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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1555-202511 nov 2025

SOCIEDAD INGENERIA Y CONSTUCCIONES SANTA BARBARA LIMITADA con SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA

Fecha
11 de noviembre de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1555-2025, sentencia de 11 de noviembre de 2025

Resumen

Se rechaza el recurso de protección de la sociedad recurrente contra Servicios Equifax Chile: la existencia y validez de la factura que origina la morosidad publicada es materia de lato conocimiento, y la Ley N°19.628 no se aplica a personas jurídicas.

Texto íntegro

Sociedad Ingeniería y Construcciones Santa Bárbara Limitada Servicios Equifax Chile Limitada.

Recurso de protección Rol N°1555-2025 La Serena, once de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, doña Paula Elisa Álvarez Rojas, abogada, en representación de Sociedad Ingeniería y Construcciones Santa Bárbara Limitada, sociedad del giro de su denominación, RUT N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de Servicios Equifax Chile Limitada, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, en su calidad de Gerente General, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, o por quien la subrogue o represente a la fecha de notificación, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en la publicación de la factura N°100 emitida indebidamente por la empresa PRECASA SPA, en calidad de “morosidad impaga” atribuible a la sociedad recurrente.

Indica como hechos fundantes del recurso que el 25 de agosto de 2025 la recurrida publicó como morosa a la recurrente, atribuyéndole una deuda derivada de la factura N°100 emitida el 06 de mayo de 2025 por la empresa PRECASA SPA, factura que nunca fue aceptada ni reconocida por la recurrente, así como tampoco incorporada a su contabilidad. Añade que la factura alude a una vivienda prefabricada e indica que el bien se encuentra disponible para retiro, lo que demuestra que no hubo entrega alguna, ni servicio prestado. Continúa señalando que no existe entre ella y la sociedad PRECASA contrato, orden de compra ni cotización aceptada, por lo que la factura se sustenta en una obligación inexistente, carente de causa y, por ende, nula.

Prosigue señalando que la declaración de nulidad será objeto de la acción civil en juicio ordinario de lato conocimiento, sin embargo, dada la extensión y complejidad de dicho procedimiento y considerando que la publicación de la supuesta deuda produce una grave vulneración de las garantías constitucionales fundamentales, no es posible esperar el resultado del juicio, razón por la cual presenta el recurso como mecanismo de tutela.

Agrega que, al conocer de la publicación, tomó contacto con la recurrida solicitando el retiro inmediato del registro, lo que fue rechazado, anotación que carece de todo respaldo contractual, contable y legal, constituyendo un acto unilateral y arbitrario, lo cual es improcedente y produce un daño grave, inmediato y en constante agravación.

Funda el recurso en la Ley N°19.812, modificada por la Ley N°19.628, señala que sólo pueden comunicarse datos relativos a obligaciones que consten en instrumentos expresamente señalados en la ley, o bien, que exista consentimiento expreso y escrito del titular, no contemplándose entre dichos documentos las facturas.

Prosigue citando jurisprudencia, e indica que el artículo 2 letra ñ) de la Ley N°19.628 es aplicable a las personas jurídicas.

Continúa señalando que el acto ilegal cometido por la recurrida es la publicación de un dato relativo a una factura, instrumento que no se encuentra comprendido en el artículo 17 de la Ley N°19.628, a lo que suma que el dato publicado es inexacto e incompleto, conducta que califica de arbitraria, pues carece de razonabilidad, proporcionalidad y fundamento jurídico, vulnerándose las garantías constitucionales consignadas en el artículo 19 numerales 4 y 21 de la Constitución Política de la Republica.

Concluye solicitando se acoja el recurso de protección, declarando que al publicar la factura en que la recurrente aparece como morosa se ha actuado en forma arbitraria e ilegal, perturbando y amenazando las garantías constitucionales previstas en los números 4 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, y se ordene el retiro inmediato de la factura N°100 emitida por PRECASA SPA por un monto de $16.065.000, absteniéndose de volver a publicarla en el futuro, con costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Informe Empresarial Interactivo de Equifax, de 26 de agosto de 2025, correspondiente a la sociedad recurrente, en el cual consta el registro de morosidad publicado el 25 de agosto de 2025, relativo a la factura N°100 emitida por PRECASA SPA, por un monto de $16.065.000.

2. Copia de la factura electrónica N°100 de 6 de mayo de 2025.

3. Correos electrónicos entre la recurrente y sus proveedores a raíz del acto vulneratorio.

SEGUNDO: Que, a folio 13, informan el recurso doña nombre reservado y doña nombre reservado, abogadas, en representación de Servicios Equifax Chile Limitada.

En primer lugar, señalan que dentro del giro de la empresa recurrida, se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos del Boletín Electrónico Dicom, suscribiendo Equifax un contrato con los aportantes, asumiendo este último la obligación de no ingresar al boletín morosidad respecto de las cuales exista concesión de espera, prorroga de plazo, contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información, que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad, siendo responsable de la información el aportante. Sin perjuicio, señala que, efectuada la reclamación por la recurrente, la recurrida procedió a requerir información de respaldo de la publicación a PRECASA SPA, acompañando la aportante copia de la factura N°100 y registro de aceptación o reclamo emitido por el Servicio de Impuestos Internos donde consta que la factura no fue reclamada dentro del plazo de 8 días, estando irrevocablemente aceptada, cumpliendo así, al menos formalmente, los requisitos para su publicación, por lo cual, citando el artículo 160 inciso 2° del Código de Comercio y el artículo 3° de la Ley N°19.983, indica que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputársele.

Prosigue citando los requisitos del recurso de protección e indica que la recurrente debe acreditar la existencia de un derecho indiscutido y preexistente cuyo imperio ha de ser protegido por esta vía cautelar, lo que no ocurre en el caso de autos, por lo que la acción debe ser rechazada.

Continúa señalando que la Ley N°19.628 no incluye como sujeto de protección a las personas jurídicas, citando jurisprudencia al respecto y señalando que por tal motivo el recurso debe ser rechazado.

Concluye indicando que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a Equifax, quien ha obrado en todo momento con estricto apego a sus obligaciones legales, contractuales y conforme a la legislación vigente, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Copia de informe Equifax actualizado de la recurrente.

2. Copia de correos electrónicos que solicitan respaldos al aportante PRECASA SPA.

3. Carta con breve explicación de los hechos enviada por el aportante PRECASA SPA.

4. Factura Electrónica N°100 enviada por aportante PRECASA SPA.

5. Registro de aceptación o reclamos del Servicio de Impuestos Internos enviada por el aportante PRECASA SPA.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio, requiriendo para su procedencia la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal o arbitraria; que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; que quien lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quien ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la actuación que la recurrente acusa de ilegal o arbitraria la publicación efectuada por Equifax de una factura impaga informada por la empresa PRECASA SPA, manifestando la recurrente que desconoce dicho instrumento y que, por tanto, tal publicación devendría en ilegal o arbitraria.

SEXTO: Que, para los efectos de establecer la ilegalidad del acto que se denuncia, lo primero que se debe determinar es si la aplicación de la Ley N°19.628 se extiende a las personas jurídicas. En este sentido, el artículo 1° de la norma en cuestión dispone que el tratamiento de datos de carácter personal se sujeta a las disposiciones de la referida ley. Resulta pertinente, entonces, determinar el significado y alcance del concepto datos de carácter personal. Para ello, cabe tener presente que, como ya lo ha expresado reiterada y uniformemente nuestro máximo tribunal, de acuerdo con lo señalado en la letra f) del artículo 2° de la citada ley, se entenderá por datos de carácter personal “los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”. Luego, en su letra g) el texto añade que datos sensibles son aquellos que “se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.” A su turno, la letra ñ) del artículo 2° de la citada ley, dispone expresa y claramente que: “Para los efectos de esta ley se entenderá por: ñ) Titular de datos, la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal”.

Sustenta lo ya indicado, la historia fidedigna de la ley en cuestión, de la cual es posible desprender, ya sea de la moción del proyecto original, sus modificaciones y/o discusión en sala, que dicho cuerpo legal se encuentra orientado a la protección de datos personales, entendiéndolo como pertenecientes o relativos a la persona natural.

SÉPTIMO: Que, de lo precedentemente expuesto, se desprende que la Ley N°19.628 circunscribe su ámbito de aplicación a la protección de datos de las personas naturales y, en consecuencia, la normativa en que se sustenta el recurso de modo alguno resulta aplicable a la recurrente en su condición de persona jurídica.

En consecuencia, la información mercantil sobre morosidad publicada por la recurrida Servicios Equifax Chile Ltda., no tiene el carácter de dato personal, íntimo o sensible, amparado por la Ley N°19.628 sobre protección de datos personales, cuya infracción, en concordancia con los numerales 4 y 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental, se reclama a través del recurso constitucional impetrado.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, atendiendo a lo alegado por la recurrente, en cuanto a que sólo pueden comunicarse datos relativos a obligaciones que consten en instrumentos expresamente señalados en la Ley N°19.628, o bien, que exista consentimiento expreso y escrito del titular, no contemplándose entre dichos documentos las facturas, es preciso señalar que, al no ser aplicable las disposiciones de la Ley N°19.628 a las personas jurídicas, no se requiere autorización para publicar la morosidad proveniente de facturas.

NOVENO: Que, entonces, del mérito de lo indicado por la recurrente, resulta evidente que lo alegado no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende, en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre, pues el hecho esencial sobre cuya base se reclama, corresponde a la factura que origina la morosidad publicada, señalando la recurrente que la obligación en que ésta se sustenta, es inexistente, carente de causa y por ende, nula, documento que desconoce, señalando que nunca fue aceptada ni reconocida, así como tampoco incorporada a su contabilidad, todo lo cual impide tener por acreditado un derecho indubitado susceptible de protección en esta sede cautelar. En tales condiciones, la referida calificación, corresponde a una materia que debe ser dilucidada en un juicio de lato conocimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de Sociedad Ingeniería y Construcciones Santa Bárbara Limitada en contra de Servicios Equifax Chile Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1555-2025 Protección.