nombre reservado con DIRECCION DE GENDARMERIA REGION COQUIMBO Y OTRO

nombre reservado, nombre reservado y otros Gendarmería de Chile, Dirección Regional de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 1634-2020.- La Serena, cuatro de diciembre de dos mil veinte.- Vistos:

Con fecha 2 de septiembre de 2020 comparece Ignacio Antonio García Morales, abogado, en representación de nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, y nombre reservado, funcionario público, domiciliado en domicilio reservado, quienes interponen un recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile, Dirección Regional de Coquimbo, representada por su Director Regional Leoncio Hidalgo González, y en contra del Mayor de Gendarmería nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, en razón de los siguientes antecedentes.

Indica que los recurrentes están siendo investigados por medio de sumario administrativo ordenado por la Resolución Exenta N° 1538 de 31/08/2018, a fin de esclarecer su eventual responsabilidad administrativa y la de otros funcionarios, en los hechos acontecidos el día 31 de agosto de 2018 en dependencias del Complejo Penitenciario de La Serena. Dicha resolución dio origen a otro acto administrativo, la resolución exenta N° 142/915/2018 de 04 de diciembre de 2018, que dispuso el retiro temporal de los afectados desde el día 05 de diciembre de 2018. Esta resolución separó de sus funciones a los recurrentes, sin poder disponer de sus sueldos desde tal fecha, anticipando los efectos de una desvinculación laboral sin derecho a indemnización alguna.

Refiere que han pedido en varias ocasiones al fiscal administrativo, Mayor de Gendarmería nombre reservado, que declare el abandono del procedimiento administrativo, por la excesiva e injustificada demora en el desarrollo del sumario administrativo, pues la causa no presenta avances desde la presentación de descargos por parte de los recurrentes, sin embargo, no se ha obtenido respuesta ni de él, ni del Director Regional de Gendarmería.

Afirma que todos los plazos de tramitación administrativos se encuentran cumplidos, contraviniendo los principios administrativos de celeridad y conclusivo, el debido proceso, y el de eficiencia y eficacia administrativa.

En cuanto a las garantías constitucionales lesionadas, sostiene que el acto recurrido ha vulnerado su garantía de igualdad ante la ley, pues a los recurrentes no se les ha brindado la posibilidad de ejercer su derecho a defensa jurídica, desde que el sumario no ha dispuesto diligencias para ello.

Prosigue expresando que también se ha afectado su garantía a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, específicamente la garantía de un procedimiento previo, racional y justo, que contemple la posibilidad de presentar pruebas de descargos y una decisión respecto de la sanción que debe emanar en un tiempo prudencial.

Agrega que se ha vulnerado la libertad de trabajo y su protección, al disponerse la medida de retiro temporal, y el hecho que la resolución del sumario sancionatorio se ha dilatado injustificadamente.

Por último, refiere que se ha vulnerado el derecho de propiedad de los recurrentes, en lo referente a la percepción justa de sus remuneraciones por el trabajo realizado y para el que fueron contratados.

Termina solicitando se declare el decaimiento del sumario administrativo ordenado sustanciar mediante resolución exenta N° 1.538 de fecha 31 de agosto de 2018 y notificada en esa misma fecha y, consecuencialmente, ordene la reincorporación completa a servicio y el pago de las remuneraciones devengadas respecto de los recurrentes, con expresa condenación en costas, en caso de oposición.

Indica que acompaña los siguientes documentos: Copia de resolución exenta número 1538 de fecha 31 de agosto de 2018. Copia de solicitud de información por Ley de Transparencia respecto de investigación de Ministerio Público que motivó el sumario. Copias de WhatsApp enviados sin responder por parte del Fiscal, cuando se le pregunta por el sumario Los recurridos a su vez, evacuando el informe requerido, sostienen que el sumario administrativo se encuentra terminado, entregado y en proceso de análisis jurídico, por la calidad de sanciones administrativas que se han propuesto por parte de la fiscalía administrativa. Sumario, que a raíz de la emergencia sanitaria que vive el país, no fue entregado sino hasta el 29 de septiembre de 2020, conforme al Oficio N° 361 de fecha 17/03/2020 emitido por la Contraloría General de la República, en el cual se da cuenta que conforme el art. 45 del Código Civil, norma de carácter supletorio, se define el Caso Fortuito: “…el caso fortuito constituye una situación de excepción que, en diversos textos normativos, permite adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir del cumplimiento de ciertas obligaciones o plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre otras consecuencias que en situaciones normales no serían permitidas por el ordenamiento jurídico…del mismo modo, los jefes superiores de los servicios se encuentran facultados para suspender los plazos de los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo. De esta manera por medio de Oficio Circular N° 110 de 22/04/2020, el Director Regional de Gendarmería aplica el citado Oficio de la Contraloría, disponiendo lo siguiente:

“Todos los plazos establecidos en el Título V de la Responsabilidad Administrativa, del DFL N° 29 de 2005, del Ministerio de Hacienda que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, para la sustanciación de los Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias, ordenados instruir en esta Región de Coquimbo, SE SUSPENDEN, a contar de la emisión del presente documento y hasta el vencimiento de los 10 días hábiles posteriores al Cese del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por la calamidad pública declarado por Decreto Supremo N° 104 de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”

De esta manera se indica que la demora de entrega y afinamiento del citado sumario se debió a dos razones, la alta complejidad y cantidad de inculpados en dicho proceso sancionatorio, y la emergencia sanitaria que suspendió los plazos de todos los sumarios e investigaciones sumarias.

Finalmente indica que las garantías constitucionales que según el recurrente han sido vulneradas a los protegidos, no se configuran en el caso de marras, por cuanto existe un proceso debidamente sustanciado por parte de la fiscalía administrativa, que nunca fue abandonado, como para que se den los presupuestos del “decaimiento” como lo pretende la recurrente, por su parte su fuente laboral ha sido suspendida no por acto arbitrario e ilegal, sino por cuanto se han ejercido las facultades del fiscal administrativo consagradas en el Estatuto Administrativo.

Por último, en cuanto a la Garantía del Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, señala que un funcionario público no tiene derecho de propiedad por sobre sus remuneraciones ni fuente laboral.

En fin, solicita el rechazo de la acción constitucional entablada, con costas.

Indican que acompañan el siguiente documento: Copia de Oficio N° 110 de fecha 22/04/2020.

CONSIDERANDO:

PEIMERO: Que el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

nombre reservado: Que, el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiese cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas dentro del plazo de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará contar en autos. Agrega el inciso segundo del artículo 5° que la Corte apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica los antecedentes que se acompañen al recurso y los demás que se agreguen durante su tramitación.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de cautela destinada a resguardar el ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, a través de medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho y garantizar la protección del afectado que ha sido objeto de un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza dicho ejercicio.

CUARTO: Que, por lo tanto, es requisito indispensable del recurso de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en cuanto se vulnera un precepto normativo obligatorio aplicable al caso concreto, de manera que el actuar u omitir es ilegal, cuando basándose en algún poder jurídico que se detenta, se extralimita en su ejercicio; o bien arbitrario, vale decir, derivado del mero capricho, de modo que la arbitrariedad indica ausencia de razonabilidad en la actuación u omisión, pero además se requiere que el acto u omisión ilegal o arbitrario afecte a las garantías resguardadas con el referido recurso de protección.

QUINTO: Que, en primer término cabe precisar que los recurrentes indican en el primer otrosí del libelo que contiene el recurso de protección, que acompañan “Copia de resolución exenta número 1538 de fecha 31 de agosto de 2018”,y que según se indica en el cuerpo del recurso, sería la resolución mediante la cual se ordenó por la Dirección Regional de Gendarmería instruir sumario administrativo en contra de los referidos recurrentes, sin embargo lo que realmente adjuntan es una copia del oficio N° 18-19, de fecha 14 de agosto de 2019, dirigido por la Fiscalía Administrativa del Centro Penitenciario de La Serena de Gendarmería de Chile, a don nombre reservado, “Ex funcionaria de Gendarmería de Chile”, y que contiene la formulación de cargos en su contra, derivados del sumario administrativo ordenado instruir mediante la Resolución Exenta N°1.538 de fecha 31 de agosto de 2018, de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile.

SEXTO: Que, aclarado lo anterior, cabe señalar que en esencia, según se desprende de su tenor, el recurso de protección se funda en que habiendo transcurrido más de dos años desde que se ordenara la ejecución del sumario, la causa no presenta avance alguno desde la notificación de los cargos y descargos de los afectados, sin haberse dictado resolución respecto a establecer un periodo de prueba, para la recepción de la misma, o de la prueba testimonial que se pretendiere rendir, omisión que según los recurrentes puede repercutir en la ineficacia del procedimiento sumarial por ausencia de un justo y racional procedimiento, sumario que está lejos de tener ni siquiera una plazo para fallarlo.

SEPTIMO: Que según consta del Oficio N°110, de fecha 22 de abril de 2020, del Director Regional de Gendarmería de Chile, Región de Coquimbo, Coronel Leoncio A. nombre reservado, se instruye la suspensión de plazos establecidos para la tramitación de los sumarios administrativos e Investigaciones Sumarias en relación al brote de Coronavirus Covid -19, cuyo texto es del siguiente tenor “1.-Junto con saludarlos, de conformidad a las instrucciones impartidas por el Mando Institucional, con ocasión de la emergencia que afecta al país por el brote de Coronavirus (COVID-19), particularmente en el funcionamiento de los organismos de la Administración del Estado, la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales emitió una serie de instrucciones mediante el Oficio N°361 de fecha 17 de marzo de 2020. 2.- En el Párrafo octavo del oficio citado señala que “A la luz de lo previsto por el Artículo N°45 del Código Civil, norma de derecho común y de carácter supletorio, el caso fortuito constituye una situación de excepción que, en diversos textos normativos, permite adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir del cumplimiento de ciertas obligaciones o plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre otras consecuencias que en situaciones normales no serían permitidas por el ordenamiento jurídico”, así mismo en su párrafo veintiséis, expresa que “Del mismo modo, los jefes superiores de los servicios se encuentran facultados para suspender los plazos de los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo. Al efecto, deberá considerarse especialmente la naturaleza de los actos terminales a que darán origen a los procedimiento administrativos, pudiendo suspenderse los plazos respecto de alguno de ellos, pero siempre respetando la igualdad de trato entre los distintos interesados” 3.- En razón de lo dictaminado por el Órgano Contralor, especialmente en los párrafos antes citados, ésta Autoridad Regional instruye lo siguiente: Todos los plazos establecidos en el Título V de la Responsabilidad Administrativa del DFL N°298 de 2005, del Ministerio de Hacienda que fija el Texto Refundido Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, para la sustanciación de los Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias, ordenados instruir, en esta Región de Coquimbo se SUSPENDEN, a contar de la emisión del presente documento y hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por la calamidad pública declarado por Decreto Supremo N°104 de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 4.- Es todo cuanto se informa y ordena, para su conocimiento y aplicación en la respectiva difusión de esta instrucción a los Investigadores y Fiscales Administrativos que están instruyendo procesos disciplinarios y que cumplen funciones en las Unidades Penales y Especiales bajo su mando.”

OCTAVO: Que, la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en la especie de aplicación supletoria, en su artículo 18 define el procedimiento administrativo como “una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal. El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: iniciación, instrucción y finalización”, y a su vez consagra en sus artículos 7°, 8° y 14°, los principios de celeridad, el conclusivo y de inexcusabilidad, respectivamente. En efecto el primer principio, esto es de celeridad, dice relación a que el “procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites”, y a su vez el segundo principio, vale decir, el conclusivo, recae en que todo “el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad”, mientras que el tercer principio, vale decir el de inexcusabilidad, pone énfasis en que la “Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación”.

NOVENO: Que, en cuanto a los términos y plazos, acontece que el artículo 23, de la referida ley, dispone que los “términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a la autoridad y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos”, mientras que el inciso cuarto del artículo 24, señala que las “decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse” y la “prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa”, agregando el inciso primero del artículo 25 que los “plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos”, y a su vez el inciso final, luego de contemplar la posibilidad de ampliación de los plazos de investigación, dispone que en “ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo vencido”, y finalmente el artículo 27 establece que salvo “caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”.

DECIMO: Que, el profesor de derecho administrativo don nombre reservado, en un artículo relativo al decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, luego de referirse a la literatura clásica y a la literatura comparada, concluye que “De este modo, para que sea posible la figura del decaimiento como extinción del acto administrativo o sus efectos, es necesario que se den los siguientes supuestos: (a) Que exista un acto administrativo esencialmente terminal, pues lo que trata de resolver el decaimiento son los efectos que ocurren tras la dictación de un acto que produce efectos ininterrumpidos o permanentes; (b) que concurra una circunstancia sobreviniente, que puede ser de tres tipos: (i) de carácter fáctico que afecta la existencia del supuesto de hecho que habilita para la dictación del acto; (ii) que afecte el objeto sobre el cual produce sus efectos el acto administrativo; (iii) de carácter jurídico, es decir, una alteración sobrevenida a la regulación de los efectos del acto, sea que la derogue o que lo modifique sustantivamente. El decaimiento se hace cargo de ilegitimidades sobrevinientes que pueden afectar la legalidad de un acto administrativo, pero dado que en su origen este es ajustado a derecho ( porque es en ese momento en donde se deben analizar los vicios del acto), el sistema legal ocupa el decaimiento para -sin cuestionar la legalidad ex post- considerar que los efectos del acto no se pueden sostener porque los presupuestos reglados del acto administrativo (supuesto de hecho, objeto y obligaciones) han desaparecido o se han alterado sustancialmente por una regulación posterior. Así las cosas, la figura del decaimiento solo se puede presentar en la eficacia y vigencia del acto administrativo, pero no respecto de su procedimiento, pues este último solo cumple la finalidad de ser el vehículo para dictación del mismo”.

UNDECIMO: Que si bien el artículo 27 de la Ley N°19.880, establece que “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, acontece que la institución del decaimiento resulta improcedente respecto de un procedimiento administrativo, entendido como una sucesión de actos trámites vinculados entre sí, los cuales conforman el desarrollo de la tramitación del sumario incoado en contra de los recurrentes, cuya finalidad es producir un acto administrativo terminal, el cual, a diferencia del procedimiento, sí puede ser objeto del decaimiento, siempre que se reúnan las condiciones indicadas en el considerando décimo de esta sentencia, pero ocurre que dicho acto administrativo terminal aún no se ha consumado a cabalidad, ya que según indican los recurridos el sumario en referencia se encuentra en proceso de análisis jurídico, por la calidad de sanciones administrativas que se han propuesto por parte de la Fiscalía Administrativa.

DUODECIMO: Que, sin perjuicio de lo consignado precedentemente, aun cuando se estimase que procede el decaimiento de un procedimiento administrativo, acaece que dicho plazo no es de carácter fatal, lo cual se desprende del simple tenor literal del referido artículo 27 de la Ley N°19.880, por lo que si bien el sumario administrativo, fue ordenado instruir mediante Resolución Exenta N°1.538, de fecha 31 de agosto de 2018, no constando que la fecha de interposición del recurso de protección, esto es el 2 de septiembre de 2020, haya concluido, aunque ya en su momento se formularon los respectivos cargos, habiendo ya transcurrido más de seis meses desde su inicio, ello no trae como consecuencia que se haya producido el decaimiento de dicho procedimiento, ya que, tal como se adelantó, el plazo de seis meses no tiene el carácter de fatal.

DECIMO TERCERO: Que, en todo caso, útil resulta señalar, respecto al referido plazo límite de seis meses, indicado en el artículo 27 de la referida Ley N°19.880, que la Excma Corte Suprema, mediante sentencia dictada con fecha 9 de octubre de 2020, en causa Rol N°97.284-2020, Protección, ha señalado “No obstante, esta Corte ha sido clara en señalar que tal decisión no tiene su fundamento en el artículo 27 de la Ley N°19.880, siendo clara en señalar que el plazo contemplado en ella -al contrario de lo expuesto por el recurrente- no tiene el carácter de fatal, de manera que si bien el organismos público debe hacer expeditos los trámites respectivos, el principio de celeridad lo ha de llevar tan sólo a tender o a instar por la pronta terminación del procedimiento administrativo, sin que pueda estimarse razonablemente que esa circunstancia le ha de compeler, con carácter de definitivo, a concluir tales procesos sólo y únicamente en los perentorios términos fijados por el legislador. El esfuerzo hacia el que ha de propender el órgano público en esta materia no puede vincularlo de tal manera que el incumplimiento de estos plazos transforme en fútil su esfuerzo fiscalizador. En efecto, un mínimo equilibrio entre sus distintos deberes lleva necesariamente a una conclusión como ésta, pues de lo contrario se habría de convenir en que la fiscalización y los derechos e intereses del Estado y de los administradores habrían de ceder y quedar subordinados a la celeridad, conclusión irracional que no puede ser admitida”.

DECIMO CUARTO: Que, por otro lado, si de demora se trata, esta resulta justificada, atendido el gran número de personas investigadas en relación a los hechos investigados, ya que según logra desprenderse de los antecedentes, los funcionarios de Gendarmería sumariados son don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado ( recurrente), don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, por ingerir bebidas alcohólicas y con sustancias prohibidas, y don nombre reservado (recurrente), don nombre reservado(recurrente), don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, por portar elementos prohibidos, por lo demás, según han señalado los recurridos dicho sumario se encuentra en proceso de análisis jurídico, por la calidad de sanciones administrativas que se han propuesto por parte de la Fiscalía Administrativa, debiendo considerarse además que, según consta del Oficio N°110, de fecha 22 de abril de 2020, del Director Regional de Gendarmería de Chile, Región de Coquimbo, se ordenó la suspensión de los plazos para la sustanciación de los Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias, a contar de la emisión de dicho documento y hasta el vencimiento de los diez días hábiles posteriores al cese del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por la calamidad pública declarado por Decreto Supremo N°104 de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

DECIMO QUINTO: Que, al respecto, igualmente y en todo caso, también resulta útil señalar, en cuanto a una demora en la sustanciación de un sumario administrativo, que en la misma sentencia dictada en la causa Rol N°97.284-2020, la Excma. Corte Suprema, se ha señalado que “En efecto, en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador, se ha señalado que para que se esté frente a un procedimiento racional y justo, la resolución que lo concluye debe ser oportuna. Así, se ha aplicado una forma de extinción y pérdida de eficacia por excesiva demora de la Administración para la declaración de responsabilidad y la consecuente decisión terminal sobre la imposición de una sanción. Así, en la búsqueda de un criterio rector para dar por establecido el decaimiento del procedimiento administrativo por el transcurso del tiempo, se consideran como referencias los plazos que el derecho administrativo contempla para situaciones que puedan asimilarse, acudiendo a lo señalado en el artículo 53, inciso primero, de la Ley N° 19.880 el plazo que tiene la Administración para invalidar sus actos administrativos es de dos años. En este aspecto se ha sostenido que si la Administración deja transcurrir un lapso de tiempo superior entre el inicio y término del procedimiento, injustificado, se produce el decaimiento del procedimiento administrativo y la consecuente extinción del acto administrativo sancionatorio, perdiendo por lo tanto su eficacia pues tal demora en la decisión afecta el contenido jurídico del procedimiento administrativo transformándolo abiertamente en ilegitimo y lesivo para los intereses del afectado, quien al estar sujeto a un procedimiento excesivamente extenso, ve afectado su derecho a la seguridad jurídica. No obstante, en el caso concreto, no se configuran las exigencias expuestas, toda vez que no se constata una paralización injustificada del procedimiento administrativo, y la demora en su conclusión se justifica en relación al número de funcionarios involucrados…”.

DECIMO SEXTO: Que en consecuencia, resulta de toda evidencia que en la especie no se ha incurrido en un acto u omisión arbitrario o ilegal, requisito esencial de existencia, para determinar si hubo conculcación de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, esto es las contempladas en los numerales dos, tres, dieciséis y veinticuatro del artículo 19 de la Constitución Política de la República, de manera que al no existir un acto u omisión arbitrario o ilegal, mal se pueden haber infringido dichas garantías, por lo que no cabe más que rechazar el recurso de protección, no modificando en nada las conclusiones a que se han llegado en la presente sentencia, previo análisis, los demás antecedentes allegados al presente recurso Y de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en contra de la Dirección Regional de Gendarmería de la Región de Coquimbo y del Mayor don nombre reservado.

Se previene que el Ministro señor Le-Cerf concurre a la decisión con exclusión de su motivo décimo quinto.

Redacción del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Regístrese y Archívese en su oportunidad.

Rol N°1634-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

En La Serena, a cuatro de diciembre de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.