CONTROLCOP SPA con SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS

Control SPA Servicios de Impuestos Internos Recurso de Protección Rol N°1619-2024 La Serena, veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 09 de octubre de 2024, comparece Carlos Pérez Ortiz, abogado en representación de la empresa Controlcop SpA, RUT RUT reservado, representada legalmente por doña nombre reservado e interpone recurso de protección en contra del Servicio de Impuestos Interno, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en limitar la concesión de facturas electrónicas, lo que indica vulnera su garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N°2, 3 y 21 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso señalando que la sociedad CONTROLCOP SpA es una persona jurídica ligada al área de seguridad, que se constituyó bajo el Sistema de Registro Empresas y Sociedades Empresa en un Día el 09 de agosto de 2023, siendo su única socia nombre reservado y teniendo como único cliente a la empresa BITUMIX, quien por organización interna tiene cuatro centros de costos diferentes, por ende, CONTROLCOP debe a lo menos, realizar 4 facturas mensuales para poder cubrir el servicio.

Agrega que en abril de 2024 el Servicio recurrido, bloqueó la emisión de facturas del recurrente, argumentando básicamente que la representante legal no tenía experiencia en el rubro y, por ende, era imposible que facturara 25 millones de pesos mensuales, ligando a la recurrente con antiguos negocios que explotaba su cónyuge bajo la razón social CHILECOP, empresa que, hoy en día, no continúa explotándose comercialmente, y que por lo demás no tiene relación alguna con la recurrente.

Menciona que a contar del mes de mayo de 2024 el SII de forma arbitraria e ilegal comenzó a limitar la facturación del recurrente, y a contar del mes de agosto de 2024 sólo entrega 1 folio de facturación por solicitud, sin que exista resolución alguna que debidamente notificada impida o restrinja la emisión de folios de electrónicos por algún motivo y/o razón debidamente justificada.

Señala que la legislación tributaria reconoce expresamente el derecho de los contribuyentes a que se les autorice en forma inmediata la autorización de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para su giro o actividad, debiendo darse aviso al Servicio en la forma que este determine, esto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8° ter inciso primero del Código Tributario Agrega que la decisión no se encuentra dentro de los casos previstos en el artículo 59 bis del Código Tributario, de modo tal que el actuar ejercido y que se denuncia, carece de justificación y motivación.

Alega que el acto en cuestión vulnera sus garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 n° 2 de la Constitución Política de la República, esto es la igualdad ante la ley, toda vez que está ejerciendo respecto de otros contribuyentes que se encuentran en la misma situación tributaria de la recurrente, una diferencia arbitraria e ilegal carente de razón y fundamento.

Asimismo alega vulneración a la garantía del artículo 19 N° 3 de la carta fundamental, que dispone que “(...) Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho (...)”, Porque el actuar del SII pone a CONTROLCOP de forma deliberada en la situación prevista en los Artículos 59 bis del Código Tributario, aun cuando no existe ninguna sentencia judicial y/o pronunciamiento administrativo que los enmarque en esos casos; y porque limita a CONTROLCOP en la emisión de documentos tributarios electrónicos, sin existir resolución administrativa debidamente fundada y notificada, que así́ lo ordene.

Finalmente acusa infracción al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, al limitar los documentos electrónicos que puede emitir a una, requiriendo a lo menos cuatro facturas mensuales.

Pide ordenar que se reestablezca el imperio del derecho, específicamente que se autorice al recurrente a emitir sin limitación alguna documentación electrónica tributaria (facturas), así como toda otra medida que esta Corte estime pertinente conforme a derecho, con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos: 1. Captura de pantalla de la página del Servicio de Impuestos Internos, consulta estado de peticiones administrativas. 2. Folio detalle de petición administrativa de fecha 12 de septiembre de 2024.

SEGUNDO: Que, a folio 7, informa el recurso don nombre reservado, Director Regional de la IV Dirección Regional La Serena del Servicio de Impuestos Internos.

Refiere que mediante un proceso de análisis se detectó que la recurrente presenta una serie de inconsistencias de información constatadas, que permiten presumir que buscan la autorización de documentos tributarios electrónicos con el objeto de vulnerar el sistema tributario, particularmente con la facilitación de documentos tributarios falsos.

Acota que CONTROLCOP SPA, inició actividades el 11 de octubre de 2023 en el giro de servicios inherentes a la seguridad privada y que a la fecha mantiene una deuda morosa con la Tesorería General de la República, por 5 giros, folios 21 por la suma total de $21.504.037, agregando que se ha podido establecer que se trata de una sociedad por acciones, sin experiencia previa, sin activos u otros antecedentes que permitan concluir la posesión de activos, que le permitan desarrollar la actividad. Pese a ello, la empresa ha generado ingresos brutos entre diciembre 2023 a marzo 2024 por la suma de $62.267.517, sin enterar de forma efectiva el impuesto al valor agregado generado.

Agrega que, por lo anterior, el 02 de abril de 2024 se registró la anotación preventiva de Jefe Departamento de Fiscalización, causal 52, iniciando la revisión de cumplimiento N°794232, denominada revisión de cumplimiento “priorizado emisores agresivos”, a propósito de lo cual concurrió las oficinas del Servicio de Impuestos Internos de La Serena la representante legal de CONTROLCOP SPA.

Añade que en esa oportunidad en que se le informó sobre los motivos de la anotación y que sería contactada por funcionarios del Servicio para que aportara antecedentes sobre la actividad desarrollada. Además, se le informó que la autorización de folios de documentos tributarios debería ser tramitados por el sistema de peticiones administrativas en virtud de la anotación de la que fue objeto y no por el sistema ordinario habilitado para los contribuyentes sin observaciones.

Añade que requiriéndosele detalle que consignaban los documentos tributarios emitidos por la sociedad durante los meses de diciembre de 2023 a marzo del 2024, indicó no poseerlos y haber iniciado la empresa a petición de su cónyuge nombre reservado, RUT N° RUT reservado, quien ostenta la calidad de representante legal de CHILECOP VIGILANCIA LIMITADA, la que posee una deuda tributaria total por la suma de $464.987.480.

Menciona que se constató que registraba al mismo cliente de la empresa actualmente recurrente, a saber, la empresa CONSTRUCTORA DE PAVIMIENTOS ASFALTICOS BITUMIX, por lo que tomaron contacto con esta, solicitando antecedentes respecto de los documentos recibidos por parte de CHILECOP SP, informando la empresa que “CHILECOP”, a saber, de propiedad del cónyuge de la representante legal de la recurrente, agregando que, esta empresa le habría solicitado realizar la cesión del contrato a una nueva razón social, a saber “CONTROLCOP”, pero por problemas de deudas de “CHILECOP”, la empresa no accedió. Finalmente indican que, emiten solo órdenes de compra para continuar recibiendo los servicios.

Conforme a lo anterior, indican que resulta plausible concluir que, la constitución CONTROLCOP SPA, RUT N° RUT reservado, ha tenido por objeto crear una continuadora de los servicios prestados por CHILECOP Vigilancia, siendo en realidad manejada por nombre reservado, cónyuge de la representante legal de la recurrente, y a su través, mantener la conducta de no pagar los impuestos, incumpliendo con su obligación principal de ingresar en arcas fiscales de manera efectiva el tributo soportado por sus clientes (Impuesto al Valor Agregado del Decreto Ley 825), conducta que justifica el registro y mantención de la anotación preventiva de jefe de departamento, causal 52, hasta que cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias.

No obstante, lo indicado refiere que en este período (abril-septiembre) se le ha autorizado un total de 28 (veintiocho) facturas electrónicas.

Acusa extemporaneidad de recurso, por cuanto el acto acusado de ilegal y arbitrario se relación con la anotación causal 52, a objeto de poder emitir sin restricciones los folios que estime pertinente, sin embargo, cabe hacer presente que tal como lo sostiene la recurrente tomó conocimiento en el mes de abril del presente año de dicha anotación y el recurso fue interpuesto en octubre de 2024, por lo que ha excedido el plazo de 30 días corridos para su interposición.

Alega inexistencia de un acto ilegal y arbitrario, por cuanto el Servicio tiene las facultades de aplicación y fiscalización de todos los impuestos y disposiciones tributarias cuyo control no esté encomendado por ley a una autoridad diferente, por ende, al utilizar las competencias que la Constitución y las leyes prescriben mediante los procedimientos que éstas establecen, no actúa con abuso ni arbitrariedad, cuando su fin es la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias.

En especial indica que la medida tiene el carácter de preventiva y transitoria sujeto a que la contribuyente aclare y solucione su situación tributaria, lo que hasta la fecha no ha ocurrido, pese a conocer de esta situación hace ya más de 5 meses.

En cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales, refiere en lo relativo a la igualdad ante la ley que la recurrente no indica, en el caso concreto, cómo esta repartición pública ha conferido un trato desigual.

Respecto de la garantía del debido proceso, en los aspectos referidos por la parte recurrente, no se encuentra amparada por el recurso de protección, por lo que su reclamación al respecto debe ser desechada de plano.

Finalmente, respecto del derecho a desarrollar cualquier actividad económica indica que el Servicio ha autorizado 28 facturas de venta en el periodo comprendido entre el mes de abril de 2024 a septiembre de 2024, lo que permite concluir que ha podido emitir, en promedio, 4,6 documentos por mes, lo que resulta suficiente para el desarrollo de su actividad económica.

Conforme a lo anterior concluye indicando que no ha incurrido en ningún acto u omisión, con carácter de arbitrario o ilegal, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos que el recurrente reclama y pide rechazar el presente recurso.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: 1 Certificado de deuda de la empresa recurrente CONTROLCOP SpA, RUT N° RUT reservado. Certificado de deuda de la empresa CHILECOP VIGILANCIA LIMITADA, RUT N° RUT reservado. Correo electrónico remitido a la empresa CONSTRUCTORA DE PAVIMIENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A., RUT N° RUT reservadoen virtud del artículo 33 del Código Tributario. 4. Correo electrónico de respuesta de la empresa CONSTRUCTORA DE PAVIMIENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A., RUT N° RUT reservado

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, se acusa como acto ilegal y arbitrario la limitación en la posibilidad de emitir facturas, reconociendo el propio recurrente que en abril del presente año se bloqueó el sistema de emisión de estas y que en mayo se limitó la posibilidad de facturación, pudiendo emitir en agosto solo una factura mensual.

SEXTO: Que, corresponde en primer término hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad, constando claramente de los antecedentes proporcionados por el recurrente que el acto que acusa de ilegal y arbitrario en cuanto a la limitación de la posibilidad de emitir facturas, lo que ocurrió en abril pasado, y que el recurrente tomó conocimiento, al menos en agosto pasado, por lo que habiendo sido interpuesto el presente recurso el 09 de octubre de 2024, no queda sino concluir, que lo ha sido fuera del plazo dispuesto en el artículo primero del Auto Acordado Sobre Tramitación Y Fallo Del Recurso De Protección De Las Garantías Constitucionales, motivo que lleva a rechazar el recurso por extemporáneo, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, en cuanto al fondo del asunto, no se advierte en el actuar de la recurrida ilegalidad o arbitrariedad alguna, por cuanto la decisión de restringir la emisión de las facturas es una materia propia de su competencia, y encuentra sustento y fundamento en la anotación preventiva de Jefe Departamento de Fiscalización, causal 52, de 02 de abril de 2024, la que conforme a los antecedentes señalados tiene sustento en los hechos mencionados por la propia representante legal de la recurrente y, que por lo demás, los antecedentes solicitados no ha sido subsanados a la fecha.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA por extemporáneo, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Carlos Pérez Ortiz, en representación de CONTROLCOP SpA en contra del Servicio De Impuestos Internos.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1619-2024