nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migración Recurso de Protección Rol N°1560-2024 La Serena, nueve de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 24 de septiembre de 2024, comparece Franklin Alexander Franco Castillo, abogado en representación convencional de doña nombre reservado, de nacionalidad Colombiana, Pasaporte N° RUT reservado, emitido por la República de Colombia, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre por sí y en representación de su hija menor de edad de nombre nombre reservado, nacida el 25 de Octubre de 2020, de actuales tres (3) años de edad, de nacionalidad Colombiana, Pasaporte N° RUT reservado, emitido por la República de Colombia e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria, consisten en la no dictar pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia temporal sujeta a contrato, requerida por la recurrente con fecha 01 de septiembre de 2023, lo que vulnera su garantía constitucional de igualdad ante la ley, dispuesta en el artículo 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que doña nombre reservado solicitó el 01 de septiembre de 2023 el beneficio de Residencia Temporal sujeta a contrato, incluyendo a su hija menor como dependiente bajo resolución N° 67395991, cumpliendo con todos los requisitos exigidos y aportando todos los antecedentes en tiempo y forma tales como la firma del respectivo contrato de trabajo ante el Consulado de Chile en Colombia, antecedentes penales debidamente apostillados, pasaportes de ella y de su hija y declaración jurada de expensas, sin que a la fecha haya obtenida respuesta.

Acusa que dicha omisión afectada de manera directa sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política, en especial lo contemplado en su numeral 2, por recibir un trato desigual ante la ley, toda vez que dicha igualdad supone la distinción racional entre quienes no se encuentren en la misma condición, numeral 3, relacionado al derecho a un justo y racional procedimiento, ya que al existir una omisión en el pronunciamiento sobre su solicitud administrativa, realizada en tiempo y forma, no puede hacer valer sus derechos por los medios adecuados al no existir parecer de la autoridad sobre el cual accionar y conculcándose además el principio de legalidad (art. 27 Ley 19.880), al desatenderse el plazo de 6 meses que la Ley de Bases de la Administración del Estado regula para dar respuesta a las personas respecto de sus solicitudes ante órganos de la Administración Pide ordenar al recurrido que se pronuncie sobre la misma, y adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1.- Pasaporte de la recurrente y de su menor hija; 2.- Comprobante de Solicitud de Residencia de fecha 01-09-2023; 3.- Declaración jurada de residencia; 4.- Contrato de trabajo; 5.- Declaración jurada de expensas; 6.- Patrocinio y Poder SEGUNDO: Que, a folio 4, el 01 de octubre de 2024, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la petición de residencia temporal fue realizada por la recurrente con fecha 01 de septiembre de 2023, emitiéndose el comprobante de envío de solicitud de Residencia Temporal.

Agrega que la solicitud se encuentra en etapa de resolución desde el 25 de octubre de 2023.

Luego reseña antecedentes de derecho relativos al trámite de permanencia definitiva y las normas protectoras de la Ley N°21.325, la solicitud de residencia definitiva de recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022.

Conforme a lo anterior, indica que la recurrente mantiene a la fecha de este informe, condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, por lo que es posible descartar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

Menciona que existe un plan nacional para descongestionar la masividad de solicitudes de residencias existentes ante este Servicio, y que dichas solicitudes puedan ser resueltas dentro de los plazos legales.

En cuanto a la duración del procedimiento administrativo, indica que el mismo se debe al aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, lo que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Alega que el plazo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 19.880, no es de carácter fatal. Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con apego estricto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, indicando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Añade que la vía idónea para que los órganos de la administración del Estado dicten un acto administrativo final en un procedimiento que ha demorado en su tramitación más allá del plazo no fatal establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es la interposición de una acción de protección, sino el mecanismo especial del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo normativo.

Finalmente acusa vulneración de la garantía de igualdad ante la ley respecto de los demás solicitantes de permisos de residencia, por cuanto debido a los recursos de protección interpuestos el Servicio ha debido dar prioridad a esos recurrentes en desmedro de las más de 500.000 solicitudes de residencia que tramita la autoridad migratoria en la actualidad.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada el 01 de septiembre de 2023, lo cual la recurrente califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene al recurrido pronunciarse sobre la solicitud de residencia temporal dentro de un plazo razonable, conforme los principios que impone la legislación vigente, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880 (SCS Rol N°24.827-2020).

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

NOVENO: Que, adicionalmente, cabe tener en especial consideración que se recurre además en favor de una niña, cuyo interés superior debe ser garantizado por el órgano administrativo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño que prescribe en su numeral 1 que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” Esto significa que todos los órganos estatales, incluido el recurrido de esta causa, deben velar por la satisfacción del interés superior de nombre reservado, lo que en este caso concreto implica remover los obstáculos que puedan dilatar el acceso a su permanencia definitiva. En este escenario, la demora en el pronunciamiento por parte de la recurrida es merecedora de un reproche mayor, por vulnerar tanto la garantía de igualdad ante la ley como el interés superior del niño. Por estos motivos, la presente acción constitucional será acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado y de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por la parte recurrente, dentro de plazo de treinta (30) días corridos contados desde la notificación de esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1560-2024 Protección. -