nombre reservado con COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN)

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol Nº1622-2023 La Serena, once de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha dos de julio de dos mil veintitrés comparecen don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, a favor de don nombre reservado, RUN RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que debido a diversos problemas de índole familiar y laboral, y la situación de nerviosismo producto de aquello, se le produjo una parálisis en la pierna izquierda, iniciando de aquella manera el uso de licencias médicas y, al poco tiempo, apareció que no se trataba únicamente de un problema de índole físico, sino que psicológico y psiquiátrico, iniciando tratamientos médicos, que lo mantenían en un estado de letargo que le dificultaba retomar apropiadamente sus labores, pues se desempeña en el rubro minero. Durante aquel tiempo, debió hacer uso de licencias médicas, las que fueron tramitadas ante la COMPIN, quien procedió al rechazo de varias de aquellas, ante lo que recurrió a la SUSESO.

Añade que la Superintendencia ha mantenido su decisión injustificada de confirmar lo resuelto por la COMPIN DE ATACAMA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas Números RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 06 de julio de 2022, por reposo no justificado. Además de las licencias médicas N°81597237-6, RUT reservado, extendidas por un total de 56 días, bajo la misma causal de rechazo.

Dicho rechazo se contiene en RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-74237-2023, de 2 de junio de 2023, el cual expresa “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del extenso período de reposo ya autorizado. No es posible establecer consistencia entre su respectivo rol terapéutico y el cuadro clínico descrito”.

“Que, respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 81597237-6, RUT reservado, esta Superintendencia no emite pronunciamiento, porque las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado figuran como autorizadas. Por otra parte, examinado el sistema de licencias médicas de FONASA, no consta la realización de los respectivos Recursos de Reposición ante la COMPIN competente, en relación a licencias médicas N° 81597237-6 y RUT reservado”. Confirmando el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, y no emitiendo pronunciamiento respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 81597237-6, RUT reservado.

Refiere que la recurrida rechazó lo pretendido por el paciente sin realizar un análisis pormenorizado ni justificar su negativa. Hace además presente que ni la COMPIN ni la SUSESO realizaron algún peritaje o examen de tipo psicológico o psiquiátrico para establecer la realidad de la incapacidad y la situación de afectación mental del paciente, rechazando la reconsideración de la aprobación de las licencias por mero capricho y arbitrio de la recurrida, y sin considerar los informes y antecedentes médicos presentados por el solicitante.

Sostiene que el rechazo de las licencias médicas por el organismo administrativo, debido a los fundamentos escuetos y carentes de motivación ya expresados, resulta claramente arbitrario, abusivo e ilegal, puesto que dicho rechazo carece de todo tipo de fundamentación, que permitan a nuestro representado entender de forma fundada y coherente el motivo del rechazo a las licencias médicas presentadas, toda vez que el fundamento de la misma solo hace alusión a antecedentes aportados que supuestamente no permitirían justificar la incapacidad laboral por el extenso periodo de reposo, y a la decisión previa de la COMPIN DE ATACAMA, no explicando ni deteniéndose siquiera en analizar pormenorizadamente cómo esos antecedentes llevan a la conclusión a la que arribó, por lo que corresponde que no solo aquéllas licencias que la SUSESO dice rechazar de plano, sino todas aquellas que supuestamente fueron autorizadas, lo que no les consta al recurrente, sino también aquellas que supuestamente no fueron recurridas, sean todas autorizadas para el pago u otorgamiento del subsidio correspondiente.

Afirma que los hechos expuestos vulneran las garantías establecidas en los numerales 1°, 2°, 9°, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En definitiva, solicita que, acogiendo la acción interpuesta, se deje sin efecto la resolución recurrida, y en consecuencia se autorice y ordene el pago de las licencias médicas rechazadas al recurrente de autos don nombre reservado, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, evacuó informe don nombre reservado, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción de protección por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, evacúa informe sobre el fondo, solicitando el rechazo de la acción.

Luego de referirse al marco jurídico, indica que la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado, basando dicha conclusión en que los antecedentes médicos que se aportan no informan apropiadamente de la sintomatología, evolución clínica, ni decisiones terapéuticas asociadas a las patologías señaladas en las licencias médicas reclamadas. Que, respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, la Superintendencia no emite pronunciamiento ya que no se adjuntan las Resoluciones de los Recursos de Reposición realizados ante la COMPIN respectiva sobre dichas licencias médicas reclamadas. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R- 01-UME-00923-2023, de 05 de enero de 2023.

Ahora bien, el Sr. nombre reservado se presenta por segunda vez, con fecha 22 de marzo de 2023, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01- UME-00923-2023. Junto con lo anterior, reclama por el rechazo de las licencias médicas N°s 81597237-6 y RUT reservado, extendidas por un total de 56 días, bajo la misma causal de rechazo.

Respecto a ese reclamo, la Superintendencia cumplió con señalar que, el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado, basando dicha conclusión en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del extenso período de reposo ya autorizado, no siendo posible establecer consistencia entre su respectivo rol terapéutico y el cuadro clínico descrito.

Que, respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 81597237-6 y RUT reservado, la Superintendencia no emite pronunciamiento, porque las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado figuran como autorizadas y, por otra parte, ya que examinado el sistema de licencias médicas de FONASA, no consta la realización de los respectivos Recursos de Reposición ante la COMPIN competente, en relación a licencias médicas N° 81597237-6 y RUT reservado. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R- 01-IBS-74237-2023, de 02 de junio de 2023.

Luego de hacer referencia a lo registrado por la Contraloría Médica de la COMPIN y lo informado por los profesionales de la Superintendencia, sostiene que la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo, en cuanto expresa que “…los antecedentes médicos que se aportan no informan apropiadamente de la sintomatología, evolución clínica, ni decisiones terapéuticas asociadas a las patologías señaladas en las licencias médicas reclamadas...”

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de la Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado.

Afirma que lo resuelto por la Superintendencia, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que este debe cumplir.

Luego de hacer referencia a las facultades de la recurrida, afirma que la pretensión de la recurrente no tiene fundamento legal y desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, pues su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de la Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

A su vez, estima que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental., no existiendo tampoco vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes.

Por lo anterior, solicita sea desestimada en todas sus partes la acción interpuesta, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R- 01-IBS-74237-2023, de 02 de junio de 2023, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de la cual mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación al rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, por reposo no justificado, omitiendo pronunciamiento respecto de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, por figurar como autorizadas, y respecto de las licencias médicas N° 81597237-6 y RUT reservado, por no constar la interposición de los respectivos recursos de reposición ante la COMPIN.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del extenso período de reposo ya autorizado. No es posible establecer consistencia entre su respectivo rol terapéutico y el cuadro clínico descrito”.

“Que, respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 81597237-6, RUT reservado, esta Superintendencia no emite pronunciamiento, porque las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado figuran como autorizadas. Por otra parte, examinado el sistema de licencias médicas de FONASA, no consta la realización de los respectivos Recursos de Reposición ante la COMPIN competente, en relación a licencias médicas N° 81597237-6 y RUT reservado” (sic).

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar él la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos el informe evacuado por los profesionales de la recurrida, toda vez que el mismo, de acuerdo a su propio tenor, solo se basa en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente a la afectada.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

DECIMO: Que con relación a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 81597237-6, RUT reservado, el recurso no podrá prosperar toda vez que según se deprende de la propia resolución algunas de ellas ya fueron autorizadas y las restantes no fueron objeto del pronunciamiento de este órgano de modo que ningún acto puede reprochársele que tenga el carácter de vulneratorio conforme lo señalado en el artículo 20 de la Constitución de la república.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se dispone que la recurrida ordenará que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio del recurrente deberá realizar a éste un examen necesario para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días corridos desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 1622-2023 (Protección).-