el cual le faculta para imponer servidumbres legales –entre otros– sobre el predio sirviente signado con el Id. 36, del listado de propietarios del Decreto, denominado “Resto del Fundo Totoralillo” ubicado en la comuna de Los Vilos, provincia de Choapa, Región de Coquimbo, de propiedad de la recurrente, agrega que el informe de la Comisión Tasadora evaluó el monto de la indemnización por la imposición de la Servidumbre Eléctrica legal para línea de transmisión en $207.010.604, iniciándose por ello la acción judicial no contenciosa de “Toma de Posesión Material”, con la finalidad de ejercer el derecho real de servidumbre eléctrica e iniciar de este modo la construcción de las obras adjudicadas por el Estado a Interchile, seguido en la causa Rol V-138-2016, del Juzgado de Letras de Los Vilos, donde consta que se realizó el pago por consignación del monto avaluado por la Comisión Tasadora, $ 207.010.604, solicitando el abogado de la recurrente, don Julián Herrera Horta, en representación de la sociedad propietaria, el 26 de diciembre de 2016, que se girara el cheque desde la cuenta corriente del Tribunal para hacerse pago de la indemnización indicada; petición a la que el Tribunal accedió, girando en consecuencia el cheque por el monto indicado con fecha 16 de enero 2017.

Indica el recurrido que el recurso que fue interpuesto con fecha 2 de septiembre de 2017, es extemporáneo, ya que éste debe presentarse antes de 30 corridos, contados desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto del acto arbitrario o ilegal, cuestión que no ocurrió con fecha 21 de agosto de 2017, como señala el actor, sino que mucho antes, ya que el recurrente está desconociendo sus propios actos, como son las oposiciones al ingreso al predio sirviente de las contratistas de construcción de Interchile, debiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública en 2 ocasiones, siendo las resoluciones judiciales que concedieron el auxilio de la fuerza pública del 27 de septiembre de 2016 y del 21 de octubre de 2016.

Continúa señalando que los Planos Especiales de Servidumbre se han realizado con rigurosidad técnica y legal, se encuentran confeccionados a una escala que indican las normas técnicas respectivas, las que permiten obtener información de forma fácil y expedita, de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento, Decreto Supremo N° 327 del año 1998, del Ministerio de Minería, recurriendo a la inscripción de dominio vigente del inmueble y los planos inscritos o archivados de la propiedad en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, fuentes a las que se concurre para elaborar los planos especiales de servidumbre de esta concesión como método de trabajo, y en particular respecto del predio denominado “Resto del Fundo Totoralillo”.

Indica que no se puede considerar la fecha del informe topográfico de la parte recurrente como aquella en la que el recurrente tuvo noticias o conocimiento cierto del supuesto acto arbitrario o ilegal imputado, puesto que múltiples actos propios de la recurrente dan cuenta que tenía pleno y cabal conocimiento de las servidumbres legales que le han sido impuestas, a saber, oposiciones para ingresar al predio, giro del cheque para hacerse pago de la indemnización, etc., todos los cuales se han realizado y ejecutado desde hace mucho más de 30 días corridos.

Sostiene que no es posible deslegitimar un proceso administrativo como el concesional eléctrico llevado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y su respectivo Decreto Supremo de Concesión otorgado por el Ministerio de Energía (como acto administrativo final), y Tomado de Razón por Contraloría General de la República; solo por las afirmaciones inexactas del recurrente, que en su calidad de propietario del predio considera suficiente y única prueba un estudio y plano topográfico, que no informa las fuentes legales de donde extrajo la información, que no se encuentra inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo como parte integrante de los títulos de la propiedad y que no cuenta con las visaciones necesarias de la autoridad competente como lo es el Servicio Agrícola y Ganadero, es decir, por un documento que sin ninguna legitimidad fue elaborado hace poco más de un mes a requerimiento del propio recurrente, agregando que su parte ha mantenido inalteradas las coordenadas de la servidumbre sobre el Predio bajo las cuales solicitó la concesión eléctrica.

Sostiene además que las servidumbres impuestas son fruto de un procedimiento administrativo reglado, con etapas determinadas en las cuales se entrega información y la autoridad administrativa, en este caso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, revisa el fondo y forma de la misma, concluyendo el mismo en un acto administrativo con su consecuente presunción de legalidad, donde además se establecen amplias medidas de publicidad y se permite no sólo a los dueños sino a otros interesados oponerse, situación que no ocurrió respecto de la recurrente, indica que el actor busca cuestionar materias que ya se encuentran debidamente zanjadas en sede administrativa y que no pueden ser discutidas a propósito de una acción como la de autos.

Afirma que la imposición de una servidumbre eléctrica de línea de trasmisión no constituye una expropiación, sino un gravamen que afectará al predio sirviente, ya que la recurrente no perderá el dominio de su predio.

Señala que la recurrente por esta vía intenta una discusión de carácter comercial o, una disputa de fondo de carácter legal que nada tiene que ver con una flagrante afectación de garantías constitucionales que requiera la eficaz e inmediata acción cautelar de esta Corte, agregando que todo lo argumentado por la contraria, puede ser impugnado a través de las siguientes vías, recursos de reposición e invalidación previstos en la Ley N° 19.880 respecto del acto administrativo que se intenta anular; a través de la denuncia de obra nueva, por las supuestas construcciones que se están intentando y; además la acción dispuesta en el artículo 71 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Indicando además que cualquier disputa predial/inmobiliaria relacionada con la superficie, cabida, dimensión espacial, deslindes del Predio y del inmueble de propiedad de la recurrente, no puede ser conocido por esta vía, ya que no es la idónea para discutirlo, existiendo procedimientos legales especiales para ellos.

Finalmente, señala, que el recurrente presentó ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con fecha 1 de septiembre de 2017, es decir 7 días antes del presente recurso; una denuncia por infracción al artículo 3 A de la Ley 18.410, solicitando además la caducidad del Decreto Supremo N° 38 del 2016 del Ministerio de Energía; con idénticos fundamentos y argumentos a los esgrimidos en este recurso.

Acompaña los siguientes documentos para fundar sus dichos:

- Copia de la Certificación de la notificación por avisos. Causa rol V-57-2015, Juzgado de Letras de Los Vilos.

- Copia de la escritura pública de la reducción del Decreto Supremo N° 38 del año 2016 del Ministerio de Energía.

- Copia del Informe de Tasación de fecha 14 de junio de 2016.

- Copia del Acta de Toma de Posesión Material de fecha 14 de septiembre de 2016, donde consta la primera oposición del representante de la sociedad recurrente. Causa Rol V-138-2016, Juzgado de Letras de Los Vilos.

- Certificación del giro del cheque desde la cuenta corriente del tribunal de fecha 16 de enero de 2017 por $207.010.604 por el pago de la indemnización por la imposición de la servidumbre, en la causa rol V-138-2016, Juzgado de Letras de Los Vilos.

- Copia de la presentación de la recurrente ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Con fecha 11 de octubre, se trajeron los autos en relación.

Como medida para mejor resolver se decretó traer a la vista los expedientes rol V 57-2015 y rol V138-2016, ambos del Juzgado de Letras de Los Vilos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que el acto que la recurrente ha estimado como ilegal o arbitrario radica en que con fecha 21 de Agosto de 2017, su representada, tomó conocimiento mediante un Levantamiento Topográfico elaborado por don nombre reservado, que en el inmueble se construyeron obras eléctricas no autorizadas por el procedimiento concesional eléctrico, tomando contacto con la empresa eléctrica, por medio de su contratista FELVAL, sin que hasta la fecha se haya obtenido una legítima y oportuna explicación.

Agrega que la conducta de la recurrida resulta ilegal, refiere que en la especie, la construcción de obras no autorizadas, contraviene tanto la LGSE, como una disposición normativa constitucional, por cuanto priva, amenaza y perturba a su representada en el legítimo ejercicio de las facultades inherentes al dominio, y además arbitraria, porque se trata de una manifestación caprichosa del agente, carente de toda razón, atendido los antecedentes acompañados y teniendo en especial consideración su carácter de experto en la materia.

CUARTO: Que, el representante de la recurrida, evacuando el informe, en primer término, alega la extemporaneidad del recurso, ésta refiere que el recurso fue interpuesto con fecha 2 de septiembre de 2017, sin embargo, no se puede considerar la fecha del informe topográfico de la parte recurrente como aquella en la que el recurrente tuvo noticias o conocimiento cierto del supuesto acto arbitrario o ilegal imputado, puesto que múltiples actos propios de la recurrente dan cuenta que tenía pleno y cabal conocimiento de las servidumbres legales que le han sido impuestas entre otras, oposiciones para ingresar al predio y giro del cheque para hacerse pago de la indemnización, todos los cuales se han realizado y ejecutado desde hace mucho más de 30 días corridos.

QUINTO: Que corresponde rechazar la alegación de extemporaneidad alegada por la recurrida, toda vez que en esta acción cautelar se reclama el hecho de haberse construido obras eléctricas no autorizadas en el decreto concesional, de las que tomó conocimiento el actor con el levantamiento topográfico elaborado por don nombre reservado, datado el 21 de agosto de 2017, por ende, habiéndose presentado el recurso el día 2 de septiembre de 2017, lo ha sido dentro del plazo de 30 días señalados en el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección.

SEXTO: Que en relación al fondo del recurso la recurrida sostiene que no es posible deslegitimar un proceso administrativo como el concesional eléctrico llevado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y su respectivo Decreto Supremo de Concesión otorgado por el Ministerio de Energía (como acto administrativo final), y Tomado de Razón por Contraloría General de la República; solo por las afirmaciones inexactas del recurrente, que en su calidad de propietario del predio considera suficiente y única prueba un estudio y plano topográfico, que no informa las fuentes legales de donde extrajo la información, que no se encuentra inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo como parte integrante de los títulos de la propiedad y que no cuenta con las visaciones necesarias de la autoridad competente como lo es el Servicio Agrícola y Ganadero, es decir, por un documento que sin ninguna legitimidad fue elaborado hace poco más de un mes a requerimiento del propio recurrente, agregando que su parte ha mantenido inalteradas las coordenadas de la servidumbre sobre el Predio bajo las cuales solicitó la concesión eléctrica.

SEPTIMO: Que es preciso tener presente que el artículo 51 de la Ley General de Servicios Eléctricos (D.F.L. Nº 4/20018, de 12 de mayo de 2016, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y sus modificaciones) señala que las concesiones de líneas de transporte, subestaciones y de servicio público de distribución crean a favor del concesionario las servidumbres para tender líneas aéreas o subterráneas a través de las propiedades ajenas; para ocupar los terrenos necesarios para el transporte de la energía eléctrica, desde la central generadora o subestación, hasta los puntos de consumo o de aplicación; y para ocupar y cerrar los terrenos necesarios para las subestaciones eléctricas, incluyendo las habitaciones para el personal de vigilancia. Por otra parte, el artículo 60 del mismo cuerpo legal, previene que todos los derechos concedidos en los artículos 50, 51 y 52 se ejercerán plenamente, sin perjuicio de las actuaciones judiciales que hubiere pendientes.

OCTAVO: Que, asimismo las servidumbres constituidas sobre los predios sirvientes para el ejercicio de la concesión eléctrica definitiva son de carácter “legal”, y se concretan formalmente por Decreto Supremo del Ministerio de Energía, que también aprueba los planos especiales (artículos 11 y 48). Es característico de este tipo de servidumbres que no exista predio dominante sino que el basamento de ellas es el interés público, como lo indica el artículo 7º del referido D.F.L.

En la especie, el procedimiento relativo a la solicitud de concesión eléctrica, para la línea “Pan de Azúcar-Polpaico, concluyó mediante Decreto Supremo N°38 del Ministerio de Energía, de fecha 16 de marzo de 2016, resolución que le permite imponer servidumbres legales sobre el predio sirviente denominado “Resto del Fundo Totoralillo”.

Y es así como en el proceso judicial no contencioso, rol V-57-2015 del Juzgado de Letras de Los Vilos se notificó la información de la servidumbre eléctrica legal que grava el predio sirviente, por medio de avisos y certificada con fecha 5 de diciembre de 2015.

Además, en los autos voluntarios rol V 138-2016 del Juzgado de Letras de Los Vilos, traído a la vista, se solicitó la Toma de Posesión Material con la finalidad de ejercer el derecho real de servidumbre eléctrica, para iniciar la construcción de las obras concesionadas.

NOVENO: Que al tenor de lo planteado en los considerandos tercero y sexto, nos encontramos con que frente a la imputación efectuada en el recurso que la empresa ha construido obras eléctricas no autorizadas (una torre), ésta sostiene en su informe que su parte ha mantenido inalteradas las coordenadas de la servidumbre sobre el Predio bajo las cuales solicitó la concesión eléctrica, es decir, existe una controversia acerca del número de obras construidas en el predio sirviente que no guardarían relación con el Plano especial de servidumbre, objeto de la concesión, materia que no es posible dilucidarla a través de la acción de protección deducida, especialmente considerando que para ello se requieren conocimientos técnicos que deben resolverse en un juicio de lato conocimiento y que la concesión eléctrica, como se ha expuesto, es consecuencia de la aplicación de un procedimiento legalmente reglado que contiene diversos procedimientos para impugnar las irregularidades que se presenten. Prueba de ello es que el actor con fecha 1 de septiembre de 2017, presentó ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles una denuncia por infracción al artículo 3 A de la Ley 18.410, solicitando la caducidad del Decreto Supremo N°38, ello relacionado con la construcción de obras eléctricas no autorizadas por el procedimiento concesional eléctrico, similar alegación a la de este recurso.

DECIMO: Que, así las cosas y conforme a lo reflexionado es dable concluir que la controversia no es posible dilucidarla a través de esta acción cautelar, por cuanto este recurso no constituye una sede de declaración de derechos, sino de protección de aquellos preexistentes e indubitados, que se encuentren vulnerados por alguna acción u omisión ilegal y arbitraria.

En consecuencia, el recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Julián Herrera Horta en representación de Inmobiliaria Cerdeña SA.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro titular, señora Marta Maldonado Navarro.

Rol N° 1636 -2017.- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señora Marta Maldonado Navarro y la abogado integrante señora Elvira Badilla Poblete.

En La Serena, a diez de noviembre de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.