nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°1604-2024.- La Serena, doce de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el tres de octubre de dos mil veinticuatro comparece GONZALO CORTÉS MORENO, abogado, en nombre de nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Expone que su representada, conforme a la evaluación practicada por el médico Dr. nombre reservado, se encuentra cursando episodio depresivo grave, compatible con depresión postparto con evolución estacionaria. En mérito de ello, se señala como imprescindible garantizar psicoterapia y manejo psiquiátrico para favorecer la recuperación de la funcionalidad laboral de la paciente.

Añade que a partir de las conclusiones expuestas por el facultativo antes mencionado, la paciente acude ante un especialista, el Dr. nombre reservado, médico psiquiatra de adultos, quien constata que aquélla presenta un cuadro aproximado de 1 año de evolución, que inició en forma concomitante con embarazo, caracterizado por ánimo depresivo, astenia, anhedonia, labilidad emocional, desesperanza vital, deterioro de funcionalidad social y laboral, en el propio contexto de escasa red de apoyo familiar, lo que posterior al parto se asocia a embotamiento afectivo, escaso interés respecto de la lactante, con evitación de situaciones que favorecen vínculo de apego, sentimientos de culpa respecto a su rol de madre, baja de autoestima, insomnio de conciliación y pesadillas recurrentes. Destaca que la sospecha de depresión postparto fue establecida por escala de Edimburgo, 3 meses posterior al nacimiento de su última hija. Por dicho motivo, el 3 de abril de 2023 se prescribió sertralina 50 mg al día, psicoterapia y evaluación por especialista, además de licencia médica por 30 días.

De lo expuesto, se colige que la recurrente se encuentra en una compleja situación de salud mental con recurrentes episodios que, hasta hoy, le dificultan la realización de muchas actividades cotidianas, cuadro que, además, le impide reintegrarse normalmente a sus funciones. Ello, pues, a pesar de la tímida evolución que la paciente ha exhibido gracias al tratamiento administrado y al apoyo profesional, dicha mejoría es leve, reciente y ha sido fruto de un largo proceso.

Añade que producto del cuadro antes descrito, se le prescribió a la actora reposo médico, donde se pone énfasis en las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, por un total de 105 días a contar del 8 octubre 2023.

Puntualiza que dichas licencias médicas fueron rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de Coquimbo, razón por la que la afectada recurrió ante la Superintendencia de Seguridad Social, acompañando todos los antecedentes justificativos de su reposo. Mediante la Resolución Exenta N°R-01-UME-121454-2024 de 31 de julio de 2024, emitida por dicha entidad, se confirma rechazo por no encontrarse justificado el reposo.

Destaca que según lo indicado en la propia resolución antes mencionada, en contra de la misma era procedente interponer, con nuevos antecedentes, un recurso de reposición ante la propia Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la misma, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 25 de la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos, por lo que se procede a presentar un recurso de reposición, acompañando antecedentes médicos adicionales (informe de dos médicos tratantes, un médico psiquiatra, un médico general con consulta de pacientes siquiátricos y uno informe de psicóloga), que dan cuenta del feble estado de salud de la paciente.

En respuesta a dicha reposición, la Superintendencia recurrida confirma el rechazo a las licencias ya mencionadas, mediante la Resolución Exenta N°R-01-IBS-143607-2024 de 09 de septiembre de 2024.

Sostiene que esta situación redunda en una manifiesta inequidad para la recurrente, pues, por un lado, sus médicos tratantes le prescriben reposo para su completa mejoría, instrucción que la trabajadora debe seguir y que, al no ser facultativa de la salud, no tiene cómo cuestionar y, por otro, la Superintendencia recurrida concluye ex post que debió haber concurrido normalmente a trabajar, privándola por un largo período de su fuente de ingresos, lo que la mantendría, además, en una precaria situación socioeconómica. Esta manifiesta injusticia es, también, la razón principal que ha movido a este letrado a asumir, de manera completamente gratuita, la defensa de este caso, cuya legalidad resulta, a lo menos, dudosa.

Precisa que el acto impugnado es la Resolución Exenta N°R-01-IBS-143607-2024, de 09 de septiembre de 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, notificada a su parte vía correo electrónico.

Dicha resolución, sin valorar pormenorizadamente los antecedentes hechos valer por la recurrente, descarta sin más la tesis relativa a que el reposo sería justificado y confirma el criterio de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de Coquimbo, sin instar por ninguna medida, de aquellas que prevé la legislación, tendiente a que ésta recabe efectivamente los antecedentes que posibiliten adoptar una decisión fundada frente a los requerimientos de la afectada.

Aduce que cuando un órgano administrativo como la Superintendencia de Seguridad Social rechaza una licencia médica basándose en la causal de "reposo injustificado", sin proporcionar una fundamentación detallada y razonada, incurre en una deficiencia grave en sus deberes administrativos. Esta falta de fundamentación adecuada no solo vulnera leyes administrativas específicas, las N° 19.880 y N° 18.575, sino que también contraviene principios constitucionales establecidos en los artículos 6°, 7° y 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República. La legislación exige que todos los actos administrativos que afectan los derechos de los individuos estén debidamente justificados y sean el resultado de un proceso y una investigación racionales y justos. Al no cumplir con estos estándares mínimos, las resoluciones emitidas por los órganos administrativos, en este caso, devienen ilegítimas.

Agrega que el panorama antes descrito afecta gravemente la garantía constitucional protegida por el artículo 19 Nº2 de la Constitución. Lo anterior, por cuanto la recurrida es puesta en una situación bastante desmejorada y de evidente desigualdad en relación con otras personas aquejadas por enfermedades a quienes sí se les ha permitido hacer uso de licencias médicas o a quienes, en su caso, rechazadas por la COMPIN estas últimas, han podido obtener la enmienda de dicha resolución por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, a través de los mecanismos arriba mencionados. Ello, además, repercute, en que no haya podido optar al subsidio correspondiente, lo que mantiene su situación patrimonial en un estado prácticamente insostenible.

Por estas consideraciones solicita se disponga que la Superintendencia de Seguridad Social proceda a reevaluar la situación de la actora y cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas que son materia del presente recurso.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Informe médico, emitido por el Dr. nombre reservado, de 2 de agosto de 2024; 2) Informe médico, emitido por el Dr. nombre reservado, de 1 de agosto 2024; 3) Informe psicóloga de atención, nombre reservado, de 2 de agosto 2024; 4) Notificación Dictamen R-96650-2024; 5) Notificación Documento R-135257-2024; 6) Dictamen R-96650-2024; 7) Dictamen R-135257-2024.

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de la alegación anterior, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Expone que conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-96650-2024, la interesada recurrió a su representada el 11 de junio de 2024, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 105 días a contar del 08 de octubre de 2023, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-121454-2024, de 31 de julio de 2024, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que el tiempo de reposo ya autorizado se considera suficiente para el inicio del plan de tratamiento farmacológico, realizar ajustes al mismo y lograr respuesta clínica, así como para realizar un tratamiento psicológico enfocado en el enfrentamiento o aceptación, a fin de permitir el reintegro laboral”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Por otro lado, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-135257-2024, la interesada recurrió a su representada el 5 de agosto de 2024, solicitando la reconsideración del dictamen N° R-01-UME-121454-2024, de 31 de julio de 2024, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 105 días a contar del 08 de octubre de 2023, por reposo no justificado.

Dado lo expuesto, por medio de la Resolución Exenta Nº R-01-IBS-143607-2024, de 9 de septiembre de 2024, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 180 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos evaluados en la presente reclamación.

Que, los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral”.

Concluye la referida Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Indica que el 30 de julio de 2024, el profesional de su representada, Dr. nombre reservado, informó lo siguiente en relación con la situación de la Sra. nombre reservado:

“Fundamentos de la resolución: el tiempo de reposo ya autorizado se considera suficiente para el inicio del plan de tratamiento farmacológico, realizar ajustes al mismo y lograr respuesta clínica, así como para realizar un tratamiento psicológico enfocado en el enfrentamiento o aceptación, a fin de permitir el reintegro laboral”.

Por otra parte, el 4 de septiembre de 2024, la profesional de su representada, Dra. nombre reservado, informó lo siguiente en relación con la situación de la Sra. nombre reservado:

“Fundamentos de la resolución: No acoge Reposo indicado impresiona excesivo, sin clara finalidad terapéutica. Sin derivación a dispositivos de mayor complejidad. Que, los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral”.

Destaca que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías y patologías. En lo referente a “patologías mentales guías referenciales de reposo laboral”, contempla “reposo Laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días”, referido a “cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal”, debe ser otorgada por médico psiquiatra. En tal sentido, hace presente que la Sra. nombre reservado registra 180 días autorizados por patología psiquiátrica.

Por lo indicado, hace presente que el médico tratante del recurrente, Dr. nombre reservado, no se encuentra registrado con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, con el Nº470911, figura como médico cirujano.

De esta forma, de los antecedentes médicos y administrativos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Por último, hacer presente que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes la acción, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de doña nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción esgrimida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se dirige en contra de la Resolución Exenta N°R-01-IBS-143607-2024, de 9 de septiembre de 2024, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechazó el recurso de reconsideración deducido por la actora en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UME-121454-2024, de 31 de julio de 2024, a través de la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 105 días de reposo, a contar del 08 de octubre de 2023, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea; “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el reposo ya autorizado de 180 días se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y el reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos evaluados en la presente reclamación.

Que, los informes médicos adjuntos, no describen la sintomatología presentada durante el período de reposo reclamado ni la presencia de síntomas de gravedad que ameriten mayor reposo médico. No se detalla la evolución del cuadro clínico, ni se especifica la realización de ajustes farmacológicos en función de dicha evolución, con fechas y resultados, así como tampoco se menciona un plan de manejo orientado al reintegro laboral”.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar la viabilidad de su reposo.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectado por una patología mental, de buscar uno y otro profesional del área que sea de su confianza y por el que, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de estas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren lo derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando a la paciente en una situación compleja, en que debe ser ésta quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos la información consignada en la cartola médica de la paciente y los informes evacuados por profesionales de la Superintendencia, toda vez que los mismos, de acuerdo a su propio tenor, solo se basan en un análisis de la documentación medica acompañada por la actora en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente a la afectada.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta la vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que la trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por GONZALO CORTÉS MORENO, en nombre de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 105 días a contar del 08 de octubre de 2023, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de sesenta (60) días corridos, bajo apercibimiento de disponerse derechamente el pago de las referidas licencias médicas, en el evento de no darse cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo previamente indicado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1604-2024 (Protección).