INDUSTRIAL Y COMERCIAL P

nombre reservado

Servicios de Impuestos Internos Recurso de Protección Rol N°1599-2025.- La Serena, cinco de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el nueve de septiembre de dos mil veinticinco comparece nombre reservado PIZARRO MAZUELA, abogado, en favor de nombre reservado YULLIAN nombre reservado y de la SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL P&P SpA, interponiendo acción de protección en contra de Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional de Coquimbo.

Expone que la SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL P&P SpA. es una persona jurídica del giro actividad de apoyo a la agricultura, y en esa calidad, es contribuyente del impuesto al valor agregado, debiendo en consecuencia emitir la correspondiente documentación tributaria. Destaca que la representación de dicha sociedad, para efectos tributarios, corresponde a don nombre reservado.

Relata que el 6 de febrero del año 2025, se requirió al Servicio de Impuestos Internos (a través de su página de internet), solicitud de folios electrónicos y timbraje de documentos (en específico, de facturas electrónicas), para proceder con el giro de la empresa y cumplir con sus obligaciones civiles, laborales y tributarias en tiempo y forma, sin embargo, a la fecha de interposición de la presente acción ha sido imposible que el SII les habilite la facturación electrónica.

Puntualiza que desde el 6 de noviembre de 2024 a la fecha sea han realizado 12 requerimientos de “solicitud de folios electrónicos y timbraje de documentos” ante el ente administrativo de SII, sin mediar por parte de ellos resolución fundada del motivo por el cual se les bloquea el sistema de facturación, sistema que es habilitado a arbitrio de sus funcionarios fiscalizadores.

Sostiene que, en este breve periodo de tiempo, se han visto en la obligación de acompañar de manera constante e incesante contratos con clientes y proveedores, libros de remuneraciones, asientos contables, contratos de trabajo, certificados de F30, entre otros, para acreditar la efectividad de sus operaciones, habiendo dado cumplimiento siempre a todo requerimiento por parte de dicho organismo. Sin embargo, desde el 6 de diciembre del 2025, nuevamente presentan un bloqueo en el sistema de facturación del SII, por medio de una anotación 52 y 45, aun cuando se ha cumplido a cabalidad con toda la documentación solicitada, no siendo aportado por parte de ellos resolución fundada del motivo por el cual se les bloquea constantemente el sistema de facturación, generando en su parte perjuicios económicos insostenibles en el último periodo que amenaza con llevar a quiebra a la empresa y sus trabajadores.

Destaca que su representado posee inicio de actividades desde el 29 de septiembre del año 2023. Desde ese entonces a la fecha ha podido realizar la emisión de facturas con el correspondiente pago de IVA mensual. En dicho entendido, su representada ha presentado un comportamiento tributable ejemplar, habiendo dado cumplimiento al pago de toda obligación propia de su ejercicio, no existiendo en la actualidad periodos con observaciones.

Reitera que desde noviembre de 2024 a la fecha han existido un conjunto de actos por los cuales el SII solicita información comercial, civil, laboral y tributaria para corroborar el giro y actuar de su representada, habiéndose aportado la información correspondiente en los plazos pertinentes, siendo el actuar de los funcionarios de SII el siguiente; proceden a realizar el bloqueo por sistema de su representada para la emisión de facturas electrónicas; posteriormente solicitan información documental y nuevamente habilitan el sistema para la emisión de facturas, lo cual se traduce en la práctica en que su mandante se vea imposibilitado de emitir documentación tributaria para el pago de sueldos y obligaciones propias del giro, atendida la cantidad de gente que trabaja por temporadas en la empresa, poseyendo en la actualidad un detrimento patrimonial importante, como consecuencia de la no renovación de contratos civiles por incumplimientos contractuales producto de la facturación.

Aduce que el actuar del SII es arbitrario e ilegal en relación con los principios rectores de transparencia, probidad y responsabilidad, accesibilidad y simplificación, eficacia y eficiencia, siendo que, en la práctica, no solo es injustificable su actuar, sino que estas no se encuentran fundadas en normativa legal aplicable.

Hace presente que la legislación tributaria reconoce el derecho de los contribuyentes a que se les autorice en forma inmediata la emisión de los documentos tributarios electrónicos que sean necesarios para su giro o actividad, debiendo darse aviso al Servicio en la forma que éste determine (artículo 8° ter inciso primero de Código Tributario). Así las cosas, las normas que permitan al Servicio privar o limitar este derecho deben ser interpretadas en forma restrictiva, debiendo cumplirse a la letra los procedimientos que se establezcan para ello.

En ese contexto, señala que el bloqueo de timbraje de documentación tributaria electrónica efectuado en el caso de autos es arbitrario e ilegal porque en la especie no se ha dictado el correspondiente acto administrativo que, debidamente notificado, dé cuenta del ejercicio de dicha potestad. A mayor abundamiento, aun cuando se estime que se ha cumplido con dicho requisito formal, don nombre reservado (sic) no se encuentra en situación legal alguna que amerite el pronunciamiento de dicha resolución.

Indica que las normas generales sobre actos administrativos, contenidas en la Ley N°19.880, implican que la realización de una actuación por parte de un órgano de la administración supone los siguientes requisitos, ninguno de los cuales se cumple en el caso de autos:

- La existencia de una resolución administrativa que la ordene.

- Que dicha resolución sea escrita (artículos 3° y 5° Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos)

- Que dicha resolución sea notificada válidamente al afectado (artículos 45 y siguientes de la misma ley), resultando aplicables en la especie todas las formas de notificación contempladas en los artículos 11 al 15 del Código Tributario.

A mayor abundamiento, sostiene que aun cuando se estime o pruebe la existencia de una resolución administrativa que restrinja o prohíba la emisión, por parte de P&P SpA, de documentación tributaria electrónica autenticada por nombre reservado, éste último no se encuentra en ninguna de las situaciones indicadas en el artículo 8° ter del Código Tributario que le impidan otorgar facturas y otros instrumentos tributarios en forma electrónica.

A su vez, en el caso que el Servicio recurrido insista en su posición de encontrarse el Sr. nombre reservado en situación de delito tributario, indica que la letra b) de dicha disposición exige, para los efectos de revocar o restringir la emisión de dichos documentos, que el sujeto se encuentre acusado o procesado por la comisión de un delito tributario, situación procesal en la que el recurrente no se encuentra.

Así las cosas, en caso alguno corresponde se prive o restrinja a P&P SpA de emitir documentación tributaria electrónica autenticada por don nombre reservado.

Postula que la conducta señalada afecta el derecho de desarrollar cualquiera actividad económica y a no ser discriminado por los órganos estatales en general y en materia económica en particular, asegurados en el artículo 19 números 21, 2 y 22 de nuestro Código Político, respectivamente.

Por estas consideraciones solicita se ordene como medida de protección que se autorice la emisión de documentación electrónica a la empresa Comercial e Industrial P&P SpA, autenticadas por su representante don nombre reservado, así como toda otra medida que este tribunal estime conducente para el mismo fin, con costas.

Acompaña impresiones de la página de internet del Servicio, dando cuenta de la imposibilidad de realizar la emisión de facturas electrónicas, así como del plazo de su solicitud.

SEGUNDO: Que, atendido el tiempo transcurrido, se prescindió del informe solicitado a la recurrida.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para resolver, se tendrá en especial consideración que, ante el silencio inexcusable e injustificado del servicio recurrido en evacuar el informe solicitado por esta Corte, mediando incluso apercibimiento, los antecedentes expuestos por el recurrente permiten sostener que, por razones que se ignoran -y que pudieron ser aclaradas en esta instancia, de haber mediado participación del SII- se le ha impedido la emisión de facturas y el timbraje respectivo, desde noviembre de 2024 a la fecha, lo que ha traído aparejado una seria afectación patrimonial a los recurrentes.

SEXTO: Que, ahora bien, sin perjuicio de haber sido solicitado por los actores que, al acoger el libelo, esta Corte ordene al SII la entrega de los documentos y permisos para efectuar las labores mencionadas, lo cierto es que el acto ilegal y arbitrario en el que dicha entidad incurre es, a juicio de estos sentenciadores, la omisión en la entrega de información de los motivos que justifican el impedimento referido. Aquella omisión se extiende, como dijimos, a este tribunal de alzada, siendo imposible entender por qué se adopta esa medida y se hace de manera informal, sin mediar un acto de la autoridad que respalde el aparente procedimiento respecto de los recurrentes. Dicho silencio impide a los comparecientes a ejercer sus derechos que, a ciegas y sin mediar contradictorio, paraliza en los hechos sus actividades económicas.

SÉPTIMO: Que, por tales razones, no siendo posible acoger las peticiones formuladas en el libelo, pues ellas importan declarar el derecho del actor a emitir facturas, lo que escapa a los márgenes de un recurso constitucional no declarativo, como el de marras, la decisión se enmarcará en aquello que ha sido identificado como ilegal y arbitrario.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado PIZARRO MAZUELA, en favor de nombre reservado YULLIAN nombre reservado y de la SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL P&P SpA, en contra de Servicio de Impuestos Internos, Dirección Regional de Coquimbo, sólo en cuanto se ordena que la entidad regional recurrida emita un acto de autoridad informando a los actores los motivos que sustentan el impedimento aludido, todo ello dentro de 30 días corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, atendida la omisión injustificada del servicio recurrido en orden a evacuar el informe requerido y por el cual fue apercibido, se ordena oficiar al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos a fin de adoptar las medidas que haya lugar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1599-2025 (Protección).