nombre reservado con BANCO SANTANDER-CHILE S.A.

nombre reservado y otra Banco Santander Chile S.A Recurso de Protección Rol N°1575-2024.- La Serena, veintitrés de diciembre dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, en favor de sus hijas menores de edad nombre reservado y Mia Tamara, ambas nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Banco Santander Chile, señalando como acto ilegal y arbitrario la negativa a entregar el dinero que el causante –padre de sus hijas– mantiene en las cuentas de dicha institución bancaria, lo que representa una vulneración a los derechos de igualdad ante la ley, libertad para adquirir el dominio respecto de toda clase de bienes y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°2, 23 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que es gitana y, dado que tendría que viajar y ausentarse del hogar, por sentencia de 26 de mayo de 2021, sus hijas quedaron bajo el cuidado de su padre, quien lamentablemente falleció el año pasado.

Refiere que solicitó la posesión efectiva de la herencia quedada al fallecimiento del padre de sus hijas, en calidad de herederas, dado que el causante tenía un saldo de $6.693.272 y otro producto de $12.985.947 en el referido banco, montos obtenidos a propósito del trabajo en la compraventa de vehículos motorizados, actividad a la que se dedicaba.

Expone que, al momento de requerir el retiro del dinero, la recurrida se negó, arguyendo que no aparecía como la persona que detentaba el cuidado personal de sus hijas, el que, según indica, evidentemente recae en su persona, si se tiene en cuenta que el padre de ellas falleció.

Finaliza solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra del recurrido, ordenándole que proceda al pago inmediato de los fondos retenidos de la cuenta corriente del padre de sus hijas, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Certificados de nacimiento; 2. Posesión efectiva de herencia; 3. Certificado emitido por Banco Santander; 4. Certificado de defunción; 5. Mediación voluntaria materia cuidado personal; y 6. Sentencia cuidado personal.

SEGUNDO: Que a folio 11 comparece don nombre reservado, en representación del recurrido Banco Santander, solicitando el rechazo del recurso intentado.

Indica que el Banco no ha desconocido la existencia de saldos de dineros del causante ni se ha negado arbitrariamente a entregarlos como lo plantea la recurrente, sino que le ha solicitado a ésta que entregue antecedentes que permitan concluir el estudio de poderes y, con ello, validar la procedencia de la entrega de los dineros.

Lo anterior, dado que el cuidado personal y la patria potestad fue entregado por sentencia judicial al padre, al menos respecto de la hija nombre reservado, por lo que es necesario tenerla a la vista, a fin de analizar si la pérdida de ellos lo fue por culpa de la madre, en cuyo caso se requiere de una nueva sentencia para que pueda ser rehabilitada para detentarlos.

Culmina alegando que, en la especie, no existe un derecho indubitado, toda vez que lo impugnado guarda relación con el ejercicio de los derechos y obligaciones fiduciarias del Banco, lo que abona al rechazo de la acción intentada.

Acompaña a su informe copia del reparo detectado en el estudio de los poderes elaborados por el Banco Santander.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes, es dable dar por establecidos los siguientes hechos, al no haber sido controvertidos:

1.- La recurrente, en calidad de madre y representante de sus hijas Sharon y Mia, de 14 y 4 años de edad, respectivamente, concurrió al Banco Santander, solicitando el retiro de fondos (dinero) de propiedad del padre de éstas, fallecido.

2.- Que el banco recurrido, mediante reparo de 23 de febrero en curso contenido en documento “Nº de SGL: 2471161”, sostuvo únicamente que “Para informar la posesión efectiva de la referencia, solicitamos lo siguiente:

-Certificado de acreencias del Banco, indicando los dineros habidos antes del fallecimiento del causante.

-Acreditar la persona que ejerce la patria potestad y el cuidado personal de las menores nombre reservado y nombre reservado, con resolución emitida por el Juzgado de Familia que corresponda.

SE HACE PRESENTE QUE, los certificados de nacimiento de las herederas, tiene anotadas resoluciones judiciales relativas al cuidado personal de estas, correspondiendo en ambas al padre fallecido. Hacemos presente que del estudio de los antecedentes solicitados podrá surgir la necesidad de solicitar otros.

Saluda atentamente a Ud., Carlos Gonzalez.-“ A riesgo de reiteración, no aparecen otras causales de reparo.

3.- Que, dentro de los documentos tenidos a la vista por la entidad bancaria, estaban los certificados de nacimiento de las niñas, en los que aparece que su “cuidado personal” lo detenta su padre; respecto de Sharon en virtud de sentencia dictada por tribunal competente y de Mia por acuerdo de los progenitores. (destacamos el concepto entrecomillado, pues nada se refiere de la patria potestad)

SEXTO: Que de acuerdo a lo anterior, y con el fin de resolver el asunto, es dable preguntarse si la decisión del banco recurrido -exigir antecedentes en los términos ya referidos- es un acto arbitrario o ilegal.

Estos sentenciadores consideran que, para ello, es relevante tener en consideración que la Ley N°20.680, que introdujo diversas modificaciones a cuerpos legales en relación con la institución del cuidado personal, reguló un nuevo estatuto jurídico sobre este derecho/deber y sobre la patria potestad.

Al efecto, el objetivo de la ley es producir una igualación en los roles paternofiliales, abandonando la teoría imperante en aquel tiempo y que dejaba en la madre los deberes de crianza y educación, detentando éstas el cuidado personal por defecto, en el evento de separación de los progenitores.

Sin embargo, la reforma legal puso énfasis en la corresponsabilidad parental, que consiste en la presencia activa, equitativa y permanente de ambos progenitores en todos los espacios de crianza de los hijos, siendo ambos obligados a aquello. El Estado, en tal caso, opera como agente externo de apoyo y su es de carácter intervención supletoria.

Es así como la regulación del cuidado personal, entendido éste como el régimen de residencia que detenta un niño, niña o adolescente, corresponde a ambos padres, tal como sostiene el artículo 224 del Código Civil, al mandatar que “Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos”. Aquella es la denominada regla de atribución legal del cuidado personal.

Ahora bien, en caso de separación de los progenitores, opera la regla de atribución supletoria convencional, que consiste en que éstos podrán acordar cuál será el régimen de cuidado personal de sus hijos, pudiendo pactar su ejercicio de forma conjunta o independiente, en caso de vivir separados. Ellos pueden, incluso, pactar un acuerdo que regule el denominado cuidado personal compartido, como régimen de alternancia residencial.

A falta de acuerdo y de forma supletoria, opera la regla de radicación judicial, que consiste en que, en virtud del interés superior de los niños y niñas, el Juez de Familia competente decidirá cuál de los progenitores ofrece mejores garantías de seguridad y protección para sus hijos, radicando su cuidado personal en uno o en otro.

Luego, en cuanto a la patria potestad, entendida ésta como “el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados” (art. 243 del Código Civil) y la representación judicial y extrajudicial, es dable consignar que, como mandata el artículo 244 del Código Civil, ella recae en ambos padres, quienes pueden decidir actuar de consuno o indistintamente y, a su vez, la ley distingue entre actos de administración y de disposición, debiendo actuar siempre conjuntamente en los segundos.

Sin embargo es la misma norma la que, en su inciso final, zanja el asunto que fue presentado a conocimiento de esta Corte, cuando alude a que “En defecto del padre o madre que tuviere la patria potestad, los derechos y deberes corresponderán al otro de los padres.” Dicha regla es idéntica a aquella contenida en el artículo 224 inciso primero de este mismo cuerpo normativo, a la que ya nos referimos bajo el acápite “regla de atribución legal.” Por ende, no cabe duda alguna que, en caso de muerte de uno, es el otro progenitor el que ejercerá estos derechos y cumplirá los deberes ínsitos en ellos.

Por lo demás, el artículo 245 del Código de Bello sostiene que “Si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida por aquel que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo, o por ambos, de conformidad al artículo 225.”

SÉPTIMO: De esta forma, si la entidad bancaria tenía pleno conocimiento del fallecimiento del progenitor y de ser éste el padre de las herederas, calidad que aparecía con nitidez de la posesión efectiva exhibida al formularse el requerimiento, solo cabía concluir que la patria potestad y, por ende, el derecho a concurrir por las niñas a sostener la petición quedaba en manos de la progenitora sobreviviente, de manera tal que su negativa a acceder de inmediato a lo pedido puede ser considerado arbitrario.

Es más, exigirle a la recurrente “acreditar quien ejerce el cuidado personal” no resulta relevante, desde que este derecho-deber, como ha quedado establecido, no contiene el poder de actuar por las niñas -como si la patria potestad- y, asimismo, hacerlo “con resolución judicial” importa requerir un trámite que está de más, si se comprendiera el alcance de la reforma legal a la que nos venimos refiriendo.

Lo que queremos decir es que, en cualquier caso, ante el fallecimiento del progenitor, era la madre la convocada a ejecutar acciones representando a sus hijas, lo que emana del texto de la ley y no se requiere, como en el sistema previo a la reforma, la acreditación de tal calidad, la que se supone detentan los progenitores de pleno derecho, salvo subinscripción en contra que no existe.

OCTAVO: Tal acto recurrido atentó contra la igualdad de las niñas frente al tratamiento que, a otras en similares condiciones, se les pudo dar, su patrimonio, al impedirle disponer de parte de sus bienes y, por otro lado, su interés superior, desde que los requerimientos innecesarios provocaron una evidente demora en el proceso de percepción de montos pertenecientes a su patrimonio y, con ello, vieron limitado el acceso a bienes y servicios que pudieron adquirir, de haber contado con tales fondos. De hecho, como refirió el representante de la recurrida, a esta fecha el proceso aún no está terminado.

Conforme a ese interés superior, entendido como la adopción de la decisión que permita el ejercicio de derechos de forma amplia e integral -y no aquella que los limite-, sumado a que mediante su curadora ad litem designada por esta Corte las niñas fueron oídas, ratificando la posición de su progenitora, habiéndose dado cumplimiento al mandato de la Convención sobre derechos del niño, en sus artículos 3 (interés superior) y12 (derecho a ser oídas) contenidos, asimismo, en los artículos 7, 28 y 50 de la Ley N°21.430, solo cabe acoger el libelo y, con ello, restablecer el imperio de derecho, eliminando exigencias que no son necesarias, desde las nuevas disposiciones legales vigentes en Chile desde el año 2013.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en favor de sus hijas menores de edad nombre reservado y Mia Tamara, ambas nombre reservado, en contra del Banco Santander y, en consecuencia, se instruye al Banco Santander Chile acceder al requerimiento y entregar los fondos de propiedad de las niñas a quien es su representante legal.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el ministro titular señor Felipe Pulgar Bravo.

Rol N°1575-2024 Protección.-