Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por haber incurrido en una omisión ilegal y arb

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°1632-2026.- La Serena, a veintiuno de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece nombre reservado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad haitiana, cédula de identidad NUM000, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por haber incurrido en una omisión ilegal y arbitraria debido a la excesiva dilación en emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, lo que transgrede su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente ingresó al país con el fin de desarrollarse y aprovechar las oportunidades que éste le ofrece, ingresando solicitud de residencia definitiva el 07 de noviembre de 2025, sin que a la fecha conozca el estado de su solicitud.

Arguye que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, pues contraviene lo dispuesto en los artículos 4°, 7°, 9° y 27 de la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en especial los artículos 7° y 27, al consagrar el Principio de celeridad, esto es, que el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites. Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento que se trate en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afecta a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9, se refiere al principio de economía procedimental, estableciendo que la administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Asimismo, indica que el actuar de la recurrida transgrede el derecho a la igualdad ante la ley de la recurrente, en cuanto se configura una discriminación respecto a otros solicitantes que han podido tramitar debidamente sus beneficios migratorios.

Solicita por tanto se acoja el recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones resolver la Solicitud de Permanencia Definitiva NUM000, dándole curso, dictando el acto administrativo terminal, para así poder concluir la tramitación del beneficio migratorio formulado, toda vez que la omisión administrativa en comento, atenta contra normas constitucionales y legales invocadas en la presente acción.

SEGUNDO: Que, a folio 8, comparece don nombre reservado

nombre reservado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, oponiendo excepción de falta de personería de quien comparece en representación de la recurrente e informando de la acción constitucional, en subsidio, pidiendo su rechazo, con costas.

Sobre la excepción opuesta, indica que no constan antecedentes suficientes que permitan acreditar que la recurrente le haya conferido la autorización, patrocinio o poder a quien interpone la acción en su representación, citando los artículos 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil, solicitando en definitiva se le requiera acreditar la personería que invoca para actuar en representación de la recurrente, adoptando, en caso de no acreditarse, las medidas que en derecho corresponda, con costas.

En subsidio, evacúa informe, pidiendo el rechazo del recurso de protección, señalando al efecto que la recurrente presentó el 16 de septiembre de 2025 una solicitud de beneficio migratorio de residencia definitiva bajo el Trámite ID NUM000, respecto de la cual se le ha requerido en varias oportunidades la complementación de la documentación presentada, manteniéndose desde el 24 de septiembre de 2026 bajo el estado de “SOLICITA DOCUMENTOS ADICIONALES”, que corresponde cumplir a la recurrente.

Sostiene que el plazo del procedimiento administrativo señalado en el artículo 27 de la Ley 19.880 no es un plazo fatal, el que podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, citando jurisprudencia al efecto.

Indica que, bajo esa lógica, no puede afirmarse que exista acción u omisión ilegal o arbitraria por parte del Servicio, puesto que la autoridad administrativa ha cumplido con dar curso de forma regular y progresiva al expediente de solicitud de permanencia definitiva, el que se ha sometido a la tramitación estándar establecida en el Reglamento de Extranjería y siguiendo los principios generales establecidos en la Ley 19.880, no existiendo vulneración, perturbación o amenaza a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, en los términos señalados por quien recurre.

Agrega que la vía idónea para alegar la falta de respuesta de la Administración del Estado es la figura del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley 19.880.

Reclama que, de hecho, es el abuso de esta vía judicial lo que ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos migratoria, debiendo la autoridad dar prioridad a las solicitudes presentadas por los recurrentes de amparo y protección en desmedro de las más de 500.000 solicitudes migratorias que tramita la autoridad en la actualidad, citando jurisprudencia sobre el punto.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección, así como la eventual condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, previo a abordar el análisis de fondo del presente arbitrio constitucional, corresponde pronunciarse respecto de la excepción de falta de personería opuesta por el Servicio recurrido.

Al respecto, la ratificación efectuada por la persona afectada, a folio 3 del expediente digital, y lo dispuesto en el inciso primero del artículo 2 del Auto Acordado sobre tramitación de recurso de protección, lleva a esta Corte a desestimar la alegación de falta de personería, por no configurarse los presupuestos que la hacen procedente.

En efecto, cabe recordar que el Auto Acordado sobre la materia establece una legitimación activa amplia que tiene por fin facilitar la tutela urgente y efectiva de los derechos constitucionales de las personas, de modo tal que la ausencia de un mandato convencional no constituye impedimento para accionar en favor de quien sufre una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de sus derechos, habiendo comparecido la parte recurrente, de todos modos, a ratificar lo obrado por quien presenta la acción.

Por lo dicho, se rechazará la excepción opuesta, como se dirá en lo resolutivo.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada por quien recurre el 07 de noviembre de 2025, lo cual califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Evacuado informe el Servicio recurrido, aclara que la solicitud fue presentada el 16 de septiembre de 2025, encontrándose en estado “SOLICITA DOCUMENTOS ADICIONALES”, desde el 24 de septiembre de 2026.

Se pide, en definitiva, que se ordene a la recurrida resolver sin más demora la solicitud, dictando el acto administrativo terminal respectivo.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, no se advierte que el Servicio recurrido haya incurrido en incumplimientos a la normativa que regula la actividad de la Administración del Estado, toda vez que la autoridad respectiva ha cursado la solicitud de residencia definitiva de la actora conforme a lo dispuesto en la Ley 19.880, no obstante, aquella no ha dictado resolución de término por estar pendiente la complementación de antecedentes por quien recurre, recayendo en ésta el impulso procesal.

En efecto, según informa la parte recurrida, con fecha 24 de septiembre de 2026 se comunicó a la recurrente que era necesario que ésta acompañara antecedentes complementarios a su presentación, lo que ésta sólo cumplió el 19 del presente mes, conforme se desprende inequívocamente de su propio escrito que acompaña a folio 12.

Por tanto, no mediando dilación alguna que pueda ser calificada de arbitraria o ilegal, dado que la complementación fue recientemente satisfecha, asunto que la parte debía conocer, el libelo será desechado, con expresa condenación en costas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I. Que se rechaza la alegación de falta de personería deducida por el recurrido.

II. Que, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección incoado en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por no existir acto u omisión ilegal y/o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales que invoca.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°1632-2026 Protección.-