Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 1600-2026.- La Serena, siete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado y nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de don nombre reservado, ingeniero mecánico de 58 años de edad, e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por estimar ilegal y arbitraria la Resolución Exenta N° NUM000, de 8 de agosto de 2026, que rechazó la reconsideración deducida por el actor y mantuvo el rechazo de la licencia médica N°NUM001, extendida por sesenta días, entre el 26 de enero y el 26 de marzo de 2026.

Expone que el recurrente se desempeñó por aproximadamente veinticuatro años como jefe técnico para la empresa YPF, en labores de asistencia técnica y trabajo de terreno en faenas mineras, que implicaban desplazamientos por superficies irregulares y pendientes, inspección y manipulación de maquinaria pesada, marchas prolongadas y uso de escaleras y estructuras metálicas.

Señala que en 2022 fue diagnosticado con coxartrosis bilateral, siendo sometido a artroplastía total de cadera derecha y, posteriormente, en abril de 2025, a artroplastía total de cadera izquierda, manteniéndose en rehabilitación, tratamiento kinesiológico y manejo farmacológico. Refiere que el 19 de junio de 2024 inició un primer trámite de pensión de invalidez, en el cual la Comisión Médica Regional de La Serena determinó un menoscabo de capacidad de trabajo de 25%, dictamen que quedó ejecutoriado el 19 de octubre de 2024; y que, posteriormente, el 5 de enero de 2026, inició un segundo trámite de invalidez, en cuyo marco la misma Comisión Médica Regional, mediante dictamen de 11 de junio de 2026, estableció un menoscabo de 71% y acordó invalidez definitiva total, decisión que fue apelada por la compañía de seguros y que, por ello, no se encontraba firme al tiempo de interponerse esta acción.

Indica que la licencia médica controvertida fue inicialmente rechazada por la COMPIN por reposo no justificado; que reclamó ante SUSESO, la cual mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 9 de junio de 2026, confirmó el rechazo; y que, deducida reconsideración el 16 de junio siguiente, la recurrida dictó la resolución de 8 de agosto de 2026 ahora impugnada. Explica que SUSESO sostuvo que no era posible acreditar una incapacidad laboral temporal durante el período de reposo, atendido que la patología había sido declarada irrecuperable, que el primer trámite de invalidez había concluido con un menoscabo de 25% y que el actor acumulaba más de setecientos días de reposo previamente autorizados, por lo que no se justificaba su prolongación. Alega, en primer término, que tal decisión infringe las propias instrucciones de la Superintendencia, específicamente el Boletín Normativo N°4 de 2019 y la Circular N°3433, conforme a los cuales deben autorizarse licencias médicas de trabajadores que se encuentran en trámite de invalidez cuando sus patologías están bajo observación y tratamiento -BOT-, situación que, afirma, fue expresamente consignada en el acta del primer trámite de invalidez. Añade que el informe de su médico traumatólogo da cuenta de un esquema terapéutico activo, con manejo farmacológico, kinesioterapia y rehabilitación funcional, indicando que el reposo resulta necesario para evitar agravamiento, deterioro prevenible y preservar la capacidad funcional residual.

En segundo lugar, invoca el Compendio de Normas sobre Licencias Médicas, Subsidios por Incapacidad Laboral y Seguro SANNA, sosteniendo que, mientras el dictamen de invalidez no se encuentre firme y ejecutoriado, las licencias médicas deben autorizarse hasta el último día de la licencia vigente a la fecha en que quede ejecutoriado el respectivo dictamen; por ello, estima que el segundo trámite de invalidez, actualmente apelado, impedía rechazar la licencia objeto de autos.

Sostiene, además, que la resolución es arbitraria porque menciona como antecedente decisivo el primer trámite de invalidez, de 25%, sin ponderar adecuadamente el segundo dictamen, de 71%, y porque las licencias médicas inmediatamente posteriores, correspondientes a los períodos 27 de marzo a 25 de mayo, 26 de mayo a 24 de julio y 25 de julio a 22 de septiembre de 2026, fueron autorizadas, pese a referirse -según afirma- a la misma patología y a una continuidad terapéutica.

Agrega que el acto administrativo carecería de motivación suficiente, en contravención a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880. Denuncia vulneración de las garantías consagradas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y derecho de propiedad, indicando que el rechazo del reposo ha producido consecuencias económicas y emocionales y que, además, impediría liberar el pago de licencias posteriores.

Solicita, en definitiva, dejar sin efecto la resolución recurrida, disponer la autorización de la licencia médica N°NUM001 y ordenar el pago de las prestaciones correspondientes.

SEGUNDO: Que informa la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando, en primer término, que la acción sea rechazada por extemporánea; subsidiariamente, que sea declarada improcedente por versar sobre materias de seguridad social; y, en subsidio de ambas alegaciones, que sea desestimada en cuanto al fondo.

Respecto de la extemporaneidad, expone que el recurrente reclamó ante SUSESO el 14 de mayo de 2026 del rechazo de la licencia médica N°NUM001 dispuesto por la COMPIN, de modo que a esa fecha tenía conocimiento cierto del acto que considera lesivo.

Añade que por Resolución Exenta N° NUM002, de 9 de junio de 2026, la Superintendencia confirmó administrativamente el rechazo, y que el actor sólo interpuso la presente acción constitucional el 4 de septiembre de 2026. Sostiene que la solicitud de reconsideración de 16 de junio no puede utilizarse para renovar o hacer renacer el plazo fatal de treinta días previsto para la acción de protección, pues ello permitiría al administrado determinar unilateralmente el inicio del plazo mediante sucesivas peticiones administrativas.

Afirma, en consecuencia, que el acto agraviante era conocido con varios meses de anticipación. En subsidio, plantea la improcedencia de la protección, señalando que la autorización de licencias médicas y el eventual subsidio por incapacidad laboral forman parte del derecho a la seguridad social del artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, garantía que no se encuentra incluida en el catálogo del artículo 20.

Aduce que la protección es un mecanismo cautelar excepcional y no puede transformarse en una nueva instancia de revisión de una controversia médico-previsional, menos cuando la autorización de una licencia depende de una evaluación técnica y no constituye por sí sola un derecho indubitado. En cuanto al fondo, explica que el sistema distingue entre incapacidades laborales transitorias, cubiertas mediante licencias médicas, y permanentes, que deben canalizarse a través de pensiones de invalidez. Señala que en el caso del recurrente los antecedentes médicos demuestran una evolución crónica e irrecuperable de sus patologías y una incapacidad que no sería modificable con reposo, de modo que no concurre la finalidad propia de la licencia médica, cual es permitir una recuperación real y la reincorporación al trabajo.

Reitera que el primer trámite de invalidez quedó ejecutoriado en octubre de 2024 con un menoscabo de 25%, reconociéndose lesiones crónicas e irreversibles, y que el actor ya acumulaba aproximadamente setecientos veinte días de reposo autorizado por patologías lumbares y de caderas. Añade que, aunque el recurrente acreditó haber iniciado una nueva solicitud de invalidez el 5 de enero de 2026, ello no altera que la patología ya había sido calificada como irrecuperable desde el procedimiento anterior.

Señala que informes médicos internos de la Superintendencia concluyeron que el reposo reclamado no cumple una finalidad terapéutica susceptible de modificar la incapacidad y recomendaron mantener el rechazo.

Sostiene, asimismo, que la existencia de licencias posteriores autorizadas no obliga a adoptar idéntica decisión respecto de la licencia materia de autos, por tratarse de pronunciamientos referidos a períodos determinados y que pueden responder a antecedentes clínicos distintos.

Finalmente, controvierte la vulneración del derecho de propiedad, indicando que el subsidio por incapacidad laboral no ingresa al patrimonio del trabajador por la sola emisión de una licencia, sino únicamente una vez que ésta es autorizada y se cumplen los demás requisitos legales. Pide, por todo ello, el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de emergencia destinada a restablecer el imperio del derecho frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías expresamente comprendidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Su conocimiento no importa sustituir a la Administración en el ejercicio de potestades técnicas que el ordenamiento le entrega, pero sí permite examinar si el acto impugnado ha sido dictado dentro de competencia, con fundamento suficiente, observando la normativa aplicable y sin incurrir en decisiones carentes de razonabilidad.

CUARTO: Que, para resolver, debe precisarse que el acto directamente impugnado por el recurrente es la Resolución Exenta N° NUM000, de 8 de agosto de 2026, mediante la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechazó la reconsideración y mantuvo el rechazo de la licencia médica N°NUM001.

Tal resolución se fundó, en lo sustancial, en que no se acreditaba incapacidad laboral temporal durante el período comprendido entre el 26 de enero y el 26 de marzo de 2026, porque la patología había sido calificada como irrecuperable; que el primer trámite de invalidez ejecutoriado en octubre de 2024 fijó un menoscabo de 25%; que existían más de setecientos días de reposo previamente autorizados; y que, aun cuando se había iniciado un nuevo trámite de invalidez en enero de 2026, la naturaleza irrecuperable de la patología impedía justificar nuevas licencias por igual diagnóstico.

La misma resolución añade que la licencia médica presupone una incapacidad temporal y una posibilidad real y cierta de recuperación que permita la reincorporación laboral, condición que, a juicio del organismo técnico, no concurría en el caso del actor.

QUINTO: Que, asimismo, debe dejarse constancia que por resolución de 2 de octubre de 2026 esta Corte dispuso que las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia formuladas por la recurrida fueran resueltas en definitiva, teniendo por evacuado el informe y ordenando autos en relación.

SEXTO: Que la alegación de extemporaneidad será desestimada, desde que el presente recurso se dirige expresamente contra la Resolución Exenta N° NUM000, de 8 de agosto de 2026, que resolvió la reconsideración deducida por el actor y mantuvo el rechazo de la licencia médica N°NUM001. Habiéndose interpuesto la acción el 4 de septiembre de 2026, lo fue dentro del plazo de treinta días contado desde aquel acto administrativo, que constituye una decisión formal posterior, actualmente vigente y susceptible de producir efectos propios.

SÉPTIMO: Que tampoco corresponde acoger la alegación de improcedencia de la acción por tratarse de una materia de seguridad social. Si bien la licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral se insertan en dicho ámbito, el recurrente denuncia que un acto administrativo concreto habría sido dictado con infracción de la normativa que la propia Superintendencia debe observar y de manera carente de razonabilidad, atribuyéndole afectación de las garantías previstas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución, todas ellas susceptibles de tutela por esta vía.

OCTAVO: Que, entrando al fondo, la Resolución Exenta N° NUM000 mantuvo el rechazo de la licencia médica por estimar que la patología del recurrente era irrecuperable y que, por ello, no existía una incapacidad laboral de carácter temporal susceptible de mejorar con reposo. Sin embargo, de los antecedentes acompañados aparece que el actor se encontraba sometido a un segundo trámite de invalidez iniciado el 5 de enero de 2026, en cuyo marco la Comisión Médica Regional, por dictamen de 11 de junio de 2026, determinó un menoscabo de 71% y acordó invalidez definitiva total, decisión que fue apelada y no se encontraba firme ni ejecutoriada.

NOVENO: Que, asimismo, el propio recurrente invoca las instrucciones contenidas en la Circular N°3433 y en el Compendio de Normas sobre Licencias Médicas, Subsidios por Incapacidad Laboral y Seguro SANNA, conforme a las cuales la existencia de un trámite de invalidez pendiente y de una condición bajo observación y tratamiento -BOT- constituye un antecedente relevante para la autorización de licencias médicas mientras no exista un dictamen de invalidez firme. En el caso concreto, consta además que en el primer trámite de invalidez se consignó expresamente que la artropatía de caderas del actor se encontraba bajo BOT y que éste mantenía tratamiento activo, rehabilitación y manejo farmacológico.

DÉCIMO: Que, a lo anterior, se suma que las licencias médicas inmediatamente posteriores a la que es objeto de esta acción, correspondientes a los períodos 27 de marzo a 25 de mayo, 26 de mayo a 24 de julio y 25 de julio a 22 de septiembre de 2026, fueron autorizadas. Tal circunstancia, unida a la continuidad temporal de los reposos y a la persistencia de las mismas patologías, torna insuficiente la explicación entregada por la recurrida para justificar por qué únicamente el período comprendido entre el 26 de enero y el 26 de marzo de 2026 debía ser considerado carente de justificación médica.

UNDÉCIMO: Que el acto impugnado tampoco se hace cargo de manera suficiente del segundo dictamen de invalidez de 11 de junio de 2026 ni explica de qué forma ese antecedente, posterior al primer pronunciamiento de 9 de junio y previo a la resolución de reconsideración de 8 de agosto, resultaría irrelevante para determinar la procedencia del reposo. La sola referencia a que la patología ya había sido calificada como irrecuperable no basta para explicar, frente a la existencia de tratamiento activo, condición BOT, un segundo trámite de invalidez no ejecutoriado y licencias posteriores autorizadas, por qué el reposo controvertido carecía de toda finalidad terapéutica.

DUODÉCIMO: Que, en tales condiciones, la decisión recurrida resulta ilegal por apartarse de las reglas e instrucciones que disciplinan la tramitación de licencias médicas de trabajadores sometidos a procedimientos de calificación de invalidez y, además, arbitraria por carecer de una explicación suficiente y coherente respecto del período específico rechazado. Tal proceder vulnera la igualdad ante la ley, al someter al recurrente a un tratamiento diverso dentro de una continuidad médica que la propia autoridad no justifica adecuadamente, y afecta su derecho de propiedad respecto de las prestaciones económicas asociadas a una licencia que, conforme a los antecedentes del expediente, debió ser autorizada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en la Ley N°19.880, en el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° NUM000, de 8 de agosto de 2026, así como el rechazo que ésta mantuvo respecto de la licencia médica N°NUM001, debiendo la recurrida disponer su autorización por el período de sesenta días comprendido entre el 26 de enero y el 26 de marzo de 2026, y adoptar todas las medidas administrativas necesarias para que se materialice el pago del subsidio por incapacidad laboral que corresponda, dentro del plazo de diez días hábiles contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1600-2026 Protección.