Protección contra Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez Recurso de Protección Rol N°1614-2023.- La Serena, treinta de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el treinta de junio de dos mil veintitrés comparece don nombre reservado, médico cirujano, de nacionalidad ecuatoriano, quien interpone acción de protección en contra de Comisión de Medicina Preventiva y de Invalidez (en adelante nombre reservado) por haber dispuesto, de manera arbitraria e ilegal, la suspensión para la emisión de licencias médicas, primero por un plazo de 15 días, entre el 1 y 15 de junio, extendiendo éste por otros 30 días más, además de la aplicación de una multa a beneficio fiscal de 10 U.T.M., sin que aquello mantenga un sustento legal, realizando una interpretación arbitraria de lo dispuesto en el artículo 2 inciso 2º de la Ley N°20.585, afectando así su derecho de propiedad.

Expone, en lo pertinente, que en la calidad de profesional de aquellos habilitados para emitir licencias médicas según lo dispone la Ley Nº 20.585, el 8 de mayo de 2023 le fue enviada vía electrónica una resolución, contenida en el Ordinario Nº 350400, solicitando en virtud del artículo 2º de la Ley N°20.585 antecedentes complementarios en forma de informe médico, copia de fichas clínicas y de bonos de atención o boletas y talonarios, en caso de ser físicas, por un total de 100 licencias médicas, correspondientes a los folios consignados en dicho documento.

Señala que en plazo de 7 días corridos no le fue posible evacuar 100 informes médicos, ubicar las fichas clínicas correspondientes a cada uno de ellos, puesto que las licencias fueron emitidas en diversos lugares donde presta servicio y la Ley N°20.585 no faculta al médico a develar información de sus pacientes, sino bajo los presupuestos de la Ley Nº20.584 (sic); tampoco pudo redactar y elaborar los 100 informes requerido, por lo que el 15 de mayo le fue reiterada mediante ordinario Nº 350400/2023, la misma solicitud de información.

Indica que si bien, en ese momento le pareció irracional la solicitud del nombre reservado comenzó a reunir la información que se le pidió, sin perjuicio de solicitarles prorroga en el plazo según correo electrónico de 15 de mayo de 2023, cuestión que le fue denegada.

Explica que el 22 de mayo de 2023 mediante Ordinario 641/2023 evacuado por la Sra. nombre reservado, presidenta del nombre reservado de la región Metropolitana, que contenía la resolución mediante la cual se le aplicaba una sanción según lo dispuesto en el artículo 2 inciso 2º de la Ley N°20.585 de una multa de 10 U.T.M. además de la suspensión para emitir licencias médicas por un plazo de 15 días, que de esta manera desde el 1 de junio de 2023 hasta el 15 de junio del mismo año, según sistema electrónico se encuentra bloqueado para la emisión de dichas licencias.

Es del caso que el 29 de mayo de 2023 evacuó los 100 informes médicos solicitados según los Ordinarios emitidos por el nombre reservado, dado que se mantuvo su suspensión y bloqueo para emisión de licencias médicas además desde el 15 de junio a la fecha de presentación de este recurso.

Agrega que, habiéndose dirigido de manera presencial a nombre reservado sede La Serena, no se le da respuesta de las razones por las cuales se le mantiene bloqueado, sin perjuicio de que la funcionaria atendedora doña nombre reservado le informa que se solicitará la información a la ciudad de Santiago, a la fecha no se le otorga respuesta alguna por parte del ente requerido.

Aduce que en el caso de marras las 100 licencias médicas cuestionadas ya han pasado por un proceso de liquidación y la solicitud de información y posterior sanción aplicada a su persona no se encuadra dentro de los procesos sancionatorios o de investigación en torno a la emisión indebida de licencias médicas las cuales están entregadas según la Ley Nº 20.585 en su artículo 5 a la Superintendencia de Seguridad Social, en el caso de existir evidente ausencia de fundamento en su emisión deberá comenzar un proceso de investigación regulado expresamente por el derecho administrativo sancionador; y, por ende cumpliendo todas las normativas relativas al debido proceso, lo cual permitiría ese prestador médico y administrado ejercer una debida defensa, descargos, prueba y por ende eventuales acciones penales las cuales solo por mandato constitucional deberán ser investigadas por el Ministerio Público.

Añade que solicitarle 100 informes respecto de la misma cantidad de licencias médicas emitidas en el pasado ya liquidadas, excede las facultades del artículo 2 de la Ley N° 20.585, quedándole entregado por mandato legal el proceso investigativo ante eventual y evidente ausencia de fundamento la apertura del respectivo proceso de investigación establecido en el artículo 5 de la mencionada ley.

Dicha cuestión se hace aún más evidente en los plazos de otorgamiento que realiza la ley en la evacuación de los referidos informes los cuales en el artículo 2 son de 7 días corridos mientras que en el artículo 5 son de 10 días hábiles, entendiéndose dentro del Derecho Administrativo lunes a viernes, por aplicación supletoria de la Ley de Bases de la Administración del Estado.

Denuncia la conculcación directa del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República; la afectación a su derecho a propiedad, lo que se plasma en el hecho práctico que al no poder emitir licencias médicas, más aún en periodo invierno con todo lo que ello conlleva, reduce su atención de 100 pacientes semanales, a menos de la mitad con la respectiva pérdida económica que ello conlleva. Extendiéndose el bloqueo incluso más allá del tiempo que la misma ley contempla. Alega que sin perjuicio que tampoco en el sistema público de salud puede emitirlas, ni en la Asociación Chilena de Seguridad, licencias que no dependen administrativamente de la nombre reservado.

Además de lo anterior, alega la aplicación arbitraria de la medida, puesto que no es de resorte del nombre reservado al menos en el caso de las 100 licencias médicas cuestionadas la facultad de solicitud de información al médico al no encontrarnos frente a una investigación dentro del contexto del artículo 5 de la Ley Nº 20.585.

Adiciona que no es desconocido que esta situación arbitraria de parte de la directora del nombre reservado, se está dando de manera masiva, solamente respecto de médicos extranjeros, siendo un acto discriminatorio.

Enseguida solicita se ordene dejar sin efecto el bloqueo administrativo y suspensión de la facultad de emitir licencias médicas en cualquier plataforma electrónica o bien física, sea del sistema público o privado, disponiendo se habilite el sistema interno para la expedición de ellas, según la normativa vigente en la Ley N°20.585, además se deje sin efecto la multa de 10 U.T.M. que le fuese cursada; se ordene a la nombre reservado no realizar solicitudes de información al recurrido fuera de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 20.585; y que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de Respuesta de nombre reservado de 24 de mayo de 2023; 2. Foto Pantalla Página Medipass donde figura bloqueo de emisión de licencias médicas; 3. Copia de correo electrónico de 29 de mayo de 2023 en que se remiten los 100 informes solicitados por el recurrente a nombre reservado; 4. Copia pantalla bloqueo de segunda quincena del mes de junio de 2023 para emitir licencias médicas; 5. Decreto alcaldicio de la ciudad de Ovalle respecto de prestación de servicios en sistema público de Salud; 6. Correo de 15 de mayo de 2023 en que solicita prórroga para el plazo de presentación de informes por parte del recurrente; 7. Copia de Ordinarios 365400/2023 de 15 de mayo de 2023 y ordinario 641/2023 de 22 de mayo de 2023, remitidos por nombre reservado al recurrente.

SEGUNDO: Que, evacuó informe doña nombre reservado, abogada por la recurrida COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO.

Solicita que el requerimiento de informar respecto de esta acción constitucional, sea dirigido a la nombre reservado REGIÓN METROPOLITANA, toda vez que, como se puede verificar en los antecedentes presentados por el mismo recurrente, dicha institución remitió los ordinarios y dictó los actos administrativos reclamados, encontrándose, por tanto, la información requerida en dicho servicio.

TERCERO: Que, evacuó informe doña nombre reservado, en su calidad de PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA (nombre reservado.M).

Expone que la Ley N° 20.585 de 2012 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, ha conferido a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la obligación de fiscalizar la fundamentación terapéutica de las licencias médicas y; a su vez, consagra el derecho del prestador a un justo y racional procedimiento administrativo de fiscalización. Lo anterior, para una adecuada protección de los cotizantes y beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (en adelante, “FONASA”) ante eventuales conductas fraudulentas, ilegales o abusivas con ocasión de la emisión del referido instrumento.

Enseguida expresa que por indicación legal todo lo solicitado en el marco de la labor fiscalizadora de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez deberá obrar en poder de los profesionales que emitieron las licencias médicas. En efecto, el artículo 49 del Decreto N° 3 de 1984, que aprueba reglamento de autorización de licencias médicas por las nombre reservado e instituciones de salud previsional del Ministerio de Salud, establece que los profesionales deberán mantener un registro de los pacientes a quienes han indicado el descanso y/o ausencia laboral, junto con los antecedentes que dieron cuenta de su fundamentación médica; incluso si se tratara de licencias médicas expedidas hace más de 6 meses y/o datos sensibles del paciente.

Debido a lo anterior, el inciso segundo del anotado artículo 2 de la Ley N° 20.585 señala que “la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional.”

En consecuencia y, conforme ha resuelto la Excma. Corte Suprema, no existe en autos una falta de oportunidad, motivación o derecho en el requerimiento de los antecedentes que respalden las licencias médicas fiscalizadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez; tampoco en las sanciones impuestas al recurrente.

Por el contrario, la negativa de la recurrente a entregar los antecedentes solicitados dentro del plazo fijado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -en el ejercicio de su prerrogativa legal de fiscalización- resulta infundada, inexcusable y obstruye la fiscalización del ente administrativo, contraviniendo la naturaleza misma del procedimiento: Fiscalizar que la emisión de licencias médicas se ajuste a derecho.

Destaca la evidente falta de adherencia de la recurrente al sistema de salud, ya que pesar de haber transcurrido 90 días desde que se efectuó el requerimiento de información sobre las licencias médicas fiscalizadas, en todo este tiempo nada ha hecho por acatar su obligación legal de justificar el descanso otorgado a sus pacientes.

Hace presente que la acción de protección en la especie no menciona hechos que puedan constituir una vulneración a garantías constitucionales; en cambio, la denuncia se dirige en contra de las prerrogativas de la nombre reservado expresamente regladas en el artículo 2 de la Ley N° 20.585.

Añade que como es posible advertir del tenor de la petición formulada por la actora y ante la inexistencia de hechos que constituyan una afectación del legítimo ejercicio de los derechos esenciales invocados por la recurrente, se trata de una materia que escapa de la tutela de urgencia propia de este arbitrio y; consecuentemente, procede la aplicación de la norma de inadmisibilidad prevista en el inciso 2 del numeral 2° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

Incluso más, lo que pretende la recurrente es instar que esta Corte a través de su decisión se inmiscuya en facultades propias de la autoridad administrativa; excediendo los fines de esta excepcional acción cautelar.

Adiciona que no existe una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la nombre reservado:

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Departamento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Nacional, la recurrente es un profesional no especialista que, desde mayo de 2022 hasta abril del 2023, emitió un total de 2.614 licencias médicas.

Lo precedentemente expuesto justifica que la autoridad instruya un proceso administrativo de fiscalización y requiera la colaboración de la recurrente mediante la remisión de los antecedentes o informes complementarios que respalden las 100 licencias médicas por ella expedidas y fiscalizadas.

Precisa que el plazo encuentra su sustento estricto en el inciso segundo del artículo 2 de la Ley N° 20.585. En efecto, el citado precepto legal establece un procedimiento de control y fiscalización para el correcto otorgamiento y uso de las licencias médicas sometidas a conocimiento de la nombre reservado, estableciendo que los plazos fijados al efecto “no podrán exceder de siete días corridos.” En consecuencia, el término de 7 días corridos fijado por la nombre reservado corresponde al plazo máximo dispuesto por el legislador.

Por otro lado, el legislador ha previsto explícitamente un plazo legal máximo para que el prestador informe, pero no estipuló un número máximo de licencias médicas que pueden ser fiscalizadas a la vez. Lo anterior, ya que el legislador parte de la premisa que todo prestador está obligado a mantener un registro de los pacientes a los que ha otorgado licencias médicas y de los antecedentes que las fundamentaron y; en consecuencia, la remisión de éstos a la nombre reservado debiese ser una tarea expedita y sin dificultad.

Puntualiza que el artículo 2 de la Ley N° 20.585 ha conferido a ese organismo público la obligación de fiscalizar la fundamentación médica de aquellas licencias que se encuentren sometidas a su conocimiento, sin que para ello esté obligado a expresar en el propio acto por el que solicita la remisión de tales antecedentes los motivos que fundamentan su requerimiento. Lo anterior, ya que el objetivo de la solicitud se enmarca en la naturaleza misma del procedimiento: Fiscalizar que la emisión de licencias médicas se ajuste a derecho ante eventuales conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento.

Agrega que la labor fiscalizadora de la nombre reservado supone naturalmente para su ejercicio que ese órgano público tenga acceso a los datos sensibles de los usuarios del sistema de salud, pues en su función más básica debe financiar el gasto por subsidio por incapacidad laboral. Así entendido, en un procedimiento de fiscalización legalmente tramitado desde luego los informes solicitados comprenderán las fichas clínicas o extractos de éstas. Lo anterior, considerando lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 20.584 de 2012, conocida como la ley de derechos y deberes de los pacientes.

En consecuencia, no es razonable concluir que la entrega de los antecedentes o informes complementarios que respalden las licencias médicas fiscalizadas, como las fichas clínicas, vulnera el derecho de los pacientes titulares de datos personales.

En otras palabras, el actuar de la nombre reservado carece tanto de ilegalidad como de arbitrariedad pues se trata de una actuación que se enmarca dentro de su competencia y que ha sido ejercida en una hipótesis claramente fundada, pues acá se parte de un presupuesto razonable y perfectamente acotado, cual es, la protección de los cotizantes y beneficiarios del FONASA ante eventuales conductas fraudulentas, ilegales o abusivas con ocasión de la emisión del referido instrumento. Una interpretación en sentido contrario dejaría en letra muerta las atribuciones de la nombre reservado para cumplir su obligación de fiscalizar la fundamentación médica de las licencias médicas. En cualquier caso, el derecho a la protección de datos privados al que se hace referencia en autos no afecta un derecho fundamental de la recurrente, pues compete a los pacientes de la recurrente.

Señala que, como puede advertirse, la actuación de la nombre reservado que se reclama no es abusiva o arbitraria.

Lo anterior, considerando la investidura regular del titular del órgano que dicta el acto; la previa y expresa habilitación jurídica para actuar y; la existencia de un procedimiento justo y racional establecido previamente a la actuación por medio de la ley.

En segundo lugar, el acto recurrido se enmarca dentro del plan de fiscalización de grandes emisores de licencias médicas. Luego, el presupuesto básico que sustenta el acto recurrido es una necesidad pública concreta sobre un asunto propio de su competencia. En otras palabras, tanto la potestad fiscalizadora de la nombre reservado como su ejercicio son atribuciones reguladas por Ley N° 20.585, la cual fundamenta su existencia y la encausa dentro de los márgenes de lo razonable y justo. Todo lo cual constituye el fundamento de la validez del procedimiento de fiscalización.

Indica que la acción de protección de autos debe también ser rechazada por el hecho de no acreditar ni verificar el presupuesto de procedencia consistente en la existencia de una afectación expresada en privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio del artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Agrega que despierta la atención que la recurrente afirme que la labor fiscalizadora y sancionatoria de la nombre reservado amenaza su derecho de propiedad como profesional de la medicina para emitir licencias médicas. El artículo 1 del Decreto N° 3 establece que “la licencia médica es un derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada”. Luego, la licencia médica no es un derecho que tiene el prestador, sino un derecho de los trabajadores. En el caso de quien otorga la licencia médica, se trata de un acto médico administrativo regulado en el artículo 5 del Decreto N° 3, extendido por un profesional habilitado en conformidad a las normas legales y reglamentarias que rigen su otorgamiento y; cuya fiscalización corresponde a nombre reservado.

Asimismo, se cuestiona si en los hechos, efectivamente, la nombre reservado podría haber atentado contra el derecho de propiedad de la recurrente. Lo anterior, por cuanto en su actuar la nombre reservado se ha limitado a ejercer sus facultades legales y a cumplir un mandado legal, cual es el control y fiscalización de un correcto otorgamiento de las licencias médicas dentro de un procedimiento reglado, por el cual se solicitan documentos que según la ley han de obrar en poder del recurrente al tiempo de la fiscalización.

Por otro lado, señala que no ha causado de modo alguno las afecciones que dice padecer la recurrente -las que carecen de fundamento concreto-. No es correcto que a propósito de una fiscalización se realicen conjeturas sobre una supuesta infracción al derecho de propiedad de la recurrente en base a una afectación meramente hipotética, ya que la labor fiscalizadora de la autoridad administrativa en sí misma habilita a la nombre reservado para aplicar sanciones.

Tampoco puede verse de qué forma representa una discriminación el hecho que los profesionales que por ley emiten licencias médicas sometidas a conocimiento de la nombre reservado, en iguales condiciones (todos son altos emisores de licencias médicas) sean fiscalizados y eventualmente sancionados. Más aun, en circunstancia que la recurrente no es capaz de señalar respecto de qué otro prestador vio disminuida dicha garantía, ni acredita la supuesta afectación. En efecto, la fiscalización no importa un trato desigual respecto de otros prestadores que también son fiscalizados. En otras palabras, la carga impuesta por la fiscalización dependerá únicamente de la capacidad de la recurrente de fundamentar la indicación terapéutica de las licencias médicas que expidió y son fiscalizadas.

Por estas consideraciones solicita decretar su íntegro y total rechazo por las razones aquí expuestos; todo ello con expresa condena en costas a la recurrente.

Acompaña copia de la Resolución Exenta N° 000328/2022, que acredita su personería.

CUARTO: Que, evacuó informe don SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por cuanto solicito se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación, con cuanto la materia sobre la que realmente versa, con la aplicación de la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas, que establece un régimen especial de reclamación para los interesados, en las materias que se indica.

En efecto, el profesional afectado con las sanciones previstas en la Ley Nª 20.585, por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones correspondiente al territorio jurisdiccional de su domicilio, en los términos señalados en los incisos primero y tercero del artículo 58 de la Ley N° 16.395. Lo anterior, según lo prescrito en el inciso final del artículo 5º de la citada Ley Nº 20.585.

Finaliza señalando el artículo 60, que las resoluciones de la Superintendencia que apliquen una multa tendrán mérito ejecutivo.

En consecuencia, existe plena certeza respecto a la intención del legislador en esta materia, en el sentido de otorgar un procedimiento especial para resolver la controversia planteada en autos, cuyo procedimiento si bien, quedó radicado en la Corte de Apelaciones, tiene una tramitación distinta a la de la acción de protección.

Por otra parte, reitera que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Por estas consideraciones solicita se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con la aplicación de la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas, que establece un régimen especial de reclamación para los interesados, en las materias que se indica, por lo que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

En subsidio, evacua informe, haciendo presente que, hasta la fecha del presente informe, el recurrente no ha presentado ninguna reclamación ante su representada en contra del Ordinario Nº 641/2023, de 22 de mayo de 2023, de la nombre reservado de la Región Metropolitana, el cual presuntamente habría aplicado sanciones al recurrente, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Nº 20.585, aunque, revisada la totalidad de los antecedentes acompañados por la interesada, no fue posible de ubicar el documento citado en autos.

Por tanto reitera que, conforme lo establece el inciso tercero del artículo 2 de la Ley Nº 20.585, en contra de lo resuelto por la nombre reservado respectiva podrá reclamarse ante la Superintendencia de Seguridad Social, dentro de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación, reclamación que hasta la fecha no ha realizado el recurrente ante esa institución, por lo que no se ha producido ningún acto u omisión por parte de su representada que le hubieran ocasionado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas.

Recuerda que el citado Auto Acordado requiere haber cometido un acto o haber incurrido en una omisión, situaciones que su representada no ha efectuado respecto de la interesada, dado que no se ha pronunciado respecto de una eventual reclamación interpuesta por la presunta sanción que le habría aplicado al Sr. nombre reservado por parte de la nombre reservado de la Región Metropolitana conforme al artículo 2 de la Ley Nº 20.585 (“se hubiere cometido”) y tampoco existe ninguna reclamación u otro acto administrativo pendiente de resolución ante su representada que haya sido interpuesta por el recurrente (“incurrido en la omisión”), por lo que la acción de protección interpuesta carece de un objeto que la justifique.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEPTIMO: Que, esta Corte dispuso como medida para mejor resolver, para un mejor acierto del fallo y de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, requerir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana los antecedentes que obren en su poder relativo al proceso de fiscalización practicada al recurrente, en particular la copia del Ordinario N° 641/2023 de 22 de mayo de 2023, concediéndole un plazo razonable para su cumplimiento, el que sin perjuicio de ser ampliado no se cumplió.

OCTAVO: Que conforme los antecedentes aparejados por el recurrente es posible sostener, con suficiente grado de aceptabilidad los siguientes supuestos:

1.- El 8 de mayo de 2023, mediante oficio N° 550400, la Comisión Médica Preventiva e Invalidez de la región Metropolitana, solicitó a don nombre reservado, la remisión de antecedentes e informes complementarios que respalden la concesión de licencias médicas de un total de 100 pacientes; dicha petición fue reiterada el 15 de mayo del mismo año, por medio de los oficios que van desde el número 365400/2023 al 365499/2023, todos de la misma fecha.

2.- En los oficios Números 365400/2023 al 365499/2023 todos de 15 de mayo de 2023, se requirió un informe médico, por cada uno de las personas que en cada uno de los documentos se indicaban, por medio de un informe anexo al instrumento, además de remitir la ficha clínica de cada uno de ellos y las copias de los bonos de atención médica o de boleta de honorario pertinente; el despacho de la información solicitada debía realizarse por correo electrónico, a la casilla que en ellos se individualizaba o bien de forma presencial en la dirección que se precisaba;

3.- El 15 de mayo de 2023, el médico nombre reservado solicitó, mediante correo electrónico remitido a la casilla correo reservado una ampliación del plazo concedido hasta el 23 de mayo del mismo año, en atención a problemas de salud y familiares que en la comunicación se explicitan;

4.- La petición de prorroga fue contestada negativamente desde la casilla de correo electrónico correo reservado el 24 de mayo de 2023, invocándose el artículo 2 de la Ley N° 20.585, señalándose que no contaban con facultades para acceder a ella.

5.- El 29 de mayo de 2023, el recurrente remitió información, contenida en un correo electrónico, a la que se adjuntaron documentos que se describieron como “Informes nombre reservado”, “Boleta Solicitud nombre reservado” y “Ficha Clínica Compim”; que dicha comunicación electrónica fue recibida por la entidad fiscalizadora, la que el mismo día no la aceptó conforme, puesto que los datos debían ser proporcionados individualmente para cada uno de los 100 casos, en el formato de informe remitido por la institución; lo que, finalmente se remitió el 30 de junio de 2023.

6.- El recurrente fue inhabilitado para la emisión de licencias médicas desde el 15 de junio de 2023 al 30 del mismo mes y año, según Resolución 1016 emitida por la Comisión recurrida; también fue suspendido para emitirlas desde el 31 de mayo de 2023 y desde el 09 de junio del mismo año.

Los supuestos antes anotados han sido posibles de establecer mediante la documental aparejada por el recurrente la que proviene de una de las entidades recurridas en cuanto mediante los oficios Ordinarios que van desde los números 365400/2023 al 365499/2023 todos de 15 de mayo de 2023, se requirió información al recurrente de cada uno de los pacientes que el respectivo documento se alude, aseverando que, con anterioridad a esa comunicación le fue enviada una anterior que solicitaba idéntica documentación, indicándose como medio de contacto para hacer llegar la instrumental requerida una casilla de correo electrónico o bien la presencialidad del prestador del servicio médico.

Asimismo, la cadena de correos electrónicos aparejados por el profesional de la salud remitido a la dirección de correo electrónico que en los oficios ordinarios se indican, también permiten aseverar que tanto la Comisión Médica Preventiva e Invalidez de la región Metropolitana y el recurrente tuvieron comunicación relacionada con la fiscalización que la segunda estaba efectuando, sea como un medio directo para requerir información o aceptarla la enviada. Así se logró determinar que los ordinarios de 15 de mayo de 2023 no habían sido los primeros en enviarse al prestador sino que aquello también sucedió el día 8 del mismo mes y año.

También a partir de la documentación aparejada al recurso por el facultativo médico se logra establecer que el recurrente no pudo ocupar el sistema para el otorgamiento de licencias médicas “Imed” y “Medipass” ya que para cada caso se indicó que se encontraba inhabilitado para realizarse conforme una Resolución Exenta de la COMPIM que en el caso de la primera no se identifica y en el segundo, la señala como la N° 1016, desde el 31 de mayo de 2023, tal como se logra advertir de las capturas de pantalla acompañadas por nombre reservado.

NOVENO: Que, según lo dispone el artículo 2 de la Ley N° 20.585 sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N° 19.880.”

Enseguida el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

DECIMO: Que dicho precepto determina la carga para los profesionales que deben emitir los informes, siendo aplicable la supletoriedad de la Ley 19.880, normativa ésta que a su vez, dispone en el artículo 17 que entre los derechos de los administrados, se encuentra, según señala el literal e) “Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales”.

UNDÉCIMO: Que en la situación sublite, el contraste entre el número de informes requeridos, - cien informes -y el plazo para cumplir con la carga demuestran una lógica dificultad para cumplirla en el término referido, atendidos los límites de la referida norma contenida en la Ley N°19.880 transcrita en el considerando que precede, y por lo tanto, efectivamente, aparece razonable inferir que ello constituye una amenaza tangible para la integridad psíquica de la parte sobre quien pesa tal obligación, desde que resulta atendible en un orden lógico del entendimiento de las cosas, que por breve que pudieran ser los referidos informes, ello no dejaría tiempo para otras naturales y ordinarias actividades de la parte recurrente.

DUODÉCIMO: Que, conforme a lo expuesto, el volumen de informes a emitir, aconsejaba una mayor prudencia en la definición del término dentro del cual debía satisfacerse la petición del ente fiscalizador, el que en la especie no ha tenido en cuenta los ya anotados derechos del administrado consagrados expresamente por el legislador, lo que define que aun cuando dentro de la legalidad vigente, el actuar de la recurrida se torna en arbitrario, al alterar del modo que se ha venido diciendo, los aspectos de comodidad y compatibilidad que establece el legislador de la ley 19.880, lo que viene dado por el grueso volumen de antecedentes requeridos dentro del plazo exiguo que contempla la ley. Así, el alto volumen de antecedentes requeridos torna en arbitraria la actuación de la recurrida.

A lo anterior se suma que, según los antecedentes disponibles, la solicitud de información primigenia se efectuó el 8 de mayo de este año, misma que fue reiterada el día 15 del mismo mes y año, en circunstancias que aun no vencían a cabalidad los 7 días corridos que la norma contempla. Ahora, ante la petición de prórroga solicitada por el recurrente la entidad fiscalizadora respondió negativamente, alegando carecer de facultades para ello, lo que igualmente constituye una actuación arbitraria, puesto que por una parte es perfectamente posible para ella la extensión del plazo por una nueva solicitud, pero no para el administrado al requerirla.

DÉCIMO TERCERO: Que, asimismo, se observa que en el requerimiento de información solicitado excede aquello que lo habilita la normativa fundante, en cuanto exige que se acompañe la ficha clínica de cada paciente, además de la copia del bono o boleta de la atención médica correspondiente.

Respecto de las fichas clínicas solicitadas, se debe tener presente lo que al respecto señalan los artículos 12 y 13 de la Ley N°20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas con relación a las acciones vinculadas a su atención en salud, disponiendo el artículo 13 precitado que “Los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica. Ello incluye al personal de salud y administrativo del mismo prestador, no vinculado a la atención de la persona, independiente de la modalidad de atención prestada”. En consecuencia el requerimiento de la ficha clínica del paciente, sin que medie el consentimiento de su titular, y no encontrándose el nombre reservado dentro de aquellos organismos respecto de los cuales se faculta su otorgamiento, aparece como excedido de aquello que permite el artículo 2 de la Ley N°20.585, misma situación en la que se encuentra los bonos o boleta de atención médica.

A ello se suma que, aun cuando el profesional dio cumplimiento a la instrucción remitiendo la información pedida pero con un formato diverso del que consignaba el requerimiento, no aparece como razonable ni atendible que los mismos fuesen desestimados por la entidad fiscalizadora al no cumplir con el formato reclamado por ésta, cuando lo relevante era determinar si en ellos se contenía los datos necesarios para proceder a la fiscalización que la Ley le encomienda.

DÉCIMO CUARTO: Que ahora bien, las conductas descritas precedentemente llevaron a la recurrida a inhabilitar al médico para la emisión de licencias médicas desde el 15 de junio de 2023 al 30 del mismo mes y año, según Resolución 1016 emitida por la Comisión recurrida; también fue suspendido para emitirlas desde el 31 de mayo de 2023 y desde el 09 de junio del mismo año.

No puede sostenerse, como lo hace la recurrida en su informe que dicho acto no se produjo puesto que, analizados los elementos aportados por el recurrente y la inactividad de la recurrida para acompañarlos, aparece del sistema electrónico habilitado para la emisión de licencias médicas que el profesional se encuentra suspendido para la emisión de esos documentos, por lo que en los hechos aparece como impuestas las medidas contempladas en el artículo 2 de la Ley N° 20.585, no solo en cuanto procedió a imponer multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales, sino que también a suspenderlo, sin cumplir con la normativa atinente al caso, puesto que junto a las arbitrariedades antes anotadas, la resolución fundada que permite imponer la sanción pecuniaria no contempla la argumentación necesaria y en el segundo porque no se explica la calidad de “caso calificado” que amerite la suspensión, más aún cuando el administrado solicitó una ampliación de ese plazo para recabar la información, luego remitió la misma sin que fuese satisfecha tal pretensión por cuanto los 100 informes remitidos no se encontraban contenidos en el que la administración proporcionó, y luego al acompañarlos no dio cuenta de la imposición de las sanciones y niega su existencia, en circunstancias que el sistema informático creado para tal objeto así lo consigna.

DÉCIMO QUINTO: Que las actuaciones de la constituyen un atentado a la garantía que se dice infringida, prevista por el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues lo margina del ejercicio de una atribución inherente a su condición profesional sobre la base de parámetros inválidos, no pudiendo prestar atención médica en los casos que es preciso la concesión del reposo laboral, circunstancia que merma sus ingresos en uno de los ámbitos que son de su competencia, por lo que se hace procedente acoger el recurso y disponer una cautela coherente con lo aquí razonado, como se decidirá.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, únicamente en cuanto la recurrida deberá otorgar a la recurrente, un plazo razonable no inferior a 20 días hábiles según la Ley N°19.880 a contar de que este fallo se encuentre ejecutoriado, para emitir los informes solicitados, excluyendo de éstos las fichas médicas de los paciente y los bonos de atención médica, dejándose sin efecto todas aquellas Resoluciones que impusieron sanciones pecuniarias o inhabilitaciones para la emisión de licencias médicas al recurrente con anterioridad a la dictación de esta decisión.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Señora Marcela Sandoval Durán.

Rol N° 1614-2023 (Protección).-