nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

nombre reservado, nombre reservado

Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones Recurso de Protección Rol N° 1621-2021.- La Serena, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 4 de agosto de 2021, comparece el abogado Francisco Rivera en representación de doña nombre reservado, con domicilio en la ciudad de Ovalle, interponiendo acción de protección en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, representada por su Superintendente don Osvaldo Macías Muñoz y por la presidenta coordinadora de la comisión doña nombre reservado.

Señala que su representada, desde hace muchos años sufre problemas de salud invalidantes, y por lo anterior presentó solicitudes de pensión en mayo de 2019 y enero de 2020. En ambas ocasiones la Comisión Médica de la Región de Coquimbo concedió la solicitud, diagnosticándole un 57% de invalidez parcial transitoria, y ambas fueron reclamadas por las compañías de seguros, rebajando a un 25% la incapacidad laboral, no procediendo en definitiva a otorgar invalidez, sin que dichas resoluciones fuesen recurridas.

Indica que presentó nuevamente solicitud de pensión con fecha 24 de agosto de 2020, ante la cual la Comisión Médica Regional La Serena, emitió el Dictamen N° 005.761/2021 de 04 de Marzo de 2021, donde en base a los antecedentes e informes médicos recopilados determinó los impedimentos de Trastorno ansioso depresivo crónico, cervilvalgia, lumbalgia, y en general, menoscabo de la capacidad de trabajo de un 51 % de Invalidez Parcial Transitoria, aceptando ésta a partir de la fecha de la solicitud. De dicha resolución, reclamaron nuevamente las compañías de seguros del contrato, siendo rechazado dicho recurso en atención a que se cumple con los requisitos por impedimento mental de varios años de evolución y tratamiento con respuesta incompleta y compromiso residual importante, por lo que fundadamente se mantuvo el 51% de Incapacidad laboral, mediante la Resolución CMC 3463/2021 de 13 de abril de 2021.

Refiere que contra dicha resolución interpusieron reposición las compañías de seguros con fecha 3 de mayo de 2021, ante lo cual la Comisión Médica Central, inexplicablemente y sin ningún fundamento acogió dicho Recurso por Resolución N° CMC 6157/2021, de 24 de Junio de 2021, la que le fue notificada el 7 de julio de 2021, bajando arbitrariamente a un 15% de Incapacidad Laboral. Esta Resolución dice fundarse en supuestos nuevos antecedentes y peritajes médicos de los que no da cuenta. Añade que dicho recurso de reposición no se encuentra contemplado en el procedimiento administrativo establecido en el artículo 11 del DL 3.500, por lo que no debió siquiera someterse a trámite.

Arguye que el acto señalado deviene en ilegal y arbitrario, por cuanto sin ningún nuevo fundamento, y luego de haberlo confirmado inicialmente, la recurrida desconoce el dictamen regional, efectuado por reconocidos médicos con grandes conocimientos y experiencia en el tema, sin ningún nuevo antecedente, y careciendo de motivación.

Estima que el acto reclamado perturba y amenaza vulnera el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, puesto que el comportamiento arbitrario de la recurrida importa una discriminación en perjuicio de la actora en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de calificación de invalidez racionales y justos.

Asimismo, refiere que también se ha vulnerado el Artículo 19 N° 24 de la Carta Magna, ya que el acto impugnado ha perjudicado la situación patrimonial de la recurrente, por cuanto, no ha podido acceder a una pensión que le permitiría tener una mejor situación económica, en el entendido que no puede desarrollar una actividad laboral.

Por último, manifiesta que el acto denunciado importa una vulneración al derecho a la Integridad física y Psíquica consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, por cuanto, hoy en día su situación económica se ha ido deteriorando, transformándose en incompatible con las funciones de su cargo como técnico en enfermería, y el gran esfuerzo que ha realizado al trabajar enferma, ha deteriorado aún más su salud, además de que por todo ello no puede acceder a medicamentos paliativos que permitan llevar una mejor calidad de vida, debiendo soportar fuerte dolores lumbares que la inhabilitan.

Solicita en definitiva que, acogiendo el recurso, se ordene a la recurrida ajustar la resolución a la ley, en el sentido de expresar que a la recurrente le corresponde acogerse a pensión de invalidez, de acuerdo a lo señalado por la Comisión Médica Regional, de manera de procurar la debida protección de las garantías constitucionales de la vulnerada, tomando las medidas conducentes para que se resguarden sus derechos, con costas.

Acompaña a su presentación: a) Copia del Dictamen de Invalidez N° 005.761/2021 de 04 de marzo de 2021 de la Comisión Médica Regional de La Serena. b) Copia de la Resolución CMC 3463/2021 de 13/04/2021, de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones. c) Copia de la Resolución N° C.M.C. 6157/2021, de fecha 24 de junio de 2021, de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones. d) Certificado Médico que se acompaña a un otrosí, emanado del Médico Neurólogo don nombre reservado, en el que consta reciente diagnóstico de Enfermedad de Parkinson de su representada.

SEGUNDO: Que con fecha 6 de octubre del año en curso evacúa informe doña nombre reservado en representación de la Comisión Médica Central, quien en primer lugar alega la falta de legitimación pasiva, por cuanto las Comisiones Médicas pertenecen a la Administración Central del Estado y, por tanto, su representación judicial corresponde al Consejo de Defensa del Estado, por lo que la acción debió intentarse contra el Fisco.

En segundo lugar, indica que la acción reclamada excede el ámbito de la acción de protección, por cuanto lo que pretende la actora es un pronunciamiento declarativo, lo que no es objeto de este tipo de acciones cautelares.

En cuanto al fondo, en primer lugar hace referencia a las tres solicitudes efectuadas por la recurrente y a los motivos de su rechazo. En cuanto a lo resuelto en el último proceso, en primer lugar refiere que en contra de la resolución de 13 de abril de 2021, pronunciada por la Comisión Médica Central, que confirmó lo resuelto por la Comisión Médica Regional, solicitaron reposición administrativa tanto las compañías de seguros como la recurrente. Las primeras repusieron refiriendo que no estaba configurado el impedimento mental por tener terapias pendientes, como psicoterapia y otros fármacos, que están en canasta GES. En tanto la recurrente fundó su reposición también en términos similares a su apelación, refiriendo que desde el 2018 está en terapia sin resultados y, por otra parte, manifiesta que es un despropósito que las Compañías de Seguros hayan presentado reposición, atendido lo resuelto por la Comisiones Médicas y las patologías que presente la recurrente, conociendo de dicho recurso la Comisión integrada por médicos distintos, solicitando una nueva interconsulta con especialista en psiquiatría.

Indica que la Comisión Médica Central, después de analizar los antecedentes, y dado que el interconsultor psiquiatra estimó configurado impedimento por Depresión, pero con un porcentaje inferior a 50% y atendidos los fundamentos antes referidos, acordó acoger el recurso de reposición de las Compañías de Seguro.

Refiere que mediante Resolución N° 6157/2021 de 24 de junio de 2021, la recurrida señaló que del estudio de los nuevos antecedentes y peritaje practicado, y analizado junto a los antecedentes consignados en el expediente, se constata que no procede otorgar invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos cincuenta por ciento, por lo que revoca la Resolución N° C.M.C. 3463/2021, de 13 de abril de 2021.

Agrega que el actuar de la recurrida ha sido legal, ceñido estrictamente al procedimiento de evaluación y calificación de invalidez que cuestiona la recurrente, que está debidamente regulado por el D.L. N° 3.500 de 1980 y su Reglamento contenido en el D.S. N° 57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por solo ha ejercercido las facultades que le confirió el legislador.

Señala además que con relación a la imputación de que las resoluciones finales deben ser fundadas, cabe señalar que la ley 19.880 en su artículo 1º indica que esta se aplica supletoriamente a los procedimientos especiales y, existiendo un procedimiento administrativo especial para la evaluación y calificación de invalidez, regulado en los artículos 4 y 11 del D.L. N° 3.500, al cual se ha hecho referencia latamente, no puede considerase que la Comisión Médica Regional (sic) incumplió la Ley 19.880, ya que debe ceñirse al procedimiento especial establecido al efecto, tal como lo efectuó, constando los fundamentos de su decisión en el acta de sesión que se adjunta a la resolución que se remite al afiliado.

Añade que el acto impugnado carece de arbitrariedad, ya que los actos emitidos por las Comisiones Regional y Nacional han sido el resultado de un procedimiento legal, técnico científico, debidamente razonado a la luz de los resultados de las pericias médicas y exámenes complementarios y de lo previsto para cada impedimento por las Normas de Evaluación, de modo que nada hay de arbitrario en ello, resoluciones que se encuentran debidamente fundadas, tal como consta en las actas de sesión. No puede estimarse, por tanto, que la Comisión Médica Central ha actuado arbitrariamente, sino que por el contrario, ha procedido dentro del ámbito de sus competencias conforme a la normativa vigente.

En consecuencia, al no haber actuado ilegal ni arbitrariamente, no se vislumbra de qué manera se puede haber vulnerado las garantías constitucionales invocadas.

Por último, solicita que, en caso que se acoja la acción deducida, no se le condene en costas, ya que la recurrida no ha actuado de mala fe, ha tenido motivo plausible para litigar, además que no procede la condena en costas contra el Fisco.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, y como ha sido dicho reiteradamente por esta Corte, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, previo a revisar la procedencia de la acción de protección interpuesta, esta Corte se hará cargo de la alegación de falta de legitimación pasiva formulada por la informante, en cuanto a que las Comisiones Médicas pertenecen a la Administración Central del Estado y, por tanto, su representación judicial corresponde al Consejo de Defensa del Estado, por lo que la acción debió intentarse contra el Fisco.

Que revisados los antecedentes que se han adjuntado a estos autos y que consisten en las actuaciones emanadas tanto por la Comisión Médica Regional La Serena Dictamen N° 005.761/2021 de 04 de Marzo de 2021; las resoluciones CMC 3463/2021 de 13 de abril de 2021 y la resolución CMC 6157/2021 de 24 de junio de 2021, ambas de la Comisión Médica Central, se constata que todas ellas se emiten bajo el título “Superintendencia de Pensiones Comisión Médica regional La Serena” o bien “Superintendencia de Pensiones Comisión Médica Central” y que además tienen estampados un timbre que se lee nuevamente Superintendencia de Pensiones en sus bordes y en el centro Comisión Médica IV Región La Serena o Comisión Médica Central, según sea el caso.

Es así que tratándose de la resolución por la que se ha recurrido en estos autos, esto es la Nº CMC 6157/2021 de 24 de junio de 2021, se identifica al ente que la emite como “Superintendencia de Pensiones Comisión Médica Central” y tiene estampado un timbre en que se lee: “Superintendencia de Pensiones Comisión Médica Cuarta Región La Serena Chile”, lo anterior explica que la recurrente haya dirigido su acción en contra de la Comisión Medica Central de la Superintendencia de Pensiones.

Cabe además señalar que dada, la entidad de los bienes jurídicos cuya cautela constituye el objetivo de la acción constitucional de protección, las Cortes de Apelaciones se encuentran autorizadas para determinar la persona o personas, funcionarios o autoridad que en su concepto son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger. Así́, por lo demás, lo dispone expresamente el numeral 3º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

SEXTO: Que, en cuanto a la procedencia de esta acción constitucional y como se dijo en el considerando previo de este fallo, habida cuenta de la entidad de los bienes jurídicos protegidos por esta vía y atendiendo además a la naturaleza de lo que se reclama, esto es, una resolución de un órgano de la Administración del Estado que carecería de fundamentación, esta Corte se avocará a ella.

SÉPTIMO: Que respecto a la resolución que se recurre por esta vía, esto es, la N° CMC 6157/2021 de 24 de junio de 2021, en el considerando 3º, se indica como fundamento, que del estudio de los nuevos antecedentes y peritaje practicado, y analizado junto a los antecedentes consignados en el expediente, se constata que no procede otorgar invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos cincuenta por ciento. Y se concluye que revoca la Resolución N° C.M.C. 3463/2021, de 13 de abril de 2021 que confirmaba la calificación de invalidez de 51% (efectuada por la Comisión Médica Regional La Serena de 4 de marzo de 2021) y la reduce a un 15%.

OCTAVO: Revisados los antecedentes que constan en el expediente digital, arrojan que, con ocasión de la reposición formulada por las compañías de seguros a la resolución N° C.M.C. 3463/2021 de 13 de abril de 2021 -que confirma la calificación de invalidez laboral de la recurrente del 51%- se le practicó una pericia médica a la recurrente, efectuada con fecha 18 de junio de 2021. Que esta pericia médica, consistió en una evaluación vía telemedicina a la recurrente, en una sesión única, indicándose que el lugar fue la Comisión Médica La Serena “online”. Que no aparece fundada razonablemente la resolución recurrida ni tampoco permiten los antecedentes médicos acompañados por la recurrida entender la gran brecha que existe entre una calificación de invalidez y la otra según da cuenta el motivo anterior de este fallo.

NOVENO: Que habiéndose considerado reducir la invalidez del 51% al 15%, aparece como razonable que el examen médico de la paciente sea un elemento relevante en la definición de su situación de salud o enfermedad. Que los resultados arrojados se alejan tanto uno de otro, 51% de invalidez contra 15%, que se torna necesario una nueva pericia médica de contraste y que deberá ser hecha de manera presencial y por un equipo de al menos dos médicos, como se dirá en la resolutiva.

DÉCIMO: Que, el articulo 11 del Decreto Ley N° 3.500 establece el procedimiento al que se deben someter las solicitudes de calificación de invalidez, contemplando una primera etapa en que ésta es efectuada por la respectiva Comisión Médica Regional, cuyas decisiones o dictámenes son reclamables por el solicitante, por el Instituto de Previsión Social o por las compañías de seguro, según el caso, mediante solicitud fundada ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, conforme las reglas establecidas entre las letras a) y d) del mismo articulo.

En estas circunstancias, los proceso administrativos de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la legalidad y, en especial, a las disposiciones que contiene la norma recién aludida, sino que deben también estar dotados de la necesaria racionalidad, que permitan al afectado la comprensión de decisiones tan divergentes como ocurre en el caso de autos.

En efecto, la Comisión Médica Regional de La Serena, en base a las enfermedades invalidantes que padece la recurrente, constató un menoscabo de su capacidad de trabajo de un 51% formalizado mediante Dictamen N° 005.761/2021 de 04 de Marzo de 2021, resolución reclamada tanto por las compañías de seguros como por la recurrente, siendo confirmado dicho diagnóstico de invalidez del 51% por la resolución CMC 3463/2021 de 13 de abril de 2021, resolución que fue objeto nuevamente de un recurso de reposición por las compañías de seguros, en virtud de lo cual la Comisión Médica Central, decide revocar dicha resolución y reduce la invalidez al 15%, en dicha resolución -objeto de este recurso- no hay fundamentación alguna para tan divergente decisión, como tampoco en los antecedentes que acompañó la recurrida al efecto ante esta Corte.

UNDÉCIMO: Que es importante reiterar lo dicho por esta Corte sobre esta misma materia, en cuanto a que todo proceso administrativo de calificación, evaluación y/o reevaluación del grado de invalidez de una persona, la autoridad llamada a resolver no solo debe ajustarse a la legalidad, sino que también debe dotar sus decisiones o resoluciones de la necesaria racionalidad, exigible en general al actuar de la Administración, cualidad incompatible con el actuar de la Comisión Médica Central en este caso, lo que se evidencia en que dicho ente fundó su decisión sin dar una explicación racional para explicar el grado de invalidez al cual arribó, conforme se explicó en el considerando octavo de este fallo.

Que, de esta manera, el comportamiento de la Comisión Médica Central deviene en arbitrario, por falta de la racionalidad exigible, en cuanto su determinación carece de la debida fundamentación, atendida la ausencia de un examen físico a la luz del cual pudiera ponderarse adecuadamente de los antecedentes médicos aportados. Ello, además, importa una discriminación en perjuicio de la recurrente, en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de reevaluación racionales y justos.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, habiendo incurrido la Comisión Médica Central en un actuación arbitraria que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, la presente acción cautelar debe ser acogida, ordenándose a la recurrida Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones que disponga una reevaluación de la actual condición de salud de la recurrente, por profesionales diversos de aquellos que ya han intervenido en el proceso y que, luego de una evaluación médica presencial emita un diagnóstico actualizado y completo.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE DECLARA que se ACOGE el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en cuanto se deja sin efecto la Resolución Nº CMC 6157/2021 de 24 de junio de 2021 emanada de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones y, en su lugar, se dispone que la referida autoridad deberá disponer, para resolver el recurso de reposición deducido por las Compañías aseguradoras en contra de la resolución Nº CMC 3463/2021 de 13 de abril de 2021, la realización de una completa reevaluación, a costa del Estado, de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente, con examen médico presencial efectuado por una comisión de al menos dos médicos, diversos de aquellos que ya han intervenido en el proceso, y resolver enseguida la reposición solicitada por las Compañías aseguradoras, ajustándose a las conclusiones a que ésta arribe.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada integrante Elvira Badilla Poblete.

Rol Nº1621-2021 Protección.