nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº1592-2026 La Serena, veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, interponiendo recurso de protección a favor de nombre reservado, de nacionalidad haitiana, numero de pasaporte N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado por don nombre reservado, ingeniero comercial, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por la omisión ilegal y arbitraria en cuanto a emitir pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización presentada por la parte recurrente el 04 de enero de 2024, afectándose con ello el derecho a su integridad psíquica y derecho a la igualdad ante la ley, del artículo 19 N°1 y Nº2 de la Constitución Política.

Expone que el 24 de noviembre de 2025 (sic) el recurrente presentó su solicitud de carta de nacionalización, adjuntando todos los documentos necesarios para darle continuidad al proceso.

Sin embargo, refiere que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta terminal por parte del servicio recurrido, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado, situación que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, con relación a otros interesados que han obtenido una respuesta en un plazo menor.

A su vez, destaca lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 27 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular lo concerniente al principio de celeridad, conclusivo, economía procedimental y de inexcusabilidad, los que igualmente estarían siendo infringidos por la recurrida.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta y ordenar a los recurridos que se pronuncien sobre la solicitud de carta de nacionalización, emitiendo el correspondiente acto administrativo terminal, sea aprobando o rechazando la solicitud conforme a derecho, o se adopten las medidas que el tribunal estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Señala que mediante Oficio Ordinario N°2500200001243 de 24 de noviembre de 2025, se remitió el proyecto para el decreto de carta de nacionalización de la recurrente al Ministerio del Interior.

Hace presente que en la tramitación de una solicitud de Carta de Nacionalización y su otorgamiento, intervienen distintos Organismos Públicos, a saber: el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades del Servicio de Migraciones, cumpliendo cada uno de los Organismos señalados, una determinada función, siendo finalmente el presidente de la República quien otorga o no la nacionalidad chilena.

Por otra parte, hace presente que la parte recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantiene su situación migratoria regular en el país. Así, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Luego, señala que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, la carta de nacionalización se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior, y que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo de la solicitud, terminando la labor del Servicio con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Asimismo, enfatiza que consiste en una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual a la parte recurrente, ya que su solicitud de carta de nacionalización ha seguido la misma tramitación que para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, no es de carácter fatal, y que la solicitante cuenta con el documento que acredita su residencia legal.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

TERCERO: Que, a folio 7 compareció el MINISTERIO DEL INTERIOR que el Servicio de Migraciones es el órgano competente para tramitar las solicitudes de carta de nacionalización, de conformidad al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, para su posterior resolución por parte del Ministerio del Interior.

En cuanto al estado de tramitación de la solicitud de la persona recurrente, expone que sus antecedentes fueron recibidos en el Ministerio del Interior, encontrándose el acto administrativo que la resuelve en actual tramitación, previo a la firma de la autoridad.

Asimismo, enfatiza que las solicitudes de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, tomando especialmente en consideración la importancia y relevancia que tiene en todo orden la concesión de la nacionalidad chilena.

En consecuencia, señala que teniendo en cuenta la complejidad del proceso de otorgamiento de la carta de nacionalización, sumado al impacto que tuvo la pandemia en la tramitación general de actos administrativos, no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal que haya importado una afectación a los derechos del solicitante en los términos planteados en el recurso.

Finalmente, expone que recursos de protección como el de la especie, generan una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene a la recurrida resolver sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de carta de nacionalización de la parte recurrente se encuentra en trámite, haciendo además presente que se trata de una especial gracia que se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior. Asimismo, indicó que la parte recurrente tiene su residencia regular en el país y que no ha existido discriminación ni trato desigual en la tramitación de su solicitud, actuando los Servicios con apego a la normativa vigente.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

OCTAVO: Que, no obstante, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, aparece que la solicitud de la parte recurrente, fue recibida por el Ministerio del Interior el 24 de noviembre de 2025, encontrándose actualmente en etapa de análisis de antecedentes.

En tal sentido, resulta oportuno tener presente que el requerimiento tendiente a la obtención de la carta de nacionalización, corresponde a una concesión especial que produce importantes efectos al otorgar la nacionalidad chilena, por lo que el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento, requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos relacionados al estatus migratorio de los ciudadanos, tales como aquellas solicitudes de residencia temporal o definitiva.

NOVENO: Que, en consecuencia, por ahora no se puede reprochar a la recurrida una dilación de la entidad suficiente, que haga concluir la existencia de una omisión arbitraria o ilegal y que implique una discriminación arbitraria en relación a otros interesados, pues tampoco puede soslayarse la conocida crisis migratoria y el consecuente aumento de la carga de trabajo de los órganos administrativos con competencia en la materia, antecedentes que importan que las solicitudes asociadas a los diversos permisos de residencia y trámites migratorios se vean demorados, no solo para el recurrente, sino que para la generalidad de la población que se relaciona con esos servicios públicos. Conforme a aquello, el lapso transcurrido hasta el momento se encuentra dentro de los márgenes del derecho a obtener una resolución emitida dentro de un plazo razonable y no puede considerarse que afecte la garantía de igualdad ante la ley de la recurrente.

DÉCIMO: Que, finalmente, respecto a la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, no hay medida que esta Corte actualmente pueda tomar, por cuanto ya cumplió con enviar los antecedentes al Ministerio del Interior el 24 de noviembre de 2025, de forma que, la fase de tramitación de la solicitud de carta de nacionalización correspondiente a tal repartición, fue concluida, habiendo perdido oportunidad a su respecto el recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1592-2026 (Protección).