nombre reservado con AFP CAPITAL S. A.

nombre reservado

AFP Capital S.A.

Recurso de protección Rol N°1588-2024.

La Serena, veintidós de octubre dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Junior Daza Vargas, abogado, en favor de don nombre reservado, venezolano, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., representada por don nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales en virtud de la Ley N°18.156, lo que representa una vulneración a los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que el recurrente desde el 7 de febrero de 2022 presta servicios profesionales para la empresa que indica, habiéndose efectuado los descuentos previsionales en los servicios respectivos, a pesar de que manifestó expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley N°18.156 y mantener su afiliación al sistema de previsión de su país de origen.

Expone que, en ese contexto, el 3 de septiembre de 2024 efectuó requerimiento a la recurrida, recibiendo el 10 de septiembre pasado una comunicación que expresaba que el trámite había sido rechazado, esgrimiendo como fundamentos que debía aclarar si seguía trabajando con el empleador y que el código QR del certificado de afiliación no funcionaba, no siendo posible corroborar la información contenida en aquel.

Indica que, posteriormente, el 13 de septiembre del año en curso, nuevamente acudió a la recurrida con el objeto de subsanar la observación, petición que fue respondida el 25 de septiembre, reiterándose el rechazo, haciéndose presente que código QR del certificado de afiliación no funcionaba, no pudiendo corroborar la información contenida en él y que la apostilla presente en el título profesional no se puede verificar en la página web que señala.

Afirma que existe una inconsistencia entre los motivos de rechazo entre una y otra oportunidad y que, en relación al código QR del certificado de afiliación, se trata de documento emitido por la Embajada de Venezuela en Santiago, que fue legalizado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, agregando que desde el retiro de la sede diplomática la página de verificación de los documentos emitidos no funciona.

Acota que la argumentación de la recurrida es arbitraria, careciendo de razonabilidad, al existir los medios suficientes para la verificación de autenticidad de los documentos entregados.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida hacer devolución de la totalidad de fondos previsionales del actor, dentro de un plazo de cinco días hábiles, realizando el pago mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente chilena del recurrente, disponiendo, asimismo, todas aquellas medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su presentación: 1. Diploma de título; 2. Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones; 3. Contrato de trabajo y anexos; 4. Captura de pantalla de las solicitudes de devolución de fondos previsionales Ley N°18.156; y 5. Captura de pantalla de correo electrónico con respuesta de rechazo.

SEGUNDO: Que a folio 4, comparece don nombre reservado, en representación del recurrido, solicitando el rechazo del recurso intentado, con costas.

En primer término, plantea que la acción constitucional de protección no es el medio idóneo para discutir la materia de marras, por cuanto excede la finalidad cautelar de aquélla, debiendo ser promovido por requerimiento ante el ente administrativo existente para tal efecto, esto es, la Superintendencia de Pensiones, toda vez que las pretensiones del actor se basan en la interpretación de los requisitos establecidos en la norma previsional para acceder a la devolución de fondos por la Ley N°18.156.

En segundo lugar, afirma la inexistencia de una acción ilegal o arbitraria. En Efecto, sostiene que la recurrida actuó de conformidad a la ley y a las instrucciones del organismo regulador en la interpretación, según sus facultades legales, actuando sobre la base de documentos que contienen defectos en su origen y que no son posibles de validar. Sobre el particular, manifiesta que, si bien el recurrente acompañó el certificado de afiliación, su autenticidad no pudo ver verificada, dado que el código QR contenido en él no funcionaba, de manera tal que las respuestas emitidas al actor se efectuaron con pleno respeto a la ley, señalando un motivo invariable, no existiendo inconsistencia ni contradicción.

Menciona que la Ley N°18.156 establece un beneficio consistente en la exención, tanto para las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero como para dicho personal, de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en organismos de previsión chilenos, con excepción de aquellas establecidas en las leyes N°16.744 y N°19.728, estableciendo el artículo 1 los requisitos copulativos para que opere, a saber, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Luego, precisa que el artículo 7 dispone que podrá solicitarse la devolución, siempre que se verifiquen los requisitos establecidos en el artículo 1 ya referido.

Finaliza señalando que el recurrente no dio cumplimiento a las disposiciones de la ley N°18.156 ya citadas, en especial la letra a) del artículo 1, por tanto no incurrió en ningún acto ilegal ni arbitrario al rechazar su solicitud de retiro de fondos, sino que sólo dio integro cumplimiento a lo establecido en la ley.

Acompaña a su informe: 1. Certificado de afiliación; 2. Título técnico; 3. Contrato de trabajo de 19 de octubre de 2020; 4. Contrato de trabajo de 7 de febrero de 2022; 5. Cédula de identidad; 6. Anexo de Contrato de trabajo de 8 de febrero de 2021; 7. Anexo de Contrato de trabajo de 1 de agosto de 2024; 8. Certificado de remuneraciones imponibles de fecha 13 de septiembre de 2024; y 9. Oficio ordinario N°24.472, de 26 de octubre de 2015, de la Superintendencia de Pensiones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, como se anticipó en el considerando precedente, resulta imprescindible en la acción cautelar de urgencia intentada la existencia de un acto ilegal o arbitrario, cuestión que no acontece en la especie, toda vez que del mérito de los antecedentes, en particular, del informe evacuado por la recurrida, es posible colegir que el motivo de rechazo de la petición de retiro de fondos previsionales en virtud de la Ley N°18.156 obedeció a que la institución recurrida no pudo verificar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 del cuerpo legal antes referido por parte del actor, de manera tal que el acto que por esta vía se reprocha no es ilegal, al fundarse en lo expresamente dispuesto en la ley, ni arbitrario, dado que en el motivo de rechazo se indicó expresamente que no fue posible verificar la autenticidad del certificado de afiliación en la institución previsional de su país de origen, excusa razonable o plausible que aleja todo capricho el proceder de la recurrida, razones por las que se rechazará el recurso impetrado conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1588-2024 Protección.