nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SALUD

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°1597-2025 La Serena, treinta de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 08 de septiembre de 2025, comparece doña CAROLINA PIA IBARRA ITURRA, abogada, en representación de doña nombre reservado, trabajadora dependiente, ambas con domicilio en domicilio reservado, deduciendo Acción de Protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada legalmente por doña nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, respecto del acto ilegal y arbitrario consistente en la resolución administrativa “RESOLUCIÓN EXENTA N R-01-UNAAD-109830-2025”, de 8 de agosto del 2025.

Señala que todas estas licencias fueron respaldadas por Informe Médico Psiquiátrico en que se da cuenta de la situación de depresión grave que afecta a la actora, que padece trastorno ansioso-depresivo, actualmente en evolución hacia un cuadro compatible con estrés postraumático y trastorno de adaptación con estrés grave.

Añade que la recurrente cuenta con antecedentes significativos de exposición a situaciones altamente estresantes en su entorno laboral, caracterizadas por conflictos interpersonales, presión excesiva, desvalorización profesional y carga emocional prolongada, así como tensiones en el ámbito familiar que han exacerbado su vulnerabilidad emocional, tales como la perdida por aborto retenido, el fallecimiento de su jefa y mejor amiga del trabajo, y el fallecimiento de su hermano mayor a causa de cáncer cuando la recurrente se encontraba embarazada por segunda vez después de su anterior perdida.

Agrega que el diagnóstico del informe médico señala que la paciente nombre reservado ha estado bajo atención psicológica desde el mes de octubre del año 2023 y hasta inicios del mes de abril del año 2025, que al inicio del tratamiento refirió sintomatología compatible con un cuadro depresivo asociado a una serie de eventos significativos en su vida, entre ellos el fallecimiento de una amiga cercana, el fallecimiento de su hermano, y una pérdida gestacional debido a un aborto retenido. Indica que, en noviembre del 2024, e se entera de un nuevo embarazo clasificado como alto riesgo, lo que implicó reposo absoluto y controles médicos consecutivos, lo que causó un impacto emocional que agudizó su estado emocional.

Explica que luego, se cambia diagnóstico desde depresión moderada con síntomas ansiosos, a depresión a depresión grave sin síntomas psicóticos, trastorno de pánico y síndrome del maltrato.

Afirma que el acto objeto de esta acción señala como motivo del rechazo de las licencias médicas el reposo no justificado fundado en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los días de reposo ya autorizados por la misma patología y en que , entre los antecedentes tenidos a la vista, la recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio delo resuelto, de lo cual fluye que los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo.

Acusa la fundamentación de la Superintendencia como pobre, en circunstancias que la legislación administrativa obliga a motivar debidamente las resoluciones de término, sin ser suficiente una fundamentación meramente formal.

Alega también que el acto administrativo de término no se ajusta a la realidad, y que pareciera ser que la entidad recurrida ni siquiera ha realizado una revisión de los antecedentes aportados consistentes en informes médicos, certificados psicológicos, recetas médicas, bonos de atención Fonasa, boletas de consulta médica, etc., enfatizando que el último informe médico psiquiátrico establece, en cuanto a la evolución del diagnóstico, que: “La paciente continúa con psicoterapia semanal cognitivo-conductual, centrada en regulación emocional, afrontamiento del duelo, reestructuración cognitiva, higiene del sueño y fortalecimiento de rutinas de autocuidado. Se observa adherencia parcial al tratamiento, con necesidad de reforzar acompañamiento terapéutico”. Sostiene entonces que los informes médicos sí describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución y tratamiento, Precisa que, en la especie, la recurrida nunca dispuso de ninguna de las facultades que le confiere el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, como la realización de fiscalizaciones, solicitud de nuevos exámenes, solicitud de informe al empleador o al profesional que emite las licencias, etc.

Sostiene que el acto administrativo ilegal y arbitrario por carecer de motivación, conculca el ejercicio del derecho de la recurrente a la integridad física y psíquica toda vez que, además de tener que lidiar con la depresión grave que padece, ha tenido que pasar por un arduo y engorroso procedimiento administrativo, en el cual le han solicitado antecedente tras antecedente que no han sido considerados ni menos ponderados con fiscalizaciones propias de la recurrida. Añade que también se afecta el derecho a la igualdad ante la ley asegurando que ha sido discriminada porque otras personas en iguales condiciones habrían podido acceder al subsidio por reposo laboral. Agrega que, además, se vulnera el derecho de propiedad al verse incapacitada de trabajar por un período considerable de tiempo, por razones médicas, fundadas, siendo legítimo que cobre el respectivo seguro de incapacidad laboral ya que, de lo contrario, se afectaría directamente en el derecho de propiedad de la recurrida al verse reducido su patrimonio producto de un acto administrativo arbitrario e ilegal.

Previas citas legales y jurisprudenciales, solicita que, en definitiva, se declare que la resolución impugnada es ilegal y arbitraria, por lo que la recurrida deberá proceder a aprobar el pago de las licencias médicas ya señaladas, o disponer de las medidas necesaria que esta Corte estime pertinentes para resguardar las garantías constitucionales de la recurrente.

SEGUNDO: Que, previa concesión de ampliación de plazo, comparece don ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ambos domiciliados en domicilio reservado, evacuando el informe de rigor y solicitando el rechazo de lo pedido.

Alega, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso, indicando que consta en el expediente administrativo que la acción de que se trata fue interpuesta el 8 de septiembre de 2025, en circunstancias que la Sra. nombre reservado recurrió ante la Superintendencia, mediante presentación de 18 de julio de 2025, solicitando reconsideración del dictamen NºR-01-S-83086-2025, de 16 de junio de 2025, por el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 97436028-4, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado por un total de 150 días a contar 08 de enero de 2024 , por reposo no justificado cuyo dictamen y fundamentos se encuentran en Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-109830-2025, de fecha 08 de agosto de 2025, por lo que alega ser evidente que han pasado más de treinta días desde la fecha de la interposición de dicha acción y el conocimiento que el recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas apeladas en junio del presente año.

Invoca jurisprudencia que declara la extemporaneidad del recurso en casos similares al de autos, por lo que solicita rechazar la acción por extemporánea, con costas.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia de la acción de protección, pues el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

Por último, en subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo, que estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 97436028-4, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado, lo cual se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá del reposo ya autorizado por la misma patología. Señala que entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto y que los facultativos del Organismo informaron: “DR. nombre reservado. FICHA MÉDICA (…) FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN: NO ACOGE MAE (MÉDICO ALTO EMISOR). REPOSO INDICADO IMPRESIONA EXCESIVO, SIN CLARA FINALIDAD TERAPÉUTICA. SIN DERIVACIÓN A ESPECIALISTA NI DISPOSITIVOS DE MAYOR COMPLEJIDAD. QUE, LOS INFORMES MÉDICOS ADJUNTOS, NO DESCRIBEN LA SINTOMATOLOGÍA PRESENTADA DURANTE EL PERÍODO DE REPOSO RECLAMADO NI LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE GRAVEDAD QUE AMERITEN MAYOR REPOSO MÉDICO. NO SE DETALLA LA EVOLUCIÓN DEL CUADRO CLÍNICO, NI SE ESPECIFICA LA REALIZACIÓN DE AJUSTES FARMACOLÓGICOS EN FUNCIÓN DE DICHA EVOLUCIÓN, CON FECHAS Y RESULTADOS, ASÍ COMO TAMPOCO SE MENCIONA UN PLAN DE MANEJO ORIENTADO AL REINTEGRO LABORAL”.

Indica necesario esclarecer el marco legal regulador del derecho a licencia médica, y que respecto de las incapacidades laborales temporales existe el beneficio de la licencia médica, regulado en el citado D.F.L. N°1, del año 2005, y en el D.S. N°3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. N°44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal. Así prosigue refiriéndose al derecho a licencia médica contemplado en el artículo 149 del D.F.L. N°1 de 2005, y que para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Luego se refiere a las competencias y facultades que le confiere la ley a la Superintendencia de Seguridad Social.

Solicita el rechazo del recurso, con costas, y acompaña a su informe copia del expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, se tendrá en cuenta que el plazo para interponer la acción de protección debe ser contabilizado desde la resolución dictada por la SUSESO el 8 de agosto del 2025 que constituye, toda vez que, el recurso de reconsideración se encuentra dentro de las posibilidades del administrado para recurrir en contra del acto según lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley N°19.880.

Además, de entenderse correcto el criterio de la SUSESO para alegar la extemporaneidad, no tendría aquella la obligación de pronunciarse como lo hace en la Resolución N°R-01-UNAAD-109830-2025, del 8 de agosto del 2025. Por tanto, deberá se desestimada la alegación como se dirá en lo resolutivo.

SEXTO: Que, en lo referente a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar, como ya se ha fallado, que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida e integridad física, el derecho a la igualdad ante la ley, y el derecho de propiedad, de los que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, las que se encuentran expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la recurrida.

SÉPTIMO: Que, es relevante tener presente que el recurrente acciona en contra de resolución que rechazó una reclamación administrativa, por haberse intentado fuera del plazo legal.

La mentada decisión sostiene: “Que, en primer término, se cumple con manifestar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio.

Que, el artículo 59, de la Ley N°19.880, otorga, a quien tenga legitimación activa, la posibilidad de recurrir en contra de los actos administrativos, por intermedio del Recurso de Reposición, el que debe interponerse dentro del plazo de cinco días ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. Además, el artículo 25 de la referida Ley señala que se entiende como días inhábiles los días sábados, domingos y los festivos.

Que, en la especie, la notificación de la Resolución recurrida se realizó el día 16/06/2025, por lo que usted tuvo plazo hasta el día 24/06/2025, para deducir el Recurso de Reposición ante esta Entidad Fiscalizadora.

Que, en la resolución que se pretende impugnar, se indica expresamente el plazo para interponer Recurso de Reposición, en el último párrafo del Resuelvo.

Que, habiéndose notificado electrónicamente el dictamen recurrido, el día hábil siguiente al de su emisión, la actual presentación de la parte recurrente, fue interpuesta fuera del plazo establecido al efecto en el artículo 59, en relación con el artículo 25 de la Ley N°19.880, de 5 días hábiles administrativos; lo que en virtud del artículo 8° del Código Civil no puede ser desconocido, puesto que nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia.

Que, no se acompañan antecedentes que den cuenta de haberse configurado caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Que, una vez iniciado el plazo de 5 días, este discurre sin interrupciones hasta consumarse, por lo que solo queda declarar el Recurso de Reposición como extemporáneo.

RESUELVO:

Recházase, el recurso de reposición interpuesto por doña nombre reservado, RUN RUT reservado por haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido.”

OCTAVO: Que, de lo transcrito en el considerando anterior fluye que el acto impugnado, esto es, aquel que rechaza un recurso administrativo por haberse interpuesto fuera de plazo se limita a resolver lo pedido en base a elementos de carácter estrictamente procesal, toda vez que la recurrente interpuso reclamación administrativa respecto de la resolución que rechazó el pago de las licencias médicas con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para ello que, conforme lo previsto en el artículo 59, en relación al artículo 25, ambos de la ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, corresponde de 5 días hábiles.

NOVENO: Que, así las cosas, solo cabe concluir que el acto impugnado dictado por la SUSESO con fecha 08 de agosto de 2025 fue dictado en forma legal, por autoridad competente, y en ejercicio de las facultades conferidas por ley, debiendo por tanto rechazarse la acción interpuesta atendido que no se verifica en autos la existencia de una acción u omisión, ilegal o arbitraria, que prive, amenace, o perturbe el ejercicio de los derechos fundamentales tutelados por la acción de protección interpuesta.

En efecto, el libelo en nada altera dicha conclusión, pues sencillamente si se mantuvo el rechazo de las licencias, fue porque el recurso para debatirlo no se interpuso conforme a la ley, acto del todo imputable a quien omitió aquello, sin que se trate, por tanto, de una conducta de la autoridad recurrida, la que se limitó a dar aplicación a normativa puramente procesal.

En consecuencia, por estas consideraciones, de acuerdo con las normas legales referidas, y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZAN, las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción de protección, intentadas por la recurrida.

II.- Que SE RECHAZA la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1597-2025 Protección.-