FUNDACION VALIDAME con ASOCIACION DE ASEGURADORES DE CHILE A.G.

Fundación Valídame Afp Provida S.A y Asociación de Aseguradores de Chile A.G.

Recurso de Protección Rol N°1551-2024.- La Serena, dos de mayo de dos mil veinticinco.

Visto y considerando:

PRIMERO: Que comparece Fundación Valídame e interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, en contra de AFP Provida S.A. y la Asociación Gremial de Aseguradores de Chile A.G.

Indica que la materia afectada es el derecho de devengamiento y monto de la pensión de Invalidez Total y Permanente 2/3 del Dictamen N°010.1238/2020, que declaró la Invalidez Total y Permanente a petición del trabajador.

El recurso se fundamenta en la denegación del pago correcto de la pensión de invalidez del afiliado.

Señala que el Sr. nombre reservado fue declarado con invalidez parcial transitoria mediante Dictamen N°010.4530/2018 del 18 de octubre de 2018. Posteriormente, dicho dictamen fue modificado por la Resolución N°C.M.C.11506/2021 de la Comisión Médica Central, ejecutoriada el 10 de diciembre de 2021, que declaró su invalidez total y permanente.

El punto central de la controversia radica en la fecha de devengamiento de la pensión de invalidez total. La recurrente sostiene que dicha pensión debe devengarse desde la fecha de la solicitud original (18 de octubre de 2018), mientras que la AFP pretende que se devengue desde la fecha de la ejecutoria de la resolución modificatoria (10 de diciembre de 2021).

La consulta a la AFP se ha mantenido sin respuesta adecuada desde la ejecutoria del dictamen, culminando con un pronunciamiento formal el 13 de septiembre de 2024, fecha a partir de la cual se interpone el presente recurso.

Actos Arbitrarios e Ilegales La recurrente alega que la interpretación realizada por la administradora para restringir el derecho a devengo del afiliado es un acto administrativo caprichoso, antojadizo, ilegal y arbitrario, que contraviene la normativa legal vigente. Específicamente: 1) La AFP no ha pagado la diferencia del 20% entre la pensión de invalidez parcial transitoria (50% del Ingreso Base Previsional) y la pensión de invalidez total definitiva (70% del Ingreso Base Previsional) desde la fecha original del dictamen (18 de octubre de 2018).2) La recurrida habría minimizado el valor del siniestro por afiliado, actuando como contratante de la póliza que provee los fondos previsionales como Aporte Adicional para los afiliados declarados inválidos. 3)Se desconoce el contrato establecido entre la AFP y las Compañías de Seguros, así como el manejo de los recursos del afiliado, incluyendo posibles intereses generados durante el tránsito de los fondos.

Que el acto ilegal y arbitrario en contra del que se recurre en esta sede produce los siguientes daños a considerar:

1) Vulnera el derecho de propiedad, produciendo daño económico y patrimonial por no pago de la diferencia del 20% de su pensión devengada por disposición legal.

2) Trato discriminatorio respecto de otros afiliados en esta y otras administradoras a quienes sí se le reconoce el derecho a devengo de la Pensión de Invalidez Total tal cómo fuera reglado y establecido por el legislador.

3) Perjuicio en el cálculo del monto de pensión de invalidez, atendido que no existiendo ingresos conforme a lo que fuera establecido (70% del promedio de las 120 rentas imponibles incluyendo los subsidios pagados y no pagados) entre el 18 de octubre de 2018 y el 10 de diciembre de 2021 fecha en que se pagaba el 50% del promedio, se deterioraron los ingresos de forma artificiosa por su administrador AFP Provida S.A.

El recurso se fundamenta en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección y que el contenido de la norma se da en la especie, toda vez que el actuar de las recurridas, es arbitrario e ilegal, en el sentido de que la AFP no paga los porcentajes de pensión establecidos en la ley cuando corresponde y las Compañías de Seguros correspondientes no estarían proveyendo los fondos suficientes para hacerlo, cumpliendo a cabalidad con los contratos que se licitan públicamente y se exige el pago íntegro de las primas sin ningún descuento a los empleadores cuando a los trabajadores como el de marras se les paga menos de lo que corresponde.

Señala que la normativa aplicable incluye: compendio de Normas del Sistema de Pensiones, Libro III, Título I, Letra D, Pensión de Invalidez, Capítulo V, que establece que la pensión de invalidez se devengará a contar de la fecha de declaración de invalidez; la resolución modificatoria de la Comisión Médica Central N°11506/2021 señala expresamente: "OBSERVACIONES: Modifica Dictamen N°010.4530/2018, de fecha 18/10/2018 a pensión de Invalidez Total.". De manera concordante, el mismo Compendio establece para las pensiones de vejez que la fecha de devengamiento corresponderá a la fecha de la solicitud de pensión.

Garantías Constitucionales Vulneradas El recurso alega que el actuar de las recurridas ha vulnerado las siguientes garantías constitucionales:

Derecho de Propiedad (Art. 19 N°24 CPR): Al retener sin justificación alguna los recursos económicos que le corresponden al afiliado, produciendo daño económico y patrimonial por el no pago de la diferencia del 20% de su pensión devengada por disposición legal.

Igualdad ante la Ley (Art. 19 N°2 CPR): Por el trato discriminatorio respecto de otros afiliados a quienes sí se le reconoce el derecho a devengo de la pensión de invalidez total conforme a lo establecido por el legislador.

Derecho a la integridad física y psíquica (Art. 19 N°1 CPR): Al privar al trabajador de los recursos que le permitirían completar su tratamiento médico.

Derecho a la seguridad social (Art. 19 N°18 CPR): Al restringir unilateralmente el derecho a una prestación básica como es el pago correcto de su pensión.

Solicita acoger el recurso contra las recurridas, declarando:

1. Que la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. deberá, en el ejercicio de sus facultades, realizar los cálculos de los montos adeudados al actor y poner a disposición toda la documentación que dé cuenta de los traspasos de los bienes materiales desde las compañías de seguros a la administradora y desde esta, a la Cuenta de Capitalización del Trabajador en las fechas regladas.

2. Que las recurridas AFP Provida S.A. y la Asociación Gremial de Aseguradores de Chile A.G., deberán sustentar los traspasos efectivos de recursos asociados al rut del trabajador mediante cartola bancaria, tal y como lo haría cualquier institución financiera y no mediante documentos editados por ellos mismos en señal de transparencia de sus operaciones para con el administrado.

3. Que las recurridas AFP Provida S.A. y las Compañías de Seguros deberán, una vez realizado el cálculo de la deuda con el trabajador reliquidar el Aporte Adicional, además de implementar un sistema de información documental que dé cuenta obligatoria del procedimiento, movimiento y traspaso de los recursos pertenecientes a las y los trabajadores declarados inválidos, poner dichos documentos a disposición de los propietarios de la información en las plataformas electrónicas de los afiliados cómo medida de control contra eventuales defraudaciones , a los que se pueda acceder con las actuales contraseñas regladas por el fiscalizador para los afiliados.

4. Que con los montos correctamente calculados se le otorgue la posibilidad que tienen todos los trabajadores declarados Inválidos Totales de realizar cálculo de los Excedentes de Libre Disposición.

5. Que de ser condenadas las recurridas den cuenta a V.S.I., cómo lo hicieron exhibiendo toda la documentación que con los resguardos respectivos es de beneficio público.

6. Que se condena en costas a las recurridas 7. Cualquier otra medida que V.S.I estime que en derecho corresponda.

Acompaña a su presentación: 1. Documento respuesta AFP 13 de septiembre 2024. 2.Mandato. 3. Estatutos vigencia. 4. Dictamen Comisión Médica Regional N°010.1238/2020. 5. Resolución modificatoria N°C.M.C.11506/2021.

Luego, en presentación de fecha 20 de diciembre 2024, folio 19 acompañó:

1.Oficio Ordinario N°18404 de la Superintendencia de Pensiones al Gerente General de AFP Cuprum S.A. de fecha 03 de octubre de 2024 2.Oficio Ordinario, de fecha10 de octubre de 2024, GG/1678/24. IDT N°20898. de AFP Cuprum S.A. dirigido al Sr. nombre reservado

3.Ebook causa RIT: C-166-2023 Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique 4.Informe Comisión Especial Investigadora Denegación Pensiones de Invalidez y Licencias Médicas SEGUNDO: Que, respecto de la recurrida Asociación de Aseguradores de Chile A.G., según consta en resolución de 4 de marzo de dos mil veinticinco, se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por no presentado el recurso de protección a su respecto.

TERCERO: Que la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. opone excepción de cosa juzgada indicando que el recurrente de autos ya había reclamado respecto de los mismos hechos objeto del presente recurso de protección, lo que fue resuelto el 10 de abril de 2023, en causa Rol 233-2023, que acompaña a su presentación.

Que a folio 16 consta certificación de fecha 09 de diciembre de 2024, que indica: “se constata que el Rol 233-2023 corresponde a recurso PR15 - Protección- Protección, ingresado por la Oficina Judicial Virtual el 24 de febrero de 2023, consta como recurrente Fundación Valídame, representada por don nombre reservado en favor de don nombre reservado y como recurrido la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., representada por la abogada Sofía Pardo Farkas, sobre negativa a reliquidar pensión de invalidez y a entregar los documentos fundantes del cálculo del monto de la pensión de invalidez total definitiva. El 10 de abril de 2023 se dicta sentencia que rechaza el recurso interpuesto, encontrándose actualmente los autos en estado de archivo”.

La resolución de dicha excepción quedó para definitiva.

CUARTO: Que, a folio 45, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa informe y solicita el rechazo del recurso con expresa condenación en costas, basándose en dos argumentos centrales: primero, que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio; y segundo, que la AFP no ha actuado de manera arbitraria ni ilegal, sino cumpliendo estrictamente la ley y la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

En cuanto al primer argumento, sostiene que el recurso de protección fue concebido como una acción cautelar para casos urgentes que requieren amparo inmediato frente a amenazas, perturbaciones o privaciones de derechos fundamentales. Citando a autores como Verdugo y Tavolari, así como jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, destaca que este recurso no permite solicitar declaraciones de derechos ni discutir la constitucionalidad de cuerpos normativos como el DL 3.500, que es lo que pretendería la recurrente.

Respecto a los hechos, detalla cronológicamente el proceso de pensión de invalidez del afiliado, comenzando con la solicitud inicial el 20/06/2018, la aceptación de invalidez transitoria parcial mediante Dictamen N°010.4530.2018 del 27/07/2018, y la posterior solicitud de reevaluación del 10/09/2019 que culminó con la declaración de invalidez definitiva total mediante Dictamen N°010.1238/2020 del 27/02/2020. Señala que se realizó el correspondiente aporte adicional de 6235,20 cuotas del fondo C (equivalente a UF9797,04) el 29/12/2021, y que el 18/01/2022 el recurrente aceptó la modalidad de retiro programado con un pago mensual de UF57,03.

En el aspecto jurídico, fundamenta su posición citando el DL 3.500 que crea el sistema de pensiones. Específicamente, destaca que las AFP están impedidas por ley de ofrecer u otorgar pensiones, prestaciones o beneficios distintos a los señalados en la ley, bajo apercibimiento de sanciones. Cita el artículo 23 del DL 3.500, el Reglamento de dicho decreto ley, y varias secciones del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que regulan aspectos como la fecha de devengamiento de pensiones, el recálculo de anualidades y el aporte adicional.

Argumenta que para la procedencia del recurso de protección deben cumplirse copulativamente tres requisitos según el artículo 20 de la Constitución: existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que produzca un agravio, y que este agravio se manifieste como privación, perturbación o amenaza de garantías constitucionales. Sostiene que en el caso concreto no se cumple ninguno de estos requisitos:

1. No existe actuación ilegal ni arbitraria, pues AFP ProVida ha actuado conforme a las normas vigentes;

2. No se ha producido agravio alguno al recurrente, dado que no hubo acto ilegal o arbitrario;

3. No se ha vulnerado ninguna garantía constitucional del artículo 19 de la Constitución.

Concluye solicitando el rechazo total del recurso con costas por no cumplir con los requisitos legales establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, corresponde pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada.

Conforme los antecedentes que obran en la causa y de los que se dieron cuenta en estrados, se pide el pago correcto de la pensión de invalidez del afiliado, en virtud de respuesta dada por la AFP Provida el 13 de septiembre de 2024.

De acuerdo con los antecedentes que obran en la causa Rit 3233-2023, el acto que se estima ilegal o arbitrario por la recurrente es que la recurrida se negaría a reliquidar la pensión de invalidez, como también, la negativa a entregar los documentos fundantes del cálculo del monto de la pensión de invalidez total definitiva.

Además, se constata que se trata del mismo recurrente y del mismo recurrido.

Todo lo anterior es reafirmado en certificación de folio 16, transcrita en el considerando tercero precedente.

Que, al confrontar los dos procesos involucrados, con el objetivo de indagar sobre la concurrencia de la triple identidad, en este caso entre el fallo que sirve de fundamento a la excepción de cosa juzgada opuesta por el recurrido AFP Provida, se colige que el hecho recorrido es diferente, en este caso se reclama de resolución de AFP de 13 de septiembre de 2024, acto posterior a la resolución del recurso que se usa como fundamento para la excepción de cosa juzgada, razón suficiente para proceder a su rechazo.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en este caso nuevamente se está en presencia de una discusión en un ámbito que escapa de la acción constitucional ejercida, toda vez que esta última supone hechos ciertos y derechos indubitados en juego, nada de lo cual ocurre en la especie, más cuando tanto la relación fáctica es poco comprensible e imprecisa, sin claridad en cuanto a las conductas imputadas a las recurridas y cómo éstas vulneran las garantías invocadas, y por lo expresamente solicitado por el recurrente en su petitorio, peticiones estas últimas indudablemente que exigen sean otorgadas en sede declarativa a través de un procedimiento de lato conocimiento y con bilateralidad de la audiencia, todo lo que escapa a lo que puede ser conocido vía acción de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por la Fundación Valídame en favor de nombre reservado, en contra de AFP Provida S.A. y la Asociación Gremial de Aseguradores de Chile A.G.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1551-2024 Protección.-