Protección contra Corporación Educacional Misión Mundial Cristiana

nombre reservado

Corporación Educacional Misión Mundial Cristiana Recurso de protección Rol N°1622-2025 La Serena, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el abogado Gustavo Adolfo Torres Mendoza recurre de protección en favor de nombre reservado, empleada, domiciliada en domicilio reservado, en contra de la Corporación Educacional Misión Mundial Cristiana, sostenedora del Colegio Cristiano de La Serena, por el acto ilegal y arbitrario de imponer medida restrictiva a la recurrente, consistente en no poder ingresar al establecimiento educacional, sin haberle permitido realizar sus descargos, alegando vulneración de su garantía constitucional del número 3 inciso 5° del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que la recurrente es madre del niño de iniciales KZTM, que detenta la calidad de alumno regular del periodo académico 2025 del colegio recurrido, de actuales 8 años, cursando segundo básico, e ingreso en 2024.

Hace presente que, por razones laborales, su representada, durante 2024, mantuvo una reunión con el coordinador del Colegio para permitírsele dejar a su hijo en el colegio en el horario de 7:40 de la mañana, solo dentro de la reja perimetral del colegio, para que pudiera llegar al centro de La Serena a su lugar de trabajo, precisando que el horario de ingreso es a las 8.00 horas, con la certeza de que su hijo estaría en un lugar seguro, dentro del perímetro del colegio, lo que era conocido por los profesores del establecimiento.

Refiere que muchos padres dejan a sus hijos a esa hora, pero delante del establecimiento, quedando solos y da cuenta de que existe una asistente correspondiente a primer año básico, a quien se le escuchó hablando con el coordinador, molesta porque su representada dejaba a su hijo antes del horario de ingreso, hechos que se repiten desde inicio del presente año.

Relata que el 9 de septiembre pasado, al momento de llegar al Colegio, la referida asistente le indica que no podía dejar al niño en ese horario, y que ella no se haría cargo del mismo, a pesar de conocer la situación, sin que nadie le estuviera pidiendo que se hiciera cargo de él, llegando al 10 de septiembre a cerrar la puerta en el rostro de la recurrente, invocando una autorización del coordinador.

Explica que en la tarde de ese día recibió un correo de parte del abogado de la recurrida, el que da cuenta del inicio de un procedimiento por un antecedente de violencia escolar entre adultos, abriendo investigación y se le restringió el acceso a todas las dependencias del establecimiento, lo que alega es una condena emitida por una comisión especial, sin derecho a defensa, lo que infringe la garantía del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución.

Sostiene que este acto es ilegal y arbitrario, al carecer de fundamentación y que no existe norma que habilite a restringir el acceso de su representada a la institución educativa, lo que irroga incluso perjuicios económicos, pudiendo perder su trabajo.

Agrega que no existe proceso investigativo, no se ha rendido prueba, no se le ha permitido a defenderse, formular descargos, designar abogado patrocinante o conocer el tenor de la denuncia interpuesta, por lo que requiere se ordene a la recurrida el cese de manera inmediata en los actos arbitrarios e ilegales ejecutados, con costas.

Acompaña a su recurso: Certificado de nacimiento y alumno regular del hijo de la recurrente; y copia del correo electrónico remitido a doña nombre reservado, el 10 de septiembre de 2025.

SEGUNDO: Que informa doña nombre reservado, representante legal de la Corporación Misión Mundial Cristiana, sostenedora del Colegio Cristiano de La Serena, quien pide el rechazo de la acción.

Relata que, conforme testimonios y pruebas recabadas en el marco de la investigación interna, se logró establecer que, en horas de la mañana del 10 de septiembre de 2025, aproximadamente 7:30 horas, la asistente de aula procedió a abrir el portón de acceso del colegio para el ingreso del personal, según instrucciones de Dirección, manteniendo cerrado el acceso a alumnos hasta la hora oficial de apertura, 7:45, conforme al protocolo interno de seguridad, arribando la recurrente junto a su hijo, requiriendo que el menor ingresara de inmediato, pese a faltar quince minutos para la apertura.

Precisa que la asistente informó cortésmente que no estaba autorizada para hacerse cargo del niño antes de ese horario, pues aún no había personal disponible para su supervisión, cuestión sabida y acatada por lo demás apoderados del colegio y que, ante la negativa de la funcionaria, la actora reaccionó en forma airada y agresiva, elevando la voz e increpando a la asistente, profiriendo gritos e insultos, frente a su hijo, lo que fue presenciado por una profesora y dos apoderados, quienes entregaron su relato como testigos.

Agrega que la funcionaria sufrió una aguda reacción de estrés, presentó una erupción cutánea en el pecho como manifestación psicosomática del impacto emocional y se dirigió a la oficina de la directora, donde narró lo ocurrido y manifestó su intención de formalizar una denuncia, lo que activó el protocolo interno previsto para agresiones de apoderados a trabajadores, conforme el Reglamento Interno de Convivencia.

Indica que se brindó contención emocional y apoyo inmediato a la funcionaria afectada, asegurándole que la institución respaldaría plenamente el ejercicio de sus derechos y se gestionó su atención médica a través de la Mutual de Seguridad, debiendo recibir atención de urgencia.

Hace presente que se citó formalmente a la apoderada a una reunión urgente, mediante modalidad telemática, comunicada telefónicamente cerca del mediodía del 10 de septiembre, sin que se verificara su comparecencia, y se remitió comunicación escrita vía correo electrónico, citada en el recurso, junto a un comunicado oficial a todos los apoderados del establecimiento.

Explica que el 11 de septiembre la apoderada envió un correo electrónico entregando su propia versión de los hechos, donde precisó que no requirió que alguien se hiciera cargo de su hijo, acusando amenaza de la funcionaria y que se habría alterado al niño provocándole miedo, omitiendo sus gritos e increpaciones hacia la trabajadora, e ingresando paralelamente una denuncia formal ante la Superintendencia de Educación, número CAS-120204-W6P1G2.

Arguye que, conforme los antecedentes recabados, se concluyó que existió una agresión verbal y psicológica grave en contra de la funcionaria, sin que mediara provocación ni falta alguna por parte de esta última, procediendo a imponer medidas disciplinarias y administrativas, amparadas en el reglamento interno, artículo 37, y en la normativa legal aplicable, con el doble propósito de sancionar la falta y prevenir su reiteración, las que fueron debidamente notificadas en una reunión de cierre del proceso disciplinario el 1 de octubre de 2025, donde la actora se retiró abruptamente sin esperar la lectura completa de la resolución, amenazando con judicializar el asunto.

Precisa que se requirió que la recurrente ofreciera disculpas explícitas a la funcionaria agredida, se le conminó a suscribir un compromiso escrito de no incurrir nuevamente en conductas violentas o irrespetuosas hacia ningún trabajador del colegio, y se resolvió destituirla de su calidad de apoderada titular del alumno, debiendo asumir dicha responsabilidad el apoderado suplente registrado para el estudiante -su padre-, apercibida de que, si llegase a incurrir nuevamente en una falta de naturaleza similar, se le prohibirá el ingreso al establecimiento para cualquier actividad futura, en resguardo de la seguridad y buen clima escolar.

Argumenta que las medidas son proporcionales a la gravedad de los hechos y se encuentran expresamente previstas en el Reglamento Interno, por lo que cuentan con fundamento normativo claro, con fines de restablecer un ambiente de respeto en la comunidad educativa, proteger a los funcionarios y sentar un precedente inequívoco de que no se tolerarán actos de violencia en el colegio.

Afirma que, en cumplimiento de la obligación legal establecida por la Ley 21.188, el sostenedor interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público por la agresión sufrida por la funcionaria.

Pide, asimismo, el rechazo de la acción, en cuanto la acción ha perdido oportunidad, no existiendo una amenaza o privación vigente que amerite tutela urgente de esta sede judicial, siendo sustituida la medida restrictiva por las medidas definitivas adoptadas en el procedimiento interno ya concluido, careciendo de legitimación alguna para ingresar al colegio en calidad de apoderada, siendo designado como apoderado titular el padre del niño, y que los hechos se encuentran sometidos al conocimiento de la autoridad administrativa competente, la Superintendencia de Educación.

Sobre el fondo, sostiene que el procedimiento se sostiene en lo previsto en la Ley 21.188 y la Ley 21.643, materializándose una obligación legal de reaccionar enérgicamente ante la agresión sufrida por la funcionaria, adoptando todas las medidas necesarias para protegerla y prevenir nuevos hechos, lo que descarta ilegalidad y arbitrariedad.

Añade que la medida impugnada tuvo el carácter precautorio y preventivo ante una situación de extrema gravedad, encontrándose habilitados los sostenedores para adoptar medidas inmediatas que resguarden la seguridad de la comunidad escolar, incluso antes de concluir formalmente el proceso disciplinario, siendo la decisión de no permitir el ingreso de la apoderada justificada por la gravedad de los hechos y se enmarcó dentro de las facultades de administración y autoprotección de la institución, más cuando se tuvo en consideración la protección tanto del niño como de la comunidad escolar en su conjunto, lo que descarta vulneración de garantías constitucionales.

Concluye refiriendo que la actora pretendía que el colegio admitiera a su hijo antes del horario oficial de apertura, alegando dificultades personales para compatibilizar la entrega del niño con sus obligaciones laborales matutinas, más la Ley 21.561, conocida como Ley de 40 Horas, ha establecido herramientas concretas para que padres y madres trabajadores compatibilicen sus horarios laborales con las necesidades escolares de sus hijos, sin trasladar esa carga a las escuelas, sin que pueda reprochársele al colegio su negativa a recibir a un alumno antes del horario reglamentario, pues tal restricción se funda en criterios de seguridad y organizativos válidos, conocidos por la comunidad escolar y además razonables a la luz de la normativa educacional vigente, que establece tiempos de apertura definidos, debiendo haber gestionado las facilidades correspondientes en su ámbito laboral en lugar de exigir irregularmente que el establecimiento educacional vulnerara sus propios protocolos de seguridad admitiendo al niño sin personal disponible para atenderlo.

Acompaña a su informe: 1. Certificado de directorio de persona jurídica sin fines de lucro que acredita su personaría; 2. Informe Sostenedor en el marco de la denuncia de la recurrente ante la Unidad de Protección de Derechos Educacionales de la Superintendencia de Educación, bajo el número CAS-120204-W6P1G2; 3. Denuncia individual de accidente del trabajo de la trabajadora Sra. nombre reservado; 5. Acta del procedimiento interno aplicado por el colegio en el caso; 6. Acta de la reunión del 01 de octubre que tenía por objetivo entregar la resolución a la recurrente y a su esposo; 7. Escrito de denuncia y relato de hechos presentado por la Sra. nombre reservado; 8. Declaración escrita de la profesora Natalia Baldonado; 9. Declaración escrita de la funcionaria nombre reservado; 10. Declaración escrita de la funcionaria nombre reservado; 11. Copia del comprobante de denuncia ingresada ante Fiscalía; y 12. Declaración escrita de la funcionaria nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el objeto de la presente acción cautelar consiste en reclamar como ilegal y arbitrario el actuar del colegio recurrido, por cuanto se inició una investigación interna, sin permitirle formular descargos, imponiéndole medida de prohibición de ingreso al establecimiento, lo que indica vulnerar la garantía del debido proceso.

A su turno el colegio recurrido, señala que se le dio la oportunidad a la recurrente para realizar sus descargos, lo cual no hizo, y que en definitiva el recurso ha perdido oportunidad pues ya se sancionó a la apoderada, y, por tanto, no se encuentra vigente la medida de prohibición de ingreso al establecimiento, además que la Superintendencia de Educación se encuentra revisando la situación en atención a denuncia por estos hechos en sede administrativa.

SEXTO: Que, de lo expresado por las partes y de los antecedentes allegados al proceso, se desprende que la controversia que plantea la actora se dirige en contra de la resolución de 10 de septiembre de 2025, la que a propósito de un actuar u omitir ilegal o arbitrario, requisito que en la especie no se verifica, por cuanto según lo informado por la recurrida se dictó resolución final, donde la apoderada deberá pedir disculpas a la trabajadora afectada y firmar un compromiso de no incurrir nuevamente en conductas violentas hacia ningún trabajador del colegio. Además, es destituida de su calidad de apoderada titular debiendo asumir el apoderado suplente del alumno la titularidad y su representabilidad. Sin embargo, no le prohíben el ingreso al establecimiento, lo que evidencia que el fundamento principal sobre el cual descansa el recurso intentado ha perdido oportunidad, razón por la que la acción será desestimada conforme se dirá en lo resolutivo.

Finalmente, a mayor abundamiento, conviene señalar que no se vislumbra en la especie acto ilegal ni arbitrario alguno por parte de la autoridad recurrida, por cuanto su actuar se ajusta a las facultades que la normativa prevé, motivo suficiente para insistir en el rechazo que se indicó.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de por doña nombre reservado, en contra de la Corporación Educacional Misión Mundial Cristiana, sostenedora del Colegio Cristiano de La Serena.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1622-2025 (Protección).