Protección contra HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA

nombre reservado

Hospital San Juan de Dios de La Serena Recurso de protección Rol Nº157-2026 La Serena, cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Zakjaris Johvelem Rojas Luna, abogado, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, mayor de edad, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA, establecimiento autogestionado representado legalmente por su director don nombre reservado

nombre reservado, ingeniero comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el actuar que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la declaración de vacancia del cargo de la recurrente, notificado el 26 de diciembre de 2025, vulnerando con ello sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 1, N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente se desempeñaba como funcionaria pública regida por el Estatuto Administrativo y que, en el ejercicio de sus funciones asistenciales como kinesióloga de primera línea durante la pandemia por COVID-19, contrajo la enfermedad el 20 de junio de 2022, la que fue calificada como enfermedad profesional, evolucionando hacia secuelas post- COVID de carácter respiratorio y funcional que motivaron la tramitación del procedimiento de evaluación de incapacidad conforme a la Ley N° 16.744.

Indica que dicho proceso culminó con resolución firme de la Comisión Médica de Reclamos (COMERE), sesión NUM000 de 28 de octubre de 2025, que fijó una incapacidad permanente del 80%, resolución notificada a la actora y a su empleador en diciembre de 2025, consolidando su situación jurídica y activando —según sostiene— la aplicación del artículo 152 del Estatuto Administrativo.

Afirma que dicha norma establece imperativamente que, declarada la salud irrecuperable, el funcionario debe retirarse dentro del plazo de seis meses contado desde la notificación de la respectiva resolución, período durante el cual no está obligado a trabajar y mantiene el derecho a percibir la totalidad de sus remuneraciones, pudiendo la Administración declarar la vacancia solo si, vencido dicho plazo, no se produce el retiro voluntario. Sin embargo, alega que el hospital recurrido prescindió completamente de este procedimiento legal, pasando directamente desde la notificación de la incapacidad permanente a la declaración de vacancia del cargo, sin dictar acto previo que diera inicio al cómputo del plazo de seis meses, sin otorgar dicho término, sin permitirle ejercer su derecho a permanecer vinculada durante ese lapso y sin pagarle las remuneraciones correspondientes, lo que —según afirma— importó la privación ilegítima de un crédito cierto y actualmente incorporado a su patrimonio.

Añade que el acto impugnado carece absolutamente de motivación, pues se limita a señalar que “se declara vacante su cargo por el motivo antes mencionado”, sin precisar la causal legal de vacancia, ni si esta se funda en salud irrecuperable, incompatibilidad u otra hipótesis del Estatuto Administrativo, infringiendo los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 y dejándola en situación de indefensión al impedirle conocer y controvertir el fundamento normativo real de la decisión.

Sostiene además que, aún en la hipótesis de estimarse que la vacancia se fundó en razones de salud, la autoridad actuó con infracción al principio de juridicidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución, al omitir íntegramente la secuencia obligatoria del artículo 152 del Estatuto Administrativo, sustituyendo la ley por su mera voluntad.

Afirma que tal proceder vulnera su derecho de propiedad del artículo 19 N°24 al privarla de seis meses de remuneraciones fiscales que constituían un crédito exigible; así como su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, por otorgarle un trato distinto al de otros funcionarios en igual situación jurídica que sí acceden al plazo legal; y su derecho a la vida e integridad física y psíquica del artículo 19 N°1, por cuanto la privación de su sustento económico, en el contexto de una grave enfermedad profesional con incapacidad permanente del 80%, incrementa su vulnerabilidad y compromete la continuidad de sus tratamientos médicos y su estabilidad emocional. Añade que la gravedad del actuar se acentúa por tratarse de una funcionaria de salud que contrajo la enfermedad en el cumplimiento de funciones durante la pandemia.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, dejando sin efecto el acto administrativo de vacancia de 23 de diciembre de 2025 y cualquier otro relacionado, se ordene la inmediata reincorporación de la recurrente con pago retroactivo de las remuneraciones adeudadas, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 9 del expediente, se evacuó informe por el Hospital de La Serena, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), mediante Resolución NUM001 de 28 de abril de 2025, declaró a la recurrente con un 75% de incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional, momento desde el cual —afirma— quedó establecida su situación de invalidez y comenzó a correr el plazo de seis meses del artículo 152 del Estatuto Administrativo.

Agrega que, si bien la Comisión Médica de Reclamos (COMERE), en sesión de 28 de octubre de 2025, elevó el porcentaje al 80%, dicha decisión no alteró la naturaleza jurídica de la incapacidad previamente declarada, sino únicamente su cuantía, por lo que no reinició el cómputo del plazo legal.

Indica que mediante Resolución NUM002, de 30 de enero de 2026, registrada en Contraloría Regional de Coquimbo, se declaró vacante por salud irrecuperable el cargo de la recurrente, con efectos desde el 29 de octubre de 2025, destacando que entre el 28 de abril y dicha fecha transcurrieron íntegramente los seis meses legales, período durante el cual la funcionaria percibió normalmente sus remuneraciones.

Si bien reconoce que el oficio de 23 de diciembre de 2025 emitido por la Jefatura de Gestión de Personas contiene errores formales —tales como atribuir el dictamen a la ACHS y consignar incorrectamente la fecha de vacancia—, pero sostiene que se trató de una mera comunicación interna cuya deficiente redacción no es fuente de derechos ni altera la validez de la resolución formal de vacancia.

Asimismo, señala que la recurrente comenzó a percibir pensión de invalidez desde el 2 de noviembre de 2025, beneficio que estima incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones como funcionaria activa, de conformidad con el artículo 31 del Decreto N°57 de 1990 y con la doctrina de la Contraloría General de la República, por lo que incluso afirma que los pagos efectuados por el Hospital en noviembre y diciembre de 2025 constituyen pagos indebidos que deberán ser objeto de reintegro.

Por lo señalado, concluye que no existe acto ilegal ni arbitrario, toda vez que la vacancia del cargo se dictó en aplicación del régimen estatutario tras haberse cumplido el plazo del artículo 152. Asimismo, señala que tampoco existe privación ilegítima de remuneraciones ni afectación patrimonial actual —pues la actora percibe su pensión de invalidez— y el eventual error del oficio de diciembre carece de aptitud para generar derechos, por lo que solicita el rechazo del recurso de todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para la acertada resolución del asunto, resulta oportuno tener presente que el artículo 152 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, prescribe que: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador”.

SEXTO: Que, ahora bien, previamente es necesario consignar que el acto impugnado por el recurrente, esto es, la comunicación del Hospital que le fuera notificada el 26 de diciembre de 2025, tan sólo corresponde a una misiva informativa, mas no a la resolución por la cual se declaró la vacancia del cargo de la actora. En consecuencia, careciendo de toda aptitud resolutiva, es que la misma no resulta impugnable por esta vía.

Sin perjuicio de ello, atendiendo al fondo de los cuestionamientos de la parte recurrente, conviene dejar consignado que, de los antecedentes allegados al expediente, resulta un hecho establecido que el 28 de abril de 2025 la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez dictó la respectiva resolución de incapacidad permanente Ley N°16.744, respecto a la actora, estableciendo un grado de incapacidad de un 75%, conclusión que además aparece validada por la Asociación Chilena de Seguridad, según se advierte de la comunicación enviada por el referido organismo asegurador el 23 de julio de 2025.

Asimismo, es un hecho establecido que por Resolución NUM002 de 30 de enero de 2026 del Hospital San Juan de Dios de La Serena, se declaro la vacancia del cargo de la recurrente, por salud irrecuperable, siendo registrada la resolución en misma fecha ante la Contraloría General de la República.

SÉPTIMO: Que, en el referido escenario fáctico, no se advierte que la recurrida haya dado incumplimiento al periodo de 6 meses para retirarse voluntariamente que establece el artículo 152 del Estatuto Administrativo, pues se entiende que dicho término corrió a partir del 29 de abril de 2025 — día siguiente a que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez dictara la respectiva resolución de incapacidad— hasta el 29 de octubre de 2025. En el mismo sentido, yerra el recurrente al pretender computar el término que establece el artículo 152 del Estatuto Administrativo a partir de la resolución del Hospital de La Serena, pues el tenor de la norma en examen es claro, en cuanto a que dicho periodo de tiempo se debe contar a partir de la notificación de la resolución que declara la irrecuperabilidad, tal como ocurrió en la especie. Asimismo, abona al rechazo de la presente acción, la circunstancia que la recurrente percibe la respectiva pensión de invalidez desde el mes de noviembre de 2025, pues no podría estar percibiendo de manera simultánea la remuneración correspondiente a su función y la mentada pensión.

OCTAVO: Que, de esta manera, no se verifican los reproches efectuados por la parte recurrente a la resolución impugnada, atendido que esta fue emanada de la autoridad competente, dentro de sus atribuciones, fundado en causa legal y dotada de la motivación necesaria para sustentar la decisión adoptada, por lo que el recurso necesariamente deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra del Hospital San Juan de Dios de La Serena.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°157-2026 (Protección).-