nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA Y OTRO

nombre reservado

Universidad de La Serena e Ilustre Municipalidad de Combarbalá Recurso de protección Rol N° 158-2025 La Serena, dos de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don nombre reservado, estudiante, quien interpone recurso de protección en contra de la Universidad de La Serena, representada legalmente por su rectora, doña nombre reservado, y en contra de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá por actos ilegales y arbitrarios consistentes en la suspensión y posterior reprobación de su práctica profesional, lo que vulneraría las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1, 4, 10 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que es estudiante regular de la carrera de Química y Ciencias Naturales de la Universidad de La Serena, cursando su décimo semestre, debiendo realizar la práctica profesional obligatoria en la Escuela América y el Liceo Bicentenario Samuel Román Rojas de la comuna de Combarbalá. Indica que el 13 de noviembre de 2024 fue informado telefónicamente por nombre reservado, jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), sobre la suspensión de su práctica profesional y que ante esa situación, al día siguiente, acudió junto a su profesor al DAEM donde se le indicó que se había interpuesto una demanda en su contra por una apoderada del uno de estos establecimientos, sin entregar el nombre de la denunciante ni mayores detalles ya que se había iniciado un proceso de investigación y que en la tarde se le informaría a la Universidad de la Serena la medida de suspensión que fue adoptada mientras dura el proceso.

Expone que en horas de la tarde se comunicó con profesores de la Universidad y en aquella oportunidad los docentes le indicaron que habían tenido una reunión con el jefe del DAEM, quien informó que se le acusaba de acoso hacia una estudiante de la escuela América debiendo ser desvinculado de forma permanente de los dos establecimientos educacionales donde realizaba su práctica y que mientras él estuviera en el cargo no existía la oportunidad para terminar la práctica profesional ni mucho menos trabajar en algún establecimiento de la comuna.

Explica que envió una carta el 15 de noviembre al alcalde, dando cuenta que el jefe del DAEM envió correos a distintas entidades sin dar cuenta de un proceso investigativo y los protocolos que eventualmente se habían iniciado para tomar esa drástica decisión Agrega que se le informó el 28 de noviembre, a través de correo electrónico, la suspensión en sus funciones ya que se encontraba involucrado en casos de connotación sexual en los establecimientos donde realizaba la actividad curricular y que en virtud de aquello fue necesario activar los protocolos y aplicar la causal de reprobación suspendiendo el desarrollo de su práctica profesional para el segundo semestre del 2024.

Aclara que el 15 de noviembre de 2024 la madre de la presunta víctima siendo orientada por el equipo de convivencia escolar y directivo interpuso una denuncia por un presunto acoso o hechos de connotación sexual por parte del recurrente hacia su hija.

Agrega que el 14 de enero pasado se contacto con la Universidad de la Serena para estudiar la posibilidad de que pudiese ser evaluado con los 3 meses de práctica que realizó efectivamente o que se le otorgue otra alternativa. Sin embargo, se le expuso que debía volver a realizar la práctica profesional pagando un semestre completo más, lo que para el recurrente significa un empobrecimiento y sobreendeudamiento todo a consecuencia de una denuncia que nunca fue acreditada, acusando que la Universidad se desvinculó de todo el hecho, responsabilizándolo por la reprobación, lo que correspondió a una decisión adoptada por el DAEM.

Señala que todo esto le ha acarreado numerosas consecuencias y perjuicios perjudicando su prestigio, imagen, dignidad y honra en lo que refiere a su profesión y trabajo como también afecta a su familia.

Sostiene que las acciones realizadas por los recurridos constituyen actos arbitrarios, carecen de justificación y fundamentos, ya que no reflejan atisbos de veracidad puesto que en ningún caso se pudo acreditar el presunto delito de connotación sexual que se le estaba imputando, afectando gravemente el principio de inocencia. Alega que tampoco se desplegó la investigación adecuada respecto de las acusaciones expuestas y se le condenó sin tener una sentencia lo que genera un grave perjuicio a su desarrollo personal y profesional.

En cuanto a las garantías vulneradas sostiene que el actuar de los recurridos lesiona el derecho de educación y el derecho de propiedad dando cuenta que canceló los aranceles para su apropiada educación durante todo el año 2024 mediante un crédito con la misma entidad y no se le concedió la posibilidad de ser escuchado en persona para exponer su situación y que fue expulsado por el DAEM a raíz de una denuncia la cual nunca se acreditó por lo que la reprobación se basó básicamente en inasistencias que no le eran imputables sino a un hecho que escapaba de su responsabilidad y diligencia como estudiante. Alega que lo expuesto también vulnera el artículo 19 número 3 de la carta fundamental en lo referido a los elementos esenciales del debido proceso, pues se le impidió defenderse adecuadamente.

Alega asimismo vulneración al derecho a la honra señalando que, en la especie, su prestigio y crédito se han visto perjudicados por las medidas que se tomaron por hechos que nunca fueron acreditados, atribuyéndole falsas acciones y delitos. Reitera que existe una vulneración al derecho de propiedad en cuanto el derecho a la imagen, lo que es esencial considerando su profesión como futuro profesor de química y Ciencias Naturales.

Finalmente señala que se lesiona el derecho a la integridad psíquica ya que a través de una falta de diligencia y transparencia en el curso de los protocolos activados e investigación de los recurridos se generó una afección de tal magnitud que hoy se encuentra afectado emocionalmente frente a la disyuntiva de qué pasó con la investigación respecto a la denuncia que se interpuso en su contra, ya que no existe ningún otro antecedente.

Por todo lo expuesto solicita que se ordene a la recurrida Universidad de la Serena que evalué al recurrente en su proceso de práctica por el periodo de tres meses que realizó en forma anterior a la suspensión decretada y si no fuera el caso, se le entregue la oportunidad de realizar su práctica profesional nuevamente a costo cero, debido al perjuicio económico que le significa el cursar un semestre más de Universidad, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.-Copia de Formulario de denuncia de fecha 15 de noviembre del 2024 de la denunciante contra nombre reservado. 2.- Protocolo de Prácticas profesionales en contexto presencial 2024 para las carreras de pedagogía Universidad de La Serena. 3.- Copia de Carta de nombre reservado hacia el alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá de fecha 04 de diciembre del 2024. 4.- Copia de Asistencia de práctica profesional 2024 del alumno nombre reservado, en la Escuela América. 5.- Correo de la universidad de la Serena en que se informa sobre reunión por meet con fecha 14 de enero del 2025, para discutir sobre la problemática de nombre reservado. 6.- Copia de Carta de equipo de Práctica en química y ciencias naturales.

SEGUNDO: Que a folio 9 informa el recurso doña Gisella Fernanda Fuentes Fuentes, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá.

En primer término alega la extemporaneidad del recurso señalando que el 13 de noviembre del 2024 don nombre reservado quien fuera el ex jefe del departamento de educación de la municipalidad de Combarbalá envió un correo electrónico a doña nombre reservado quién es la coordinadora de práctica de la Universidad de la Serena informando la situación ocurrida en la escuela América y Liceo bicentenario Samuel Román rojas de la comuna de Combarbalá, Respecto de los hechos en que esté involucrado el recurrente quien se desempeñó como alumno en práctica principalmente las asignaturas de Ciencias Naturales de séptimo y octavo básico y químico en primero y segundo medio y además como profesor jefe y de orientación. Al envío del correo el jefe del DAEM, ya se había contactado con el recurrente vía telefónica señalándole que se adoptaría la medida de suspensión de práctica profesional.

Expone que el recurrente tuvo conocimiento de los hechos el 13 de noviembre del 2024 y la interposición del recurso se hizo el 30 de enero del 2025, por lo tanto, el plazo de 30 días previsto en el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección precluyó, por lo que solicita el rechazo del recurso por haber sido ejercido en forma extemporánea con costas.

En subsidio, en cuanto al fondo del asunto alega la improcedencia de la acción de protección alegando la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario y que no ha existido una perturbación de sus garantías constitucionales.

En cuanto a la cronología de los hechos, señala que el 13 de noviembre del 2024, luego de conocer los hechos denunciados por la apoderada de la escuela América, el ex jefe DAEM don nombre reservado, tomó contacto telefónico con don nombre reservado indicándole que su práctica sería suspendida. Posteriormente le envió un correo electrónico a doña nombre reservado, indicándole “… que el señor nombre reservado estaría involucrado en casos de connotación sexual cometidos en los establecimientos antes mencionados, por lo tanto, se está investigando con total rigurosidad y reserva, y debido al grado de afectación, es que he decidido adoptar la medida de suspensión de práctica, decisión que informé personalmente por vía telefónica al señor nombre reservado”.

Aclara que el 14 de noviembre doña nombre reservado envió un correo electrónico en el cual manifiesta preocupación por el tenor del mail que envió referente a la situación que acontece con el alumno en práctica nombre reservado, señalando que es imperioso aclarar todo lo sucedido ya que nunca había sucedido algo de ese tenor con sus estudiantes en práctica por lo que le solicitó una reunión de manera virtual.

Explica que el mismo 14 de noviembre el director del Liceo bicentenario envía los antecedentes de una segunda situación ocurrida con anterioridad en el mes de septiembre del 2024, los que son enviados al abogado del municipio para su conocimiento.

El 15 de noviembre se realiza denuncia en Fiscalía por parte de la escuela América, a través del inspector general del establecimiento, denuncia de la cual está en conocimiento el recurrente.

El 18 de noviembre se formaliza lo comunicado el 13 de noviembre vía correo electrónico señalando que se suspende la práctica profesional del recurrente mientras dura la investigación el 19 de noviembre del 2024 el director de la escuela América ingresa al juzgado de letras y garantía de Combarbalá una solicitud de medida de protección bajo el rol P-144-2024, el cual se encuentra en proceso, pero dado que se trata de una materia de familia no es posible conocer y señalar más antecedentes al respecto.

Hace referencia a la obligación de denunciar los delitos que afectaren a los niños niñas y adolescentes o que viene han tenido lugar en el establecimiento, qué pesa sobre los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de conformidad al artículo 175 del código procesal penal.

Aclara que en ningún caso se trató al recurrente como una persona ya condenada, sino que la decisión de suspender su práctica profesional se realizó con el fin de resguardar la integridad de los estudiantes de los establecimientos escolares ya mencionados y siempre se le mencionó que dicha suspensión se mantendría mientras dura la investigación, y que incluso en dos oportunidades el actor se acercó a su oficina, donde le indicó los procedimientos y lo orientó. Agrega que el recurrente como estudiante en práctica no tenía ningún vínculo contractual con la ilustre municipalidad de Combarbalá, y es por ello que se pone en conocimiento de los hechos a la Universidad de la Serena para que tome todas las medidas que le correspondan como entidad académica.

Descarta la vulneración de garantías que señala el recurrente e indica que los hechos relatados por una de las estudiantes, que no serán reproducidos en esta oportunidad por tratarse de una causa reservada, vulneran su integridad física y psíquica, lo que tuvo consecuencias en su actuar, incluso negándose a asistir a clases, lo que alertó a la madre. Agregan que las alumnas involucradas en los hechos están en distintas etapas educacionales, enseñanza básica y media, ambas se encuentran ejerciendo su derecho a recibir educación, la que no se debe ver afectada por actos que perturben su tranquilidad dentro de los establecimientos.

Agrega que por parte de la ilustre municipalidad de combarbalá se adoptó la medida de suspensión de la práctica profesional, lo que no significa que existe una condena previa, sino que constituye una medida de resguardo ante los hechos denunciados, mientras dure la investigación a raíz de la denuncia interpuesta en Fiscalía y mientras se lleva a cabo el procedimiento de la medida de protección interpuesta en el tribunal. Agrega que, los procesos han sido llevados según lo establecido en la ley y los protocolos internos, y se encontran a la espera de lo que pueda resolverse en la causa de protección y el curso que siga la denuncia realizada en Fiscalía.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Mandato Judicial otorgándome personería; 2. Copia de correos electrónicos; 3. Certificado de envío de causa P-144-2024; 4. Respuesta con ord. 1547 a cartas enviadas por don nombre reservado.

TERCERO: Que a fojas 18, informa el recurso Daniel Alberto Saavedra Latorre, abogado en representación convencional de la Universidad de la Serena, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Expresa la cronología de los hechos en cuanto a la comunicación del jefe del time del 13 de noviembre informando la medida de suspensión de práctica profesional del recurrente por una presunta vinculación con casos de connotación sexual en los establecimientos donde desarrollaba su actividad curricular de práctica profesional. Que al día siguiente se sostuvo una reunión virtual con el jefe del DAEM, donde se informó que el apoderado de un estudiante menor de edad había presentado una denuncia a través del abogado de la municipalidad por lo que se activaron los protocolos establecidos ante esas situaciones, informándose que el recurrente no podía ingresar a los establecimientos educacionales mientras se investigara la situación, Decisión que se mantuvo y fue comunicada el 15 y 18 de noviembre y el 3 de diciembre , Expresando en esta última reunión el director de la escuela médica que las medidas adoptadas estaban orientadas a la protección de el o la estudiante involucrado/a.

Aclara que la suspensión de la práctica del alumno fue ordenada de forma unilateral por parte del DAEM limitándose La Universidad de la Serena acatar esa decisión, puesto que la especie La Universidad carece de información al respecto y esta parece suficientemente fundada en atención a graves antecedentes donde resulta menester la protección de un menor de edad.

Explica que considerando el calendario académico y los procedimientos que implica la suspensión de una práctica tan avanzado el semestre, el 19 de diciembre se procedió a cerrar las actas académicas y por lo tanto, la reprobación de la asignatura por parte del estudiante en virtud de la aplicación del reglamento de práctica, lo que fue informado al estudiante vía correo electrónico, lo cual sin embargo, es una mera formalidad puesto que requiere una asistencia del 100%, y al serle suspendida la práctica por parte del DAEM su reprobación se transforma en un hecho consolidado, de lo cual el alumno tuvo conocimiento inmediato puesto que se desprende del mismo reglamento.

En cuanto a la reprobación de la práctica profesional, indica que la normativa que regula la situación del alumno se encuentra consolidada en dos documentos, el Protocolo de Practicas y el Reglamento de Practicas. En ambos instrumentos se establece que la asistencia al establecimiento educacional o institución, así como a seminarios es de un 100% y que para aprobar la práctica profesional el practicante deberá haber cumplido con el 100% de asistencia a todas las actividades de la práctica profesional.

Explica que, en base a lo anterior, la reprobación es el resultado natural de la aplicación de ambos reglamentos, el alumno, por motivos ajenos a la Universidad de la Serena no cumplió con la asistencia requerida - En la especie cumplió con un 78% de asistencia, lo que implica necesariamente su reprobación.

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior y presunción de inocencia del recurrente, ya la fecha del informe no existe impedimento de tomar la práctica nuevamente, debiendo cumplir como cualquier alumno con los requisitos de ingreso, pago de matrícula y pago de arancel, lo que el actor no ha hecho.

De otro lado alega que la acción ha sido interpuesta en forma extemporánea ya que la determinación de suspender la práctica del estudiante fue tomada unilateralmente por el DAEM de Combarbalá con motivos justificados e informada al recurrente el 13 de diciembre del 2024 y a la fecha de interposición del recurso han transcurrido sobradamente los 30 días que contempla el auto acordado 94-2015, contados entre que la recurrente tomó conocimiento de la supuesta afectación a sus garantías fundamentales y la fecha de interposición del recurso.

Alega que la reprobación del alumno no es ilegal puesto que se motiva en la aplicación de la normativa conocida y aceptada por el recurrente y esta a su vez emana de un acto realizado por el DAEM en total cumplimiento de la legislación vigente.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelares inmediatas, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

QUINTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad deducida por ambas recurridas, es dable reconocer que el recurso se dirige en contra de la decisión de la Universidad de La Serena en orden a reprobar la práctica profesional del alumno recurrente. En tal sentido se debe tener presente que el 18 de noviembre pasado se comunica formalmente por el jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal la suspensión de la práctica de profesional del alumno a las autoridades universitarias. Luego, el 13 de diciembre pasado se informa por la Universidad al alumno la reprobación de la mencionada práctica, por las razones esgrimidas en el informe, decisión que quedó afirme el 19 de ese mes y año, al cerrarse las actas académicas y que constituye el acto que motiva la interposición de esta acción cautelar.

Luego, considerando que el recurso se interpuso el 30 de enero de 2025, éste aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia y, por consiguiente, la pretendida extemporaneidad debe ser acogida.

Si bien el actor intenta hacer parecer que el plazo debe computarse desde enero en curso, fecha en la que la Universidad recurrida rechazó una solicitud tendiente a revertir la decisión que por esta vía se recurre, lo cierto es que aquella instancia no es el acto impugnado, sino simplemente una medida que el recurrente decidió adoptar en relación con un acto ya finiquitado.

SÉPTIMO: A mayor abundamiento, la medida adoptada por el DAEM de Combarbalá se estima acorde a derecho, en cuanto no es discutido que en contra del actor se interpusieron dos denuncias por apoderados de alumnos de establecimientos escolares diversos y por actos que, según refirieron los abogados en sus alegatos, serían de connotación sexual.

Aquella medida es la que debe adoptarse en relación con cualquier asistente de la educación y colaboradores ante hechos como los insinuados, sobre todo por protección a los niños, niñas o adolescentes víctimas de estos. Más allá, por cierto, de la acreditación de su ocurrencia y de las consecuencias penales que hubiere lugar, la medida es acorde al cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley General de educación en relación con la protección de los niños en tanto se encuentren en dependencias de los establecimientos escolares.

Asimismo, esta Corte observa que el actor pretende que, por esta vía, se le otorgue un trato especial que lo deje en una posición más ventajosa que otros estudiantes en su situación.

En efecto, se busca que la universidad, desoyendo las normas del Protocolo y Reglamento de práctica profesional, que exigen 100% de asistencia a ellas, se le califique una diligencia esencial para su titulación bajo requisitos especiales que la normativa no considera, nuevo motivo para el rechazo de la acción.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Universidad de La Serena y la Ilustre Municipalidad de Combarbalá.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 158-2025.