nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°1603-2024.

La Serena, trece de noviembre dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado y nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-IBS-143674-2024, de 9 de septiembre de 2024, que, en lo que interesa al recurso, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, acto que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente, de 50 años, durante el año 2021 comenzó a experimentar varias molestias en lo que respecta a su salud mental y física, dado que, luego de la pandemia, al retornar a sus funciones laborales, se vio expuesta a una sobrecarga de trabajo debido a la gran afluencia de clientes. En ese contexto, relata que mientras se encontraba trabajando, sufrió un dolor e impotencia funcional súbita en su brazo izquierdo, situación que se gatilló por un colapso nervioso derivado del alto estrés laboral al que estaba expuesta.

Refiere que, por tales aflicciones, tuvo que realizarse una serie de exámenes, diagnosticándosele sinovitis y tenosinovitis bilateral, lo que significó iniciar una terapia kinésica en agosto de 2022.

Añade que comenzó a experimentar molestias en su salud mental, padeciendo adinamia, labilidad emocional, insomnio, angustia, además de sus persistentes y molestos dolores musculares y que también fue diagnosticada con artrosis de articulación temporomandibular, tendinosis en ambos hombros, epicondilitis, tendinosis de los tendones extensores comunes de los dedos de ambas manos, tendinosis del extensor corto y abductor largo de ambos pulgares y bursitistrocánter cadera izquierda, además de dolor global cérvico-facial secundario y trastorno de dolor miofacial severo en músculos oromandibulares y cervicales, presentando un cuadro degenerativo crónico en las articulaciones temporomandibulares compatible con una osteoartritis secundaria.

Destaca que, si bien sus primeras licencias médicas fueron autorizadas sin observaciones o reparos, durante el mes de enero de 2023 comenzaron a ser rechazadas, lo que complicó gravemente su estado de salud mental, dado que sólo percibía como ingresos el subsidio derivado del pago de aquéllas.

Afirma que todas y cada una de las licencias médicas reclamadas han sido otorgadas por profesionales del Centro de Salud Familiar El Sauce, únicos a los que puede tener acceso la recurrente.

A continuación, explica que por la presente acción reprocha el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado. En efecto, las resoluciones que se pronuncian respecto del rechazo no dan cuenta de ninguna explicación, limitándose a indicar “por reposo no justificado”.

Expresa que contra los rechazos de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, presentó recurso de apelación ante la recurrida, la que por dictamen N°R-01-IBS-63345-2024, de 19 de abril de 2024, confirmó los rechazos dispuestos por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, decisión respecto de la que interpuso recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución Exenta N°R-01-IBS-143674-2024, de 9 de septiembre de este año, confirmó lo resuelto en orden a mantener el rechazo de las licencias médicas.

Por su parte, indica que contra el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, también presentó apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por la misma resolución antes citada, confirmó el rechazo de las licencias médicas efectuado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Acota que la recurrida consigna en su resolución que “Esta conclusión se basa en que, respecto de las licencias médicas reclamadas de origen salud mental, analizados los antecedentes adjuntos, se presenta un informe médico que no justifica adecuadamente la extensión del reposo más allá de lo previamente autorizado, que corresponde a 270 días por diagnóstico. Sumado a lo anterior, no se adjunta a esta reclamación antecedentes que demuestren adecuadamente la realización de terapia psicológica durante el reposo reclamado, ni se presenta un informe de especialista psiquiatra. En cuanto a las licencias médicas de origen osteomuscular, esta conclusión se basa en que, analizados los antecedentes adjuntos, no se presenta un informe médico que describa adecuadamente las limitaciones y sintomatología que provoca la patología aludida. No acredita evaluación por traumatólogo ni medidas terapéuticas pendientes”.

Sobre el particular, explica que el diagnóstico de la enfermedad que afecta a la recurrente se encuentra suficientemente fundamentado y acreditado con los distintos informes médicos acompañados. Es más, se logra evidenciar el carácter de permanencia en el tiempo de los tratamientos y medicamentos que la actora debe mantener en razón de la complicada situación de salud mental y física a la que se ve enfrentada, logrando únicamente con aquellos desarrollar su vida en calma y tranquilidad.

Indica que el actuar de la recurrida no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación que deben observar los actos administrativos. Así, estima que resulta lógico que para proceder al rechazo de una licencia médica, el órgano fiscalizador deba efectuar una revisión completa de los antecedentes médicos del paciente, partiendo de la base que la licencia médica cuestionada ha sido otorgada por médicos especialistas, previa atención y evaluación del profesional.

Expone que la recurrida ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de la actora, poniendo en duda los diagnósticos fehacientemente establecidos por profesionales de la salud, basando su conclusión en la extensión del reposo, como si ello fuera una causal suficiente para rechazar licencias médicas.

Refiere que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante, siendo improcedente esgrimir como argumentos de rechazo la falta o insuficiencia de antecedentes aportados por aquél.

Argumenta que la conducta del órgano recurrido constituye una conculcación al derecho a la vida e integridad física, pues la priva de ejercer el derecho a gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud; y al de propiedad, toda vez que le impide obtener el subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deben autorizar, disponiendo su pago. En subsidio, se disponga que la recurrida deberá, dentro de treinta días hábiles administrativos contados desde la fecha de la sentencia, realizar todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas; dictar el correspondiente acto administrativo terminal que autorice o no el pago del subsidio asociado a las licencias médicas reclamadas; en su caso, pagar el monto del subsidio que corresponda; informar el cumplimento de todas y cada una de las acciones impuestas en la sentencia; haciéndose presente que, en caso de no cumplir con cualquiera de las obligaciones impuestas, deberá proceder a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano, sin más trámite, sin necesidad de nuevo apercibimiento judicial o solicitud de informe.

Acompaña a su recurso: 1. Resolución Exenta NºR-01-IBS-143674, de 9 de septiembre de 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social; 2. Informe radiografía oral y maxilofacial, de 15 de septiembre de 2021, emitido por la Dra. nombre reservado; 3. Certificado de atención psicológica, de 10 de mayo de 2023, emitido por la psicóloga nombre reservado; 4. Certificado médico, de 2 de octubre de 2023, emitido por la Dra. nombre reservado; 5. Informe terapeuta ocupacional, de 18 de octubre de 2023, emitido por nombre reservado; 6. Informe kinésico, de 1 de diciembre de 2023, emitido por el kinesiólogo nombre reservado; 7. Informe terapeuta ocupacional, de 1 de diciembre de 2023, emitido por nombre reservado; 8. Informe médico, de 4 de diciembre de 2023, emitido por la Dra. nombre reservado; 9. Certificado de atención psicológica, de 5 de diciembre de 2023, emitido por la psicóloga nombre reservado; 10. Informe médico, de 3 de abril de 2024, emitido por el Dr. nombre reservado; 11. Certificado médico, de 23 de abril de 2024, emitido por la Dra. nombre reservado; 12. Informe médico, de 20 de mayo de 2024, emitido por la Dra. nombre reservado; y 13. Solicitud derivación a Hospital San Pablo de Coquimbo para atención con especialista en traumatología.

SEGUNDO: Que a folio 6, evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, exponiendo el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal.

Luego, señala que la recurrente reclamó ante la Superintendencia por primera vez, mediante presentación de 3 de abril de 2023, apelando en contra de la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, que rechazó las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, a contar del 21 de enero de 2023, por reposo no justificado.

Refiere que previo estudio de los antecedentes y con su mérito, concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, la que se basó en que los informes emitidos por el tratante, no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran la extensión del reposo, así como tampoco especifican la posología del tratamiento farmacológico indicado, a lo que se suma que la reclamante no acreditó haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo, todo lo que consta en la Resolución Exenta N°R-01-UME-86175-2023, de 28 de junio de 2023.

Agrega que posteriormente, el 31 de diciembre de 2023, la actora solicitó reconsideración de la citada Resolución Exenta N°R01-UME-86175-2023 y junto a lo anterior, reclamó por el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 195 días, bajo la misma causal de rechazo, presentación que fue resuelta mediante Resolución Exenta N°R-01-IBS-63345-2024, de 19 de abril de 2024, acto en el que se concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, ello en atención a que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del extenso período de reposo ya autorizado, que alcanza 270 días por salud mental, tiempo que se estimó suficiente para la recuperación de la sintomatología descrita en los informes de los profesionales tratantes.

Señala que, sin perjuicio de haber resuelto su solicitud de reconsideración, la recurrente, por tercera vez, el 27 de junio de 2024, solicitó la reconsideración de la referida Resolución Exenta N°R-01-IBS-63345-2024 y junto a ello, reclamó por el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 249 días, bajo la misma causal de rechazo, petición que se resolvió a través de la Resolución Exenta N°R-01-IBS-143674-2024, de 09 de septiembre de 2024, cumpliendo el servicio con manifestar que el reposo médico no se encontraba justificado, debido a que, analizados los antecedentes adjuntos, se presenta un informe médico que no justifica adecuadamente la extensión del reposo más allá de lo previamente autorizado, que corresponde a 270 días por diagnóstico. Sumado a lo anterior, no se adjuntaron antecedentes que demuestren adecuadamente la realización de terapia psicológica durante el reposo reclamado, ni se presentó un informe de especialista psiquiatra. Acota que, en cuanto a las licencias reclamadas de origen osteomuscular, el rechazo se basa en que no se allegó un informe médico que describa adecuadamente las limitaciones y sintomatología que provoca la patología aludida, no se acreditó evaluación por traumatólogo ni medidas terapéuticas pendientes, por lo que no es posible acreditar de manera fehaciente que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas sea de origen terapéutico. Por último, manifiesta, respecto a las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, que no emitió pronunciamiento, dado que, examinado el sistema de licencias médicas del Fondo Nacional de Salud, no consta la realización de los respectivos recursos de reposición ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez competente, en relación a dichas licencias médicas apeladas.

Manifiesta que los profesionales médicos de su dependencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas, más allá del periodo de reposo ya autorizado. En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificado.

Señala que se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Niega, finalmente, que la recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales, motivos por los que solicita el rechazo del recurso intentado, con costas.

Acompaña a su informe expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en lo que respecta la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física y el de propiedad, de las que tratan los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra Resolución Exenta N°R-01-IBS-143674-2024, de 9 de septiembre de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, por reposo no justificado.

Por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto por la recurrida en su resolución, aquella señala que “Esta conclusión se basa en que, respecto de las licencias médicas reclamadas de origen salud mental, analizados los antecedentes adjuntos, se presenta un informe médico que no justifica adecuadamente la extensión del reposo más allá de lo previamente autorizado, que corresponde a 270 días por diagnóstico. Sumado a lo anterior, no se adjunta a esta reclamación antecedentes que demuestren adecuadamente la realización de terapia psicológica durante el reposo reclamado, ni se presenta un informe de especialista psiquiatra. En cuanto a las licencias médicas de origen osteomuscular, esta conclusión se basa en que, analizados los antecedentes adjuntos, no se presenta un informe médico que describa adecuadamente las limitaciones y sintomatología que provoca la patología aludida. No acredita evaluación por traumatólogo ni medidas terapéuticas pendientes”.

SÉPTIMO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

OCTAVO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

NOVENO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándola, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

UNDÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; y la segunda, porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta su patrimonio, desde que la trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

DUODÉCIMO: Que, asimismo, es un dato imposible de soslayar que, en diversos recursos de protección conocidos por esta Corte, aunque acogidos, se ha ordenado a la recurrida la práctica de nuevas pericias y, conforme a ellas, definir si procede o no el pago de las licencias respectivas. Sin embargo, a pesar de tratarse de una imposición dictada en sentencia judicial, la recurrida no ha dado estricto y oportuno cumplimiento a dicha instrucción, lo que mantiene la condición desfavorable de la trabajadora al no ser objeto de dichos nuevos exámenes y tampoco haber percibido el pago de las mismas.

Es por ello que, al resolver, esta Corte lo hará con sentido de realidad, en tanto se estima necesario decretar la realización de dichas pericias y, en caso de incumplir la orden judicial en el plazo fijado, deberá proceder al pago de las licencias objeto del recurso, pues las dificultades que pueda presentar el organismo para la gestión de aquellas –ya sea administrativas, de recursos o de disponibilidad de profesionales- es una insuficiencia que corresponde asumir al órgano público y jamás debe ser ello un asunto de cargo del paciente.

Por estas consideraciones y, de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA, la alegación de improcedencia de la acción de protección.

II.- Que, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiéndose que la recurrida deberá ordenar realizar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, respecto de la recurrente y por especialistas, conforme a la licencia médica de que se trate, todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas N°RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados, proceda o no al pago de aquellas, según corresponda, y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, determinándose, desde ya, que de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, deberá proceder a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámite.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1603-2024 Protección.