nombre reservado con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

nombre reservado

Contraloría General de la República Recurso de Protección Rol N° 1599-2024.

La Serena, veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 2 de octubre de 2024, comparecen doña nombre reservado, antropóloga, y don nombre reservado, estudiante de Derecho, quienes interponen recurso de protección en contra de la Universidad de La Serena y la Contraloría Regional de Coquimbo.

Explican que el 14 de diciembre de 2023, doña nombre reservado presentó un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, invocando el artículo 160 del Estatuto Administrativo, con el objeto de impugnar la decisión de la Universidad de La Serena de no renovar su contrata. Dicha acción fue admitida a trámite por el ente contralor, solicitándose informes a la universidad mediante la resolución exenta N°119 de fecha 3 de enero de 2024.

Señalan que el 20 de marzo de 2024, la Contraloría Regional, mediante resolución exenta N°4.005/2024, rechazó el reclamo argumentando que la decisión de no renovar la contrata de la recurrente cumplía con los elementos esenciales y formales exigidos para actos administrativos de este tipo. La resolución fue objeto de recurso de reposición presentado el 28 de marzo de 2024, alegándose irregularidades en el procedimiento y falta de fundamentación.

Agregan que el recurso de reposición fue acogido mediante la resolución exenta N°12.140/2024 de 16 de agosto de 2024, en la que se declaró ilegal la notificación realizada por la universidad, ordenando la reincorporación de nombre reservado a sus funciones y el pago de sus remuneraciones adeudadas desde enero del mismo año.

Denuncian que la universidad no cumplió oportunamente con la ejecución de lo dispuesto en la resolución, afectando directamente la estabilidad económica de la recurrente nombre reservado. Asimismo, explican, con fecha 2 de octubre de 2024, la Contraloría Regional emitió un acto administrativo por el cual inició un procedimiento de revisión de oficio y suspendió la ejecución del acto que había dispuesto la reincorporación de la recurrente.

Afirman que doña nombre reservado se encuentra cesante desde enero de 2024, situación que le ha generado una precariedad económica significativa en su hogar, afectando tanto su bienestar como el de su hijo, don nombre reservado, que es el otro recurrente en estos autos. Mencionan que este último depende económicamente de su madre para financiar su manutención y estudios en la misma universidad recurrida. La falta de recursos ha impactado negativamente en su alimentación, salud y rendimiento académico, generando un deterioro general en su calidad de vida.

Sostienen que el artículo 51 de la Ley N°19.880 establece la presunción de legalidad de los actos administrativos y su ejecutoriedad inmediata una vez notificados, y que, en el presente caso, la universidad recurrida fue notificada de la resolución que acogió el recurso de reposición el 16 de agosto de 2024, sin que haya dado cumplimiento oportuno a lo ordenado, vulnerando principios esenciales de la Administración como la celeridad, economía procesal y el impulso de oficio.

Refieren que los actos denunciados afectan derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de la República, entre ellos, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, al haberse generado condiciones de vida precarias que afectan la salud física y mental de los recurrentes; y el derecho a la igualdad ante la ley, debido al trato arbitrario e ilegal por parte de las entidades recurridas, y el derecho al trabajo, al privar a la recurrente del ejercicio de su empleo. Agrega que también se afecta el derecho a la educación de don nombre reservado, quien se ha visto imposibilitado de acceder a recursos y materiales necesarios para su formación debido a las condiciones económicas adversas.

Mencionan que la revisión de oficio iniciada por la Contraloría Regional no se encuentra debidamente fundamentada, ya que no identifica un vicio manifiesto, esencial o grave que justifique su procedencia; y que dicha actuación vulnera los principios de confianza legítima y estabilidad de los actos administrativos, generando incertidumbre y afectando derechos adquiridos por los recurrentes.

Al efecto precisan que se está afectando una situación jurídicamente generó efectos firmes, y aunque si bien la Administración está autorizada para volver sobre sus propios actos ella tiene una serie de limitaciones que no se han tenido a la vista.

Afirman que la suspensión del acto administrativo que ordenaba la reincorporación de doña nombre reservado no cumple con los requisitos legales de proporcionalidad, necesidad y adecuación, generando un perjuicio irreparable a los recurrentes; y que dicha medida no está sustentada en antecedentes suficientes que demuestren su necesidad ni la existencia de un perjuicio grave para la administración o la universidad recurrida.

Agregan que las dilaciones en la tramitación y ejecución de los actos administrativos por parte de Contraloría Regional y la Universidad de La Serena contravienen los principios de celeridad e inexcusabilidad establecidos en la Ley N°19.880; y que esa demora injustificada ha incrementado el daño a los recurrentes, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica y emocional.

Piden que se ordene la ejecución inmediata del acto administrativo que dispuso la reincorporación de la recurrente y el pago de sus remuneraciones pendientes, y declarando la ilegalidad de la suspensión del acto mediante la revisión de oficio.

Acompañan los recurrentes a su recurso los siguientes documentos:

- N°R007138/2023: Reclamo funcionario del art. 160 del Estatuto Administrativo.

- R.E. Nº119: Solicitud del Contralor a la universidad, con fecha 03 de enero 2024 a la U.

- Oficio Nº30 de 2024: Respuesta de unidad jurídica ULS (contenido).

- Oficio Nº031 de 2024: Respuesta de la universidad a contralor regional.

- Ref. 40.207/2024 (E450070/2024): Atiende solicitud de acceso a la información pública.

- Resolución exenta 4.005/2024: Rechaza el 160.

- R002510/2024: Recurso de reposición.

- Resolución exenta N12140/2024: Contralor subrogante acoge reposición.

- Dictamen E534976/2024: Revisión de oficio - Declaraciones de misión y principios de la Universidad de La Serena.

- Modelo Educativo Institucional de la Universidad de La Serena, emitido el presente año 2024.

- Manual de Créditos Transferibles del CRUCH.

SEGUNDO: Que, evacuó informe el abogado Daniel Alberto Saavedra Latorre, en representación de la Universidad de La Serena, solicitando el rechazo del recurso interpuesto.

Comienza reconociendo que la recurrente, doña nombre reservado, prestó servicios en la Universidad de La Serena como Encargada del Centro de Atención de Denuncias y Prevención de Acoso Laboral, Acoso Sexual, Abuso de Poder y Discriminación Arbitraria desde el 2 de mayo de 2019, siendo su designación prorrogada anualmente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Explica que en virtud de la Ley N°21.369 y la reorganización institucional mediante Decreto N°16 de 2022, el referido centro fue suprimido y reemplazado por el Departamento de Asuntos de la Ley N°21.369; y que, a contar del 1 de enero de 2023, las funciones de Encargada del nuevo departamento fueron asumidas por la abogada Karen Torres Navea, especialista en género. Posteriormente, otras profesionales ocuparon dicho cargo, mientras que la recurrente fue reasignada a funciones de apoyo administrativo.

Señala que mediante Resolución Exenta N°340/3748/2023 de 29 de noviembre de 2023, se decidió no renovar la contrata de la recurrente, dado que ya no desempeñaba las funciones que justificaron su contratación inicial. Dicha resolución fue objeto de un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República.

Menciona que el referido ente contralor, en su Resolución Exenta N°15658/2024, de 15 de octubre de 2024, rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la recurrente, ratificando la legalidad de la decisión de la universidad y estableciendo que era procedente un recurso administrativo adicional.

Precisa, respecto a las acusaciones de incumplimiento en el pago de remuneraciones y reincorporación, que estas carecen de sustento, ya que el acto administrativo que ordenó la reincorporación fue suspendido por la Contraloría mediante revisión de oficio, en un procedimiento aún pendiente.

En cuanto al recurrente don nombre reservado, alumno de Derecho e hijo de la recurrente, sostiene que la universidad ha otorgado diversos beneficios sociales y académicos, tales como ayuda económica, beca de alimentación y financiamiento del 100% de su arancel para 2024. Agrega que no existe obligación alguna que vincule el término de la relación laboral de la recurrente Sra. nombre reservado con derechos adicionales para su hijo y también recurrente nombre reservado.

Argumenta, en lo relativo al marco jurídico aplicable en la especie, que el artículo 54 de la Ley N°19.880 establece que, interpuesta una reclamación administrativa, no puede deducirse igual pretensión en sede jurisdiccional mientras no se resuelva la vía administrativa. En este caso, la revisión de oficio de la Contraloría implica que no existe aún un acto terminal que pueda justificar la acción de protección.

Agrega que conforme al artículo 20 de la Constitución, el recurso de protección requiere la existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte derechos fundamentales, y que en este caso existe tal acto, ya que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas dentro del marco legal aplicable. Igualmente es del parecer que este arbitrio excepcional resulta improcedente en virtud de no haberse agotado la vía administrativa, resaltando el riesgo de decisiones contradictorias entre instancias administrativas y judiciales.

Pide, en base a las consideraciones antes reseñadas y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, artículo 54 de la Ley N°19.880 y demás normas aplicables, el rechazo del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado y don nombre reservado, con costas.

Finalmente acompaña a su informe los siguientes documentos:

1. Decreto Supremo N°166 de fecha 28 de septiembre de 2022 del Ministerio de Educación.

2. Decisión de no renovar o prorrogar contratas Resolución Exenta RA N° 340-3748- 2023.

3. Resolución Exenta N°15658-2024 de Contraloría General de La República.

TERCERO: Que, también evacuó informe la Contraloría Regional de Coquimbo, señalando que la recurrente, nombre reservado, fue contratada a contrata por la Universidad de La Serena desde mayo de 2019 hasta diciembre de 2023, que su contrato no fue renovado mediante Resolución Exenta N° 340/3748/2023, en el marco de una reestructuración que suprimió la unidad en que se desempeñaba, y que interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de dicha resolución, el cual fue rechazado por la Contraloría mediante Resolución Exenta N° 4.005/2024.

Agrega que posteriormente, la recurrente presentó recurso de reposición, que fue parcialmente acogido por Resolución Exenta N° 12.140/2024, mediante el cual se ordenó su reincorporación y el pago de remuneraciones adeudadas.

Refiere que, en ejercicio de sus facultades legales, la Contraloría inició un procedimiento de revisión de oficio mediante Oficio N° E534976, suspendiendo la ejecución de la Resolución N° 12.140. Este procedimiento concluyó con la Resolución Exenta N° 15.658, que dejó sin efecto la reincorporación y confirmó la Resolución N° 4.005.- Señala que con fecha 24 de octubre de 2024, la recurrente presentó un nuevo recurso de reposición en contra de la Resolución N° 15.658, el cual se encuentra pendiente.

Indica que con techa 15 de octubre del año en curso, la Contraloría Regional de Coquimbo, en cumplimiento del fallo dictado en la causa rol N° 1.465-2024, resolvió el procedimiento de revisión, emitiendo la resolución exenta N° 15.658, dejando sin efecto la resolución exenta N° 12.140, de 2024, y confirmando la resolución N° 4.005, del mismo año, de forma tal que la presente acción cautelar ha perdido oportunidad, y, por ende, debe ser rechazada.

Además, sostiene que el recurso de protección carece de peticiones concretas respecto del acto impugnado, lo cual limita su procedencia conforme al artículo 20 de la Constitución y el Auto Acordado N° 94/2015.

En cuanto al recurrente don nombre reservado aduce que carece de legitimación activa, ya que no es destinatario directo de los actos administrativos cuestionados, siendo únicamente afectado indirectamente por la situación de su madre.

Precisa que las actuaciones de la Contraloría se ajustaron a derecho y dentro de sus atribuciones, respetando los principios de juridicidad y legalidad, por lo que no constituyen actos ilegales ni arbitrarios que vulneren derechos fundamentales.

En cuanto a los derechos invocados por los recurrentes, como la igualdad, el trabajo, la educación y la vida privada, concluye que no han sido vulnerados por sus actuaciones. Las consecuencias alegadas derivarían de las decisiones de la Universidad de La Serena, no del organismo fiscalizador.

Solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, argumentando que el procedimiento administrativo no se encuentra agotado y que el recurso no cumple con los requisitos de procedencia.

Acompaña a su informe, los siguientes documentos:

1. Reclamo de fecha 14 de diciembre de 2023, presentado por la señora nombre reservado.

2. Resolución exenta N° 119, de 2024, de la Contraloría General de la República y su notificación.

3. Oficio Nº31, de 2024, mediante el cual la Universidad de La Serena informa sobre el reclamo de la señora nombre reservado, en conjunto con sus antecedentes.

4. Resolución exenta N° 340/3748/2023, de 2023, de la Universidad de La Serena.

5. Resolución exenta N° 4.005, de 2024, de la Contraloría General de la República.

6. Recurso de reposición de fecha 28 de marzo de 2024, presentado por la señora nombre reservado.

7. Oficio N° 61, de 2024, mediante el cual la Universidad de La Serena informa sobre la reposición de la señora nombre reservado, en conjunto con sus antecedentes.

8. Oficio N° E497730, de 2024, de la Contraloría General de la República.

9. Oficio N° 75, de 2024, de la Universidad de La Serena.

10. Resolución exenta N° 12.140, de 2024, de la Contraloría General de la República.

11. Oficio N° E534976, de 2024, de la Contraloría General de la República, en conjunto con su notificación.

12. Respuesta a traslado de la señora nombre reservado.

13. Oficio N° 124, de 2024, de la Universidad de La Serena.

14. Resolución exenta N° 15658, de 2024, de la Contraloría General de la República y correo de su notificación.

15. Fallo de fecha 8 de octubre de 2024, dictado en recurso de protección rol N° 1.465-2024, por la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena.

CUARTO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se define como una acción cautelar de derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar las personas como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, y tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y dar protección al afectado.

Se trata de una acción cautelar destinada a restablecer de manera rápida y eficaz el imperio del derecho cuando se ha vulnerado, perturbado o amenazado, por acción u omisión arbitraria o ilegal, el ejercicio legítimo de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que en el presente caso se hacen consistir en el numeral 7 literal a) de su artículo 19.- Constituye una acción por cuanto ha sido establecida para provocar el ejercicio de la función jurisdiccional, de manera urgente, excepcional y concentrada, con el objetivo de dar protección eficaz a ciertos derechos reconocidos en la Constitución.

QUINTO: Que, tal como reiteradamente ha expresado esta Corte, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, son presupuestos de esta acción cautelar: a) Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible al recurrido; b) Que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) Que dicho derecho esté señalado en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y d) Que exista posibilidad de que el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea pueda adoptar las medidas de protección o cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SÉPTIMO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en la recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que la propia recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

OCTAVO: Que, en el presente caso la acción ilegal y/o arbitraria que se le reprocha a las recurridas es el oficio N° E534976, de 2 de septiembre de 2024, emanado de la Contraloría de la Región de Coquimbo que resolvió revisar de oficio la decisión contenida en la resolución exenta N° 12.140, de 16 de agosto de 2024, del mismo ente contralor, e iniciar un procedimiento al efecto, suspendiendo sus efectos hasta el término del referido proceso. Es del caso precisar que la decisión suspendida es aquella que acogió parcialmente un recurso de reposición deducido por la recurrente, ordenando su reincorporación y el pago de remuneraciones adeudadas.

NOVENO: Que, la jurisprudencia mayoritaria ha sostenido que los actos intermedios en procedimientos administrativos, también denominados actos trámite, no son susceptibles de impugnación mediante un recurso de protección, salvo que generen indefensión o imposibiliten la continuación del procedimiento. La naturaleza cautelar del recurso de protección impide su uso para impugnar etapas previas a una decisión final. La excepción a esta regla son aquellos casos en que el acto intermedio produce indefensión o impide la continuación del procedimiento administrativo, pudiendo ser impugnado mediante la acción de protección. (Sentencias de la Corte de Temuco del 22 de octubre de 2024, rol: 4209-2024, de la Corte de Punta Arenas del 08 de noviembre de 2024, rol: 497-2024).

En este mismo sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 129.415-2020, de fecha 02 de febrero de 2021, sosteniendo que “no resulta procedente ejercer la acción constitucional de protección, cuando lo pretendido es la impugnación de actos intermedios que, por tanto, no contienen una decisión definitiva y forman parte de un procedimiento complejo. Sobre el particular, resulta pertinente recordar que, en la dogmática, el acto trámite o intermedio es un presupuesto de la decisión de fondo.”

En otra sentencia, causa Rol N 44.063-2020, de 13 de mayo de 2020, la Excma. Corte Suprema, reitera este criterio expresando:

“Que tales actos administrativos han sido dispuestos por la autoridad respectiva en el desarrollo de un procedimiento administrativo aún no concluido, tratándose de actos intermedios o de trámite inmersos en él. En tales condiciones aquellos carecen de la aptitud necesaria para conculcar cualquier garantía constitucional, puesto que, como acto intermedio, no puede generar efecto en tal sentido, motivo por el cual el recurso de protección no puede prosperar. Que, en efecto, sólo una vez que la autoridad resuelva el procedimiento respectivo dictando el acto final, surgen para el administrado todas las prerrogativas vinculadas a la revisión de lo obrado, tanto en sede judicial, como en sede jurisdiccional. En iguales términos sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N° 49.503, de 18 de agosto de 2021.

DÉCIMO: Que, en la especie, el acto impugnado, consistente en la Resolución Exenta N° 15.658, que dejó sin efecto la reincorporación decretada en favor de doña nombre reservado y confirmó la Resolución N° 4.005, también emanada de la Contraloría Regional, que rechazó el reclamo deducido por la referida recurrente en contra de la decisión de la Universidad de no renovarle su contrata.

Es del caso, que conforme la documentación acompañada por la Contraloría Regional y lo informado por dicha recurrida el 24 de octubre de 2024, la recurrente presentó un nuevo recurso de reposición en contra de la Resolución N° 15.658, el cual se encuentra pendiente, de lo cual es posible concluir que la vía administrativa no se ha agotado.

En consecuencia, conforme lo explicado en el basamento octavo precedente, el acto administrativo cuestionado no resulta impugnable por la vía de la acción de protección, al no detentar la calidad de acto terminal, precisamente por haber sido objeto de impugnación administrativa por la propia recurrente.

UNDÉCIMO: Que, en base a las consideraciones precedentes, no cabe sino desestimar el recurso intentado, al no ser el recurso de protección la vía idónea para la reclamación pretendida, en tanto no concurre el presupuesto favorable a esta acción, esto es, que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales cautelados mediante esta acción.

Asimismo, por las razones antes anotadas, se omitirá opinión respecto de la alegación de falta de legitimación activa formulada por las recurridas respecto de nombre reservado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, y don nombre reservado, en contra de la Universidad de La Serena y la Contraloría Regional de Coquimbo, sin perjuicio que se deduzcan las acciones pertinentes, una vez terminado el acto administrativo, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción abogado integrante Jorge Fonseca Dittus.

Rol N° 1599-2024 Protección. -