nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

nombre reservado

Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Recurso de protección Rol N°1549-2025 La Serena, catorce de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña Linda Quintero Mogollón, abogada, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, empleado, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, notificado el 19 de agosto de 2025, señalando que vulnera sus garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°2 y 24 de la Carta Magna.

Expone que la recurrente de profesión médico, posee residencia definitiva en el país, y durante la prestación de sus servicios de manera sistemática se le ha descontado parte de su sueldo por cotizaciones previsionales. Señala que el 11 de julio de 2025 presentó solicitud de retiro y/o devolución de sus fondos previsionales ante la A.F.P. Provida S.A., para lo cual adjuntó la documentación del artículo 1 de la Ley 18.156, sin embargo, el 29 de julio de 2025 recibió correo que le indicaba que su solicitud se encontraba detenida por falta de constancia de afiliación vigente, legalizada y apostillada, por lo que ingresó un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social el 13 de agosto de 2025. Luego el 19 de agosto de 2025 recibe carta con rechazo de su solicitud: “... Falta constancia de afiliación vigente el cual debe estar Apostillado en el país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización y declaración jurada que no corresponde a lo solicitado...”

Alega que la recurrida debió considerar lo establecido en los artículos 1 y 7 de la Ley 18.156. Señala que cumplió con los requisitos solicitados, acompañando la documentación respectiva presentó toda la documentación requerida, salvo la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema de afiliación venezolana, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar ese trámite, existiendo una imposibilidad material de realizar por un caso fortuito que escapa de sus manos. Indica que a pesar de la señalada imposibilidad acompañó constancia de afiliación de seguro social vigente a la fecha de su presentación la cual puede ser verificada, ingresando a la página Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S), donde se puede constatar la afiliación del solicitante, con solo digitar la cédula de identidad venezolana la cual aparece en la respectiva constancia del recurrente, signada bajo el número V RUT reservado, lo que permite verificar validez, por lo que indica que la detención de su solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6o de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N°19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho.

Hace referencia a lo señalado en el artículo 1° y 7° de la Ley 18.156 conforme a los cuales, en caso de que trabajadores extranjeros registren cotizaciones en una administración de fondos de pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieran depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo primero, norma que exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional o de Seguridad Social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Señala que, la conducta ilegal y arbitraria por parte de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24, de la Constitución Política, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, reteniendo así los fondos previsionales de la afectada, conculcando el derecho de propiedad que se ejerce sobre dichos montos depositados y administrados por la recurrida.

Previas citas jurisprudenciales, culmina solicitando se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir la tramitación de su solicitud y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña a su recurso: comprobante de ingreso solicitud; cédula de identidad para extranjeros de la recurrente; cédula de identidad venezolana; correo de la recurrida del 19 de agosto de 2025; constancia de afiliación IVSS julio 2025 junto con declaración jurada; documentos universitarios debidamente apostillados; y contrato de trabajos y sus anexos.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas.

En primer término, alega improcedencia de la acción de protección, por resultar evidente que la materia en cuestión no es propia de la acción cautelar, pues lo solicitado es en definitiva una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, lo que no se condice con la finalidad de un recurso de protección, y la excede, pretendiendo discutir la constitucionalidad del DL 3.500 en sede cautelar y de emergencia.

Explica que su representada rechazó el 19 de agosto de 2025 la solicitud de la recurrente de autos, por cuanto la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, las cuales debe observar.

Precisa que conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de su servicio y la normativa sobre el valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

En cuanto al derecho, se refiere al Decreto Ley 3.500 y las competencias y obligaciones que le otorga. Agrega en relación a la Ley 18.156, que su artículo 1° de la Ley N°18.156, y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos prescritos en el artículo 1° de dicha Ley y en el Libro II Título XI, del referido Compendio de Normas. Por su parte, el artículo 7° de la misma ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal, los cuales deben ser cumplidos de forma copulativa.

Hace presente, que el comportamiento adoptado por su representada no ha sido ni ilegal ni arbitrario en lo que respecta a la situación que afecta a la recurrente de autos, ni mucho menos ha carecido de razonabilidad, sino que muy por el contrario ha significado dar cumplimiento a sus obligaciones legales, y por tanto no se ha vulnerado ninguna garantía constitucional.

Solicita rechazar el recurso con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que es dable sostener que el rechazo al retiro pedido por la actora lo fue basado en el incumplimiento de los requisitos legales. Esta Corte, a su turno, comparte la postura de la recurrida por las siguientes razones:

1.- En primer término, valga recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley N°18.156 establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”, esto es, “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

Al respecto, no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional en una entidad extranjera con vigencia a la fecha del requerimiento, sobre todo por la redacción de la norma, que exige la actualidad de dicha pertenencia (“que se encuentre afiliado”), circunstancia que es tácitamente reconocida por la actora, al sostener que ese dato podía ser revisado por la misma entidad recurrida. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales.

Por lo demás, el documento anexado a folio 1 no es idóneo para satisfacer la exigencia, al no cumplir con las exigencias básicas para considerarlo como válido en Chile, al tratarse de un documento extranjero sin la debida legalización exigida por nuestra ley nacional.

2.- A lo anterior abona que la recurrida sustenta su oposición a la improcedencia de acoger el requerimiento, por no cumplirse las exigencias legales referidas. Aquello deja en evidencia que el derecho que se exige carece del carácter de indubitado, elemento propio de las garantías que pueden ser impuestas por esta vía constitucional y de excepción, nueva razón para desechar el presente arbitrio.

3.- Finalmente, en cuanto a la lectura de la ley, resulta acorde a los intereses de la recurrente, cuyo sentido no es compartido por esta Corte, desde que la Ley N°18.156 fue dictada para permitir el retiro extraordinario de fondos acumulados por ciertos trabajadores extranjeros temporales, facultad que no cuentan los demás trabajadores nacionales, de manera que la excepcionalidad debe leerse con tal rasgo y, por ende, ser exigentes al momento de cumplir sus estándares. Al no ocurrir, el rechazo debe ser confirmado, pues, lo contrario, importa provocar una desigual protección ante la ley.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1549-2025. Protección