nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N°1564-2026.- La Serena, cinco de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, don Juan Pablo Castro Cortés, abogado, en favor de doña nombre reservado, chilena, casada, trabajadora social, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por la dictación de la Resolución Exenta R-113351-2026 de 31 de julio de 2026, mediante la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°127485143-7, N°127797913-2, N°128201497-8, N°128593838-0 y N°129038241-2, por parte de la COMPIN, extendidas por un total de 150 días, a contar del 5 de febrero de 2026, por reposo injusto, lo que vulnera las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente es trabajadora social, quien ingresó, el 22 de julio de 2024, a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, haciendo uso de licencia médica prolongada por orden psiquiátrico, desde noviembre de 2024, lo que ha implicado un largo tratamiento farmacológico y un proceso de recuperación tórpido, lo que ha dilatado el reposo.

En cuanto a la resolución impugnada, señala que el único insumo clínico que sustento la referida resolución fue una evaluación que data de 4 de febrero de 2025, lo que resulta precario e insuficiente, ya que no da cuenta del actual estado de salud de la recurrente.

Agrega que el Decreto Supremo N°3, en su artículo 21, autoriza a la autoridad a disponer diligencias complementarias, como exámenes, peritajes o informes adicionales en caso de que existan dudas sobre la justificación de reposo, omisión que se alza como una falta de diligencia inexcusable e incompatible con los principios que rigen el actuar de los órganos del Estado, citando los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Concluye solicitando se acoja el recurso de protección, ordenándose a la recurrida dejar sin efecto el rechazo de las licencias médicas, autorizándolas, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 6, doña Romina Andrea Ugalde Rañileo, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, evacúa el informe.

En primer lugar, alega la improcedencia de la acción de protección, ya que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, no amparado por la presente acción cautelar, solicitando se declare la improcedencia de la acción.

En subsidio, en cuanto al fondo, alude al derecho a licencia médica, indicando que lo esencial para su autorización es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo.

Respecto de la resolución impugnada, Resolución Exenta R-01-UME-108517-2026, de 31 de julio de 2026, señala que la Superintendencia estudio los antecedentes mediantes sus médicos, siendo citada la recurrente a peritaje por la COMPIN, el 5 de septiembre de 2025, por lo cual, en mérito de los antecedentes clínicos, administrativos y normativos tenidos a la vista, el dictamen impugnado se encuentra debidamente fundado en los antecedentes médicos evaluados y resulta concordante con lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez competente, ajustándose a la normativa vigente y a los criterios técnico-médicos aplicables en materia de licencias médicas.

Señala que la recurrente reclama 5 licencias médicas que comprenden un total de 150 días de reposo, registrando previamente 428 días autorizados por la misma patología y un total acumulado de 1.577 días de reposo por distintas patologías. Este antecedente resulta especialmente relevante, por cuanto, tratándose de períodos de reposo de tan extensa duración, su prolongación requiere acreditar no solo la persistencia de sintomatología, sino también la existencia de una incapacidad laboral de carácter temporal y que la mantención del alejamiento laboral continúe cumpliendo una finalidad efectivamente terapéutica, sin embargo, del informe emitido por el médico tratante, de 5 de junio de 2026, no es posible justificar la necesidad de prolongar el reposo laboral por otros 150 días, teniendo presente que no se acreditan medidas terapéuticas proporcionales a la extensión y persistencia del cuadro ni al compromiso funcional, no constando una derivación a dispositivos de mayor complejidad de la red asistencial, modificaciones farmacológicas relevantes y oportunas, intensificación suficiente de las intervenciones terapéuticas ni una planificación concreta y progresiva destinada a favorecer la recuperación funcional y el reintegro laboral, además, de los antecedentes se desprende que la posibilidad de reintegro laboral aparece condicionada principalmente a la resolución de un conflicto laboral pendiente, sin que exista un plan terapéutico concreto dirigido a recuperar progresivamente la funcionalidad laboral.

Prosigue citando las facultades de la Superintendencia e indica que no existe actuar ilegal o arbitrario que le pueda ser atribuido, no existiendo garantías vulneradas respecto de la recurrente.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la improcedencia del presente recurso alegada por la recurrida, por tratarse de materias que pertenecen al campo de la seguridad social, garantizada en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, que no se encuentra amparada por la vía de urgencia ejercida, esta alegación será desestimada, ya que el presente arbitrio ha sido deducido, según se desprende del libelo presentado por la recurrente, por estimarse infringido el derecho a la vida e integridad física y psíquica y el derecho de propiedad, derechos que se encuentran garantizados en los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los que están comprendidos dentro del catálogo taxativo que ampara el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, la resolución recurrida - Resolución Exenta R-01-UME-108517-2026, de 31 de julio de 2026 - al rechazar las licencias médicas referidas por la recurrente, consigna “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 127485143-7, 127797913-2, 128201497-8, 128593838-0, 129038241-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 428 días de reposo ya autorizados por la misma patología y los 1577 días en total por distintas patologías.

Que, el informe del médico tratante con fecha 05/06/2026, aun cuando describe cuadro clínico y tratamiento, no logra fundamentar el rol terapéutico del reposo en sí mismo. No se acreditan ajustes de tratamiento oportunos y relevantes, así como acciones terapéuticas concordantes con compromiso funcional consignado como la derivación a dispositivo de mayor complejidad. Sumado a lo anterior, los reposos extensos contribuyen a perpetuar y cronificar sintomatología, en especial ante la presencia de vulnerabilidad personal de base. Finalmente, de todos los antecedentes evaluados se desprende que no existe una propositividad vital orientada al reintegro, debido a que la parte reclamante se encuentra a la espera de resolución judicial de conflicto laboral. En consecuencia, la indicación de reposo carece de fundamento clínico y no encuentra respaldo en criterios terapéuticos”.

SÉPTIMO: Que, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, de los antecedentes acompañados, especialmente de la resolución que se recurre, se evidencia que esta fue debidamente fundada haciéndose cargo de los antecedentes médicos de la actora, sin que se haya aportado algún otro antecedente por la recurrente que desvirtúe lo resuelto por la Superintendencia, por lo cual, habiendo sido dictada la resolución impugnada por autoridad competente, en cumplimiento de la normativa vigente, y encontrándose debidamente fundada, el recurso deberá ser desestimado como se dirá en los resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Acordada con el voto en contra del ministro Sr. Pulgar, quien fue de parecer de acoger el libelo, para lo cual concluye que la decisión de la recurrida adolece de falta de fundamentación, pues se sustenta en los "antecedentes tenidos a la vista" sin señalar cuáles, lo que resultaba imprescindible, pues consta en la carpeta administrativa anexada a los autos que se efectuó un peritaje en febrero de 2025 y, con posterioridad a éste, fueron autorizadas diversas licencias, sin que aquel haya detentado la fuerza suficiente para desecharlas. A lo anterior debe agregarse que la nueva pericia de junio de 2026 refiere que el tratamiento no ha resultado efectivo para que la paciente recupere su salud, indicando incluso que su retorno laboral es "incongruente" con las funciones laborales, sumado a que se reprochan faltas de derivaciones a instancias de mayor intervención, lo que no cabe sea soportado por la paciente, pudiendo la entidad recurrida arbitrar las medidas para destrabar aquellos nudos que estima faltantes.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1564-2026 Protección.