nombre reservado con CENTRO DE COMERCIO MAYORISTA AGROPECUARIO Y PESQUERO S. A.

nombre reservado

Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero La Garza S.A.

Recurso de Protección Rol N° 1620-2021.- La Serena, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

Visto y considerando:

PRIMERO: Que, comparece JOSÉ LUIS MEDINA ARDILES, abogado, a favor y en nombre de doña nombre reservado, cédula de identidad para extranjeros Nº RUT reservado, deduciendo Recurso de Protección en contra del CENTRO DE COMERCIO MAYORISTA AGROPECUARIO Y PESQUERO LA GARZA S.A. Rol Único Tributario Nº 76.847.950 – K, representada por don nombre reservado, por estimar ilegal y arbitrario el acto consistente en imponer a su representada una multa ascendente a 0,5 UF y además disponer la prohibición del ingreso al Terminal Agropecuario La Garza, ubicado en la comuna de Coquimbo.

Relata que el 30 de junio del 2021 alrededor de las 13:00 horas al interior del Centro Agropecuario “La Garza”, la recurrente mientras desempeñaba funciones en el local comercial de su empleador don nombre reservado, salió en defensa de su madre doña nombre reservado, quien estaba siendo agredida con golpes de pies y puño por doña nombre reservado una de las actuales directoras de la sociedad recurrida.

Explica que, al intentar detener la agresión, resultó también agredida y amenazada por la Sra. nombre reservado, lesiones que fueron constatadas en el Cesfam de San Juan de Coquimbo con el siguiente diagnóstico “laceraciones en ambas palmas de las manos, hematoma en la región infra orbital derecha”. Dichos hechos se encuentran en conocimiento en la Fiscalía Local de Coquimbo, cuyos antecedentes fueron remitidos por Querella que conoce el Juzgado de Garantía de Coquimbo con el RIT 4086- 2021, RUC 2110033326-8.

Dice que no obstante tener la calidad de víctima el 09 de julio de 2021, el Directorio de Centro Agropecuario “La Garza”, a través de una resolución emanada también por su agresora, decidió arbitrariamente y sin mediar un debido proceso multar a la Sra. nombre reservado en 0.5 UF, y además prohibirle el ingreso a las inmediaciones del Terminal Pesquero, lo que infringe además su derecho constitucional a libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y libre contratación, sin que existiera la oportunidad de efectuar sus descargos propiamente tal, ya que no se recibió prueba, no se le permitió ver videos del lugar de los hechos, ni se permitió la contradicción de los hechos.

Transcribe al efecto la citada resolución en donde se le imputa a la recurrente haber infringido el artículo 26 letra F del Reglamento Interno de Funcionamiento del Centro Agropecuario y Pesquero S.A. y se le aplica la Sanción establecida en el artículo 28 numeral 1 del mismo Reglamento, es decir, Multa de 0,5 UF y la prohibición de ingreso.

Explica que en el presente caso no se respetó del debido proceso, sin que exista un expediente en el cual la recurrente pueda examinar siendo todo secreto, sin llamar a testigos ni menos un examen de los videos por la recurrente lo que infringe los principios de transparencia y publicidad reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.

Afirma que lo decidido por la recurrida infringe las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 7, sobre el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, al ordenarse la detención de doña nombre reservado por parte de la seguridad del terminal “sin ulterior responsabilidad para aquellos”.

Expresa que uno de los motivos que sustenta la denegación de ingreso a la Sra. nombre reservado al Terminal Agropecuario La Garza, es por una solicitud de marzo del año en curso, en los mismos términos, interpuesta por su empleador don nombre reservado, hecho que no es efectivo y dista de la realidad, ya que actualmente entre ambos existe un contrato laboral vigente y así lo ha señalado don nombre reservado en declaración que acompaña a su recurso.

Sostiene que al ser la recurrente la víctima de agresiones por parte de la socia, locataria y directora Sra. nombre reservado, es esta última quien en principio debió ser sancionada, pero se adopta un criterio arbitrario e ilegal y es la misma agresora quien la sanciona.

Arguye que el procedimiento administrativo es irregular sin respetar el debido proceso, y sólo dice relación con socios locatarios y/o arrendatarios y no con los dependientes de estos.

Refiere que ninguna de las sanciones que se establecen en el reglamento contemplan la prohibición de ingreso al Terminal Agropecuario La Garza, decisión del todo irregular, y que priva ilegalmente a la Sra. nombre reservado de concurrir a las dependencias de su trabajo, que por naturaleza propia de los mismos deben ejecutarse de manera presencial.

En cuanto a la Garantía Constitucional del artículo 19Nº 3 de la Constitución Política de la República, afirma que de la sola lectura de la resolución sancionatoria, se desprende que la actora ha sido juzgada por un comisión especial y que no ha tenido un debido proceso, asumiendo funciones que corresponden a los tribunales de justicias, en orden a imponer multa por una supuesta infracción, dando por cierta la existencia de la misma, que ha sido controvertida por la reclamante sin siquiera existir un proceso penal condenatorio.

Señala que la actora ha sido sometida a un trato desigual, carente de justificación racional, basado en diferencias arbitrarias y en ausencia de proporcionalidad Respecto de la garantía constitucional del artículo 19 Nº 16 de la Constitución de la República que ampara el legitimo ejercicio de la libertad de trabajo, refiere que la prohibición de ingreso de la al Terminal Agropecuario La Garza, infringe su derecho de elección laboral previa a la sanción, puesto que mantiene contrato vigente el cual no ha podido cumplir debido a las restricciones impuestas, exponiéndola a perder su única fuente de ingresos.

Previas citas jurisprudenciales, solicita que se ordene a la recurrida COMERCIO MAYORISTA AGROPECUARIO Y PESQUERO LA GARZA S.A. que de deje sin efecto la resolución N° 09-2021, de fecha 09 de julio de 202, que decretó la multa de 0,5 UF y la prohibición de ingreso a su lugar de trabajo de la Sra. nombre reservado; y se ordene el cese de los actos de persecución dirigidos en su contra, con costas, Acompaña a su recurso los siguientes documentos: Documento consistente en Resolución N 09-2021, de fecha 09 de julio de 2021, Contrato de Trabajo de fecha 01 de junio de 2021, declaración Jurada de don nombre reservado y Reglamento Interno de Funcionamiento Centro Agropecuario y Pesquero La Garza S.A.; y a folio 18 acompañó copia de requerimiento en procedimiento simplificado emanado del Ministerio Público en causa RIT 4086-2021 del Juzgado de Garantía de la ciudad de Coquimbo.

SEGUNDO: Que, informando el recurso comparece don JOSEPH RIVERA RIVERA, Abogado, en representación de la recurrida Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A. solicitando el rechazo de la acción de protección impetrada en su contra.

Señala que el Directorio de la Garza S.A. tomo conocimiento de los hechos, a través de los videos que dan cuenta de la dinámica de como se desarrollaron, que difieren de la versión relatada por la recurrente.

Precisa que los hechos fueron denunciados por la señora nombre reservado, y el directorio con pleno emplazamiento de la contraparte, decidió enviar una carta de amonestación a la señora nombre reservado con fecha 30 de junio del 2021, concediéndose un plazo de cinco días para presentar sus descargos, los cuales fueron evacuados el 06 de julio del presente año.

Refiere que teniendo presente los descargos de la actora, declaraciones de testigos, y los videos audiovisuales el directorio procedió a realizar una sesión ordinaria de directorio el 09 de julio del 2021 oportunidad que se decide adoptar la resolución 09-2021, ordenándose entregar a la señora nombre reservado una copia timbrada y otorgándole un plazo de días (hábiles) para presentar un Recurso de REPOSICIÓN en contra de la resolución, plazo que vencía el día Martes 13 de Julio del 2021, sin embargo, el recurso nunca fue presentado por la recurrente.

Hace presente que tanto la carta de amonestación como la resolución adoptada por el Directorio, fue dictada en presencia de tres directores, don nombre reservado, PRESIDENTE; doña nombre reservado y don nombre reservado, y agrega que la actora si pudo realizar sus descargos.

Afirma que la resolución del directorio fue adoptada en contexto de una sesión de directorio la que tuvo por objeto conocer las pruebas, descargos arribados de los testigos, como revisión pausada de videos y otros medios que permitieron tomar la decisión en esa oportunidad, siendo el acta levantada al efecto archivada conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 18.046 de Sociedades Anónimas.

Menciona que la actora no solicito a la administración documentos para examinar, como tampoco copias de los videos, y en consecuencia no se infringió el principio de Trasparencia y Publicidad.

Respecto a la supuesta infracción de la resolución al articulo 19 N°7 “sobre el derecho a la libertad personal y seguridad individual”, comenta que en ningún momento la resolución dictada por la recurrida infringe el precepto constitucional citado, ya que en ningún momento los guardias o cuidadores de patio, están o pueden estar autorizados para tomar detenida a la actora, ya que ellos cuidan el recinto y controlan el ingreso, Explica que el REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO, como su título lo dice, regula el funcionamiento interno de las personas en el interior y es obligatorio para todas las partes, tanto para locatarios, arrendatarios, socios, y usuarios de su sección, incluidos los dependientes, honorarios, etc, tal como lo dispone el artículo 33 de dicho reglamento.

Destaca que el texto antes aludido requiere de una interpretación armónica en su conjunto, en su espíritu, es por ello el Directorio, dictó una resolución complementaria con fecha 09 de septiembre del año 2020, y que fue autorizado ante la segunda notaria de la Serena, servida por el notario público interino don nombre reservado. El texto, complementa y fija los criterios que debe adoptar el mismo órgano en el conocimiento de los casos que puedan constituir alguna infracción.

En numeral tercero de su parte resolutiva señala que se aplica a todos los socios, accionistas, trabajadores y dependientes del comercio como usuarios de su sección o local. Atendido que es un gran recinto comercial, el Directorio, no puede realizar discriminaciones arbitrarias al interior del recinto en cuanto a la aplicación del Reglamento Interno, más si se trata de hechos que atenten contra las normas consagradas en el artículo 26 letra F.

Señala que de igual forma, el directorio ya ha dictado otras resoluciones o prohibiciones de ingreso, como por ejemplo la resolución 004-2020, dictada el día 15 de octubre del 2020, en contra de don nombre reservado, Rut RUT reservado, dependiente del señor nombre reservado, que se le prohibió el ingreso, por haber cometido hechos graves que afectaron la seguridad del recinto, siendo la resolución adoptada por el directorio en dicha oportunidad aceptada por el infractor y su dependiente.

Hace ver que la actora no puede pretender quedar exceptuada de la aplicación de las normas ya que con anterioridad con fecha 15 y 24 de noviembre del 2020 además de los hechos ocurridos el día 21 de marzo del presente año, ya se le habían enviado cartas de amonestación escrita.

Citando los artículo 19 Nº 3 y 20 de la Constitución Política de la República sostiene que la vulneración de la garantía señalada por la recurrente, en su vertiente del debido proceso, no se encuentra amparada por la acción constitucional de protección, la que solo protege el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, por lo que no puede configurarse en la especie una infracción a dicha garantía fundamental, ya que la sanción fue aplicada por el órgano reglamentaria y estatutariamente competente para ello de conformidad con el articulo 31 n°3 del Reglamento interno de funcionamiento de la Garza. S.A, como lo fue en su caso el Directorio. En todo caso menciona que existió un respeto al debido proceso, ya que se le envió una carta de amonestación a la que la recurrente pudo presentar su descargo , sin que dedujera ningún recurso de reposición contra la misma sanción, tampoco solicito las copias de la denuncia, declaraciones de testigos o videos, para tener acceso al procedimiento, tal como se acompaña en un otrosí de esta presentación.

En cuanto a la infracción relativa al Artículo 19 n°16 de la Constitución señala que la recurrente falta a la verdad en cuanto a la relación laboral que invoca, ya que ha permanecido mucho tiempo en local comercial, ya que desde el 09 de septiembre del 2020 hasta el día 30 de junio del 2021, se le emitieron los comprobantes de pago de recibo de gastos comunes como nombre socio/arrendatario nombre reservado, y además, con anterioridad se le cursaron cartas de amonestación, lo que demuestra que la actora a no ingreso en la fecha señalada en el contrato de trabajo que figura firmado 29 días antes de haberse enviado la carta de amonestación.

Concluye que habiéndose constatado que la medida disciplinaria aplicada a la actora se encuentra perfectamente ajustada al reglamento interno de funcionamiento y los estatutos que rigen a la sociedad y que permiten la dictación de resoluciones, tanto respecto de la conducta sancionada, la sanción aplicada y el órgano que la aplico como fue el Directorio, debe descartarse que exista alguna ilegalidad o arbitrariedad en la actuación cuestionada por la recurrente, debiendo en consecuencia desestimarse la acción de protección intentada.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

1. Fotocopia simple del libro de actas de directorios de fojas 32 a 34 fojas, de fecha 09 de Julio del 2021.

2. Copia Simple de resolución dictada por el Directorio con fecha 09 de Septiembre del 2020.

3. Fotocopia legalizada que certifica 20 comprobantes de pago a nombre de la señora nombre reservado, de fecha 13 de septiembre del 2021.

4. Pendrive con copia de 2 videos audiovisuales y que dan cuenta de la dinámica de los hechos ocurridos el día 30 de junio del 2021.

5. Copia simple, con carta de descargos presentados por la señora nombre reservado con Fecha 06 de Julio del 2021.

6. Copia simple de la Carta de Amonestación escrita, enviada a la señora nombre reservado, de fecha 30 de Junio del 2021.

7. Copia de Resolución 004-2020 de fecha 15 de octubre del 2020, que resuelve sobre prohibición de ingreso.

8. Copia Simple de Correo electrónico enviado por nombre reservado a la oficina de Administración de Garza con fecha 12 de septiembre del 2021.

9. Copia Simple del Reglamento del Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y pesquero S.A. de fecha 25 de abril del 2013.

Posteriormente, a folio 23, acompañó copia de la denuncia presentada por la señora nombre reservado a la oficina de Administración con fecha 30 de Junio del 2021; copia de los descargos presentados por la señora escudero con fecha 01 de junio del 2021; declaración de doña nombre reservado; declaración de doña nombre reservado y declaración de don nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la urisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho.

A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, para la procedencia de la acción de protección, conforme las disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política del Estado y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, deben concurrir los siguientes presupuestos:

1º Que exista una acción u omisión atribuible a un tercero;

2º Que esa acción u omisión y amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de un Derecho constitucional garantizado por medio del recurso de protección, sea ilegal y/o arbitraria.

3º Que este arbitrio constitucional tenga por objeto amparar a personas naturales o jurídicas que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufran privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, con la finalidad de restablecer el imperio del derecho.

4º Y que esta acción de protección sea ejercida por la persona que ha sido vulnerada en sus derechos fundamentales por sí o por cualquiera a su nombre, debiendo quien recurre acreditar de qué modo han sido afectados o pueden ser comprometidos sus derechos o los derechos de la persona determinada por la cual se acciona.

QUINTO:

Que, la recurrente reclama como hecho ilegal y arbitrario que el CENTRO DE COMERCIO MAYORISTA AGROPECUARIO Y PESQUERO LA GARZA S.A. le haya aplicado una multa ascendente a 0,5 UF y le haya impuesto la prohibición de ingreso al Terminal Agropecuario La Garza.

Los hechos que fundamentan las sanciones aplicadas, tal como se consigna en el acta de Asamblea Ordinaria del Directorio del centro comercial recurrido de fecha 09 de julio de 2021, agregado a este proceso, se hacen consistir en que la recurrente señora nombre reservado el 30 de junio de 2021 habría ingresado al local comercial de la locataria señora nombre reservado, generándose una discusión, que terminó en golpes en presencia de clientes, logrando ser separadas, y que posteriormente, la recurrente habría intentado volver a ingresar a dicho local pero esta vez premunida de un arma blanca, siendo finalmente s retenida por un tercero que evitó que se produjera un atentado a la vida de la señora nombre reservado.

La recurrida tuvo por ciertos los hechos denunciados estimando que la recurrente incurrió en la infracción contemplada en el artículo 26 letra F del Reglamento Interno de Funcionamiento del referido centro agropecuario y pesquero, sustentando las sanciones impuestas en el art. 28 Nº 1 de dicho reglamento.

SEXTO: Que, lo primero que es necesario dejar asentado es que la recurrida es una sociedad anónima que administra un centro comercial conformado por diversos locales, cuya organización y funcionamiento está regulado en un reglamento, aplicable a los locatarios y arrendatarios.

En este contexto, si bien los estatutos y demás instrumentos que rigen a una determinada actividad comercial tienen conforme al artículo 1545 del Código Civil, fuerza de ley para sus miembros y/o contratantes, otra cosa distinta es si esa regulación interna puede hacerse extensiva a aquellas personas que detentan la calidad de dependientes o asalariados de los miembros de la respectiva agrupación u organización.

En este caso, el reglamento de la recurrida establece que su observancia es obligatoria para todas las personas que tengan la calidad de socios de La Garza S.A., arrendatarios o cualquier persona con título de mera tenencia de cualquier local que forme parte del Centro Agropecuario y Pesquero La Garza, sin que exista evidencia concreta que permita establecer que la recurrente detente alguna de esas calidades o que haya manifestado su voluntad en orden a someterse a la potestad disciplinaria contemplada en dicho estatuto.

No altera esta conclusión que mediante resolución de fecha 09 de septiembre de 2020, el directorio de la recurrida haya dispuesto que el Reglamento Interno de Funcionamiento se aplica también "a los trabajadores y dependientes del comercio como usuarios de su sección o local", ya que ello implica imponer obligaciones a quienes no forman parte de la agrupación y que por lo mismo no han otorgado su consentimiento, descartándose con ello el efecto vinculante del art. 1545 del Código Civil.

Lo anterior implica que los conflictos que se puedan suscitar entre estos dependientes y los locatarios que no sean sus empleadores debe resolverse conforme a la normativa legal aplicable al caso concreto, que en la especie ha derivado en una investigación llevada adelante por el Ministerio Público, siendo el juez natural aquel con competencia en lo penal y no el directorio de la recurrida.

SEPTIMO: Que, sin perjuicio de lo señalado en el motivo sexto precedente, las normas reglamentarias que sustentan lo decidido por la recurrida, específicamente el Nº 1 del art. 28 del Reglamento, en relación con su artículo 26 letra F, no contemplan como sanción la prohibición de ingreso al Terminal Agropecuario La Garza, y menos indefinidamente.

En consecuencia, por más que el directorio de la recurrida cuente con potestadesdisciplinarias, al pretender imponer una sanción que no está contemplada en sus estatutos, implica que se ha constituido en una comisión especial, afectando la garantía constitucional del Nº 3º inciso 5º del art. 19 de la Constitución.

Tal conclusión se hace aún más evidente si se considera que el conflicto sancionado por la recurrida está siendo conocido por la judicatura penal tal como da cuenta la copia de requerimiento simplificado acompañada por la actora, siendo los tribunales de justicia los únicos facultados para disponer medidas restrictivas de la libertad, ámbito que no puede ser invadido por la recurrida.

No está demás señalar que el inciso primero del artículo 76 de la Constitución, señala: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.”

OCTAVO: Que, en consecuencia, se acogerá la acción de protección impetrada, dado que las sanciones aplicadas, aparecen desprovistas de respaldo en la normativa interna que regula el actuar de la recurrida, la que en todo caso tampoco puede hacerse extensiva a la actora según ya se ha explicado en el motivo sexto de este fallo, quedando de manifiesto entonces que la recurrida en estos autos incurrió en un acto arbitrario e ilegal, que perturba la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 No 3 inciso 5o de la Constitución Política de la República, pues nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, desde que asumió, en la práctica, la función de juzgar, que pertenece constitucionalmente a los tribunales de justicia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don JOSÉ LUIS MEDINA ARDILES, en representación de doña nombre reservado, en contra del CENTRO DE COMERCIO MAYORISTA AGROPECUARIO Y PESQUERO LA GARZA S.A. representada por don nombre reservado, y en consecuencia se deja sin efecto la multa ascendente a 0,5 UF y la sanción de prohibición del ingreso al Terminal Agropecuario La Garza, que pesaba sobre la recurrente.

Redacción a cargo del Abogado Integrante sr. Jorge Fonseca Dittus.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad Rol N° 1620 – 2021 (Protección).- Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Ministro suplente señor Jorge Corrales Sinsay y el abogado integrante señor Jorge Fonseca Dittus. No firma el señor nombre reservado y señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal y por haber cesado en su cometido.

En La Serena, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.