nombre reservado con PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA SERENA

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Primer Juzgado de Policía Local de La Serena Recurso de Protección Rol N° 1635-2020.- La Serena, cinco de octubre de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha dos de septiembre de dos mil veinte, comparece don Marco Antonio Narea Omon, abogado, a favor de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Juez del Primer Juzgado de Policial Local de La Serena, doña Marcela Muñoz Castillo, en virtud de los siguientes antecedentes.

Expone que en causa RIT 1818-2018, tramitada ante el Juzgado de Garantía de La Serena, su representado fue condenado por conducción en estado de ebriedad simple a la pena principal de remisión condicional de la pena, periodo de cumplimiento de un año; suspensión de su licencia de conducir, por el plazo de dos años y al pago de una multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales (sic). Destaca que la pena principal y las accesorias están cumplidas.

Agrega que en el intertanto, el plazo de vigencia de la licencia de conducir venció. Cumplida la condena impuesta se solicitó su renovación a la Dirección de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de La Serena y ésta la negó.

Refiere que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Ley N° 18.290, se reclamó de la decisión del Director de Tránsito ante la Juez del Primer Juzgado de Policial Local de La Serena, doña Marcela Muñoz Castillo.

Menciona que con fecha 24 de Agosto de 2020, en causa Rol N° 4878-2020 la juez recurrida rechazó su reclamación. El motivo 2° del fallo indica la razón: “… numerosas infracciones a la ley de tránsito… Así las cosas, se determina que no tiene la idoneidad moral que lo haga merecedor de acoger este recurso. Por lo que se rechazará”.

Sostiene que de acuerdo a la ley, dicho procedimiento no admite recurso ordinario, por lo que presenta éste, estimando que la decisión judicial produce una perturbación y privación de garantías constitucionales.

En efecto, el artículo 19 de la Ley N° 18.290 establece que la licencia de conducir, esto es, aquella que habilita para conducir vehículos motorizados “… será de duración indefinida…”. Se colige de ello que obtenida por primera vez, se adquiere en dominio el derecho para conducir vehículos motorizados.

A su turno, el artículo 14 de la citada ley previene que para calificar la idoneidad moral, entre otros aspectos, debe tenerse presente que el titular de la misma “… no esté afecto a pena de suspensión o de inhabilidad para conducir vehículos motorizados…”, lo que no ocurre en la especie.

Añade que el inciso segundo del artículo 15 de la Ley de Tránsito establece que de no cumplirse los requisitos del artículo 14 de la misma, deberá rechazarse la solicitud respectiva.

Destaca que al tiempo de solicitarse la renovación, el recurrente cumplía los requisitos del artículo 14 citado, desde que la licencia no estaba suspendida y/o inhabilitada en forma legal.

En consecuencia, estima que la decisión causa agravio a su parte desde la perspectiva de que la decisión es ilegal al no estar en el supuesto del citado artículo 14 y, además, establece una condena de inhabilidad temporal para conducir, sin juicio legalmente tramitado, y como pena impuesta conforme a derecho. Agrega que vulnera también el axioma jurídico non bis in ídem.

Señala que al negarse la renovación de la licencia de conducir, provoca perturbación a su representado desde el punto de vista físico y síquico, como a su grupo familiar, quienes dependen de su trabajo, conculcando así la garantía del N° 1 del artículo 19 de la Constitución.

Además, por no poder desplazarse por sus propios medios a objeto de realizar debidamente sus labores, ejecutar los trabajos ya contratados, como asimismo estudiar nuevos, cotizar y adquirir materiales, se ha conculcado la garantía del N° 21 del citado artículo 19, en cuanto no puede desarrollar a cabalidad su actividad económica: contratista en construcción.

Finalmente, dice, la decisión que impugna vulnera el dominio que nombre reservado tiene respecto de su derecho a conducir, del que lo privó sin causa legal, al no encontrarse este derecho suspendido o inhabilitado en juicio actualmente vigente o en cumplimiento.

Por estas consideraciones, solicita se declare que la sentencia de 24 de Agosto pasado dictada en causa Rol 4878- 2020 es ilegal, ordenando que la Dirección de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de La Serena renueve y entregue al recurrente su licencia de conducir por el término de seis años o el que se estime prudente fijar.

SEGUNDO: Que, con fecha siete de septiembre de dos mil veinte evacuó informe doña Marcela Muñoz Castillo, Juez Titular del Primer Juzgado de Policía Local de La Serena, expresando que el 21 de julio del año en curso, ingresó al Primer Juzgado de Policía Local de La Serena, reclamación interpuesta por don nombre reservado, representado por don nombre reservado (Rol de causa N° 4878-2020), en contra de la Resolución N° 51 del Director de Tránsito (s) de la Ilustre Municipalidad de La Serena, por haberle negado la renovación de la licencia de conductor al estimar que carecía de la idoneidad moral suficiente para darla, la que se le notificó con fecha 20 de julio del presente año. Agrega que fueron acompañados los siguientes documentos: “copia de sentencia del Juzgado de Garantía de La Serena, RIT N° 1818-2018, donde fue condenado a la pena de 50 días de prisión en su grado máximo, a la suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena, al pago de una multa equivalente a 1 unidad tributaria mensual y a la suspensión de la licencia de conducir por 2 años, como autor del delito de conducir un vehículo en estado de ebriedad causando daños materiales, previsto y sancionado en el artículo 186 de la Ley de Tránsito; al pago de una multa de 1 unidad tributaria mensual y a la suspensión de la licencia de conducir por 1 mes, como autor de la falta de incumplir la obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente en el que se produzcan daños, prevista y sancionada en el artículo 195 de la ley de tránsito. Agrega que se le concedió al sentenciado la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena, por el periodo de 1 año; resolución de fecha 18 de julio de 2019, en la que se indica que se le dio por cumplida la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena; por resolución de fecha 16 de junio de 2018 se le tuvo por pagada las dos multas y por resolución de fecha 23 de junio de 2020 se tuvo por cumplido el plazo de la pena accesoria de suspensión de licencia de conducir y se ordenó devolver la licencia de conductor; hoja de vida de conductor en que aparece una infracción gravísima del año 2017 por conducir vehículo a exceso de velocidad”.

Destaca que por sentencia de fecha 24 de agosto de 2020, rechazó la reclamación por considerar que carecía de la idoneidad moral que lo haga merecedor de acoger el recurso de reclamación, confirmando así la resolución del Director de Tránsito (S) de la I. Municipalidad de La Serena. Su decisión se ajustó a la normativa vigente y al mérito del proceso.

Explica que el artículo 13 de la Ley 18.290 en lo pertinente señala: “postulantes a licencia de conductor deberán reunir los siguientes requisitos generales: 1) acreditar la idoneidad moral, física y psíquica”. El artículo 15 inciso tercero del mismo cuerpo legal prescribe que: “el afectado por el rechazo en razón de falta de idoneidad moral podrá reclamar, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes de notificada esta resolución, ante el juez de policía local respectivo, el cual resolverá breve y sumariamente y apreciará la prueba en conciencia. En contra de su resolución no procederá recuso alguno. El artículo 16 señala que “para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13 se considerarán las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores, por las siguientes causas: 1.- Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la ley sobre Expendios y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley N° 20.000 sobre psicotrópicos”. Por último el artículo 19 de la misma ley prescribe que “la licencia de conductor será de duración indefinida y mantendrá su vigencia mientras su titular reúna los requisitos o exigencias que señale la ley”.

Refiere que en la especie, aplicó la normativa señalada y ponderó las pruebas y demás antecedentes del proceso, en conformidad a las reglas de la sana critica (artículo 14 de la ley 18.287), especialmente la hoja de vida del conductor, la que muestra una infracción gravísima por conducir vehículo a exceso de velocidad, del año 2017, y si bien las condenas de la causa RIT N° 1.818-2018 del Juzgado de Garantía de La Serena se encuentran cumplidas, el artículo 16 prescribe que para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13 “se considerarán las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores, por las siguientes causas: 1.-Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la ley sobre Expendios y Consumo de bebidas alcohólicas y a la ley N° 20.000 sobre psicotrópicos”. Por tanto, dice, el análisis se hizo de 5 años atrás y se tomó en consideración la infracción gravísima al artículo 203 inciso tercero de la ley 18.290, resolviéndose que don nombre reservado no tenía la idoneidad moral que lo haga merecedor de la revocación de la resolución administrativa del Director de Tránsito (s) y como consecuencia dar lugar a la renovación de la licencia de conductor clase B.

Por tanto, estima la informante que no se han vulnerado los artículos 19 N° 1, N° 20 y N° 24 en relación al artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, al no existir ilegalidad en la resolución recurrida ni perturbación a su derecho de trabajo, ni al derecho de dominio sobre su derecho a renovar la licencia de conductor.

Adjunta copia de todos los antecedentes de la causa Rol N° 4878- 2020.

TERCERO: Que, con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, evacuó informe doña nombre reservado, Jefe de Unidad de Causas del Juzgado de Garantía de La Serena, quien refiere “que en causa RUC N° 1700924649-5 RIT 1818-2018, con fecha 12 de junio de 2018, nombre reservado fue condenado a la pena de cincuenta días de prisión en su grado máximo, a la suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena, al pago de una multa equivalente a una unidad tributaria mensual y a la suspensión de su licencia de conducir por dos años, como autor del delito de conducir un vehículo en estado de ebriedad causando daños materiales, previsto y sancionado en el artículo 196 de la Ley de Tránsito, y al pago de una multa de una unidad tributaria mensual, y a la suspensión de la licencia de conducir por un mes, como autor de la falta de incumplir la obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente en el que se produzcan daños, prevista y sancionada en el artículo 195 de la Ley de Tránsito, ilícitos cometidos el 30 de septiembre de 2017, en La Serena”.

Agrega que la sentencia quedó firme y ejecutoriada al momento de su dictación, a saber 12 de junio de 2018 en atención a la renuncia de los plazos legales por parte de los intervinientes.

Respecto al cumplimiento de las penas, se le concedió al sentenciado la pena sustitutiva de remisión condicional por el período de un año, la que cumplió con fecha 14 de junio de 2019, según lo informado por el Centro de Reinserción Social de esta ciudad. Con fecha 26 de junio de 2020 se devuelve la licencia de conducir al sentenciado, por haber concluido el tiempo de suspensión de la misma.

Las 02 unidades tributarias mensuales, una por cada delito, fueron pagadas por el sentenciado mediante formulario 10 de la Tesorería General de la República.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que así planteado el asunto, corresponde a esta Corte evaluar si la decisión contenida en la sentencia de fecha 24 de agosto de 2020, dictada por la juez recurrida en el escenario ya explicado, constituye una actuación u omisión arbitraria o ilegal que vulnere o perturbe los derechos fundamentales reclamados a favor del recurrente.

SEPTIMO: Que, al efecto, se debe tener presente el marco normativo que regula la materia, en especial, el Título I de la Ley de Tránsito el que norma “Los Conductores y Las Licencias”, específicamente artículos 13, 15 y 16, los cuales establecen en primer lugar, la competencia del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para determinar los estándares que permitan calificar la idoneidad moral, física y psicológica de aquellos que optan a la obtención o renovación de su licencia de conducir, recayendo en el Director del Departamento de Tránsito y Telecomunicaciones la labor de rechazar las solicitudes que no cumplan con dichos estándares. Luego, para calificar la idoneidad del solicitante, el Director deberá observar que éste no esté afecto a pena de suspensión o de inhabilidad para conducir vehículos, ni que se le ha denegado con anterioridad al postulante la licencia que hubiere solicitado, debiendo estimar en su calificación, las condenas que haya sufrido en los últimos 5 años respecto a los delitos expresados en el citado artículo 16.

Normativa toda que ha sido correctamente explicada por la juez en su informe.

OCTAVO: Que, acorde con lo informado por la juez recurrida en relación con los antecedentes que suministra, se desprende que la decisión del Director de Tránsito se dictó conforme a los estándares establecidos por la denominada Ley de Tránsito, DFL 1 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encontrándose el recurrente don nombre reservado en la hipótesis contemplada en su artículo 16 N° 1, ya que fue condenado dentro de los 5 últimos años por el delito de manejo en estado de ebriedad, y demás infracciones que ya han sido consignadas. En consecuencia, la decisión ahora recurrida de la juez de Policía Local que rechazó el reclamo, por cierto que se encuentra ajustada a ley, y fue dictada dentro del marco de su competencia, existiendo mérito para ello.

NOVENO: Que en consecuencia, la decisión jurisdiccional cuestionada no resulta ilegal ni tampoco arbitraria, pues ha sido debidamente fundada, apreciando los antecedentes conforme a la sana crítica, de manera que no ha podido afectar en los términos que considera el recurrente, las garantías constituciones que señala como vulneradas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Marco Antonio Narea Omon a favor de don nombre reservado, en contra de la Juez del Primer Juzgado de Policial Local de La Serena, doña Marcela Muñoz Castillo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el ministro don Juan Pedro Shertzer Díaz.

Rol Nº 1635-2020 Protección.