nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA

nombre reservado

I. Municipalidad de La Higuera Recurso de protección Rol Nº155-2025.- La Serena, veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Makarena García Dinamarca, abogada en favor de doña nombre reservado, chilena, Técnico de Nivel Superior en nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de La Higuera, representada legalmente por su Alcaldesa doña Uberlinda Aquea Barraza, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por la actuación ilegal y arbitraria que dispuso el término de su contratación el 31 de diciembre del año 2024 por no renovación de su contrato a plazo fijo, materializándose la desvinculación a contar del 01 de enero del año 2025, lo cual vulnera sus garantías constitucionales establecidas en los artículos 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone, que la recurrente el 07 de abril de 2014 ingresó a prestar funciones en el Departamento de Salud Municipal perteneciente a la Municipalidad de la Higuera, donde cumplió siempre las mismas labores Encargada del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado SIAPER. Que ha prestado funciones durante 10 años, 8 meses y 23 días en el Departamento de Salud Municipal siendo contratada de acuerdo con el Estatuto de Atención Primaria de la Ley 19.378. Desde el 07 de abril de 2014 al 30 de abril de 2016 fue contratada a plazo fijo, en el cargo de secretaria, según consta en los Decretos Alcaldicios N°2334 de 16 de septiembre de 2014, N°195 de 25 de julio de 2014, N°106 de 28 de abril de 2014, N°114 de 20 de enero de 2015, N°80 de 12 de enero de 2016; luego desde el 01 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2022, previo concurso, fue contratada a plazo indefinido, en el cargo de secretaria, según consta en el Decreto Alcaldicio N°1858 de 10 de mayo de 2016; y desde el 01 enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, fue contratada a plazo fijo, en el cargo Técnico de Nivel Superior-Encargada SIAPER, según consta en los Decretos Alcaldicios N°92 de 10 de enero de 2023 y N°154 de 09 de enero de 2024.

Relata que, con el afán de superarse y poder contar con más herramientas para desempeñar sus funciones, con gran esfuerzo, estudio Técnico de Nivel Superior en nombre reservado, el título lo obtuvo el 30 de octubre de 2017. Desde el año 2018, la funcionaria espero se realizará algún concurso para el cambio de categoría lo que no se verificó, que en el año 2022 con la finalidad de regularizar su situación se le contrata para el año 2023 y 2024 como Técnico de Nivel Superior categoría C) a plazo fijo, pero dicho periodo no se realizó ningún concurso de los indicados por la Ley N°21.308 conocida como Ley de Alivio.

Prosigue relatando que, el 29 de noviembre de 2024 se le notifica memorándum N°145/2024, suscrito por la encargada de personal doña nombre reservado, donde indica que la administración comunica anticipadamente que sus servicios mantienen duración hasta el 31 de diciembre de 2024, lo cual es ratificado vía correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2024 por la encargada de personal doña nombre reservado, indicando que “por instrucción de la administración municipal su nombramiento a plazo fijo con fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, no será renovado para el año 2025”, indica que conforme lo anterior, no se renueva su contrato el uno de enero de 2025, y que los efectos perniciosos del acto que se impugna, atentatorios a las garantías que se denuncian infringidas, se producirían a contar del 01 de enero de 2025, fecha a partir de la cual la funcionaria es desvinculada de la Municipalidad recurrida.

Agrega que, de conformidad al artículo 1 de la ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria Salud Municipalizada, esta ley regula en lo pertinente la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecuta acciones de atención primaria de salud; y a su turno, el artículo 14 de la misma ley establece que “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario”; y que, finalmente el inciso 1 del artículo 4 prescribe que “En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley N°18.883, Estatuto de los funcionarios Municipales”. Por lo que señala, que de los preceptos antes nombrados, se desprende que la relación estatutaria entre las partes se encuentra regulada por la Ley N°19.378, y sólo supletoriamente, en aquello no previsto de manera expresa, han de recibir aplicación las disposiciones contenidas en la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo para los funcionarios municipales.

Indica que, la recurrida se asila en la facultad de término unilateral consignada en el contrato, y que lo cierto es que, conforme a los contratos de la funcionaria no pueden sino estimarse de naturaleza indefinida, pues durante más de 10 años efectuó las mismas funciones lo cual no se condice con un contrato a plazo fijo. Refiere que, es fundamental tener en cuenta que la regla general en el ámbito del Derecho del Trabajo es que los contratos sean de naturaleza indefinida y la excepción, que sean transitorios o temporales, puesto que se ha privilegiado la estabilidad en el empleo, lo que obliga a hacer una interpretación restrictiva de éstos, para evitar que a través de mecanismos formales sean burlados los derechos de los trabajadores, quienes por su condición de subordinación no tienen el poder para contradecir la forma de contratación que define el empleador.

Arguye que en el caso de la recurrente se está ante una única relación laboral permanente y continua, por lo que la decisión de término del contrato de trabajo es ilegal por contravenir las disposiciones del Código del Trabajo que regulan su término.

Señala las garantías conculcadas, en primer término, la del artículo 19 N°2 de la Constitución Política, que, en el caso de marras, se ha visto afectado porque en situaciones similares no se pone término a contrataciones a plazo fijo del Estatuto de Atención Primaria, considerando el tiempo que ha desempeñado funciones la recurrente. En segundo lugar, refiere infringida su garantía constitucional del 19 N°24 Constitución Política reconociendo a todas las personas, un derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, en el caso de autos, ha sido privada la recurrente del legítimo derecho a mantener su contrato y remuneración.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso y se deje sin efecto su desvinculación, y ordenar el reintegro a sus funciones con pago de todos los emolumentos habidos entre su desvinculación y su reincorporación afectiva, así como todas las demás medidas que esta Corte juzgue necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con condena en costas.

Acompaña a su recurso: Correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2024, en cual se informa su no renovación de contrato; Memorándum N°145/2024 de fecha 29 de noviembre de 2024; Certificado de antigüedad; Contratos a plazo fijo de la recurrente; Contrato indefinido de la recurrente y certificado de título.

SEGUNDO: Que, a folio 6, comparece el abogado Ángelo Hernández Pizarro, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Higuera, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo por carecer de todo asidero jurídico y fáctico, con condena en costas.

En primer término, alega que la recurrente debió agotar la instancia administrativa correspondiente ante recurrir de protección, esto es, interponer el recurso de reposición ante la misma autoridad que dictó el acto, y que agotada aquella instancia es necesario que ejerza las acciones de naturaleza jurisdiccional previstas por el legislador, en concreto, el llamado "Reclamo de Ilegalidad", contemplado en el artículo 151° de la Ley 18.695. Señala que, no es posible pretender soslayar el uso de las herramientas procesales y jurisdiccionales preestablecidas especialmente para una materia, con el ejercicio indiscriminado de la acción de protección.

En según término alega la improcedencia de la acción de protección, pues la recurrente en una acción de protección señala dos posibles vulneraciones a derechos que ocurren en tiempos distintos, y por supuestas acciones u omisiones distintas, ya que por una parte indica la vulneración a la igualdad ante la ley, y por otro lado, el derecho de propiedad, sin embargo, como se aprecia del libelo de protección la recurrente sólo se ha limitado a mencionar los derechos vulnerados, sin explicar cómo la acción llevada a cabo por su representada ha vulnerado dichos derechos, así como tampoco ha explicado cómo el acto es ilegal o arbitrario, siendo, un elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la parte recurrente la vulneración de las garantías constitucionales que ha señalado como atropelladas o amenazadas, no establece la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria por la recurrida, ni estable correlación entre los hechos someramente indicados por su parte y la supuesta privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho que tenga el carácter de indubitado, no existiendo ningún nexo causal entre ambos.

En cuanto al fondo del asunto, señala en relación a los hechos indicados por la recurrente, que no concurre arbitrio, ni ilegalidad alguna, pues la recurrida actuó en mérito de lo dispuesto en la ley N°19.378 que establece el estatuto de atención primaria de salud, con las facultades entregadas en relación a la disposición de establecer las formas de contratación de los funcionarios dentro del esquema de atención primaria de salud de una municipalidad, ley que permite la contratación de funcionarios a través de modalidades señaladas en el artículo 14 del cuerpo legal, esto es, que el personal de los de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, Cesfam, Departamento de Salud, podrán ser contratados a plazo fijo o indefinido.

Señala que, para los efectos del estatuto son funcionario contrato indefinido los que ingresan vía concurso público y que son contratados a plazo fijo los funcionarios contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a 1 año calendario. Y que, la vinculación a plazo fijo establecida en la ley 19.378 es equivalente a una contrata en el ámbito de la normativa supletoria a este estatuto que corresponde el de Funcionarios Municipales, y este indica en su artículo 48 que “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: a) Renuncia voluntaria, la que deberá ser presentada con a lo menos treinta días de anticipación a la fecha en que surtirá efecto, plazo que podrá ser reducido por acuerdo de las partes. Se podrá retener la renuncia, por un plazo de hasta treinta días, contado desde su presentación, cuando el funcionario se encuentre sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes serios de que pueda ser privado de su cargo, por aplicación de la medida disciplinaria de destitución; c) Vencimiento del plazo del contrato;".

Precisa que la recurrente, efectivamente trabajó desde abril del año 2014 a abril del año 2016 como plazo fijo y que, en el mes de mayo del año 2016, por la vía legal de un concurso público se le asignó un cargo indefinido, desempeñando funciones administrativas correspondientes al perfil de secretaria, sin embargo, y en atención a lo indicado por la misma actora, su condición estatutaria cambió el año 2023 en cuanto indica que fue contratada a plazo fijo por parte de la recurrida.

Arguye que, revisados los antecedentes, adicional a la documentación referida por la actora, es necesario hacer presente que la recurrente omite mención a la renuncia voluntaria presentada por ella al cargo indefinido que tenía (planta municipal), con fecha 26 de diciembre de 2022.

Refiere que la actora, no tiene ni ha tenido algún derecho de propiedad respecto de su empleo o de sus accesorios, en atención a que las contrataciones han sido siempre bajo la modalidad de plazo fijo, cuya naturaleza esencial es que se presenta como transitoria ya que el mismo estatuto que la regula así lo señala al establecer una plazo no mayor al 31 de diciembre de cada año, tanto las realizadas desde abril del año 2014 a abril de 2016, así como las contrataciones de enero de 2023 y la contratación de enero de 2024.

Añade que, en el periodo en que se podría presumir que la actora habría tenido una contratación indefinida, que le permitiría estar incluida en la carrera funcionaria señalada en el Estatuto de Atención Primaria, es la misma quien presenta su renuncia voluntaria a ese tipo de contratación.

Por lo que agrega, que no consta ninguna circunstancia que haya sido coaccionada o vulnerada por la recurrida para que tome dicha decisión, y que inclusive la recurrente señala que “Con el afán de superarse y poder contar con más herramientas para desempeñar sus funciones con gran esfuerzo estudio Técnico de Nivel Superior en nombre reservado, el título lo obtuvo el 30 de octubre de 2017’, circunstancia que refuerza aún más las circunstancias absolutamente voluntarias en el contexto de su renuncia.

En cuanto a lo establecido por la denunciante respecto de la supuesta existencia de una vulneración del derecho de igualdad ante la ley en atención que en situaciones similares no se pone término a contrataciones a plazo fijo del Estatuto de Atención Primaria, considerando el tiempo que habría desempeñado en funciones la recurrente; es necesario señalar que dicha afirmación está completamente errada tanto en lo indicativo como en el supuesto fundamento que entrega para sustentar dicha aseveración.

Señala que es necesario indicar, que la recurrente busca asimilar una contratación bajo un estatuto especial como es el señalado en la ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria Salud con lo señalado en el Código del Trabajo; cuerpos legales diferentes y que no están relacionados más allá de lo indicado en las normas primordiales que señalan ellos mismos.

Refiere que, de los antecedentes de la recurrente, respecto de su trabajo, su condición estatutaria al año 2023 era de una contratación a plazo fijo por un plazo de 12 meses, luego la recurrente fue contratada de acuerdo a lo indicado en el decreto alcaldicio N°154 de fecha 09 de enero de 2024, también por un plazo de 12 meses y cuyo término señalado era el día 31 de diciembre del año 2024.

Señala que no se vislumbra una vulneración del derecho a la igualdad, por cuanto se cumplieron los requisitos legales de contratación y desvinculaciones que establecen el estatuto por el cual se regía la recurrente. Asimismo, es necesario señalar que el contrato de plazo fijo tiene como forma de terminación el hecho de cumplir con el periodo de duración que señala, tal como lo indica el artículo 48 del Estatuto de Atención Primaria en la cual se indica que: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: c) Vencimiento del plazo del contrato;".

Indica que tampoco es posible establecer que, respecto de una determinada pretensión de la recurrente, en cuanto a posibilidad del levantamiento de un concurso público para el ingreso de nuevos funcionarios por parte de la administración, quebrante su derecho de igualdad ante la ley; tal como lo insinúa en su presentación. Más allá del hecho que señala respecto de la culminación de sus estudios, no es posible para la recurrida adaptarse a la situación señalada, y que se pretenda que por ese solo hecho se deba efectuar acciones tales como crear cargos, grados y categorías diferentes a las que se permiten legalmente y que son revisadas para el mejor funcionamiento, en este caso del Departamento de Salud de la Municipalidad.

Recalca que, la recurrente renunció el 26 de diciembre de 2022 a un cargo de carácter indefinido al cual postuló vía concurso público, por el cual había sido nombrada bajo el Decreto N°1858 de fecha 10 de mayo de 2016; siendo aceptada su renuncia a través del Decreto N°4388 de fecha 30 de diciembre de 2022.

Por lo que solicita tener evacuado el informe y rechazar en todas sus partes el recurso interpuesto, con costas.

Acompaña a su informe: Decreto Alcaldicio N°4388 de Fecha 30 de diciembre de 2022 que acepta la renuncia voluntaria de la recurrente; Carta de renuncia presentada por la recurrente con fecha 26 de diciembre de 2022, a contar del día 01 de enero de 2023; Decreto Alcaldicio N°1858 de fecha 10 de mayo de 2016 en que la recurrente en nombrada en el cargo de secretaria plazo indefinido, a contar del 01 de mayo de 2016; Decreto Alcaldicio N°80 de 10 de enero de 2016 en que la recurrente fue nombrada en el cargo de secretaria plazo fijo, a contar del 01 de mayo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016; y Decretos de nivelación de cargos por carrera funcionaria.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, de las presentaciones efectuadas por las partes, se desprende que conforme el objeto de la acción deducida, corresponde determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, consistente en la no renovación de su decreto de nombramiento a plazo fijo, por medio del Memorándum N°145/2024, el cual fue notificado con fecha 29 de noviembre de 2024, reiterado el 30 de diciembre de 2024 y se fundamenta en el artículo 48 letra c) de la Ley N°19.378 que Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, esto es, vencimiento del plazo del contrato.

SEXTO: Que, a efectos de resolver, corresponde tener presente que la Ley N°19.378 dispone en su artículo 1° que: “Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades al 30 de junio de 1991, en virtud de convenios regidos por el decreto con fuerza de ley N°1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980. Asimismo, normará los aspectos anteriormente citados, respecto de aquellos establecimientos de atención primaria de salud que sean creados por las municipalidades; traspasados con posterioridad por los Servicios de Salud; o que se incorporen a la administración municipal por cualquier causa. También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud.”

Por su parte, el artículo 3° de la misma ley, señala que: “Las disposiciones de esta ley se aplicarán a todo el personal que se desempeñe en los establecimientos municipales de atención primaria de salud señalados en la letra a) del artículo anterior.”, norma que hace referencia a “a) Establecimientos municipales de atención primaria de salud: los consultorios generales urbanos y rurales, las postas rurales y cualquier otra clase de establecimientos de salud administrados por las municipalidades o las instituciones privadas sin fines de lucro que los administren en virtud de convenios celebrados con ellas”.

Respecto a lo planteado por la recurrente, el artículo 14 de la ley en comento establece que: “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal.

Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación”.

Finalmente, el artículo 48, dispone que: “Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: (…) c) Vencimiento del plazo del contrato.”

SÉPTIMO: Que, de lo establecido precedentemente, aparece que la actora se encontraba sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, Ley N°19.378, de manera que el actuar de la recurrida no puede ser calificado como arbitrario y/o ilegal, máxime considerando que las alegaciones del recurrente, sustentada básicamente en las características de la relación laboral, las que son controvertidas por la recurrida, no dan cuenta de derechos indubitados, por lo que, no puede ser resuelto en esta sede cautelar, considerando que el ordenamiento jurídico dispone de las acciones correspondientes de lato conocimiento para dicho fin, por lo que deberá desestimarse la acción como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°155-2025 (Protección).