nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N° 1628-2024 La Serena, veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 14 de octubre de 2024, comparece don nombre reservado y nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, Consultorio Jurídico de Segunda Instancia de La Serena, domiciliado en domicilio reservado, en favor de doña nombre reservado, vendedora, domiciliada en domicilio reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-150752-2024 de 25 de Septiembre del año 2024, que confirmó el rechazo de las licencias N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado,RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 300 días de reposo, lo que indica vulnera sus garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 n° 1 y n° 4 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que Compin rechazó las licencias médicas N.º RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, y en contra de dicha resolución presentó recurso de apelación ante la Suceso la que por Resolución Exenta N° R-01-UME-160968-2023, de fecha 04 de diciembre de 2023, confirmó el rechazo de las licencias médicas entregado por COMPIN.

Agrega que, posterior presentó recurso de Reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución Exenta N° R-01-IBS-150752-2024 de 25 de septiembre del año 2024, confirmó lo resuelto, siendo en contra de esta última resolución que se interpone el presente recurso de protección.

Acota que, en esta misma resolución recurrida, la Superintendencia de Seguridad Social se pronunció por la apelación deducida por doña nombre reservado en contra de la Resolución pronunciada por la COMPIN que había rechazado la autorización de las licencias médicas N.º RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, confirmado lo resuelto por la COMPIN bajo la misma causal de rechazo, esto es Reposo No Justificado.

Menciona que la resolución en comento dispuso “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyo que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, y licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado.

Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 220 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que los informes médicos presentados no indican las limitaciones que produce la patología reclamada, ni evolución clínica del cuadro diagnosticado. Sumado a lo anterior indica el rechazo que no acredita adecuadamente procedimientos pendientes durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito”.

Indica que el diagnóstico de la enfermedad de doña nombre reservado, esto es, trastorno del disco lumbar con radiculopatía, se encuentra suficientemente fundamentado y acreditado con los informes médicos acompañados en su oportunidad, emitidos por los médicos del sistema público de salud en que ha sido atendida, tanto del CESFAM como del Hospital San Pablo de Coquimbo y que no se explica en la resolución recurrida cuáles fueron los antecedentes médicos objetivos que permitieron a la SUSESO arribar a un diagnóstico distinto al efectuado por el médico especialista – tratante – otorgante de las Licencias Médicas reclamadas.

Conforme a lo anterior alega que la recurrida omitió analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de doña nombre reservado, poniendo en duda los diagnósticos fehacientemente establecidos por profesionales de la salud y más aún, fundamenta principalmente su decisión de rechazo en la extensión del reposo, como si la recuperación de un paciente pudiese medirse en su tiempo de reposo, siendo evidente que para arribar a dicha conclusión, es porque no existió siquiera una mínima ponderación o revisión de los informes médicos acompañados, emitidos por profesionales de la salud, así como del historial médico del recurrente, los cuales dan cuenta de manera incuestionable de la indispensable continuidad del reposo del paciente a fin de lograr una adecuada y óptima recuperación a mediano plazo.

Alega que el rechazo de las licencias médicas por parte de la SUSESO carece de una adecuada fundamentación, fundando su conclusión en una argumentación que carece de todo fundamento y coherencia lógica, deviniendo en absolutamente arbitraria la resolución en cuestión, fundamentada lisa y llanamente en el mero capricho o la sola voluntad del ente recurrido, limitándose a señalar que el reposo es injustificado, deviniendo en un acto ilegal y arbitrario.

Luego cita los artículos 1, 16 y 24 Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, de los cuales se desprende organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta o insuficiencia de antecedentes aportados por el propio paciente Acusa igualmente una falta de fundamentación de la resolución en comento, lo que vulnera la obligación dispuesta en ellos artículos 11, 40 y 41 de la Ley 19.880, por lo que el acto deviene en ilegal y arbitrario.

Alega vulneración de las garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 n° 1 y n° 24 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de sus licencias médicas, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud, y toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de las licencias médicas rechazadas, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Previa citas legales pide dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deberá autorizar dichas licencias médicas, disponiendo su pago. En subsidio disponer que la recurrida dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos debe A.- Realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas. B.-Dictar el correspondiente acto administrativo terminal que autorice -o no- el pago del subsidio asociado a las licencias médicas reclamadas. C.- En su caso, pagar al actor el monto del subsidio que corresponda. D.- Informar a esta Corte de Apelaciones el cumplimento de todas y cada una de las acciones impuestas en esta sentencia, bajo apercibimiento que en caso de no cumplir deberá autorizar el pago de las referidas licencias, de plano, sin más trámites y sin necesidad de nuevo apercibimiento judicial o solicitud de informe.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos: 1°. - Copia de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-150752-2024 de 25 de Septiembre del año 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social. 2º.- Copia informe médico de Tomografía Computada de Columna Lumbosacra, de 17 de agosto de 2022, emitido por la Dra. nombre reservado. 3°.- Copia informe médico de 20 de abril de 2023, emitido por el Dr. nombre reservado. 4°.- Copia informe médico de 18 de Julio de 2023, emitido por el Dr. nombre reservado. 5°.- Copia Informe Médico de 25 de Julio de 2023, emitido por traumatóloga, la Dra. nombre reservado. 6°.- Copia informe médico de 27 de Marzo de 2024, emitido por el Dr. nombre reservado.

SEGUNDO: Que, a folio 6, el 15 de noviembre de 2024, comparece nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer término, alegó la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, en cuanto al fondo, menciona que consta en el expediente administrativo que la Sra. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 01 de abril de 2024, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-UME-160968-2023, por el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 180 días a contar del 20 de marzo de 2023, por reposo no justificado. Además, la parte interesada reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días, bajo la misma causal de rechazo.

Indica que la Superintendencia estudió nuevamente los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Agrega que esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los más de 220 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Acota que no se indican las limitaciones que produce la patología reclamada, ni evolución clínica del cuadro diagnosticado. Agrega que no se acredita adecuadamente procedimientos pendientes durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-IBS-150752-2024, de fecha 25 de septiembre de 2024.

Añade que el facultativo de su organismo Dr. nombre reservado, informó “Ficha Médica (…) Fundamentos de la resolución: No se acoge recurso de reposición de la trabadora, presenta con cuadro de dolor lumbar para el que se han autorizado 224 días de licencias médicas continuas, lo que es suficiente para su recuperación sintomática”.

En cuanto al marco legal regular indica que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral y que el actuar Superintendencia de Seguridad Social se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, por lo que el presente recurso desborda los límites de la acción de protección, no existiendo respecto de la recurrente un derecho preexistente e indubitado.

Alega que estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

Arguye que los profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Señala que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

Acompaña a su informe: Expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, toda vez que el artículo 20 de la Carta Fundamental no la establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas, cierto es que la recurrente alega la conculcación de otras que sí lo están, motivo por el que se desestimará tal alegación.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-IBS-150752-2024 de 25 de Septiembre del año2024, que confirma el rechazo las licencias médicas N°s. N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 300 días de reposo, por reposo injustificado.

SÉPTIMO: Que, para el análisis del rechazo del pago de las licencias, es preciso indicar que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°)

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

Dado el encuadre normativo, estamos en condiciones de afirmar que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre la paciente de demostrar ella la viabilidad de su reposo temporal. Aquello, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida es escueta y no logra, a juicio de esta Corte, informar a la actora de los motivos del rechazo, luego de haber requerido los antecedentes que le permitieran resolver, situación que transforma la mentada resolución, en tanto mantuvo la negativa, en infundada y, por ende, arbitraria, circunstancia que escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, pues debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.-Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción constitucional.

II.- Que se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado y nombre reservado, en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-150752-2024 de 25 de septiembre del año 2024, disponiéndose en su lugar el pago de las licencias médicas N°s. RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, debiendo la recurrida gestionar su pago a la actora en forma inmediata.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1628 -2024 Protección. -