Protección contra Asociación Chilena de Seguridad

nombre reservado

Asociación Chilena de Seguridad Recurso de protección Rol N°1552-2026.- La Serena, uno de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Asociación Chilena de Seguridad, reprochando la falta de otorgamiento oportuno y efectivo de prestaciones médicas que han sido indicadas por profesionales de su dependencia, específicamente, la postergación del control psiquiátrico indicado para realizarse "a la brevedad", manteniéndose una espera de 45 días por la ausencia temporal del médico tratante; la modificación de la frecuencia de psicoterapia desde una sesión semanal a una cada dos semanas, pese a que el psiquiatra había indicado expresamente una semanal; la falta de otorgamiento oportuno del control de telemedicina indicado expresamente para 72 horas después de la atención efectuada el 25 de agosto de 2026; y, las dificultades experimentadas para obtener oportunamente medicamentos prescritos, incluyendo la imposibilidad inicial de obtener propranolol, debido a la falta de stock y la ausencia de una alternativa inmediata de entrega, hechos que conculcan el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Contextualiza los hechos acaecidos en relación con su enfermedad profesional e indica que el pasado 10 de agosto fue atendido mediante telepsiquiatría, oportunidad en que se registró como diagnóstico un trastorno de adaptación laboral, prescribiéndose control con psiquiatra en 45 días y entre 8 a 10 sesiones de psicoterapia por la magnitud y temporalidad de los síntomas, particularmente, una a la semana. Sobre el particular, señala que se le informó que la frecuencia de sesiones sería modificada en forma quincenal y que el control con el médico se fijó en ese tiempo, por cuanto este se encontraría de vacaciones.

A lo anterior, añade que tuvo problemas con la dispensación de sus medicamentos, circunstancia que repercute en su recuperación.

Luego, menciona que ante la persistencia de sus síntomas e ideación suicida, requirió una hora de urgencia el 25 de agosto del presente año, oportunidad en que el médico indicó supervisión constante por un adulto responsable, control con psiquiatra a la brevedad y de telemedicina en 72 horas, últimas dos presentaciones que no se llevaron a efecto.

Por tales motivos, solicita se ordene a la recurrida otorgar de manera oportuna y efectiva las prestaciones médicas correspondientes a su enfermedad profesional, gestionando y otorgando un control psiquiátrico a la brevedad, atendida la indicación expresa consignada el 25 de agosto de 2026; cumpla con las indicaciones médicas relativas a la frecuencia de las prestaciones psicológicas, particularmente aquella que estableció psicoterapia una vez por semana, salvo que exista una nueva indicación médica fundada que determine otra frecuencia; otorgue oportunamente los controles de telemedicina indicados por los profesionales tratantes, particularmente aquellos que hayan sido establecidos con carácter urgente o dentro de un plazo determinado; adopte las medidas necesarias para asegurar la entrega oportuna y continua de los medicamentos prescritos en el contexto de la enfermedad profesional, evitando que problemas administrativos, de farmacia, abastecimiento o talonarios que impidan la continuidad del tratamiento y, cuando ello ocurra, proporcione una solución efectiva y oportuna; mantenga y otorgue las prestaciones médicas y de salud mental que correspondan conforme a la evolución clínica y a las indicaciones de los profesionales tratantes, sin interrupciones o dilaciones que resulten incompatibles con la situación clínica acreditada; y adopte las demás medidas que esta Corte estime necesarias para resguardar su vida e integridad física y psíquica.

Acompaña a su recurso instrumentos para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que comparece la recurrida Asociación Chilena de Seguridad, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Refiere que la frecuencia de la psicoterapia fue determinada por el profesional tratante y no por una instancia administrativa.

En efecto, la indicación de su realización de forma quincenal no fue fijada con posterioridad a la atención psiquiátrica verificada el 10 de agosto pasado, sino que con anterioridad a ella por el propio psicólogo que lo atiende. Sobre este punto, añade que el profesional tratante intensificó la frecuencia a semanal en la sesión realizada el 21 de agosto.

Seguidamente, expresa que la periodicidad del control psiquiátrico corresponde a una decisión del médico especialista y fue adelantada por la recurrida antes de la interposición del recurso. Así, el intervalo de 45 días consta en el propio informe médico de atención de 10 de agosto, dentro del plan suscrito por el médico psiquiatra y responde a la evolución clínica registrada en esa misma atención. Despejado ello, afirma que, en todo caso, el intervalo referido quedó reducido por decisión de la recurrida y sin necesidad de intervención judicial alguna para el 1 de septiembre.

Expone, en cuanto a la incidencia en la entrega de medicamentos, que se trató de un hecho puntual que se gestionó el mismo día y que no importó riesgo clínico. En efecto, profundiza que el 11 de agosto el recurrente concurrió a retirar sus medicamentos y se produjo una hecho relativo al talonario de recetas de fármacos controlados, motivo por el que el mismo día se entregaron vales correspondientes para su retiro en farmacia en convenio, siendo el actor quien manifestó no estar de acuerdo con obtenerlos en otra farmacia. Ahora bien, respecto del propranolol, fármaco que no se encontraba en stock, el 20 de agosto se confirmó su llegada y se emitió receta para su retiro.

Refiere que las prestaciones derivadas de la atención del 25 de agosto de 2026 fueron programadas ese mismo día, generándose una atención primaria de salud mental agendada para el 28 de agosto -dentro de las 72 horas indicadas- y otra de consulta médica de especialidad en psiquiatría adultos, a lo que se suma que el control de telepsiquiatría ya había sido adelantado para el 1 de septiembre.

Concluye que ha otorgado al actor, sin costo alguno para él y de manera continua, la totalidad de las prestaciones médicas que exige el artículo 29 de la Ley N°16.744, a saber, atención psiquiátrica de especialidad, psicoterapia, controles de atención primaria de salud mental, cobertura farmacológica íntegra y manejo de riesgo conforme a sus protocolos.

Enfatiza que no existe norma alguna que imponga a un organismo administrador otorgar las prestaciones en una periodicidad distinta de la que determinen sus profesionales tratantes conforme a la evolución clínica del paciente.

Finalmente, destaca que lo que se plantea en el recurso es una discrepancia con el criterio clínico de los profesionales tratantes, pretensión que desborda los límites de la acción constitucional de protección, por cuanto se trata de cuestiones de orden clínico, cuya definición queda entregada a los profesionales tratantes.

Acompaña al informe instrumentos para acreditar sus alegaciones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, como se anticipó, para la procedencia de la acción constitucional de protección es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, que alguna persona sufra una privación, perturbación o amenaza en las garantías tuteladas por el presente arbitrio, a propósito de un actuar u omitir ilegal o arbitrario. En ese contexto, conviene indicar en relación con los reproches efectuados en el libelo referidos a la postergación del control psiquiátrico, a la falta de otorgamiento oportuno del control de telemedicina indicado expresamente para 72 horas después de la atención efectuada el 25 de agosto del presente año y a las dificultades experimentadas para obtener oportunamente medicamentos prescritos en el mes mencionado, que tal requisito no se verifica, por cuanto se trata de prestaciones médicas asociadas a la enfermedad profesional que padece el actor que ya acontecieron, circunstancia que admite concluir que a este respecto el arbitrio intentado habría perdido oportunidad.

Seguidamente, en cuanto a la modificación de la frecuencia de psicoterapia desde una sesión semanal a quincenal, lo cierto es que no se advierte una actuación ilegal o arbitraria por parte de la recurrida, sino más bien una discrepancia respecto del tratamiento médico prescrito por los facultativos, cuestión que escapa de los márgenes de la presente acción constitucional y de las medidas que esta Corte puede adoptar en ese contexto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Asociación Chilena de Seguridad.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1552-2026 Protección.