nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

nombre reservado

AFP Cuprum S.A.

Recurso de protección Rol Nº1593-2025 La Serena, trece de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, médico, de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, región Metropolitana de Santiago, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en rechazar su solicitud de retiro de fondos de conformidad a lo establecido en la Ley N°18.156, lo que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y derecho de propiedad del artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política.

Señala que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Sin embargo, indica que el 20 de mayo de 2025 (sic) la actora fue notificada por correo electrónico que su solicitud no sería aprobada.

Expone, que los argumentos esgrimidos por la recurrida para el rechazo fueron que la designación de la recurrente como médico en un establecimiento público (en este caso, el CECOSF San José de la Dehesa), no se encuentra aparejado a un contrato de trabajo que la habilite para optar por la devolución de sus cotizaciones en virtud de la Ley N°18.156, sumado a que tampoco consta en el respectivo decreto la manifestación de voluntad requerida por que artículo 1 de la Ley N°18.156. Asimismo, la resolución refiere que la constancia electrónica de cotizaciones, otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) el 01 de agosto de 2025, no indicaría que la recurrente está cubierta por prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad.

Alega la parte recurrente, que la jurisprudencia ha sido conteste en que no corresponde una aplicación estricta y exegética del artículo 1 y 7 de la Ley N° 18.156, en orden a sólo considerar aquellas relaciones laborales regidas por el Código de Trabajo.

Por otra parte, respecto al certificado de afiliación acompañado, señala que actualmente es imposible obtener la legalización consular de la declaración jurada del certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS, como se hacía anteriormente, dada la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, por lo cual, se configura en la especie un caso fortuito o fuerza mayor de aquellos contemplados en el artículo 45 del Código Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, refiere que la solicitante igualmente acompañó el documento debidamente apostillado, no siendo lícito que las administradoras de fondos establezcan requisitos adicionales a los establecidos en la ley para acogerse a la Ley N°18.156. Hace presente que el mismo documento ofrece un código de verificación que permite constatar su autenticidad.

Por lo tanto, aduce que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos, imponiendo requisitos adicionales a los establecidos en la ley, cuando en la especie, se cumplen los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156.

En consecuencia, afirma que la recurrida ha rechazado su solicitud de retiro de fondos, sin otorgar una justificación válida.

Luego, indica que este proceder de la recurrida infringe el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto la privan de un dinero que le pertenece y respecto del cual cumple con todos los requisitos para solicitar su devolución; como también, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 del mismo cuerpo legal, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, el servicio recurrido ha otorgado respuesta favorable.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos dentro de un plazo de 5 días, o el que el tribunal establezca, o se adopten las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, a folio 5 del expediente, se evacuó informe por AFP CUPRUM S.A., solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, alegó la improcedencia del recurso de protección, argumentando que, en la especie, no existe un derecho indubitado de la parte recurrente que esté siendo vulnerado, sino más bien una controversia sobre el derecho a acceder a la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, controversia que debe ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones. Por lo tanto, afirma que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver esta clase de conflictos, debiendo la recurrente agotar previamente las instancias administrativas pertinentes.

Luego, expone el marco regulatorio de la Ley N°18.156.

Enseguida, refiere que el 13 de agosto de 2025 se rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156 de la recurrente, por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N° 18.156.

Al efecto, señala que la solicitante no acreditó cobertura de seguridad social extranjera integral (con prestaciones médicas y pecuniarias), exigida por la Ley N°18.156. En tal sentido aduce que, para acreditar la cobertura previsional en el país de origen, no basta con un documento que describa genéricamente los beneficios del sistema de seguridad social extranjero, criterio que ha sido sostenido de manera uniforme y reiterada por la Superintendencia de Pensiones, como consta en el Oficio Ordinario N° 12.194, de 01 de julio de 2025, Oficio Ordinario N° 9.663, de 02 de mayo de 2017 y Oficio Ordinario N° 23.241, de 13 de septiembre de 2016.

Por otra parte, añade que el documento presentado no estaba apostillado ni legalizado, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, considerando que se trata de un documento emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, criterio que ha sido reafirmado por la referida Superintendencia en Oficio Ordinario N° 32.365, de 27 de diciembre de 2016, Oficio Ordinario N° 24.089, de 11 de noviembre de 2019 y el Oficio Reservado N° 25.057, de 29 de diciembre de 2023.

En cuanto a la configuración de una situación de caso fortuito o fuerza mayor, señala que dicha institución no puede utilizarse para eludir el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a un beneficio, por cuanto la fuerza mayor o caso fortuito se utiliza para eximir de responsabilidad a las partes en un contrato o convenio.

De esta manera, afirma que los fundamentos que motivaron el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente se encuentran plenamente contenidos en las exigencias establecidas por la Ley N° 18.156 y en la jurisprudencia administrativa reiterada de la Superintendencia de Pensiones. Por lo tanto, dicho rechazo no constituye un acto arbitrario ni ilegal, sino que obedece al cumplimiento estricto del marco normativo vigente y de los criterios técnicos establecidos por la autoridad.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, por esta vía, se impugna la negativa de la Administradora de Fondo de Pensiones respecto al retiro de sus fondos de cotización previsional, alegando cumplir con la normativa y acompañando los antecedentes que hacen procedente su petición.

QUINTO: Que la negativa invocada se funda en la inexistencia de un contrato de trabajo y con la omisión de la legalización del certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero, así como también que la materia debe ser objeto de un juicio de lato conocimiento, donde tiene competencia la Superintendencia de Pensiones.

SEXTO: Que, en primer término, cabe destacar que no consta que se haya recurrido a la Superintendencia de Pensiones, conforme previene el artículo tercero del DFL 101 de 1980, siendo dicha entidad quien debe resolver la materia que se ha puesto en conocimiento de esta Corte, más cuando se ha requerido otorgar validez a un documento emanado por una institución extranjera, lo que motiva necesariamente el rechazo de la acción, por no ser la vía idónea para la resolución de la controversia.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, en la especie, la petición de devolución de fondos de técnico extranjero se encuentra regulada en la Ley 18.156, siendo pertinente mencionar que, como expuso el abogado de la recurrida, la extranjera debe acreditar las prestaciones de seguridad social cubiertas por el régimen de su país de origen, lo que no ocurrió en la especie, y que la recurrente se desempeña en servicios de salud como organismos estatales, sin que su vínculo laboral se sustente en un contrato de trabajo, sino que de un órgano público descentralizado, lo que hace inaplicable la Ley 18.156 y, por tanto, descarta el supuesto de ilegalidad, haciendo improcedente el recurso.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de AFP Cuprum S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1593-2025 (Protección).-