nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUERTO CORDILLERA Y OTRA

nombre reservado

Servicio Local de Educación Puerto Cordillera y otra Recurso de Protección Rol N°1607-2024.- La Serena, doce de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que compareció nombre reservado, egresado de derecho, interponiendo acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA, por el acto ilegal y arbitrario plasmado en la Resolución N° 961 de 03 de septiembre de 2024, que rechazó un recurso de reposición y, por tanto, confirmó la medida disciplinaria destitutiva impuesta.

Expone que el actor en el año 2019 comenzó a prestar servicios para la recurrida en calidad de asistente de la educación, siendo destinado a cumplir tareas de mantención de las instalaciones en la Escuela Santo Tomás de Aquino.

Destaca que el 03 de mayo del año 2020, alrededor de las 13:55 horas, mientras el actor realizaba sus labores cotidianas, se produjo una incómoda situación con una alumna de 5º año básico, siendo acusado por hechos de connotación sexual producto de una “tocación circunstancial con sus manos a la altura de la cintura de la niña, quien se encontraba en el umbral de la puerta de la dependencia hasta donde éste ingreso para facilitarle una mascarilla”. Puntualiza que la referida sede educacional cuenta con un sistema de televigilancia en el cual quedó registrado el momento en cuestión, observándose en la secuencia una conducta ausente de todo ánimo libidinoso.

Añade que, en razón de los hechos denunciados, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo, en cuyo mérito el fiscal sumariante le formuló cargos.

Destaca que frente a tales imputaciones, el actor dedujo sus respectivos descargos alegando la imprecisión de los mismos, especialmente el de la letra b), toda vez que se limitó a señalar genéricamente que éste “cometió actos atentatorios a la dignidad de los demás integrantes de la comunidad educativa, reflejados en la menor de 10 años de 5° A básico, la que se considera como acción de tipo acoso sexual”, no especificando -siquiera de forma tangencial- la manera en que la “conducta única hipotéticamente ofensiva” ejercida sobre la víctima “tuvo a su vez la virtud de vulnerar a una pluralidad de personas indeterminadas”, no explicándose la forma de verificación del comportamiento subjetivamente reprochado.

En este orden de cosas, agrega, pese a las observaciones realizadas la defectuosa imputación fiscal, no fue corregida siguiendo el proceso con su tramitación, culminando con la dictación de la Resolución Nº526 del 28 de marzo de este año, suscrita por doña nombre reservado, quien hizo suya la anacrónica tesis fiscal, imponiéndole al recurrente la medida disciplinaria de “Término de la relación laboral” prevista en el artículo 33 de la Ley 21.109, Estatuto de los Asistentes de la Educación.

Señala que frente al reproche disciplinario en mención, el actor presentó el recurso de reposición que la ley le franquea, haciendo nuevamente hincapié en la subjetividad del pliego acusatorio, el cual fue rechazado por la recurrida en la Resolución Nº926 del 03 de septiembre en curso, con la salvedad que, para dar una apariencia de legalidad y sustentar el gravoso castigo del cual fue pasible, aquilató como “agravantes” presuntos hechos anteriores que no fueron formalmente investigados como tampoco abordados en su pretérita expresión de voluntad.

Aduce que, como es posible observar, en el desarrollo del proceso sumarial y sus actos posteriores, los cuales deben sujetarse a las reglas procedimentales impuestas por la Ley Nº18.834, Estatuto Administrativo, que versa sobre la tramitación de los sumarios administrativos, no se han respetado las garantías mínimas para entender que el recurrente fue juzgado en el marco de un proceso justo y legalmente tramitado. Esto, porque la legitimidad entraña la idea de que una acusación debe ser congruente, cuya exigencia se desprende del principio del debido proceso, pues lo lógico es que la concreción de una medida disciplinaria debe basarse en una tesis descriptiva específica, deficiencia que se torna más aguda cuando se analiza la prueba testimonial que ha servido de base a la sanción punitiva, la que se refiere principalmente a un mismo episodio y a una misma víctima, y no a una pluralidad de afectados.

Invoca como garantías fundamentales afectadas el derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso, plasmados en el artículo 19 Nºs 2 y 3 de la Constitución Política de la República, respectivamente. Sostiene que el primero de los derechos se ve infringido, por cuanto el recurrente ha sido objeto de un tratamiento desigual que lo perjudica, porque como cualquier otra persona sujeta a una investigación tiene el derecho a conocer íntegramente los alcances de la acusación de la cual ha sido pasible, cuya omisión importa un trato asimétrico carente de causa que lo justifique. Por su parte la segunda garantía la entiende violentada, ya que es indiscutible que los recurridos han tensionado críticamente esta garantía constitucional, al imponerle al recurrente una gravosa sanción disciplinaria que carece de toda precisión, afectando su derecho a defensa, quien no ha podido abordar cabalmente la vaga y genérica imputación que arguye a una diversidad de personas no identificadas, la cual se aparta de toda precisión y certeza jurídica y que ha sido validada arbitrariamente por los recurridos bajo sus propios razonamientos.

Por estas consideraciones, solicita se ordene a los recurridos disponer la reapertura de la encuesta sumarial, a fin de retrotraerse a la etapa de formulación de cargos, con el propósito de corregir el vicio de indeterminación que le afecta, prosiguiendo con los trámites posteriores, todo con expresa condena en costas.

Acompaña copia de la Resolución Nº926 del 03 de septiembre del año en curso, librada por los recurridos de autos.

SEGUNDO: Que evacuó informe AXEL SLOBADAN BISKUPOVIC HEREDIA, abogado, en representación convencional del recurrido SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUERTO CORDILLERA.

Expone que el recurrente, por medio de esta acción pretende que este Ilustrísimo Tribunal deje sin efecto la Resolución Exenta Nº926 de 03 de septiembre de 2024, haciendo presente, en primer lugar, que su parte supone que se refiere a la Resolución Exenta Nº961 de 03 de septiembre de 2024, por cuanto la referida por el actor no corresponde al caso de marras.

Dicha resolución resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto por el señor nombre reservado en contra de la Resolución Exenta Nº526 de 28 de marzo de 2024, ratificándola en todas sus partes y en definitiva la sanción aplicada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 letra c) de la Ley Nº 21.109 que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación dependientes de los Servicios Locales.

Aduce que el acto administrativo impugnado por esta vía fue emitido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº19.880. Asimismo, dicho acto administrativo da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la referida ley, que establece el principio de imparcialidad de las actuaciones de la administración del Estado, debiendo actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, y especialmente dando cumplimiento a lo ordenado en el inciso final de dicha norma, que establece la obligación que el acto administrativo contenga los hechos y fundamentos de derecho, los que deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.

Señala que el acto administrativo impugnado es el final del procedimiento disciplinario instruido en contra del recurrente, el cual satisface plenamente la debida justificación fáctica y jurídica exigida por nuestro ordenamiento jurídico para que surta efectos, lo que se evidencia en sus considerandos pertinentes (4º al 30º) y en su parte resolutiva.

Indica que este mecanismo cautelar no es el idóneo para solicitar lo que pretende el recurrente, dado que esta no es una vía para impugnar las funciones que el ordenamiento jurídico le ha entregado a ese Servicio Local, las que han sido ejercidas legítimamente por este órgano, ni para discutir aspectos de interpretación jurídica, ni menos una instancia de declaración de derechos, ya que la intención del recurrente con el ejercicio de esta acción cautelar es que se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº961 de 2024 la que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 3º de la Ley N.º 19.880, goza de una presunción de legalidad, imperio y exigibilidad.

Agrega que, de los antecedentes expuestos en el informe e incluso del propio relato de la parte recurrente, resulta preciso comprender que lo planteado en su arbitrio no es susceptible de ser objeto de esta acción, dado que no existe para el actor un derecho indubitado que hubiere sido vulnerado, afectado o amenazado por un actuar ilegal ni arbitrario por parte de este Servicio Local, siendo la existencia de estos presupuestos -actuación u omisión ilegal o arbitraria y un derecho indubitado lesionado y cautelado por esta acción constitucional- requisitos procesales esenciales para que la presente acción constitucional pueda prosperar, presupuestos inexistentes en este caso particular, dado que el actuar de este Servicio Local se encuentra ajustado a derecho.

En cuanto al fondo, reitera que el acto administrativo impugnado por la presente acción constitucional es el terminal que resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta Nº526 de 28 de marzo de 2024, ratificándola en todas sus partes disponiendo el cese de funciones del recurrente.

Añade que por Resolución Exenta Nº648 de 10 de mayo de 2022, de conformidad al procedimiento establecido en los artículos 129 a 145 del DFL Nº29 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de La Ley Nº18.834, Sobre Estatuto Administrativo, se instruyó sumario administrativo en contra del actor, con la finalidad de investigar los hechos denunciados por el establecimiento educacional dependiente de ese Servicio Local – Escuela Santo Tomás de Aquino de la comuna de Coquimbo- ocurridos el 03 de mayo de 2022 en que el recurrente don nombre reservado, habría realizado tocaciones en una alumna de 5° básico de dicho establecimiento, siendo notificado el recurrente el 26 de mayo de 2022 de esa resolución.

Señala que, luego de finalizada la etapa indagatoria del procedimiento disciplinario, el fiscal instructor designado, el 13 de junio de 2022, procedió a formular cargos en contra del actor, los cuales fueron del siguiente tenor: “a.- Conducta impropia consistente en tocaciones en áreas de connotación sexual a menor de 10 años, alumna de 5° A básico de la Escuela Santo Tomás de Aquino de la localidad de Coquimbo, comuna de Coquimbo, establecimiento en el cual desempeña sus funciones como asistente de la educación en área de mantención, conducta que no se condice con la que debe existir entre asistente de la educación y alumnos; b.- Realizar acto atentatorio a la dignidad de los demás integrantes de la comunidad educativa, reflejado en la menor de 10 años del 5° A básico de la Escuela Santo Tomás de Aquino de la localidad de Coquimbo, comuna de Coquimbo, la que se considera como una acción de tipo sexual, entendido según los términos del inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según lo define el artículo 2 de la ley N.° 20.609”.

Añade que, habiendo sido notificado legalmente el actor, vía correo electrónico presentó sus descargos el 19 de junio de 2022, los cuales se tuvieron por presentados el 04 de julio de 2022 y, a solicitud del recurrenteal formular sus descargos, se accedió a la rendición de prueba por un término de 20 días hábiles, al tenor de lo dispuesto en el artículo 138 del Estatuto Administrativo.

Indica que el 02 de agosto de 2022 se declaró el cierre del término probatorio solicitado por el actor por parte del fiscal instructor quien, al tenor de lo dispuesto en el artículo 139 y 140 del Estatuto Administrativo, emitió la respectiva vista fiscal, remitiendo el expediente disciplinario a la Directora Ejecutiva de ese Servicio Local.

Refiere que, por Resolución Exenta Nº0526 de 28 de marzo de 2024, se aprobó la investigación realizada en el procedimiento disciplinario, aplicándose la de destitución o el cese de funciones del actor, en virtud de lo establecido en el artículo 33 letra c) de la Ley Nº 21.109 que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación.

Precisa que el artículo 35 de la Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado – norma de aplicación supletoria en los procedimientos disciplinarios al no existir regulación expresa- la apreciación de la prueba es en conciencia. A mayor abundamiento la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, en dictámenes N.º 47.776 de 2010 y 11.915 de 2011, ha establecido que el mérito de los diversos elementos probatorios que consten en la investigación es un aspecto que debe ser apreciado por quien substancia el proceso disciplinario – fiscal instructor- y por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria.

De lo expuesto, agrega el informante, se puede colegir que ese Servicio Local no actuó de manera ilegal o arbitraria ya que frente a las denuncias que llegaron a su conocimiento, en su calidad de sostenedor instruyó un sumario administrativo de acuerdo con el procedimiento reglado establecido en el Estatuto Administrativo, en relación con el artículo 33 letra c) de la Ley Nº21.109, en el cual el recurrente ejerció plenamente su derecho a defensa y en base a la investigación realizada se tuvo por acreditada su participación en los hechos denunciados y su responsabilidad estos.

Agrega que, de los antecedentes expuestos latamente en el presente informe, carece de sustento jurídico la pretensión del actor, en orden a que ese Servicio Local habría incurrido en una vulneración al principio de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, por cuanto el actor, como cualquier otra persona sujeta a una investigación, tiene el derecho a conocer íntegramente los alcances de la acusación de la cual ha sido objeto, cuya omisión importa un trato asimétrico carente de causa que lo justifique. Al respecto, tal como se ha señalado por su parte a lo largo del informe, lo afirmado precedentemente es falso, dado que el actor fue notificado legalmente de todas las actuaciones realizadas durante el procedimiento disciplinario y ejerció todas las defensas y recursos a los cuales tienen derechos los funcionarios sometidos a un sumario administrativo, por lo que no ha existido en contra del recurrente un trato distinto o discriminatorio por parte de este Servicio Local respecto del procedimiento sumario instruido en su contra.

Señala, en cuanto a la sanción aplicada al recurrente, establecida en el artículo 33 letra c) de la Ley Nº21.109, esto es, el cese de funciones por falta de probidad o conducta inmoral, establecidas fehacientemente mediante sumario administrativo, regulado en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, es la única aplicable a los funcionarios Asistentes de la Educación sometidos a un sumario administrativo, por cuanto no se contemplan sanciones de diferente graduación como ocurre en el Estatuto Administrativo por lo que, en base a la entidad de los hechos objeto del procedimiento disciplinario, la Directora Ejecutiva de ese Servicio solamente se encuentra facultada en el ejercicio de sus potestades discrecionales a dos escenarios posibles de término del procedimiento disciplinario: el sobreseimiento o la destitución, optando en base a los antecedentes que obran en el expediente disciplinario en la destitución del recurrente por la gravedad de los hechos y su participación en estos.

Finalmente sostiene que, con lo dicho, se puede concluir que se ha dado cumplimiento al principio de legalidad, por cuanto es la ley quien autoriza y obliga a la superioridad a adoptar las medidas de esta naturaleza respecto de cualquier servidor de su dependencia para la mejor y más eficiente marcha de la institución.

Luego, precisa, que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece los derechos fundamentales y garantías cauteladas por la acción de protección, dentro de los cuales no se encuentra el debido proceso reclamado por el recurrente, pues la garantía que protege el recurso de protección se refiere única y exclusivamente a la establecida en el artículo 19 Nº3 inciso quinto, esto es, que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, protección que no se extiende al inciso 6º del mismo artículo que es el que hace referencia al debido proceso propiamente tal, por lo que, en razón del evidente defecto que adolece la acción del actor, debe necesariamente ser rechazada.

No obstante, y en el evento que este Tribunal estime que el rango de protección de la presente acción contempla la garantía al debido proceso, hace presente que tal como se ha establecido por su parte a lo largo de su informe, ese Servicio, en uso de sus facultades y atribuciones, ajustó su actuación a la normativa atingente al caso particular del actor; es más, se puede concluir que en la sustanciación y resolución del sumario administrativo que afectó al recurrente, se observaron adecuadamente las normas legales y reglamentarias que regulan el procedimiento para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos establecidas en los artículos 129 a 145 del D.F.L. Nº29 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo, aplicable al caso del actor, por disposición expresa del artículo 33 letra c) de la Ley N 21.109 cuerpo normativo que rige como se ha señalado su relación laboral con ese Servicio Local.

Añade que, del propio relato del recurrente en su presentación, se puede advertir que tenía pleno conocimiento de la existencia de la investigación en su contra, estando al tanto de los hechos que se le imputaban, contando con la posibilidad de ser oído con relación a ellos. Luego, una vez que se formularon cargos en su contra, ejerció su derecho a defenderse de tales imputaciones presentando sus descargos, previo a ampliársele el plazo primigeniamente otorgado.

Además, acompañó y rindió prueba y una vez notificado de la sanción, ejerció los medios de impugnación idóneos previstos para ello, establecidos en la normativa referida.

De lo expuesto precedentemente, sostiene, malamente podría existir arbitrariedad e ilegalidad en los términos expuestos por el recurrente en la presente acción, por cuanto tanto el sumario como la resolución recaída en él se ajustaron a las normas y principios que los regulan.

En cuanto a la impresión de la formulación de cargos alegada por el recurrente, la Contraloría General de la República, en su jurisprudencia administrativa ha establecido en los dictámenes Nos 13.576, de 2013 y 20.824, de 2016, entre otros, “que el objetivo que se persigue con el anotado trámite –formulación de cargos- es presentar claramente el actuar anómalo que se reprocha, de manera que el inculpado tenga la posibilidad de defenderse, exigencia que se cumplió en la especie”, en el caso particular, se puede advertir que los dos cargos formulados en su contra contienen una precisa descripción de las conductas desarrolladas por el recurrente, debiendo tener presente que tal como se expuso en el presente informe y tal como lo reconoce el propio recurrente en su relato, que la supuesta vaguedad e imprecisión de que adolecerían esas imputaciones, en ningún caso le impidieron efectuar su defensa en el procedimiento disciplinario instruido en su contra.

En conclusión, no existe una infracción patente, manifiesta, grave ni antijurídica que lesione las garantías constitucionales del recurrente, en razón que el actuar de ese Servicio, se encuentra ajustado a derecho, específicamente al principio de legalidad con los cuales deben actuar los órganos del Estado, ya que para estar en presencia de una actuación ilegal, esta debe ser contraria a la ley, presupuesto frente al cual no nos encontramos ni tampoco ha existido en el actuar de ese Servicio arbitrariedad alguna, entendiendo que esta se configura cuando el acto es contrario a la razón o motivado solo por el capricho o la voluntad, situación frente a la cual tampoco nos encontramos, poniendo de manifiesto que esta acción de protección impetrada por la parte recurrente carece de sustento fáctico y jurídico, por lo que indefectiblemente la acción constitucional ejercida por el actor debe ser rechazada en todas sus partes, con costas.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto por la parte recurrente en contra de ese Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, con costas.

Acompaña expediente sumario administrativo instruido por Resolución Exenta Nº648 de 10 de mayo de 2022.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso y dichos de las partes, valorados conforme a la sana crítica,es dable entender acreditados los siguientes hechos:

1.- Que el actor ejercía funciones de asistente de la educación, siendo el recurrido su empleador, y ejecutando sus labores en la Escuela Santo Tomás de Aquino, ubicada en Coquimbo.

2.- Que en el año 2022 el recurrido inició la tramitación de un procedimiento administrativo sumarial, a fin de analizar la denuncia impetrada en contra del actor, y consistente en haber efectuado tocaciones a una alumna de 5to año básico, perteneciente a ese establecimiento educacional. Dicha denuncia fue remitida vía correo electrónico de 4 de mayo de 2022 por la Directora de la escuela 3.- Que se designó como fiscal sumariante al profesional nombre reservado, en mayo de 2022, quien acto seguido aceptó el cargo y tramitó el procedimiento.

4.- Que, en junio de 2022, después de haber sido notificado el actor y habiendo prestado declaración, se cerró la etapa indagatoria y se formularon cargos en contra de este, consistentes en:

“a.- Conducta impropia consistente en tocaciones en áreas de connotación sexual a menor de 10 años, alumna de 5° A básico de la Escuela Santo Tomás de Aquino de la localidad de Coquimbo, comuna de Coquimbo, establecimiento en el cual desempeña sus funciones como asistente de la educación en área de mantención, conducta que no se condice con la que debe existir entre asistente de la educación y alumnos;

b.- Realizar acto atentatorio a la dignidad de los demás integrantes de la comunidad educativa, reflejado en la menor de 10 años del 5° A básico de la Escuela Santo Tomás de Aquino de la localidad de Coquimbo, comuna de Coquimbo, la que se considera como una acción de tipo sexual, entendido según los términos del inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo, y la discriminación arbitraria, según lo define el artículo 2 de la ley N.° 20.609”.

5.- Que el 28 de marzo de 2024, mediante la Resolución Exenta N°526, fue aprobado el sumario, sus sugerencias y, como consecuencia de las conclusiones, se aplicó la sanción de término de la relación laboral, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N° 21.109 sobre Estatuto de los asistentes de la educación, sustentado en que “se logró acreditar fehacientemente, por los dichos de la alumna en cuestión y ratificado por las declaraciones llevadas a cabo por los psicólogos y profesores involucrados en la declaración rendida en este procedimiento disciplinario, en los relatos de los alumnos involucrados, -los- hechos denunciados, su responsabilidad y participación en los mismos” desechando la tesis alternativa sostenida por el actor, en cuanto a que su intención distaba del ánimo lesivo, dado que se dieron por ciertas las conductas denunciadas (tocaciones a menor de un curso de enseñanza básica) a partir de la revisión de material audiovisual, calificándolas de “graves” y que “transgreden toda la normativa y principios de las comunidades educativas”.

Dichas conductas fueron estimadas por el órgano resolutor como una “infracción al principio de la probidad administrativa en los términos del artículo 52 de la Ley 18.575”, sustentando aquello en que aquel principio “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.”

6.- Que en contra de dicha decisión, el actor interpuso un recurso de reposición, el que fue fallado mediante la Resolución Exenta N°961 de 3 de septiembre en curso, siendo éste el acto recurrido.

SEXTO: Que, revisado íntegramente el procedimiento sumarial dirigido en contra del actor, es dable sostener que en él aparecen las resoluciones y notificaciones practicadas a este, en tanto agente directo de aquel y, por ende, es sencillo desechar algún vicio referido al debido proceso, cuando tanto el órgano investigador como el resolutor constituyen los sujetos facultados para ello, sin que su autoridad haya sido jamás discutida por el recurrente.

Por otro lado, de la lectura del libelo, se pueden resumir sus planteamientos en que los cargos formulados en su momento fueron inexactos, en particular el signado bajo el número 2, lo que habría producido la aplicación de la sanción de destitución pronunciada en contra de actor. Aquello, a ojos del recurrente, vulneró la igualdad ante la ley y el debido proceso.

SÉPTIMO: Que, según lo observado, el libelo no puede ser acogido, por diversas razones que se pasan a detallar.

En un primer aspecto, como ya se anticipó, el actor parte del supuesto de mediar una inexactitud en la formulación del cargo del numeral 2 y, producto de aquello, se dictó sentencia condenatoria. Sin embargo, el primero de los cargos (conducta impropia consistente en tocaciones generadas respecto de una alumna de 5to año básico del establecimiento en el que el actor presta servicios) fue tenido por cierto, de la revisión y contraste de los distintos elementos probatorios, lo que se estimó atentatorio al principio de probidad administrativa.

En parte alguna del fallo impugnado se aprecia que el cargo 2 haya tenido algún resorte en la condena, pues bastó la acreditación del primero para provocar la decisión de destitución. Y si del primer cargo no se alega imprecisión, el libelo pierda toda fuerza.

Por otra parte, las garantías que se estiman vulneradas por el actor no lo son, a juicio de esta Corte, dado que el recurrente no es activo en sostener en qué otros casos, de similares características, se hubiera obrado de forma diversa, sumado a que el procedimiento sumarial ha sido tramitado conforme a las normas legales vigentes y atingentes, de lo cual malamente puede extraerse que aquello afectara su igualdad o defensa. Por el contrario, aparecen ejercidos sus derechos en todas las etapas procesales.

Por lo demás, es sabido que el ámbito de aplicación de la acción constitucional en comento no alcanza al numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sino cuando se efectúan juzgamientos por comisiones especiales, lo que no es parte de argumento alguno del libelo y, por lo demás, como hemos avanzado, no se estima concurrente.

OCTAVO: Por tales motivos, el presente libelo no podrá prosperar. Y, en cuando al pronunciamiento sobre las costas, al haber sido totalmente vencido, sumado a la naturaleza del procedimiento y de los hechos juzgados, esta Corte estima procedente condenar al actor a su pago.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en favor de nombre reservado y en contra del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA “PUERTO CORDILLERA”.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el Ministro titular señor Felipe Pulgar Bravo.

Rol N°1607-2024 Protección.-