EXPORTACIONES M2 S.A. con SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA REGION DE COQUIMBO

Exportaciones M2 S.A.

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Región de Coquimbo Recurso de protección Rol N°1594-2025 La Serena, uno de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Jorge Antonio Moreno Saavedra, abogado, en representación convencional de EXPORTACIONES M2 S.A. representada por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA REGION DE COQUIMBO, representado por nombre reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal de mantener el bloqueo en el Sistema de Trazabilidad del Huiro Negro equivalente a 4.590 kilos de propiedad de la recurrente, indicando que se vulnera sus garantías contenidas en artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 30 de marzo de 2022, funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) procedieron a la incautación de 4.590 kilogramos de huiro negro, de propiedad de su representada, fundándose en la supuesta tenencia de recursos sin acreditación de origen legal, así el 8 de abril de 2022, el Servicio interpuso denuncia por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura ante el Primer Juzgado de Letras de Ovalle, bajo el Rol C-251-2022, en contra de la recurrente imputándole infracción consistente en la posesión de recursos hidrobiológicos sin origen legal acreditado. Luego el 8 de septiembre de 2023, dicho tribunal dictó sentencia acogiendo la denuncia y condenando a su representada al pago de una multa de 34 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), sin disponer el comiso de las especies incautadas, señala que apeló el fallo y la Corte el 24 de noviembre de 2023 revocó íntegramente la sentencia apelada, rechazando la denuncia formulada por el ente fiscalizador, y por tanto, la medida de incautación que afectaba a los recursos de propiedad de su representada han quedado sin sustento jurídico alguno. Añade que, el 02 de septiembre, se realizó fiscalización por parte de Sernapesca del Huiro que aún seguía incautado en la planta.

Señala haber efectuado diversas gestiones ante SERNAPESCA, a fin de que se proceda al levantamiento de la medida de incautación en el sistema del servicio, y a la fecha, tales gestiones no han tenido respuesta positiva, manteniéndose vigente dicha medida de forma arbitraria. Indica que también han solicitado al tribunal de primera instancia la remisión de oficio y el cumplimiento incidental de la sentencia de alzada, con el objeto de dar término a la incautación, pero las presentaciones han sido declaras improcedentes, por lo que debió recurrir de protección. Alega que la actuación injustificada y persistente constituye un acto arbitrario e ilegal, por cuanto contraviene una sentencia judicial firme, infringe el principio de legalidad administrativa y afecta gravemente los derechos fundamentales de su representada, en particular su derecho a la igualdad y de propiedad.

Indica que la incautación del huiro negro realizado por SERNAPESCA inicialmente se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, pero que ya no existe la infracción por lo que carece de fundamento, pues por sentencia de esta Corte del 6 de marzo de 2025 en la causa Rol Corte N°1836-2023 se resolvió revocar la sentencia de primera instancia y rechazar íntegramente la denuncia formulada por SERNAPESCA en contra de Exportaciones M2 S.A.

Alega que el actuar del Servicio resulta abiertamente ilegal y arbitrario, al no existir actualmente fundamento legal ni causa razonable que justifique la mantención de la medida de incautación sobre las especies de propiedad de su representada.

Se refiere a las garantías constitucionales conculcadas con el actuar de la recurrida, refiriéndose en primer término a la igualdad ante la ley, y que la mantención de la incautación de los recursos por la recurrida constituye una diferencia de trato arbitraria e infundada, pues, existiendo una sentencia judicial firme que revoca la sanción impuesta y rechaza la denuncia administrativa, no existe razón jurídica válida para seguir aplicando una medida restrictiva, y al no aplicarse el mismo estándar frente a una situación idéntica, se infringe el principio de igualdad jurídica, además de ser una medida desproporcionada. Y en cuanto a su derecho de propiedad refiere que la mantención de la incautación del huiro negro por parte de SERNAPESCA impide el ejercicio de las facultades de su dominio, siendo la dueña legítima del recurso, se encuentra privada de su aprovechamiento económico y operativo, configurándose así una restricción sustancial al contenido esencial del dominio.

Solicita acoger el recurso y, en definitiva, ordenar a la recurrida desbloquear el material hidrobiológico (huiro negro), perteneciente a Exportaciones M2, de su Sistema de Trazabilidad.

Acompaña a su recurso: copia de citación y notificación que contiene incautación N°133158 de 30 de marzo del año 2022 realizada por parte la recurrida al Huiro Negro de su representado; documento Excel obtenido de la página de Sernapesca donde consta el bloqueo de los productos; captura de pantalla de del Sistema donde figura el bloqueo expuesto; correos donde consta comunicación con Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la Región de Coquimbo, en donde rechazan nuestra solicitud de desbloqueo del sistema de trazabilidad; Expediente de la causa rol C-251-2022, del Primer Juzgado de letras de Ovalle; Sentencia de S.S. Iltma, de rol 1836-2023; e Imágenes de la fiscalización de Sernapesca.

SEGUNDO: Que, a folio 4, comparecen los abogados don Cristian Gómez Gaete y Felipe Pizarro Pizarro, en representación convencional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Región de Coquimbo (en adelante Sernapesca), evacuan informe ordenado.

Exponen que la presunta afectación de garantías fundamentales fundantes de la presente acción de protección se origina respecto de un acto relacionado directamente con denuncia por infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura radicada en causa Rol C-251- 2022 del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, que se encuentra con sentencia firme y ejecutoriada atendido el fallo de esta Corte que acogió recurso de apelación en favor de la recurrente de autos. Añade que el Servicio actúa dentro del ámbito que expresamente la ley les faculta.

Indica que, habiéndose rechazado la denuncia y no procediendo el comiso de los recursos que estuvieron incautados en poder del propio recurrente, este ente fiscalizador no ha efectuado acto alguno de devolución material de dichos recursos, correspondiente a huiro negro, dado que ya se encuentran en su posesión. En cuanto al sistema de trazabilidad que maneja este Servicio, refiere que la plataforma virtual por medio de la cual se lleva registro y seguimiento del movimiento de los recursos y productos pesqueros y acuícolas desde su origen hasta su llegada al consumidor final, su modificación y desbloqueo en relación a los recursos que se encontraban incautados en la causa anteriormente citada debiese ser dispuesta por el tribunal de primera instancia para proceder a su ejecución, previa verificación y constatación de concordancia entre la cantidad de recurso existente materialmente con aquella que se pretende devolver en sistema de trazabilidad, y alega que por tanto la acción dice relación con la ejecución del fallo en causa Rol C-251-2022, materia que es de competencia del tribunal en que se encuentra radicado el asunto infraccional que dio origen a la incautación y bloqueo de recursos, esto es, el Primer Juzgado de Letras de Ovalle, por lo que la presente acción no es la vía idónea para resolver la materia en cuestión, debiéndose proceder de conformidad a las normas procesales sobre ejecución y cumplimiento de sentencias judiciales.

Precisa que, el recurso huiro negro que se encontró incautado en su oportunidad y que dio origen a causa Rol C-251​2022 del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, se encuentra materialmente en poder del propio recurrente, solo con un bloqueo en sistema de trazabilidad al presentarse inconsistencias entre lo solicitado a desbloquear con aquello existente materialmente en su posesión y que debe ser requerido al tribunal que conoce de la denuncia infraccional en primera instancia.

Señala que el 02 de septiembre pasado, el Servicio procedió a una inspección en el lugar en que se encontraba incautado el recurso huiro negro en posesión de la propia recurrente, la cual tenía por objeto la verificación de la existencia física del producto correspondiente a 4.590 kilogramos de huiro negro en estado húmedo, dado que se constató una inconsistencia entre la petición de la recurrente respecto a la devolución por sistema de trazabilidad de aquella cantidad; añade que, por otra parte, en el escrito de recurso de apelación resuelto en Rol 1836-2023, señalaban que el recurso incautado se había descompuesto y quedado en estado de inutilización y por tanto no aptos para su comercialización. Así refiere que, en la inspección del 02 de septiembre del presente, el funcionario fiscalizador pudo constatar que no existe físicamente la cantidad de recurso huiro negro señalada por la recurrente, ya sea por disposición previa o descomposición de dicho recurso, logrando constatar solamente la existencia de 100 kilogramos de producto huiro negro en estado seco.

En cuanto a la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, estiman que no se configura su vulneración, ya que actualmente no existe tal cantidad de recurso huiro negro en su posesión, tal como se expresa en el informe de verificación de incautación, en que se logró verificar la existencia de solo 100 kilogramos del recurso huiro negro. Y en lo relativo a la garantía fundamental consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, indica que el Servicio en su carácter de organismo fiscalizador de la actividad extractiva y comercial de recursos marinos, ha velado por el correcto proceder ante la solicitud de devolución en sistema de trazabilidad, ya que autorizar la devolución en el referido sistema de una cantidad mayor de recursos a los existentes físicamente no es posible ni tampoco es procedente, lo que obedece a razones objetivas, razonables y técnicas para cumplir con el propósito de aquella plataforma de trazabilidad y normativa pesquera vigente, respecto al registro y seguimiento de los recursos y productos pesqueros y acuícolas desde su origen hasta su llegada al consumidor final, por lo que alega que no existe una diferencia de trato arbitraria e infundada, solamente el cumplimiento cabal por parte del Servicio de su labor de fiscalización de la actividad pesquera y comercial asociada a recursos marinos, más aún, teniendo en consideración a la importante discordancia de la solicitud de la recurrente.

Hace presente, que en caso de la descomposición de productos o inutilización de ellos por otros motivos, lo cual expuso expresamente la recurrente en su recurso de apelación, el procedimiento que corresponde, conforme a la normativa pesquera, es presentar al Servicio una solicitud de modificación del stock existente en trazabilidad, con arreglo a lo dispuesto en el Título IV del Decreto Supremo N°129 del año 2013 del Ministerio de Economía y Turismo, requiriendo la rebaja de stock existente por merma del mismo, la cual se realiza previa inspección y verificación física del Servicio de la existencia de los mismos, (en este caso la inspección ya fue realizada conforme informe que se adjunta a esta presentación), una vez resuelta la referida solicitud y ya modificado el stock a las cantidades correspondientes, proceder a solicitar la devolución de recursos que efectivamente existen a la fecha. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de la restante normativa administrativa que corresponda (Circular N°03 de 1992 del Servicio de Impuestos Internos, sobre faltante de bienes de los inventarios del vendedor o prestador de servicios).

Concluye solicitando el rechazo el recurso.

Acompaña a su informe: Informe de verificación de stock del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; Decreto Supremo N°129/2013, que establece reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen; y Resolución 3602 Exenta que establece estados de humedad y factores de conversión respecto de recursos que indica.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de Sernapesca por mantener bloqueo del huiro propiedad de la recurrente en su sistema, lo que impide disponer de éste, y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, en atención que existe un fallo firme de esta Corte que dejó sin efecto la infracción y por tanto, ya no tiene fundamento fáctico para mantener el bloqueo referido.

A su turno la recurrida, refiere que su actuar se ha apegado a la normativa vigente, y que se mantiene bloqueado pues, aunque existe un fallo firme que revoca la infracción, de igual forma la cantidad del producto alga que mantiene en su poder no se condice con la realidad, según lo constatado en la inspección del pasado 2 de septiembre. Y que, el recurso es improcedente por cuanto lo alegado debe ser discutido ante el tribunal que lleva la causa referida o iniciar la acción administrativa que corresponda.

SEXTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, y las alegaciones efectuadas, se constata que en la causa C-251-2022 del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, efectivamente el recurrente por medio de su apelación conocida por esta Corte consiguió que se revocará el fallo de primera instancia que le cursaba infracción por la Ley de Pesca y Acuicultura; es dable hacer presente que aquella causa inició en el año 2022 y terminó por sentencia ejecutoriada recién en el presente año, por lo que la fiscalización del Servicio en septiembre pasado cobra relevancia pues evidencia existir una diferencia entre la cantidad del producto huiro incautado en dependencias de la recurrente y el que existe actualmente, lo cual lo hace persistir en el bloqueo alegado.

De lo anterior, se colige que la cuestión es controvertida y que, la petición de la parte recurrente que motiva la interposición de la acción de protección no puede ser determinada por medio de la presente acción de carácter cautelar, existiendo según señaló la recurrente una vía administrativa para resolver la problemática del recurrente. De esta manera fluye que el recurrente no posee un derecho indubitado que pueda ser objeto de protección en esta sede, ya que no es la vía idónea para establecer si corresponde el desbloqueo del sistema de la recurrida, más teniendo en consideración el objeto de aquellos registros del Servicio, y el tiempo transcurrido desde la incautación, lo que abona al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de EXPORTACIONES M2 S.A., en contra del SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA REGION DE COQUIMBO.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1594-2025 (Protección).