nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES REGION DE COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de bienes Nacionales y otra Recurso de protección Rol N°1552-2025 La Serena, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparecen nombre reservado y Matías Velasco nombre reservado, abogados, en favor de doña nombre reservado, chilena, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Región de Coquimbo, interponiendo recurso de protección en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado° piso, en la Comuna de La Serena, y en contra de la SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los actos y omisiones que señalan como ilegales y arbitrarios, consistente en negarse a iniciar un procedimiento de regularización de la pequeña propiedad raíz según lo regulado por el Decreto Ley N°2.695 de 1979, lo que vulnera sus derechos a la igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señalan que la recurrente se encuentra en posesión material y personal del inmueble ubicado en domicilio reservado, provincia de Elqui, región de Coquimbo —georreferencia según Google Maps: -30.037504, -71.117409—, con una superficie aproximada de una hectárea, y que, dicha posesión ha sido ejercida de manera continua, exclusiva, pacífica y no clandestina desde el año 2010. Por lo cual, intentó con el 26 de mayo de 2025 iniciar el procedimiento administrativo del Decreto Ley referido, para obtener su título de dominio. Y a pesar de presentarse en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, en la comuna de La Serena, acompañada de su carpeta con los respectivos antecedentes que acreditaban cumplir con los requisitos, se le informó que al no contar con certificado de litigios emitido por el Conservador de Bienes Raíces de La Serena y Certificado de Informaciones Previas emitido por la Dirección de Obras Municipales su solicitud de regularización no podría iniciarse.

Hace presente que, doña nombre reservado, no cuenta con el certificado de litigios ni con el certificado de informaciones previas, debido a que pese a realizar todas las averiguaciones posibles sobre el inmueble, no se logró dar con la existencia de una inscripción de dominio vigente, por tanto es imposible solicitar los respectivos certificados —debido a que la información es extraída de la inscripción de dominio— encontrándose en un verdadero caso de imposibilidad de cargas exigidas por los entes recurridos.

Alegan que, las recurridas en un acto de total arbitrariedad se negaron de manera verbal e infundada a dar inicio al procedimiento administrativo de regularización, constituyendo esta situación en una falta administrativa, contrariando el principio de escrituración consagrado en el artículo 5 de la Ley 19.880 que Establece Las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen Los Actos de Los Órganos de La Administración del Estado, lo cual señala ocasiona un perjuicio grave dado que, se ignoran los fundamentos del acto administrativo que en rigor se transformó en una actuación material no autorizada por la ley. Señala que, la recurrente exigió un rechazo formal, pero se le indicó que no era posible debido a que el “sistema” no permitía ingresar la solicitud al faltar los certificados ya señalados, lo cual fue corroborado por personal calificado de la oficina, al cual también le fue consultado como sortear la carga que le era imposible cumplir, sin obtener una respuesta clara, instándola para que pidiera al Conservador de Bienes Raíces, un certificado que exprese que no es posible emitir un certificado de litigios al ignorar los datos de la inscripción vigente, lo cual alega que no existe ni se encuentra regulado en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico ese tipo de certificado, asimismo, se le instó a proceder de la misma forma en la Dirección de Obras Municipales, respecto del Certificado de Informaciones Previas.

Posteriormente, mediante una reunión en uso de la Ley de Lobby, el 05 de agosto del presente año —solicitud de audiencia AQ001AW1895021— los abogados recurrentes, sostuvieron una conversación con don nombre reservado, quien compareció en representación de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, en calidad de funcionario administrativo. Donde en lo esencial se ventiló la situación fáctica de doña nombre reservado, pero, el ente recurrido mantuvo su postura de negar preliminarmente el inicio del procedimiento administrativo al faltar los certificados aludidos en esta presentación.

Señala que, la recurrente se encuentra en una difícil posición jurídica, pese a cumplir en principio los requisitos exigidos en el Decreto Ley 2.695 de 1979, y por tanto, tener derecho a iniciar el procedimiento administrativo que le permita regularizar su pequeña propiedad raíz, los entes recurridos, de manera ilegal y/o arbitraria, le han puesto en su camino obstáculos imposibles de superar, desnaturalizando por completo un procedimiento que tiene por objeto regularizar la posesión de aquellos que carezcan de títulos inscritos o bien los tengan de forma imperfecta.

En cuanto al derecho, se refiere al Decreto Ley N°2.695, indicando el artículo 2° que establece los requisitos para regularizar la posesión, y alega que ninguna parte de la norma se exige copia de la inscripción vigente de dominio o sus datos. Y que, las recurridas reconocen la posibilidad de ignorar la existencia de una inscripción de dominio vigente, toda vez que en sus propios formularios de tramitación se permite seleccionar la opción no sabe a la pregunta “inmueble inscrito a nombre de”, que esos mismos formularios fueron completados por la recurrente, señalando que desconocía la inscripción, lo que fue autorizado por notario.

Indica que, resulta evidente la ilegalidad y/o arbitrariedad incurrida por los entes recurridos ya que, omitieron iniciar el procedimiento contemplado en el Decreto Ley 2695 de 1979, rechazando de manera verbal e infundada la documentación de doña nombre reservado, infringiendo la Ley 19.880, en particular artículos 5 y 11, principios de escrituración y imparcialidad.

Refiere como esclarecedor y determinante lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto Ley 2695 de 1979, que reza: “El solicitante deberá acompañar una declaración jurada, prestada ante Notario, o, en su defecto, ante el Oficial del Registro Civil en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre el inmueble, o ante el funcionario que el Servicio determine, acerca del hecho de cumplir con el requisito contemplado en el N°1 del artículo 2°, sobre el origen de su posesión y respecto de los antecedentes legales y de hecho de los poseedores anteriores, si los conociere, como, asimismo, sobre el conocimiento que tuviere de la existencia de inscripciones que se refieran al inmueble y de las otras personas que pudieran tener derechos sobre el predio. Adicionalmente, en las áreas urbanas y rurales, deberá acompañar un certificado de informaciones previas con fines de regularización, emitido por la dirección de obras municipales correspondiente, o por quien en subsidio cumpla esa función, que contenga las condiciones aplicables al predio respectivo. El certificado deberá tenerse en consideración al momento de aprobar o rechazar la solicitud de regularización.”

Expone que las recurridas incurrieron tanto en una omisión —no permitir el inicio del procedimiento administrativo de regularización— como, asimismo, una actuación —un rechazo verbal que se transformó en una actuación material de la administración— ilegales y/o arbitrarias, que vulneraron los derechos fundamentales, igualdad ante la ley, garantizado en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de La República, debido a que las recurridas están discriminando a doña nombre reservado, por ignorancia de la situación registral del inmueble que pretende regularizar — no exigida en la Ley—, se le negó incoar el procedimiento administrativo a diferencia de los demás ciudadanos que, contando con los datos de las inscripciones vigentes razonablemente pueden y deben incorporar los certificados de litigios y de informaciones previas. Lo anterior dejó a la recurrente en una imposibilidad de cargas que no está contemplado en el procedimiento respectivo. Además, recibió un trato diferenciado debido a que toda persona que realice una solicitud en un procedimiento administrativo, salvo que exista norma expresa en contrario, tiene derecho a respuestas que constituyan actos administrativos, escritos y fundados, circunstancia esencial en un Estado de Derecho. En cuanto a la vulneración del derecho de Propiedad, garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de La República, en este caso, doña nombre reservado como lo establece el Decreto Ley 2695 de 1979, tiene derecho a que se reconozca su calidad de poseedora regular sobre el inmueble objeto de su solicitud, con el fin de obtener el dominio por prescripción, existiendo, por tanto, una propiedad garantizada constitucionalmente sobre el derecho que se reclama, consistente en iniciar el procedimiento administrativo con fines de regularización.

En cuanto a la oportunidad del presente recurso, señala que desde que doña nombre reservado intentó regularizar su pequeña propiedad raíz con fecha 26 de mayo de 2025, los efectos de la actuación material recurrida se han mantenido en el tiempo, en el sentido de negarse a recibir la solicitud respectiva, y con posterioridad el 05 de agosto de 2025, mediante reunión por medio de la Ley de Lobby —audiencia AQ001AW1895021— el ente recurrido ha mantenido la misma negativa, no habiendo transcurrido más de 30 días a la fecha de presentación del presente recurso.

Por lo señalado, solicitan que se acoja el recurso de protección y se ordene a las recurridas abstenerse de realizar rechazos verbales e infundados, y dejar sin efecto todo tipo de actuación administrativa o material en ese sentido, por no acompañarse por la recurrente el Certificado de Litigios emitido por el Conservador de Bienes Raíces de La Serena y el Certificado de Informaciones Previas, emitido por la Dirección de Obras Municipales, debido a no contar con datos sobre la inscripción de dominio vigente, ordenándose admitir a tramitación la solicitud de la recurrente en virtud de los documentos acompañados en esta presentación, o cualquier otra medida que permita restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales de la recurrente, con costas.

Acompaña a su recurso: folleto informativo elaborado y entregado por las recurridas titulado: "PROCESO DE REGULARIZACIÓN TITULO DE DOMINIO”; formulario N°1 elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales, completado por la recurrente; formulario N°2 elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales, completado por la recurrente, autorizado por la Sra. nombre reservado doña nombre reservado, de la Segunda Notaría de La Serena; formulario N°2.2 elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales, completado por la recurrente, autorizado por la Sra. nombre reservado doña nombre reservado, de la Segunda Notaría de La Serena; formulario N°3 elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales, completado por la recurrente y sus 03 testigos, autorizado por la Sra. nombre reservado doña nombre reservado, de la Segunda Notaría de La Serena; formulario N°4 elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales, completado por la recurrente; Set de 09 imágenes del inmueble objeto de la solicitud de regularización; ubicación satelital, con coordenadas correspondientes a Google Maps; certificado de residencia, emitido por la Junta de Vecinos del Sector La Estrella, para ser presentado en Bienes Nacionales; certificado de Avalúo Fiscal, emitido por el Servicio de Impuestos Internos, de inmueble vecino; correos electrónicos de fecha 04 y 05 de agosto, Audiencia de Lobby.

SEGUNDO: Que, a folio 6 del expediente digital, se evacuó informe por las recurridas, solicitando el rechazo del recurso.

Exponen que, el Decreto Ley N°2.695 establece un procedimiento extraordinario destinado a regularizar la pequeña propiedad raíz, que por su carácter excepcional no puede ser interpretado en forma extensiva ni aplicado sin observancia estricta de los requisitos que la propia ley impone, los cuales no son meras formalidades, sino condiciones de admisibilidad cuya finalidad es salvaguardar derechos de terceros y asegurar que la regularización recaiga sobre Inmuebles identificados de manera cierta. Entre ellos, destacan el certificado de litigios otorgado por el Conservador de Bienes Raíces, el certificado de informaciones previas emitido por la Dirección de Obras Municipales y el certificado de avalúo proporcionado por el Servicio de Impuestos Internos, indicando que el legislador ha dotado a estos documentos de la calidad de requisitos previos y obligatorios para iniciar un expediente, de manera que la Administración no se encuentra habilitada para tramitar solicitud alguna sin que se acompañen.

Añade que, la imputación de que existirían rechazos verbales no resiste análisis desde el punto de vista del derecho administrativo, pues la Ley N°19.880, que establece las bases del procedimiento administrativo, dispone en su artículo 5 que los procedimientos deben desarrollarse por escrito, mientras que los artículos 11 y 41 exigen que todo acto administrativo sea fundado y formalmente expedido, en consecuencia arguye que no es posible concebir un rechazo verbal como acto administrativo, puesto que carecería de existencia jurídica, y añade que lo ocurrido en la reunión del 05 de agosto, celebrada en el marco de la Ley de Lobby, no constituyó rechazo alguno, sino la entrega de información acerca de los requisitos legales que deben cumplirse, sugiriéndose incluso alternativas para obtener certificaciones del Conservador de Bienes Raíces que acreditaran la imposibilidad de identificar una inscripción, y que, lejos de configurarse una denegación, se trató de una orientación, precisamente para que la recurrente pudiera encauzar correctamente un eventual procedimiento.

Asimismo, señala que el recurso de protección requiere la existencia de un derecho indubitado, actual y cierto, que se vea amenazado por un acto u omisión arbitraria o ilegal, lo cual no concurre en el presente caso, pues la recurrente no es titular de derecho de dominio alguno sobre el inmueble cuya regularización pretende, por lo que no cuenta con un derecho de propiedad que amerite protección constitucional, y que, a lo sumo, detenta la expectativa de iniciar un procedimiento de regularización, expectativa que no goza de tutela en sede de protección. Señala que, la Excma. Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la acción cautelar de protección no es procedente cuando lo que se persigue es obtener el reconocimiento de una mera expectativa, ni tampoco cuando lo pretendido consiste en reemplazar un procedimiento administrativo o judicial previsto en la ley por una vía expedita que no ha sido concebida para tales fines. A lo anterior dice sumarse, que el recurso carece de inmediatez, pues la propia recurrente ha reconocido que los hechos que sirven de fundamento ocurrieron en mayo pasado, tiempo desde el cual ha podido presentar una solicitud formal cumpliendo los requisitos legales.

Enfatiza que, el D.L. N°2.695 no otorga un derecho automático a regularizar, sino una posibilidad condicionada al cumplimiento de requisitos de orden público. La identificación del inmueble mediante los certificados exigidos es esencial para evitar que, bajo el pretexto de una regularización, se afecten derechos inscritos de terceros. El propio artículo 2o del decreto exige que no exista juicio pendiente sobre el dominio o posesión, lo que debe acreditarse en la forma que señala el artículo 6o con el certificado del Conservador, y la ausencia de estos documentos no constituye un mero defecto subsanable, sino un impedimento absoluto para iniciar la tramitación. Pretender que la Administración omita dichos requisitos equivaldría a vulnerar directamente el principio de juridicidad del artículo 7o de la Constitución y el deber de sujeción a la ley del artículo 6o, que impiden a los órganos del Estado actuar más allá de lo que expresamente autoriza el ordenamiento jurídico.

Indica que, la Subsecretaría de Bienes Nacionales no ha tenido participación alguna en los hechos denunciados en autos, los cuales se circunscriben de manera exclusiva a actuaciones de la Secretaría Regional Ministerial, y que, la sola circunstancia de que la Subsecretaría ejerza funciones de carácter normativo, de coordinación y de supervigilancia respecto de las Secretarías Regionales Ministeriales, no implica que pueda atribuírsele responsabilidad por actos u omisiones de carácter particular ejecutados en sede regional. En consecuencia, refiere que, la acción intentada en contra de la Subsecretaría carece de fundamento jurídico, toda vez que no existe acto ni omisión atribuidle a dicho órgano que pueda ser calificado como ilegal o arbitrario. Lo que se ha configurado es un error en la individualización de la parte pasiva del recurso, lo que impone necesariamente la declaración de falta de legitimación pasiva de la Subsecretaría de Bienes Nacionales y, en definitiva, su exclusión del presente procedimiento constitucional.

Señala que, si bien es efectivo que en ciertos supuestos excepcionales pueden regularizarse inmuebles cuya inscripción de dominio se desconozca, ello no significa que se eliminen las exigencias de admisibilidad, y aun en tales casos, el solicitante debe acreditar de manera fehaciente la inexistencia de litigios y la ubicación precisa del inmueble, lo que solo se logra mediante los certificados señalados. La orientación entregada en la reunión a los recurrentes apuntaba justamente a buscar mecanismos que, conforme al artículo 50 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, permitieran obtener constancia de lo que no consta en los registros, a fin de no cerrar la posibilidad de regularizar, sino de encauzarla adecuadamente dentro de los márgenes de la legalidad.

Precisa que en ningún caso se han visto conculcadas las garantías constitucionales invocadas por la parte recurrente, en lo relativo al derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, no existe trato discriminatorio alguno, puesto que la exigencia de acompañar los certificados de litigios e informaciones previas constituye un requisito general, objetivo y uniforme que rige para todos quienes pretendan iniciar un procedimiento de regularización bajo el D.L. N°2.695. La recurrente no ha sido sometida a una carga adicional ni diferenciada, sino a las mismas condiciones legales que pesan sobre cualquier interesado. La igualdad, en su correcta interpretación, no significa uniformidad absoluta, sino sujeción a reglas comunes aplicables a situaciones equivalentes; por lo tanto, el reproche planteado carece de sustento. Respecto del derecho de propiedad establecido en el artículo 19 N°24, resulta igualmente improcedente invocar su vulneración, pues la recurrente no detenta dominio inscrito sobre el inmueble, y el D.L. N°2.695 no confiere per se un derecho real de propiedad, sino una vía extraordinaria de regularización condicionada al cumplimiento de requisitos estrictos. La mera expectativa de acceder a un procedimiento administrativo no constituye un derecho patrimonial indubitado protegido por la acción de protección.

Señala que resulta evidente que no ha existido acto administrativo arbitrario ni ilegal por parte de esta Secretaría Regional ni de la Subsecretaría. No se ha rechazado solicitud alguna, puesto que no ha existido presentación formal; no se ha conculcado derecho indubitado, ya que la recurrente carece de título de dominio; no se cumple con el requisito de inmediatez; y no es posible prescindir de requisitos legales que son expresión del principio de juridicidad. La acción de protección, en consecuencia, carece de fundamento jurídico y debe ser rechazada en todas sus partes.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el presente recurso se dirige en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo y la Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, por no permitirle iniciar el procedimiento de regularización de su pequeña propiedad raíz según lo dispuesto por el Decreto Ley 2.965, por la falta del Certificado de Litigios emitido por el Conservador de Bienes Raíces de La Serena y el Certificado de Informaciones Previas, emitido por la Dirección de Obras Municipales, lo cual califica de ilegal y arbitrario pues no hay norma que se refiera a los documentos faltantes para rechazar su solicitud, ni menos de forma verbal, desconociéndose el fundamento de su negativa, por lo que solicita se ordena las recurridas a tramitar su solicitud.

SEXTO: Que, en cuanto a la recurrida Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, se advierte que ésta no ha tenido ninguna intervención o injerencia en los hechos expuestos en el presente arbitrio, por lo que el recurso a su respecto deberá ser desestimado, como se dirá en lo resolutivo.

SÉPTIMO: Que, en relación a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales se debe tener presente que la recurrente expuso que acudió en el mes de mayo pasado ante dicha entidad para iniciar el proceso de regularización del Decreto Ley 2.695, por lo que teniendo en cuenta la fecha de interposición del presente arbitrio este resulta a todas luces extemporáneo en lo que dice relación a dicha circunstancia..

Ahora en cuanto a la reunión sostenida en el marco de la Ley de Lobby con un funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales realizada el cinco de agosto pasado, teniendo en consideración que la misma no puede ser entendida como una forma idónea de dar inicio al procedimiento de regularización de la pequeña propiedad de un bien raíz, no cabe sino concluir que lo expuesto en dicha reunión no puede erigirse en un acto arbitrio e ilegal que dé sustento a este recurso de protección, motivo por el cual finalmente será desestimado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo y la Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1552-2025 Protección