nombre reservado con nombre reservado

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Recurso de Protección Rol N°1634-2024.- La Serena, once de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el catorce de octubre de dos mil veinticuatro comparece FRANCISCO JAVIER CAMPOS COFRE, abogado, en representación de nombre reservado, recurriendo de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de General Director Carabineros, por el acto arbitrario e ilegal que priva de las remuneraciones a su representado, mediante la Resolución Exenta N° 08 de 17 de septiembre de 2024, notificada con la misma data, la cual dispuso la medida disciplinaria consistente en la baja de las filas de la institución por mala conducta, con efectos inmediatos.

Expone que su representado ingreso a la Institución de Carabineros de Chile el 16 de enero del año 2010, ostentando el grado de cabo 1° Carabineros, de la dotación del Retén Cerrillos de Tamaya de la 3° Comisaría de Ovalle. Con más de 14 años de servicio en la Institución ha tenido una hoja de vida intachable, sin sanción alguna.

Añade que su representado en el año 2021, fue acusado injustamente por el delito de secuestro por una ciudadana, sin tener motivo alguno, siendo formalizado el 03 de septiembre de 2024.

Por lo anterior, y una vez tomado conocimiento por el alto mando institucional es que el 17 de septiembre de 2024, a través de la Resolución Exenta N° 08, se dispuso la baja por conducta mala de su representado con efectos inmediatos.

Añade que el Mando de la Zona de Coquimbo de Carabineros dispuso la instrucción de sumario administrativo en el cual a la fecha no existe la orden de iniciar el sumario con el objeto de establecer fehacientemente los hechos y las responsabilidades administrativas y disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos que están siendo investigados ante el Juzgado de Letras y Garantía de Ovalle.

Destaca que desde el mes de septiembre del presente año en curso se le ha privado del derecho a recibir remuneración a su representado, así como también de otros beneficios institucionales de contenido patrimonial, siendo esta privación el acto arbitrario e ilegal que afecta y transgrede el derecho de propiedad, garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, vulneración que se concreta por el no pago de remuneraciones, hecho contra el cual se recurre.

Aduce que no existiendo en la especie en contra de su representado una sanción a firme del sumario administrativo, claramente no es procedente que se le prive de sus remuneraciones, y como se trata de una medida cuya aplicación definitiva está sujeta al resultado del sumario, la cual provocara efectos sí y solo sí es ratificada al término del sumario, su efecto inmediato no puede ser otra cosa que el alejamiento de su representado mientras se conduce y termina la investigación, más no la pérdida de las remuneraciones.

Así, la medida adoptada en su contra causa efectos inmediatos, configurando claramente una “sanción” o “castigo efectivo previo”, un prejuzgamiento, cuyo único propósito es sancionar anticipadamente por el sólo hecho de haber sido denunciado, contradiciendo la presunción de inocencia la cual le protege constitucionalmente.

En resumen, se desprende clara y categóricamente que mientras el correspondiente sumario administrativo no se encuentre terminado, mediante la dictación de una sentencia o resolución condenatoria, el recurrente mantiene todos y cada uno de los derechos y deberes que le corresponden en su calidad de funcionario de la institución pero al dar de baja a su representado, es ilegal y arbitrario que se prohíba de la remuneración, así como también, el derecho a percibir los demás beneficios institucionales mientras no se resuelva a firme lo contrario.

Hace presente que el artículo 33 de la Ley 18.961 dispone que Carabineros de Chile tiene la obligación legal de pagar el sueldo y demás remuneraciones al Personal que se encuentre en servicio activo en las filas de la institución, de la cual surge de manera correlativa un derecho de propiedad cuyo sujeto activo es el referido personal.

Puntualiza que privar del derecho a percibir las remuneraciones que corresponden y demás beneficios pecuniarios asociados al cargo, es una facultad o atribución que no se encuentra comprendida en ninguno de los cuerpos normativos que rigen a la institución de Carabineros de Chile, y es esta la acción arbitraria e ilegal que fundamenta la interposición del presente recurso de protección.

Señala que la conducta ejecutada por Carabineros además transgrede la garantía constitucional de la igualdad ante la ley reconocida en el artículo 19 Número 3° (sic), porque respecto de los otros miembros del personal de Carabineros (oficiales) si paga los sueldos y demás remuneraciones lo que claramente hay una ilegalidad al principio de igualdad ante la ley.

En el mismo orden de ideas, no obstante existir algunos Dictámenes emanados de la Contraloría General de la República, en orden a justificar el no pago de las remuneraciones en estos casos a causa de la falta de prestación del funcionario, lo cierto es que el artículo 3 del Código Civil, textualmente reza: “Sólo toca al legislador, explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio”, por lo que tales dictámenes deben ser entendidos y acatados dentro del ámbito jurídico que les corresponde, ya que la Contraloría General de la República no cuenta con facultades para mediante dictámenes, dictar o interpretar leyes que puedan transgredir las garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución.

Por estas consideraciones solicita se declare expresamente que el recurrente mantiene el derecho a percibir sus remuneraciones y demás derechos funcionarios, mientras no exista sanción administrativa confirmada por resolución ejecutoriada dictada en el marco del Sumario administrativo de que se trate, una vez que este se encuentre afinado, o lo que se estime en justicia; ordenar que la recurrida continue con el pago de las remuneraciones a su representado, o lo que se estime en justicia; y condenar a la recurrida a las costas del recurso.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia simple de la Resolución Exenta N°08 de 17 de diciembre de 2024, que dispuso el alejamiento de las filas de la institución de su representado; 2.- Copia de mandato judicial realizado en la Notaría Pública titular nombre reservado, bajo el Repertorio N° 2353/2024, de 04 de octubre de 2024, en el cual se acredita su poder para actuar en autos.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, General de Carabineros, Jefe de Zona.

Expone, en lo pertinente, que las circunstancias que motivaron la imposición de la medida administrativa de “baja de las filas de la institución, por conduta mala, con efectos inmediatos” del recurrente, dicen relación con el Documento Electrónico N° 213782192 de 03 de septiembre de 2024 del Retén Cerrillos de Tamaya, dependiente de la 3° Comisaría “Ovalle” informando a la Prefectura “Limarí” que el 03 de septiembre de 2024 y en causa RUC 2100812558-6, RIT 75-2024 del Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá, se llevó a efecto Audiencia de Formalización de la Investigación en contra del ahora ex Cabo 1° nombre reservado, de dotación del mencionado Destacamento, quien figura en calidad de imputado por el delito de secuestro, ilícito previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, y que se habría cometido el 30 de mayo de 2021; audiencia en la que se decretaron respecto del citado ex funcionario las medidas cautelares consistentes en firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercamiento a la víctima, fijándose además un plazo de investigación de 70 días.

En este mismo orden de ideas, agrega el mencionado documento que el ahora exfuncionario en el año 2021 prestó declaración, en calidad de imputado, ante personal de la Brigada de Investigación Policial (BICRIM) de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Ovalle, por idénticos hechos que motivaron su formalización a requerimiento de la Fiscalía Local de Combarbalá según consta en el escrito de acusación de 15 de marzo de 2024.

Añade que, con el mérito de los antecedentes antes reseñados, el Prefecto de la Prefectura “Limarí” estimó que el funcionario dio cuenta con tardanza perjudicial de la circunstancia de encontrarse citado, en calidad de imputado por el delito de secuestro, a la audiencia de formalización de la investigación celebrada el 03 de septiembre de 2024 en causa RIT 75-2024, informando este hecho grave y de relevancia solo una vez finalizada la audiencia de formalización, en la que además de comparecer en calidad de imputado por un delito considerado de especial gravedad, se decretaron a su respecto medidas cautelares.

A mayor abundamiento, y según reza la propia resolución recurrida, resulta indispensable que el personal de Carabineros informe los hechos, que por razones funcionarias, corresponda a los subalternos dar cuenta a los superiores con la debida anticipación y veracidad conforme lo establece el propio Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11, lo que no constituye una mera liberalidad de los afectados, sino una obligación atendido el principio de probidad administrativa, y en especial considerando la relevancia de los hechos y la condición funcionaria como encargado de hacer cumplir la ley.

Aduce que no constituye la acción de protección una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado. En la especie, no se advierte que el recurrente sea titular de un derecho indubitado, toda vez que los hechos en virtud de los cuales se funda la resolución por esta vía impugnada, así como la defensa del actor, aún se encuentran en investigación, y no han sido asentados por la judicatura penal, o la autoridad administrativa que conoce de ellos.

En consecuencia, teniendo presente que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado, concluye que no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho -que en la especie el recurrente no posee-, como consecuencia de la ilegalidad o arbitrariedad de un acto -supuesto fáctico que tampoco se verifica- por lo que colige que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo no puede prosperar.

Luego, precisa que el artículo 23 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11, establece las sanciones disciplinarias que se les puede aplicar a los funcionarios, contemplando en su numeral segundo, letra E) la "baja por conducta mala, con efectos inmediatos”. Seguidamente, el artículo 25 N° 9 del citado cuerpo reglamentario dispone que la baja por conducta mala, con efectos inmediatos se aplicará de acuerdo a lo prescrito en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8.

Por su parte, el artículo 127 N° 4 inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, establece que cuando la comisión de una falta que de origen a un sumario administrativo o investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución y el inculpado confíese su responsabilidad o esta se haga evidente, el jefe que ordene la instrucción del sumario podrá eliminarlo de inmediato por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del sumario o investigación.

Precisamente, en razón de esta última disposición reglamentaria, y en el legítimo ejercicio de las atribuciones y facultades que el propio ordenamiento jurídico institucional le reconoce, es que el mando de la Prefectura “Limarí”, previa ponderación de los antecedentes recopilados resolvió aplicar respecto del ex Cabo 1° nombre reservado la medida administrativa consistente en la “baja por conducta mala, con efectos inmediatos”.

Asimismo, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo mediante la Orden de Sumario N° 20820/1/2024 de 17 de septiembre de 2024, actualmente en trámite, con diligencias pendientes, cuya sustanciación se encuentra a cargo de la Fiscalía Administrativa de la Prefectura “Limarí”.

Advierte que la normativa transcrita permite que, cuando concurran los supuestos indicados, la baja será dispuesta por la autoridad policial aun cuando el procedimiento disciplinario no se encuentre del todo afinado, en cuyo caso, la eliminación tiene el carácter de condicional, pues se encuentra sujeta al resultado final de dicha investigación, lo cual tiene su fundamento último en la necesidad de alejar de sus funciones a aquellos Carabineros respecto de los cuales los primeros antecedentes recabados, den cuenta que éstos están involucrados en hechos de carácter grave, por tanto están imposibilitados de cumplir con sus servicios, y consecuentemente de recibir la correspondiente remuneración, por cuanto sostener lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa, al no detentar la calidad jurídica que lo habilite a percibirlo.

Destaca que la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema es casos enteramente análogos al presente ha determinado que la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo y que, sin embargo, si como consecuencia de la adopción de una medida administrativa como la de autos se produce la desvinculación inmediata de sus labores, el lógico efecto de ello es que dicho pago sea suspendido, pues en estricto rigor la labor a remunerar ya no se realiza. Este criterio por lo demás ha quedado reflejado en los Dictámenes N°s 22.065 de 2018, 16.551 de 2017, 47.446 de 2016 y 53.229 de 2012, entre otros; pronunciamientos que de acuerdo con los artículos 6° y 9° inciso cuarto de la Ley Orgánica de esa entidad son obligatorios para la institución, de manera que al denegarse el pago de las remuneraciones del recurrente de autos, Carabineros de Chile actuó de acuerdo a la ley, no pudiendo reprocharse ilegalidad ni tampoco arbitrariedad en su actuar.

A mayor abundamiento, la resolución que dispone la “baja de las filas de la institución” causa ejecutoria, de modo que, si la misma es posteriormente revocada, el efecto inmediato de ello será ordenar la reincorporación, disponiéndose el pago de las remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio, por lo que tampoco hay agravio que por esta vía haya de ser reparado, razón por la cual, el recurso necesariamente debe ser desestimado.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del presente recurso de protección, con expresa condenación en costas, declarándose que el actuar de ese recurrido, se ha ajustado a derecho.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia simple de la Resolución Exenta N° 08 de 17 de septiembre de 2024 de la Prefectura de Carabineros “Limarí”; 2.- Copia simple del acta de notificación de 17 de septiembre de 2024; 3.- Copia simple de la Orden de Sumario N° 20820/1/2024 de 17 de septiembre de 2024 de la Prefectura de Carabineros “Limarí”; 4.- Copia simple de acta de audiencia de formalización de 03 de septiembre de 2024 en causa RUC 2100812558-6, RIT 75-2024 del Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de don nombre reservado, en su calidad de General Director de Carabineros, por la dictación de la Resolución Exenta N°08, de 17 de septiembre de 2024, mediante la que se dispuso la baja del actor por conducta mala, con efectos inmediatos, aunque en particular no debate su legitimidad, sino los efectos patrimoniales de ella emanados, en especial, del cese de sus remuneraciones, la cual el recurrente califica de ilegal y arbitraria, señalando que vulnera las garantías fundamentales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, conforme el mérito de los antecedentes puestos a disposición de esta Corte para resolver el presente recurso, no se vislumbra en el acto administrativo recurrido atisbo alguno de ilegalidad, pues la decisión tiene amparo legal en la norma citada por las recurridas, esto es, el artículo 127 N°4 inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, y soporte fáctico que le sirve de sustento suficiente en los hechos que motivaron la imposición de la medida disciplinaria de baja de las filas de la institución de Carabineros de Chile por conducta mala, con efectos inmediatos.

SÉPTIMO: Que, por lo demás, como ya previamente sostuvo nuestro máximo tribunal, no solo la entidad recurrida cuenta con facultades suficientes para obrar como lo hizo, sino que “…la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo, y así lo dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Institución: “El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan”. Por tanto, si como consecuencia de un procedimiento disciplinario, como sucede en la especie, se produce la desvinculación inmediata de funciones, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues la labor a remunerar ya no se realiza” (Rol 14.005-24 E. Corte Suprema) de forma que, en el evento que el resultado del sumario no sea la expulsión, correspondería el reintegro de los montos no percibidos, motivo suficiente para desechar el libelo.

OCTAVO: Que, al respecto, la suspensión del pago de las remuneraciones del actor es consecuencia de que la labor a remunerar ya no se realiza, lo cual se encuentra en armonía con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Carabineros que dispone que: “El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan”.

Además, como se dijo, si la resolución que dispone la baja de las filas de Carabineros está condicionada al resultado del proceso disciplinario, si la sanción final aplicada no es la eliminación, el efecto inmediato de ello será ordenar la reincorporación a la Institución y el pago de las remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio, neutralizándose la pérdida de tales remuneraciones durante la tramitación del sumario. (Considerando séptimo, sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol 5446-2019)

NOVENO: Que, en consecuencia, la institución recurrida ha actuado sin apartarse de la legalidad y de manera justificada, cumpliendo con los procedimientos y normas establecidas. Así, no se observan en este caso los presupuestos necesarios previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia del recurso de protección, lo que lleva a su necesario rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por FRANCISCO JAVIER CAMPOS COFRE, en representación de nombre reservado, en contra de nombre reservado, en su calidad de General Director Carabineros.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1634-2024 (Protección).