Protección contra Policía de Investigaciones de Chile
- Fecha
- 27 de octubre de 2025
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1606-2025, sentencia de 27 de octubre de 2025
Resumen
Se rechaza la protección contra la Policía de Investigaciones: la investigación ya se inició, aunque tardíamente, y las medidas de resguardo ya se adoptaron, materia entregada a la vía administrativa.
Texto íntegro
nombre reservado
P.D.I.
Recurso de Protección Rol N°1606-2025 La Serena, veintisiete de octubre de dos mil veinticinco.
VISTO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, comparece Raúl Andulce Pizarro, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, Subcomisario grado 9°, y en contra de Policía de Investigaciones de Chile, por la falta de instrucción de un procedimiento administrativo para conocer de denuncias realizadas por la actora al alero de la Ley N° 21.643, conocida como “Ley Karin”. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2, 4, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Expone que la actora realizó dos denuncias por acoso laboral el pasado 28 de agosto a través del formulario único dispuesto para esos efectos, sindicando como responsables de los actos de acoso a la Comisario Jefe de la OFAN Elqui, doña nombre reservado; al Subcomisario nombre reservado, de la misma unidad; y al Contralor Regional de Coquimbo Subprefecto nombre reservado. Tras exponer los pormenores de las denuncias expresa que encontrándose vencido el plazo previsto en la Ley N°21.643 no se ha iniciado procedimiento administrativo alguno, ni se han adoptado medidas de resguardo en favor de la actora. Afirma que, además, se habría manifestado verbalmente a la recurrente que su denuncia habría sido desestimada, no obstante, al pedir aquella se le notificase formalmente la resolución del procedimiento, no se le entregó documento alguno y se dejó constancia en su hoja de vida anual que ella se habría negado a firmar el acta de notificación, lo que, en su concepto, constituiría un nuevo acto de hostigamiento en su contra.
Sostiene que los hechos descritos vulneran el derecho de la actora a la igualdad ante la ley puesto que al no aplicarse el protocolo de prevención de acoso laboral y dar inicio a una investigación se le estaría dejando en una situación desfavorable respecto de otros funcionarios que, realizando denuncias, han podido obtener un pronunciamiento a su respecto. Afirma que, además, se ha afectado el derecho al honor de la recurrente pues se han vertido acusaciones en su contra que menoscaban su buen nombre. Alega que, asimismo, se ha conculcado su derecho a la libertad de trabajo al no brindar la protección que la ley dispone frente a actos que afectan su desarrollo laboral. Finalmente, aduce que se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente puesto que se le impide el correcto desempeño de su función pública, mermando su carrera funcionaria.
Previas citas de derecho solicita acoger el recurso intentado y, en definitiva, dar inicio al procedimiento de investigación de sus denuncias, adoptando las medidas resguardo que mandata la ley.
SEGUNDO: Que, ante la inactividad de la recurrida, mediante resolución de veinte de octubre de dos mil veinticinco se prescindió de su informe y se trajeron los autos en relación.
Sin perjuicio de lo anterior, a través de escrito que consta a folio 12, al recurrida Policía de Investigaciones de Chile señala que es efectivo que la actora presentó el 28 de agosto de 2025 dos denuncias por acoso laboral en contra de las personas individualizadas en su recurso. No obstante, señala que, tratándose de la primera denuncia, la Plana Mayor de la Jefatura Nacional de Análisis Criminal sí instruyó sumario administrativo, a través de la Orden N°NUM000 de 13 de septiembre de 2025; y que, respecto de la segunda denuncia, aquella fue desestimada mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 04 de septiembre de 2025, por considerar la Jefatura Nacional de Control Operativo que “los hechos relatados no se enmarcan en las conductas de acoso laboral o sexual tipificadas en el Código del Trabajo aplicables a la Policía de Investigaciones de Chile en virtud de las letras l) y m) del artículo 84 del Estatuto Administrativo. Por el contrario, la situación se vincula con un presunto incumplimiento de deberes funcionarios, específicamente la negativa de la denunciante a entregar su arma de cargo previa solicitud de su superior directo en la instancia respectiva, lo que requirió la intervención de la Inspectoría Regional Coquimbo para apoyar dicha diligencia, en conformidad a las funciones propias determinadas en la reglamentación vigente. 6.- Que, en el acta de retiro temporal del arma de servicio de la denunciante consta como registro de dicha actuación, en calidad de receptor el Comisario nombre reservado, de la OFAN Elqui”. Puntualiza que de esta última resolución se intentó notificar a la recurrente quien se negó a firmar, por lo que se dejó constancia de aquella situación y dispuso notificarla por cédula a su domicilio. Finalmente, aduce que no ha existido un acto ilegal o arbitrario de parte de esa institución que pueda haber vulnerado alguna garantía constitucional de la recurrente.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.
Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.
Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.
CUARTO: Que, a través del presente recurso de protección se cuestiona la falta de instrucción de un procedimiento investigativo a propósito de la realización de dos denuncias de acoso laboral formuladas por la recurrente, así como la falta de adopción de medidas de resguardo en favor de la denunciante. Al respecto, cabe consignar que en el petitorio del recurso se solicita textualmente que se ordene a la recurrida “dar inicio al procedimiento de investigación por acoso laboral conforme a las denuncias formuladas y adoptar las medidas de prevención que la ley establece”.
QUINTO: Que, no existe controversia entre las partes en cuanto a que la actora formuló dos denuncias el pasado 28 de agosto por presuntos actos constitutivos de acoso laboral, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°21.643, en contra de la Comisario nombre reservado; del Subcomisario nombre reservado; y del Contralor Regional de Coquimbo Subprefecto nombre reservado.
Asimismo, las partes -según expresaron en sus alegatos orales- se encuentran contestes en que mediante Orden N°NUM000 de 13 de septiembre de 2025 se instruyó un procedimiento para determinar la eventual responsabilidad de los denunciados nombre reservado y nombre reservado, mientras que la denuncia planteada respecto de nombre reservado fue derechamente desechada a través de Resolución Exenta N°NUM001 de 04 de septiembre de 2025.
SEXTO: Que, en lo tocante a la falta de iniciación de procedimientos investigativos, según se ha tenido por establecido en el motivo que antecede y aún cuando se advierte que al menos tratándose de la primera denuncia el proceso administrativo se habría iniciado vencidos los plazos a que hace referencia el artículo 211-C del Código del Trabajo, lo cierto es que al haberse iniciado ya la investigación requerida a través del recurso, éste ha perdido oportunidad en este extremo, lo que conduce a su rechazo al carecer esta Corte de facultades para pronunciarse a ese respecto.
Sin perjuicio de lo anterior, aparece necesario relevar que, en lo sucesivo, la institución deberá dar estricto cumplimiento a la normativa contenida en la Ley N°21.643, incoando oportunamente los procedimientos investigativos correspondientes, a fin de evitar eventuales afectaciones a derechos de sus funcionarios.
SÉPTIMO: Que, ahora bien, en lo relativo a la falta de adopción de medidas de resguardo en favor de la denunciante en la que ésta también sustenta su recurso, cabe manifestar que esta omisión fue desvirtuada por la contraria en su alegato oral al informar que ya se han implementado las medidas de protección requeridas por la denunciante.
En este punto, y a requerimiento de esta Corte, el abogado de la recurrente expresó que las medidas en cuestión fueron discutidas por la vía de los recursos administrativos contemplados en la legislación. De este modo, este segundo extremo del recurso no puede ser abordado por esta Corte a través de esta acción cautelar de urgencia por encontrarse el asunto sometido al imperio del derecho administrativo, debiendo este tribunal inhibirse de emitir un pronunciamiento en torno a la pertinencia y mérito de las medidas decretadas, al existir recursos administrativos pendientes a su respecto, descartándose con ello las hipótesis que ameritarían la intervención jurisdiccional a través de esta vía.
Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA sin costas el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Policía de Investigaciones de Chile.
Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.
Rol N°1606-2025 (Protección).-