FEDERACION REGIONAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD IV REGION con HOSPITAL DE COQUIMBO

Federación Regional de Trabajadores de la Salud IV Región Hospital de Coquimbo y otro Recurso de protección Rol N°1551-2025.- La Serena, dieciséis de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, Presidente de la Federación Regional de Trabajadores de la Salud IV Región de Coquimbo, en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Gildanna nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Gredys nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Anahys nombre reservado, nombre reservado, Konny nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Yurema nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Annabel nombre reservado, nombre reservado, Nallareth nombre reservado y nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio de Salud Coquimbo y del Hospital San Pablo de Coquimbo, señalando como actos ilegales y arbitrarios las notificaciones efectuadas a propósito de los descuentos en las remuneraciones y de la asignación de alimentación realizados como consecuencia de haberse acreditado una falta administrativa, fundada en una supuesta certificación de ausencia de los funcionarios a sus labores, lo que representa una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°2, 3, 16, 19 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que los fundamentos de la certificación aludida no son efectivos y que los recurrentes nunca han sido sometidos a un proceso administrativo disciplinario que acredite una falta o infracción administrativa. En efecto, acota que la constancia de ausencia de funcionarios en sus funciones es una mera declaración unilateral de la jefatura que no constituye una certificación válida y legalmente emitida.

Realiza un contexto de las movilizaciones gremiales y afirma que descontar remuneraciones por horas no trabajadas no se ajusta a la realidad, toda vez que no se han demostrado las inasistencias injustificadas y, por el contrario, los registros de cada trabajador dan cuenta de haberse presentado a sus respectivos lugares de trabajo durante los días y horas descontados.

Culmina solicitando se ordene a los recurridos dejar sin efecto la medida adoptada, reintegrando a todos los funcionarios aquella parte de sus remuneraciones que les fuere descontada con motivo de la movilización gremial verificada entre el 11 y el 18 de julio de 2025, debiendo abstenerse de efectuar aquellos descuentos que se encuentren pendientes de practicar sin que medie previamente una investigación sumaria o sumario administrativo, según sea el caso, con costas.

Acompaña a su presentación una serie de instrumentos tendientes a acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que comparece el Hospital San Pablo de Coquimbo, evacuando el informe requerido.

Indica que mediante Resolución Exenta N°16.457, de 5 de septiembre de 2025, se hicieron efectivos los descuentos por incumplimiento de jornada de trabajo, de conformidad a lo establecido en el artículo 72 del Estatuto Administrativo.

Refiere que dicha medida se fundamenta objetivamente en constancias de ausencia de funcionarios emitidas por los jefes de las unidades en las que se produjeron, contrastados con los antecedentes de cierres de pabellones y suspensión de cirugías entre los días 11 y 18 de julio de 2025.

Destaca que de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 letras a) y d) y 65 inciso final del cuerpo normativo ya señalado, es una obligación funcionaria cumplir con su jornada de trabajo, debiendo desempeñar las funciones del cargo de forma permanente.

Afirma que el actuar del Hospital San Pablo de Coquimbo, al momento de realizar los descuentos se encuentra dentro de las obligaciones que el Estatuto Administrativo entrega a los superiores jerárquicos, toda vez que no existe cumplimiento de la jornada laboral ni desempeño de las funciones por parte de los servidores públicos, realizando los descuentos de manera previa a un procedimiento objetivo para la determinación de la identidad de aquellos que no cumplieron su jornada laboral y del tiempo no trabajado.

Hace presente que la movilización que motivó la medida reprochada afectó el buen funcionamiento del hospital, debiendo cerrarse 8 de un total de 11 pabellones, viéndose afectadas 120 intervenciones quirúrgicas programadas para esa fecha, 20 de las cuales eran oncológicas. Además, refiere que la medida adoptada responde al cumplimiento de las instrucciones contenidas en la jurisprudencia administrativa vinculante para la Administración del Estado, circunstancia que descarta la ilegalidad y arbitrariedad acusada en el libelo.

Acompaña a su informe: 1. Resolución Exenta N°16.457, de 5 de septiembre de 2025; y 2. Correo electrónico del subdirector médico de atención cerrada del Hospital San Pablo de Coquimbo.

TERCERO: Que comparece el Servicio de Salud Coquimbo, solicitando el rechazo del recurso intentado, con costas.

En primer lugar, señala el contexto de las paralizaciones que motivaron las medidas adoptadas, mencionando que los certificados de incumplimiento de jornada laboral dan cuenta de un antecedente objetivo que permite demostrar que los funcionarios no han trabajado, no obstante haber registrado su asistencia, siendo aplicable el sistema de descuento directo de su remuneración mensual por el tiempo efectivo no laborado. Del mismo modo, correspondió descontar el beneficio de alimentación por día no trabajado validado por cada jefe de unidad.

Expresa que un principio básico en el orden estatutario es la correspondencia entre el pago de las remuneraciones y el desarrollo efectivo de las labores para las cuales el personal ha sido nombrado o contratado, de manera que no resulta procedente efectuar el pago de los estipendios correspondientes al lapso en que no se hubiere laborado efectivamente, circunstancia que es avalada por la jurisprudencia administrativa, la que autoriza a deducir directamente las sumas correspondientes al tiempo no trabajado por un funcionario, sin necesidad de instruir un proceso disciplinario en la medida en que la omisión del ejercicio de las funciones pueda constatarse de una manera evidente o manifiesta, tal como acontece en la especie.

Acompaña a su informe Resolución Exenta N°16.457, de 5 de septiembre de 2025, del Hospital San Pablo de Coquimbo y sus anexos.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto en examen, conviene indicar que la materia propuesta en el libelo no puede ser definida ni resuelta por esta vía constitucional. En efecto, ya se ha sostenido en casos anteriores -y similares- que la acción de protección constituye una de carácter extraordinaria y excepcional que busca restablecer el imperio de derecho ante actos u omisiones que hayan privado, perturbado o amenazado al titular de la tenencia y goce de los mismos.

De esta manera, es imprescindible que la garantía o derecho cuya ejecución se pide no esté en duda y es justamente lo contrario lo que ocurre en este caso, en tanto se reclaman los descuentos en las remuneraciones de los protegidos como consecuencia de la paralización en la que formaron parte, estimando los recurrentes que no se ha incoado proceso disciplinario alguno que sustente dicha determinación y, los recurridos, que se trata de un deber acorde lo dispuesto en el Estatuto Administrativo y la jurisprudencia del mismo tipo que regula la materia. Así las cosas, fluye de los antecedentes que aquello importaría declarar un derecho cuya pertinencia se discute, lo que sólo podrá acontecer en un procedimiento civil o administrativo que permita el contencioso y, por tanto, la recepción de prueba que demuestre ambas tesis, oponer excepciones, etc. Nada de lo anterior cae dentro del marco de atribuciones con que cuenta esta Corte en el contexto de esta acción constitucional, motivos que conducen al rechazo del arbitrio conforme se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de los recurrentes ya individualizados, en contra del Servicio de Salud Coquimbo y del Hospital San Pablo de la misma comuna.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1551-2025 Protección.