Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Ovalle.

Recurso de protección Rol N° 1548-2016.- La Serena, doce de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Mediante presentación de fecha 2 de septiembre de 2016 comparece el abogado JUAN PABLO CORRAL GALLARDO, en representación de doña nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado y recurre de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, persona jurídica de Derecho Público, representada por don Claudio Fermín Rentería Larrondo, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que ponga pronto remedio a las turbaciones, amenazas y privaciones de sus derechos fundamentales, que se han producido en razón de los hechos que relata.

Señala que con fecha 12 de julio de 2016 su representada recibió una carta certificada por medio de la cual se le informaba que por decisión adoptada por el Concejo Municipal Nº 18, de fecha 30 de junio del año en curso, se había tomado la decisión de caducar la patente municipal de alcoholes Nº 400181, que explota en el establecimiento comercial denominado "Esportiva", ubicado en domicilio reservado, de la referida comuna. Agrega que hasta dicha fecha no tenía noticia alguna de la intención del ente municipal de caducar la patente.

Indica que la decisión del Concejo anterior se concretó mediante decreto Alcaldicio Nº 6.738, de fecha 12 de agosto de 2016, el que, sin embargo, no le ha sido notificado hasta la fecha, enterándose del mismo el día de la presentación del recurso, oportunidad en que concurrió a preguntar a la Dirección de Rentas y Patentes de la señalada Municipalidad en donde se le indicó fecha y número del decreto, sin darle copia, pese a haberlo solicitado.

Sostiene que el acto ilegal y arbitrario en contra del que se recurre son los llevados a cabo por la recurrida con ocasión del proceso que comenzó con la toma de decisión de caducar la patente y se concretó en el Decreto Alcaldicio antes mencionado.

Argumenta en primer término que la decisión de la Municipalidad es ilegal, ya que ni el Concejo ni el Alcalde tienen atribuciones para caducar una patente de alcoholes, atribución que corresponde al Juzgado de Policía Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 50 de la Ley de Alcoholes, Ley Nº 19.925.

Añade que la Municipalidad dispuso la caducidad por mantener 3 infracciones a la Ley de Alcoholes, decisión que confunde institutos, ya que la caducidad de las patentes de alcoholes es una sanción para los casos en que éstas no hayan sido debidamente pagadas dentro del plazo legal y luego de aplicada la segunda multa, medida que es distinta a la de clausura definitiva y cancelación de la patente, que opera luego de cometida la cuarta infracción dentro del plazo de 12 meses, medida que sólo puede aplicar el juzgado de policía local previo proceso infraccional, conforme señala lo ha resuelto la Contraloría General de la República, citando al efecto el Dictamen Nº 910, de 8 de enero de 2009.

En efecto, señala que de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Alcoholes, la clausura definitiva y la caducidad de la patente de alcoholes sólo puede decretarse cuando se ha incurrido en la cuarta infracción, disponiendo su inciso tercero que "La cuarta infracción se sancionará con la clausura, pudiendo imponerse además la cancelación de la patente de alcoholes respectiva." Agrega que para adoptar la decisión el Concejo y el Alcalde se fundaron en el hecho de contar con 3 partes por ley de alcoholes y en la opinión de una junta de vecinos, fundamento insuficiente para caducar una patente municipal, no habiendo incurrido en ninguna causal para que la patente le sea caducada.

Sostiene además que en la decisión impugnada se ha incurrido en ilegalidades y arbitrariedades, ya que se ha desplegado un procedimiento administrativo que no ha cumplido con los mínimos requisitos de legalidad previstos en la Ley 19.880, sobre Procedimientos Administrativos, ya que no se le permitió examinar la carpeta y observar los antecedentes en ella reunidos, especialmente las 3 supuestas multas ni la opinión de la junta de vecinos, sin que tampoco se le haya permitido participar en la aludida sesión del concejo, de cuya realización se enteró con posterioridad, viéndose así impedida de ser oída y de rendir prueba, infringiéndose así normas de la Ley antes referida, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley de Rentas Municipales, 3.063, conforme a las cuales el proceso administrativo debe ceñirse a determinadas formas que importan transparencia, celeridad, escrituración, información, contradicción, derecho a ser oído y derecho a ser notificado legalmente del acto administrativo.

Argumenta que no existe ninguna razón seria ni se seguridad pública ni de ningún otro tipo que justifique la caducidad de la patente de alcoholes de su representada.

En cuanto al plazo, sostiene que éste debe computarse desde el 12 de agosto de 2016, reiterando que a la fecha no se le ha notificado el Decreto Alcaldicio que concreta el acuerdo adoptado por el concejo.

Estima infringidas las garantías del derecho de propiedad, garantizado en el Nº 24 del artículo 19, el derecho a desarrollar una actividad económica, previsto en el Nº 21, el de no discriminación arbitraria en materia económica, amparado en el Nº 22 y el derecho a adquirir toda clase de bienes, garantizado en el Nº 23, todos del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se declare que el procedimiento administrativo municipal tendiente a pronunciarse y resolver respecto de la caducidad de la patente de alcoholes no se ha sujetado a la ley; que se anule e invalide todo el referido proceso administrativo, especialmente la sesión de fecha 30 de junio de 2016 y que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 6738, de fecha 12 de agosto pasado, por el que se decretó la caducidad de la patente de alcoholes de la recurrente.

Mediante presentación de fecha 30 de septiembre pasado informó la recurrida, solicitando el total y absoluto rechazo del recurso, con costas, por ser improcedente y carente de todo fundamento.

Funda lo anterior en que la decisión impugnada se adoptó con estricto apego a la ley, al margen de criterios arbitrarios, discriminatorios o sustentados en el capricho de la autoridad, como malintencionadamente lo afirma la recurrente.

En primer término, en relación al argumento de la recurrente en orden a que la decisión de caducar la patente se habría adoptado fuera de su competencia, abrogándose atribuciones del Juzgado de Policía Local, sostiene que carece de sustento jurídico, ya que el artículo 65 letra ñ de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 18.695, establece que el Alcalde requerirá el acuerdo del concejo para: ñ) Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes, lo que se realizará previa consulta a las juntas de vecino respectivas.

Agrega que el que la entidad recabe informes supone su actuar responsable, y, en la especie existía además de la oposición o rechazo a la forma de funcionamiento del local, el informe desfavorable de Carabineros;

Señala que en cuanto al procedimiento, a mediados de año el municipio realiza la evaluación anual de funcionamiento de las patentes de alcoholes en la comuna, se efectúa un análisis detallado, elaborándose un informe que luego se lleva a discusión al Concejo Municipal, teniendo a la vista los reclamos, infracciones y cualquier antecedente que resulte necesario para resolver en torno a la renovación de las patentes de alcoholes, por lo que no se divisa el actuar arbitrario e ilegal del municipio al momento de evaluar y resolver en torno a la caducidad de la patente de alcoholes de la recurrente.

En cuanto a las garantías que se dicen infringidas, sostiene que se debe situar la discusión en lo que estrictamente corresponde y, en el caso concreto hace presente que la recurrente ha ejercido una actividad económica de expendio de cerveza, pero no ha tenido el cuidado necesario para no perturbar a los vecinos y población colindante al lugar en que ejerce su actividad, prueba de ello son las infracciones que le han sido cursadas, siendo la recurrente la única responsable de la medida adoptada en contra de la cual recurre.

Indica que en cuanto a la garantía que se dice infringida del derecho a desarrollar una actividad económica, el ejercicio de este derecho conforme a la Constitución supone el respeto a las normas legales que regulan la actividad, y, en cuanto a la de no discriminación, sostiene que bajo ningún respecto se ha discriminado a la recurrente, siendo la ley la que establece el procedimiento para la renovación anual de las patentes de alcoholes.

Termina señalando que no existe acto u omisión arbitrario e ilegal que hagan procedente el recurso, ni perturbación, privación o amenaza de las garantías constitucionales a que alude el recurso por lo que éste debe ser rechazado con costas, por ser total y absolutamente inundado.

Con fecha 3 de octubre de 2016 se trajeron los autos en elación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esta misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive o amenace este atributo.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil – o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando una o más de las garantías – preexistentes – protegidas, consideración que resulta básica para el examen y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que son hechos que interesan a la controversia y que resultan acreditados con los documentos acompañados por recurrente y recurrida y que además se ven ratificados por lo expuesto por éstos en sus escritos de recurso e informe, los siguientes: a) Que la recurrente ha sido titular de la patente de alcoholes, correspondiente a expendio de cerveza, N° 400181, otorgada por la Municipalidad de Ovalle, la que le ha sido concedida para la utilización en su local denominado “Esportiva”, ubicado en domicilio reservado, de la ciudad de Ovalle; b) Que con fecha 30 de junio de 2016 el alcalde de la I. Municipalidad de Ovalle, don nombre reservado y el Concejo Municipal, por mayoría de votos, en la Sesión Ordinaria N° 18, fundados en lo informado por Carabineros de Chile y una carta de la Junta de Vecinos del sector, que daba cuenta de los elementos de inseguridad que presentaba el local de alcoholes de la recurrente para los vecinos del sector, adoptaron acuerdo en orden a caducar la patente anteriormente referida; c) Que como efecto del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N° 18 del Concejo Municipal, antes citado, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 5.539, de fecha 4 de julio de 2016, en que el señor alcalde de la I. Municipalidad de Ovalle, dispuso la caducidad de la patente de expendio de cerveza N° 400181, de que era titular la recurrente, anteriormente referida; d) Que con fecha de julio de 2016 se remitió carta aviso a la recurrente en que se le hacía presente el acuerdo del Concejo Municipal adoptado en su Sesión N° 18, en orden a caducar la patente de alcoholes N° 400181, que le había sido concedida por el municipio; e) Que con fecha 12 de julio de 2016 la recurrente presentó carta dirigida al señor alcalde de la I. Municipalidad de Ovalle, en que solicitaba se reconsiderara la caducidad de su patente de expendio de cerveza Rol N° 400181, señalando que se comprometía a cambiar de forma de trabajo para que los vecinos no tuvieran quejas de su funcionamiento comercial; f) Que con fecha 9 de agosto de 2016, en Sesión Ordinaria N° 23, el Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Ovalle, por mayoría de sus integrantes, ratificó la caducidad acordada en relación a la patente de alcoholes N° 400181, correspondiente a expendio de cerveza, de que era titular la recurrente; y g) Que como efecto de lo anterior y teniendo como fundamentos, entre otros, lo informado por Carabineros de Chile, en cuanto a haber sido infraccionado por tres veces el local de la recurrente en el mes de abril de 2016 y en lo dispuesto en el artículo 65 letra ñ) de la Ley N° 18.695, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 6.738, de 12 de agosto de 2016, del señor Alcalde de la I. Municipalidad de Ovalle, que ratificó la caducidad de la patente N° 400181, de expendio de cerveza, otorgada a nombre de la recurrente.

CUARTO: Que de los hechos que se han tenido por establecidos precedentemente se desprende que la decisión adoptada por el alcalde recurrido en su Decreto Alcaldicio N° 5539, de 4 de julio de 2016 y ratificada en su Decreto Alcaldicio N° 6738, de 12 de agosto del mismo año, en orden a no renovar la patente de alcoholes N° 400181, otorgada a la recurrente y que facultaba el expendio de cerveza en su local denominado “Esportiva”, así como el acuerdo adoptado por el Concejo Comunal en su Sesión N° 18, de fecha 30 de junio de 2016, ratificado en su acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N° 23 de fecha 9 de agosto de 2016, en orden a la no renovación o caducidad de dicha patente, se ajustaron a lo dispuesto en la legislación vigente, habiéndose cumplido con lo señalado en el artículo 65 letra ñ) y 79 letra b) de la Ley 18.695, ya que al proceder a la no renovación o caducidad de la patente el alcalde contó con el acuerdo del concejo, habiéndose consultado además la opinión de la Junta de Vecinos del sector en que se sitúa el local en referencia y pedido informe a Carabineros de Chile, siendo ambos desfavorables a la renovación de la patente, debido a los problemas de seguridad que surgían a raíz del expendio de alcohol.

QUINTO: Que ninguna arbitrariedad es posible observar en lo resuelto por el alcalde y en lo acordado por el concejo municipal, en orden a la no renovación de la patente de alcoholes, antes aludida, ya que para decidir en tal sentido ambos lo hicieron fundados en razones de seguridad ciudadana afectada por el consumo de bebidas alcohólicas que era propiciado por la venta de ellas efectuada en el local de la recurrente, lo que dejó en claro lo opinado por la Junta de Vecinos y lo informado por Carabineros, que hizo presente además que en abril de 2016 se habían cursado tres infracciones a la Ley de Alcoholes en relación al local de la recurrente.

SEXTO: Que ha alegado la recurrente no haber sido notificado de lo resuelto en el Decreto Alcaldicio N° 6.738 de fecha 12 de agosto de 2016. En relación a esto resulta del caso tener en consideración que ello podría presentar importancia en relación a los plazos para interponer, dentro del procedimiento administrativo el recurso de reposición contemplado en el artículo 59 de la Ley 19.880, si es que se estimara procedente su interposición en este caso, en que, como ha quedado acreditado, la recurrente ya dedujo un recurso orientado a que fuera dejado sin efecto el acuerdo del alcalde y del concejo, que había decidido la no renovación de su patente de alcoholes, en la Sesión N° 18, de 30 de junio de 2016 y que se había concretado en el Decreto Alcaldicio N° 5539, de fecha 4 de julio de 2016. También podría haber revestido importancia la notificación que echa de menos la recurrente, con vista al cómputo del plazo para la interposición del reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 151 de la Ley 18.695. Sin embargo de lo anterior, tratándose de un recurso de protección, como el presente, la notificación sólo reviste interés en relación al cómputo del plazo de 30 días para la interposición del recurso, fijado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, en relación al cual no se ha alegado que él hubiera transcurrido a la época de su interposición.

SÉPTIMO: Que ha planteado la recurrente que la decisión de la municipalidad de caducar la patente de alcoholes que le fuera concedida es ilegal, ya que ni el municipio ni el concejo tiene atribuciones para caducar una patente de alcoholes, sino que ello corresponde al Juzgado de Policía Local, según se desprende de lo preceptuado en los artículos 47 y 50 de la Ley de Alcoholes N° 19.925. Hace presente que la municipalidad dispuso la caducidad de la patente por mantener tres infracciones a la Ley de Alcoholes y al proceder así confundió institutos, ya que la caducidad es la sanción para los casos en que la patente no ha sido pagada dentro de plazo legal y después de aplicada la segunda multa. Esta medida es distinta a la clausura definitiva y la cancelación de la patente, la que opera luego de cometida la cuarta infracción dentro del plazo de 12 meses, medida que sólo puede aplicar el Juzgado de Policía Local, previo proceso infraccional.

OCTAVO: Que sin perjuicio de las atribuciones que la Ley 19.925 ha concedido al Juez de Policía Local de sancionar al infractor con la caducidad de la patente cuando no cancela la segunda multa aplicada en razón de su no pago, a que se refiere el artículo 5° de la citada ley y de las facultades de aplicar sanciones por las contravenciones a diversas norma de la Ley de Alcoholes, que concede el artículo 47 de la ley en referencia a dicho magistrado, dentro de las cuales se puede llegar a la cancelación de la patente, resulta del caso tener en cuenta que se conceden al alcalde con acuerdo del concejo, entre otras atribuciones, en el artículo 65 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, aquella señalada en su letra ñ), que es la de, “Otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes”, de lo que resulta claro que el alcalde y el concejo no están desprovistos de la facultad de caducar las patentes de alcoholes, como afirma la recurrente.

NOVENO: Que señala además la recurrente que se han infringido diversos principios de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, como sucede con los de escrituración, contradicción, de imparcialidad, sobre publicidad y transparencia, de celeridad y conclusivo, no explicando mayormente, sin embargo, de qué manera son vulnerados principios como los de escrituración, de publicidad y transparencia, de celeridad y conclusivo, lo que mínimamente debió haber efectuado en un recurso de derecho estricto como el de autos. Agrega que no se le permitió intervenir en el procedimiento ni rendir prueba, no habiéndose respetado el debido proceso, contemplado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República. En base a lo anterior pretende que se declare la nulidad de todo el proceso administrativo orientado a caducar la patente de alcoholes N° 400181, que le fuera otorgada por el municipio y en especial la sesión N° 18 del Concejo, de 30 de junio de 2016. Ante este planteamiento, es el parecer de esta Corte que el acuerdo otorgado al alcalde por el concejo comunal en orden a la no renovación o caducidad de la patente de alcoholes de la recurrente, es la manifestación de la voluntad de un órgano integrado por concejales que han sido elegidos por sufragio universal, órgano que es el encargado además de hacer efectiva la participación de la comunidad local, como lo señala el artículo 119 de la Constitución Política de la República, de tal manera que pretender por la vía de la nulidad administrativa, hecha valer dentro de un recurso de protección, dejar sin efecto lo decidido por tal organismo, corresponde en último término a discutir lo decidido por la comunidad. Esta circunstancia hace que no nos encontremos ante un acto administrativo común y corriente emanado de un órgano de la administración, sino ante una manifestación de la voluntad soberana de la comunidad, la cual sólo requiere sea exteriorizada dando cumplimiento a lo que la ley señala, en la especie el artículo 65 letra ñ) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo que prima sobre las normas de la Ley 19.880 a que alude la recurrente.

DÉCIMO: Que alega la recurrente que se ha visto afectado su derecho de propiedad por el hecho de haberse procedido a la caducidad o no renovación de la patente de alcoholes por el alcalde recurrido con acuerdo del concejo, sin embargo, es el parecer de estos sentenciadores que no puede descartarse la circunstancia de que el otorgamiento de la patente de alcoholes confirió a la recurrente un derecho que estaba sujeto a la posibilidad de no ser renovado, como lo establece expresamente la ley, para lo cual en el presente caso se han tenido en cuenta fundadas razones de seguridad.

UNDÉCIMO: Que tampoco es posible ver afectada la garantía del artículo 19 N° 21 de la Constitución con el actuar del alcalde y del concejo, que impugna la recurrente, atendido que tal norma ampara el derecho de ejercer cualquier actividad económica, pero siempre que ella se efectúe respetando las normas legales que la regulan y dentro de tales norma figura aquella que establece que es el alcalde con acuerdo del concejo, quien decide sobre el otorgamiento, renovación, caducidad y traslado de patentes de alcoholes, habiendo en la especie procedido de manera fundada, consultando el parecer de la Junta de Vecinos respectiva y requiriendo informe a Carabineros, quienes fueron concordantes en su parecer de que el expendio de alcohol suministrado en base a la autorización concedida por la patente de la recurrente, era fuente de problemas de seguridad en el sector.

DUODÉCIMO: Que no puede verse tampoco en la actuación del alcalde y del concejo, precedentemente referida, afectación a la garantía constitucional de la recurrente, contemplada en el artículo 19 números 22 de la Constitución Política de la República, puesto que no se ha alegado ni demostrado que en otros casos en que también se viera afectada la seguridad ciudadana, causado por el expendio de alcohol suministrado en base a una patente de alcoholes otorgada por el municipio, se hubiera procedido de manera diferente a la del presente caso.

DÉCIMO TERCERO: Que ha alegado la recurrente que con el actuar del alcalde y del concejo en orden a caducarle la patente de alcoholes que le fuera concedida por el municipio se ha afectado en su perjuicio el derecho que le garantiza el artículo 19 N° 23 de la Constitución, de adquirir el dominio toda clase de bienes, lo que ha sucedido por habérsele privado de obtener una legítima ganancia o beneficio patrimonial. Esta alegación, sin embargo, debe ser desestimada, ya que el bien que señala impedido de adquirir o percibir como efecto de la caducidad de la patente sería dinero, bien que no está impedida de obtener ejerciendo cualquiera otra actividad económica lícita que se lo reditúe, no siendo la única manera de obtenerlo en base a la explotación comercial de la patente de alcoholes en cuestión, que es lo que parece indicar la recurrente.

DÉCIMO CUARTO: Que habiéndose limitado tanto el señor Alcalde, como el Concejo Municipal a actuar dentro del contexto jurídico de sus facultades potestativas, sin que su decisión pueda ser calificada de ilegal, al no haberse vulnerado ninguna norma legal, ni de arbitraria, ya que la decisión cuestionada se adoptó además en base a antecedentes cuya entidad justificaba la decisión, se hace procedente el rechazo de la acción cautelar en análisis.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido por el abogado Juan Pablo Corral Gallardo, en representación de doña nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de Ovalle, representada por su alcalde, don Claudio Fermín Rentería Larrondo.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción de don nombre reservado, Ministro Titular.

Rol N° 1548-2016 (Civil).

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y señora nombre reservado.

Soledad Sepúlveda Fonck Secretaria (s)

En La Serena, a doce de diciembre de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.