nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

nombre reservado

Caja de Compensación Los Andes Recurso de protección Rol Nº1592-2025 La Serena, dos de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, dependiente, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, RUT RUT reservado, del giro de su denominación, representada por su gerente general nombre reservado, Ingeniero Comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en efectuarle descuentos a través de su empleador con motivo de una deuda proveniente de un pagaré.

Expone que el 04 de julio del año 2024, suscribió el pagaré Nº 014CON104327306 a favor de la recurrida, por la suma de $3.768.947, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, que sería pagado en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $139.152, venciendo la primera de ellas el 30 de septiembre de 2024. Sin embargo, expone que posteriormente quedó sin trabajo, por lo cual incurrió en mora en la primera cuota.

Por lo anterior, refiere que la recurrida presentó una demanda ejecutiva en su contra el 10 de abril de 2025, iniciándose la causa Rol C-2099-2025, tramitada ante el 3° Juzgado Civil de Concepción, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, causa que se encuentra notificada con fecha 11 de mayo de 2025.

Enseguida, expone que posteriormente logró obtener un empleo, bajo la dependencia de Fundación Integra. Sin embargo, señala que al recibir la liquidación de sueldo correspondiente al mes de agosto de 2025, se percató de la existencia de un descuento por la suma de $166.808 por concepto “Préstamo CCAF”.

Alega que nunca fue notificada previamente, por ningún medio, respecto de la decisión unilateral de la recurrida de efectuar este descuento, de forma que le permitiera prever una afectación de tal magnitud en su remuneración, especialmente considerando que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda.

Así las cosas, refiere que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, que reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de las cajas de compensación respecto al cobro oportuno de los créditos sociales y que afecta su derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política.

Añade, que la recurrida, al momento de interponer la demanda ejecutiva, ya manifestó su voluntad de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes, por lo cual, resulta arbitrario que ordene la retención de montos similares al de una cuota, a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial, citando jurisprudencia en apoyo a su pretensión.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración y restituir a la recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación del recurso, con costas.

Acompañó a su presentación: 1.- Liquidación de remuneración correspondiente al mes de agosto de 2025. 2.- Ebook de causa rol C-2099-2025, tramitada ante el 03° Juzgado Civil de Concepción.

SEGUNDO: Que, a folio 7 del expediente digital, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el 04 de julio de 2024 se otorgó a doña nombre reservado el crédito código 014CON104327306, por la suma de $3.768.947.- a una tasa de 2.25%, en un plazo de 48 meses, con una cuota de $139.152.-, cuyo primer vencimiento fue el 30 de septiembre 2024.

Añade que la primera cuota fue diferida por LM. La cuota del mes de octubre de 2024 (2), más el interés penal, fue pagada con desfase el día 10 de agosto de 2025, generando mora por las cuotas del mes de noviembre de 2024 a julio de 2025 (3 a 11), las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 31 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2028.

Afirma que se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Que, si bien es cierto que su parte inició una demanda ejecutiva en contra del recurrente, lo hizo por una obligación legal establecida en el compendio de normas que regulan a las cajas de compensación, que obliga a iniciar acciones judiciales no más allá del sexto mes de morosidad, por lo que, de no haberse interpuesto dicha acción se estaría incumpliendo con la normativa.

Por otra parte, afirma que el mecanismo de “descuento por planilla”, corresponde a un ‘mecanismo especial de pago’, inherente al régimen de crédito social otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador.

Además, afirma que se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque la normativa sobre la materia lo establece de forma perentoria u obligatoria, teniendo exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales.

Con todo, precisa que la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y, precisamente por eso, es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del artículo 22 inciso 2º de la Ley Nº 18.833.

Añade, que el trabajador no puede oponerse al ‘descuento por planilla’, porque la obligatoriedad mismo es un mecanismo normativo y propio del tipo de crédito otorgado. Si un trabajador no quisiera quedar sometido al ‘descuento por planilla’, entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago.

Culmina, señalando que es técnica y fácticamente imposible afirmar que el funcionamiento del ‘descuento por planilla’ constituya una gestión de cobro por parte de la Caja Los Andes, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que la Caja no haga nada o no lo desee, porque -como ya se dijo- no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de ‘créditos sociales’.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber procedido la recurrida a descontar de las remuneraciones de la protegida cuotas pendientes de pago de un pagaré otorgado por la Caja de Compensación Los Andes a la recurrente, cuyo cese de pago aconteció en septiembre de 2024 y cuyo cobro ha sido practicado por la recurrida, reprochando la parte recurrente que dicha medida resultaría arbitraria e ilegal.

Que, en el referido escenario, resulta inconcuso el hecho que la recurrente contrató con la recurrida, a fin de obtener un crédito social.

A su vez, la parte recurrente ha acreditado que se han efectuado descuentos de su remuneración, por concepto del referido pagaré.

SEXTO: Que, por otra parte, de los antecedentes expuestos en autos se puede colegir que la recurrida se ha limitado en su proceder a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 22 de la Ley N°18.833, pues no está discutido que la recurrente mantiene una deuda con la Caja de Compensación de Asignación Familia Los Andes, producto de un pagaré respecto del cual se incurrió en mora por la actora.

A su vez, debe recordarse que, acorde a lo previsto en el artículo 2493 del Código Civil, la prescripción de las deudas debe ser alegada, sin que el juez pueda declararla de oficio y, a su vez, puede ser renunciada, acorde al artículo 2494 del mismo cuerpo legal; desprendiéndose de los antecedentes allegados que la referida deuda no ha sido declarada prescrita por sentencia judicial, por lo cual, se encuentra vigente y es actualmente exigible.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, cabe descartar que la recurrida haya incurrido en arbitrariedad o ilegalidad, puesto que se ha limitado a ejercer las facultades que la Ley le reconoce para obtener el reintegro de los dineros que componen el fondo social respectivo, cuyo otorgamiento no ha sido discutido, motivo por el cual el recurso deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Acordada con el voto en contra de la Ministra (S) Macarena Navarrete González, quien estuvo por acoger el recurso de protección, por estimar que la recurrida ha iniciado el cobro judicial del crédito otorgado a la recurrente, mediante la interposición de la respectiva demanda, válidamente notificada y requerida de pago la recurrente no opuso excepciones, autorizando el tribunal el auxilio de la fuerza pública para el embargo en el mes de junio del año en curso. No obstante, la Caja recurrida retoma el cobro del crédito con el nuevo empleador, con los descuentos, según se aprecia de la liquidación de remuneraciones de la actora, acompañada en autos, correspondiente al mes de agosto del año actual.

Conforme se ha referido, resulta evidente la arbitrariedad existente en el acto alegado, ya que, es la misma Caja de Compensación, quien, una vez elegida la vía judicial para el cobro de las operaciones de crédito antes mencionadas, quedó privada de ejercer el derecho consagrado en el artículo 22 citado, significando ello, en la práctica un cobro de su acreencia por dos vías independientes, implicando una merma considerable en los ingresos del actor, conculcando en consecuencia, el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, resulta arbitraria la medida de efectuar una cobranza por vía judicial, y posteriormente, proceder a los descuentos del crédito en la forma prevista en la norma antes señalada, haciendo de esta manera, uso abusivo de la facultad que la Ley le confiere a la Caja de Compensación.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada a folio 5 de autos.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1592-2025.- Protección.