nombre reservado con MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH Y SUBSECRETARÍA

nombre reservado

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otra Recurso de protección Rol N°1547-2025 La Serena, veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece por sí doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, representado por el Ministro Jaime Gajardo Falcón, ambos domiciliados en domicilio reservado; y en contra de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA REGION DE COQUIMBO, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal de dictar la Resolución Exenta N°286 de 04 de agosto de 2025, la que rechaza su incorporación al Registro de Mediadores de la Ley N°19.968, lo que señala vulnerar sus garantías previstas en el artículo 19 N°2, N°16 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Transcribe la resolución recurrida: “11.- Que de los antecedentes proporcionados por la Postulante, no se ha dado cumplimiento al requisito establecido en el número 2) del título III de la resolución número 3094:

2) Poseer un título o diploma de especialización en mediación y en materia de familia o infancia impartida por alguna universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en materias de mediación, familia o infancia, el cual deberá acreditar estudios de a lo menos 180 horas teóricas y 40 horas de práctica efectiva del total de horas teóricas, un mínimo de 80 deberán estar centradas en el proceso de mediación, la observación formulada previamente tiene relación con la reciente publicación del oficio circular 3511 de fecha 10 de junio de 2025 que imparte instrucciones sobre el alcance del artículo 112 de la ley 19.968 que crea los tribunales de Familia y el artículo 4 del respectivo reglamento en este sentido, se aclara que los organismo técnico de capacitación OTEC se rigen por un marco normativo, distinto al establecido en el cuerpo legal y reglamentario previamente citado dado que cuentan con una categorización específica, acorde a su naturaleza y funciones.

RESUELVO:

1.-Rechácese la incorporación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, al registro de mediadores que establece la ley 19.968 y su reglamento de acuerdo con la normativa vigente, fundado en que no ha dado cumplimiento al requisito establecido un artículo 112 de la ley 19.968, complementado por el número 2 del título III de la resolución número 3094”

Señala que la resolución se ampara en la circular N°3511 de 10 de junio de 2025, dictada por la Subsecretaria de Justicia, para impedirle ser inscrita en el Registro de Mediadores de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley 19.968, y su respectivo reglamento, y la Resolución Exenta 3.094 del año 2014 del Ministerio de Justicia. Indica que la circular referida, imparte instrucciones a todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos, sobre el sentido y alcance del artículo 112 de la ley 19.968, y el artículo 4 de su respectivo Reglamento.

Alega que lo pretendido por la circular es cambiar la Ley 19.968 y su reglamento, induciendo a incorrectas interpretaciones de cuáles deben ser las empresas que puedan acreditar la "formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia”, requisito para poder inscribirse en el Registro de Mediadores Familiares que mantiene el Ministerio de Justicia. Añade que esta circular omite parte del artículo 112 de la Ley 19.968 y su reglamento, al señalar que solo las Universidades e Institutos creadas al alero de la Ley 20.370 pueden formar mediadores, dejando fuera a las empresas que realizan capacitación o investigación en dichas materias generando con esto arbitrariedades e ilegalidades que afectan directamente a su persona quien curso el Diplomado de Mediación en la OTEC Juris Capacitación Intensiva, cursado y aprobado desde el 6 de noviembre 2024 hasta el 26 de marzo 2025, y cuya practica se realizó desde el 7 de abril hasta el 29 de mayo 2025 aprobando el diplomado, según consta en certificados que acompaña. Indica que al 29 de mayo 2025 contaba con los requisitos establecidos en la ley y circulares vigentes a esa fecha que autorizaba la realización del diplomado de mediación en Organismos Técnicos de Capacitación OTEC, sin perjuicio de lo anterior, solicitó su inscripción como mediadora posteriormente el 10 de julio 2025.

Expone que, la circular del 10 de junio de 2025 precisa: “se estima necesario instruir y aclarar a las mismas, que los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) se rigen por un marco normativo distinto al establecido en el cuerpo legal y reglamentario previamente citado...y que las postulaciones al Registro de Mediadores, de las personas que acompañen los certificados emitidos por éstas, deberán ser rechazadas a partir de la presente circular”. Alega que omite esta circular, aclarar y señalar las fechas de egreso del o los postulantes, lo que genera faltas al debido proceso, arbitrariedades e ilegalidades y vicios en la interpretación de la norma, lo cual genera daño y amenaza a sus derechos fundamentales, toda vez que se formó y aprobó el “Diplomado de Mediación Familiar y Resolución de Conflictos de 220”, antes de la fecha de entrada en vigencia de la circular N°3511, pues egresó el 29 de mayo de 2025.

Refiere que, la Resolución Exenta N°286 es arbitraria e ilegal, pues falta al debido proceso y vulnera sus garantías constitucionales. Destaca, que lo normal es que la ley no produzca efectos retroactivos, sino que produzca efectos hacia el futuro, y no afecte situaciones consolidadas, por tanto, la resolución recurrida establece diferencias arbitrarias, vulnerando su igualdad ante la ley, ya que la recurrente acreditó que en el periodo del 06 de noviembre de 2024 al 26 marzo de 2025, se formó como mediador en la institución Juris Capacitación Intensiva, empresa que a esa fecha se encontraba legítimamente activa y legitimada por todas las Seremis Regionales de Justicia, para acreditar diplomados en formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia, de la cual egresó el 29 de mayo 2025, antes de ser promulgada la circular aludida, por lo que alega que sus derechos se encontraban consolidados, no pudiendo ser afectados por una interpretación retroactiva de la ley pues con ello se establecen diferencias arbitrarias. En concordancia con lo anterior, señala que el actuar de las recurridas vulnera su derecho de dominio de artículo 19 número 24 de la Constitución, pues sus derechos al aprobar como mediadora se habían consolidado y, por tanto, habían ingresado a su patrimonio. Finaliza indicando que se vulnera por la recurrida el articulo 19 número 16 de la Constitución en el sentido que están conculcando su derecho a trabajo.

Solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene a las recurridas su incorporación al Registro Único de Mediadores de la Ley 19.968.

Acompaña a su recurso: certificado de aprobación del Diplomado de mediación familiar; certificado aprobación practica de mediador de familia; copia de publicación de la circular N°3511; y Resolución Exenta N°286.

SEGUNDO: Que, a folio 4 del expediente digital, evacua informe el Subsecretario don Ernesto Muñoz Lamartine, al tenor del recurso deducido en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos - Subsecretaría de Justicia, solicitando su rechazo.

Expone que, en cuanto a la acreditación de la formación especializada en mediación, el artículo 112 inciso quinto de la Ley N°19.968 señala que: "Para inscribirse en el Registro de Mediadores se requiere (...) acreditar formación especializada en mediación y en materias de familia e infancia, impartida por alguna universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en dichas materias...". Asimismo, tanto el Reglamento de la Ley antes aludida, como la Resolución Exenta N°3.094, de 2014, que Actualiza Convocatoria de Postulación al Registro de Mediadores, reiteran este requisito.

Luego se refiere a la definición de mediación contenida en la Ley N°19.968, indicando que por la especial naturaleza del conflicto familiar, se requiere que el mediador tenga una expertis que le permita abordar el contexto emocional complejo, por lo que resulta necesario que la formación del mediador deba ser entregada a instituciones competentes que certifiquen su idoneidad profesional y la formación necesaria para un buen desempeño profesional, cumpliendo con un estándar al menos similar al de la judicatura.

Señala, que dando cumplimiento a la normativa citada, la Subsecretaría de Justicia, mediante el Oficio Circular N°3.511, de 2025, a objeto de resguardar la calidad técnica del servicio de mediación, así como de satisfacer no sólo el interés general, sino el fin público específico previsto por la ley, es que, conforme al tenor literal de la norma y, a mayor abundamiento, a la luz de lo señalado en la Historia de la Ley N°19.968 que Crea los Tribunales de Familia, ha estimado pertinente uniformar el criterio evaluative que deben aplicar las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos en los casos que se le presentan, y en ese contexto, se precisa que los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) se rigen por un marco normativo distinto al establecido en el cuerpo legal y reglamentario previamente citado, dado que cuentan con una categorización especifica acorde a su naturaleza y funciones, esta diferenciación obedece al carácter especializado de estas entidades, que se enfocan a contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de las empresas y de las personas que trabajan en ellas, así como la calidad de los procesos y productos, conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial vigente, por ende, las postulaciones al Registro de Mediadores, de las personas que acompañen los certificados emitidos por éstas, deberán ser rechazadas a partir de la dictación de la Circular en estudio. Añade que la circular indica que sus instrucciones serán aplicadas a las solicitudes de inscripción a partir de la fecha de la dictación del Oficio Circular.

Indica que, la Ley 19.968 mandata al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos velar por la existencia de una adecuada oferta de mediadores en las jurisdicciones de familia, contratando los servicios de personas jurídicas o naturales de acuerdo a las reglas de la Ley 19.886, siendo requisito para la inscripción en el Registro de Mediadores, lo establecido en el artículo 112 de la Ley N°19.968 y en su reglamento, especialmente el "acreditar formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia, impartida por alguna universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en dichas materias”. Añade que, para postular se ha implementado una plataforma digital, siendo un procedimiento completamente digital, y la información de los requisitos de postulación y forma de acreditarlos se encuentran en la Resolución que Actualiza la Convocatoria de Postulación Mediadores, Resolución Exenta N°3.094 del 24 de septiembre de 2014, por lo que el proceso es reglado, existiendo una etapa en la cual la Secretaria Regional Ministerial de Justicia respectiva apreciará los antecedentes presentados y evaluará, conforme a la normativa vigente, si aprueba o rechaza la solicitud de inscripción del postulante al Registro.

Sostiene que, la Resolución Exenta N°286 de 4 de agosto de 2025, dictada por la Secretaria Regional Ministerial respectiva, la cual a su vez se sustenta en el Oficio Circular N°3511 de 10 de junio de 2025, no reviste el carácter de arbitraria e ilegal, por el contrario, es posible concluir que dicho instrumento se limita a interpretar lo dispuesto por una norma expresa aplicándola conforme a su tenor literal.

Alega que el recurso impetrado es improcedente, por cuanto fundamenta la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la Subsecretaría en la dictación de la Resolución Exenta N°286, de 2025, cuyo fundamento aplica de manera estricta lo instruido en el Oficio Circular N°3.511, instrumento dictado en cumplimiento de una normativa legal, por la autoridad competente y en la forma que la misma normativa dispone, observando que la recurrente para fundamentar su acción cautelar se centran en cuestionar subrepticiamente el fundamento y la legalidad de la Circular N°3.511, cuestión que resulta improcedente, en primer término, por cuanto, de dirigir su acción contra dicha Circular, el referido recurso ha debido declararse inadmisible, por ser presentado de forma extemporánea, atendido el transcurso del plazo de 30 días establecido para su interposición, desde la publicación del acto en el diario oficial, esto es el 21 de junio de 2025, y en segundo término, la referida circular, ha sido dictada en cumplimiento de una normativa legal por la autoridad competente, actuando dentro del marco de legalidad y juridicidad.

Añade que, en el presente caso, no existe derecho indubitado susceptible de ser protegido por esta acción cautelar, pues lo que se pretende es el reconocimiento de un derecho. La recurrente aduce que la Circular N°3.511 pretende modificar la Ley 19.968 y su reglamento, cuando lo que busca es orientar sobre la aplicación del requisito de formación exigido a los mediadores que postulen al registro. Y en cuanto a la supuesta exclusión de la empresa “Juris Capacitación Intensiva”, señala que la interpretación que realiza la Circular referida no reviste mayor novedad, toda vez que obedece a una lectura literal del artículo respectivo, por lo que, la aplicación uniforme de criterios evaluativos no implica un monopolio, sino por el contrario una medida para mantener estándares acordes a la labor mediadora y evitar falta de certeza al momento de la postulación, por lo que su objeto es fortalecer la calidad y la integridad del sistema de mediación, sin vulnerar derechos constitucionales, sino asegurando que la formación especializada sea impartida por entidades idóneas y acreditadas, en beneficio de las personas mediadoras, las personas ciudadanas y la sociedad en general.

Indica que se debe diferenciar el cumplimiento del requisito de incorporación al Registro, que contempla la formación en mediación, y la evaluación del requisito, que es de competencia de la autoridad respectiva, considerando que el resultado de la evaluación “per se" es “un derecho adquirido".

Refiere que, la recurrente sostiene que tendría un derecho consolidado en razón de haber egresado del diplomado de mediación el 29 de mayo de 2025, precisando que la inscripción en el registro de mediadores no depende únicamente de la existencia de un diploma o certificación académica, sino del cumplimiento integral de los requisitos establecidos en la normativa vigente y de la resolución administrativa que formalmente dispone la incorporación. Al respecto, el artículo 112 de la Ley N0 19.968 y el Decreto Supremo N°763 de 2008 establecen que la inscripción constituye un acto administrativo sujeto a verificación por la autoridad competente, lo que implica que ningún derecho se perfecciona de manera automática por la sola obtención de un diploma.

Expone que, la dictación de la Resolución Exenta N°286 que se impugna, se ajustó estricta y plenamente al ordenamiento jurídico, al tiempo, que esta contiene una decisión administrativa fundada en la verificación de los requisitos establecidos en la ley 19.886 y su reglamento para la incorporación al registro de mediadores, complementada por las instrucciones que emanan de la Circular N°3.511, de la Subsecretaria. Y que, una de las características propias de un proceso de postulación a un Registro, es la posibilidad de que se rechace la postulación por parte de la autoridad, y es de esencia de este tipo de procedimientos que no todas las personas que postulen tienen asegurada la incorporación al Registro de Mediadores, indicando que muchas personas que se forman en mediación, no se incorporan al Registro de Mediadores, ya sea porque no tienen la voluntad de integrarlo o porque su postulación es rechazada, por ende, los postulantes no gozan de un "derecho adquirido” ni menos las entidades formadoras. Refiere que, la recurrente estima amagado su sustento laboral a contar del 10 de junio de esta anualidad, y señala que parte de la equivocada premisa de que la sola condición de realizar un curso de formación le atribuye el derecho de ingresar al Registro de Mediadores.

Finaliza indicando, que no se advierte una acción arbitraria o ilegal causante de vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que la actuación de su Cartera de Estado se ha ajustado a la legalidad, y en virtud del principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y en el artículo 2 de la Ley N°18.575, los órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme con ella, por lo que deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, todo lo cual ha sido cumplido por la Secretaría de Estado en la dictación de la Resolución Exenta N°286, de 4 de agosto de 2025, la que se sustenta en el Oficio Circular N°3.511, de fecha 10 de junio de 2025.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional se recurre en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humano, y la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, por la dictación de la Resolución Exenta N°286 de 4 de agosto pasado, la cual rechazó su postulación al Registro de Mediadores de la Ley N°19.968, pues se sustentó en la Circular N°3.511 de 10 de junio de 2025, la cual señala pretende modificar la Ley 19.968 y su Reglamento, excluyendo a OTEC, donde ella cursó y aprobó el curso exigido como requisito para ser mediador, establecido en el artículo 112 de la Ley de Familia.

A su turno la recurridas, señalan haber actuado dentro de la esfera de sus competencias y según establece la Ley 19.968 y su Reglamento, en cuanto a los requisitos que debe detentar un mediador para ejercer como tal, y que la Circular N°3.511 no introduce ninguna modificación, lo cual sería arbitrario e ilegal, por lo que la Resolución Exenta N°286 se ajusta a derecho y no amaga ninguna garantía constitucional; además, alega que el recurso resulta improcedente por no detentar la recurrente con un derecho indubitado tutelable por la presente acción.

SEXTO: Que, se debe tener presente que el artículo 112 de la Ley 19.968 dispone: “...Registro de mediadores. La mediación que regula el presente Título sólo podrá ser conducida por las personas inscritas en el Registro de Mediadores que mantendrá, permanentemente actualizado, el Ministerio de Justicia a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, con las formalidades establecidas en el reglamento.

En dicho Registro, deberá individualizarse a todos los mediadores inscritos y consignarse el ámbito territorial en que prestarán servicios. Éste deberá corresponder, a lo más, al territorio jurisdiccional de una Corte de Apelaciones o de varias, siempre que se encuentren en una misma región y a lo menos, a todo el territorio jurisdiccional de un tribunal de primera instancia con competencia en asuntos de familia. Además, si corresponde, se señalará su pertenencia a una institución o persona jurídica.

El mediador podrá llevar adelante el proceso de mediación siempre que se encuentre adscrito, en virtud de lo señalado en el inciso anterior, al territorio jurisdiccional del tribunal competente para conocer del conflicto.

El Ministerio de Justicia proporcionará a las Cortes de Apelaciones la nómina de los mediadores habilitados en su respectivo territorio jurisdiccional. Asimismo, deberá mantener en su página web dicha nómina, la cual deberá ordenar a los mediadores por comunas y contener los datos básicos de cada uno de ellos.

Para inscribirse en el Registro de Mediadores se requiere poseer título profesional de una carrera que tenga al menos ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste; acreditar formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia, impartida por alguna universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en dichas materias, y no haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, por alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del Código Penal, ni por actos constitutivos de violencia intrafamiliar.

Además, deberá disponer de un lugar adecuado para desarrollar la mediación en cualquier comuna donde tenga jurisdicción el juzgado ante el cual se acuerde la respectiva mediación.”

A su turno el artículo 4 del Reglamento, contenido en el Decreto N°763 del Ministerio de Justicia, dispone: “Artículo 4º. Serán inscritos en el Registro de Mediadores quienes soliciten su incorporación a él, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 112 de la ley Nº19.968.

Para el cumplimiento del requisito sobre formación especializada señalado en el inciso 4º del citado artículo, al momento de solicitar la incorporación al Registro se deberá acompañar copia autorizada del título, diploma o certificado otorgado por una universidad o instituto que desarrolle docencia, capacitación o investigación en materias de mediación, familia o infancia, el cual deberá acreditar estudios de, a lo menos, 180 horas teóricas y 40 horas de práctica efectiva. Del total de horas teóricas, un mínimo de 80 deberá estar centradas en el proceso de mediación.”

SÉPTIMO: Que, de las normas transcritas resulta claro que la Resolución Exenta N°286 dictada el 4 de agosto de la presente anualidad, no es ilegal, pues ha sido dictada dentro de las facultades que la ley otorga a la recurrida y con el objeto de dar aplicación a una norma establecida en la Ley 19.968.

Asimismo, tampoco es arbitraria, pues la recurrente no ha podido acreditar que posee formación especializada en mediación y en materias de familia o infancia, impartida por alguna Universidad o Instituto que desarrolle docencia, según preceptúa el artículo 112 de la Ley N°19.968.

OCTAVO: Que, es dable señalar que la circular en comento dispone en su numeral octavo:

“Que, a objeto de resguardar la calidad técnica del servicio de mediación, y con la finalidad de satisfacer no sólo un fin de interés general, sino el fin público específico previsto por la ley; es que a la luz de lo señalado en la Historia de la Ley N°19.968 que Crea los Tribunales de Familia, es posible concluir que la discusión sobre la formación de personas mediadoras exigida para el ingreso al Registro de Mediadores, se centró en que fuera impartida por Universidades e Institutos, por cuanto dichas instituciones forman parte del sistema de educación formal y por ende, resultan ser las únicas entidades idóneas y dotadas de la expertiz requerida para impartir estudios especializados en dicha materia -independiente de su duración cumpliendo con los estándares de calidad previstas en las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley NO2 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N020.370, garantizando de esta forma, los conocimientos y destrezas necesarias para el correcto desempeño de las personas que ingresan al Registro de Mediadores.

En consecuencia, y conforme a la preceptiva enunciada y la historia que precede a su dictación, con el objeto de uniformar el criterio evaluativo que deben aplicar las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos en los casos que se le presentan, se estima necesario instruir y aclarar a las mismas, que los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) se rigen por un marco normativo distinto al establecido en el cuerpo legal y reglamentario previamente citado, dado que cuentan con una categorización específica acorde a su naturaleza y funciones. Esta diferenciación obedece al carácter especializado de estas entidades, que se enfocan a contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de las empresas y de las personas que trabajan en ellas, así como la calidad de los procesos y productos, conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial vigente, por ende, las postulaciones al Registro de Mediadores, de las personas que acompañen los certificados emitidos por éstas, deberán ser rechazadas a partir de la presente circular.”

De lo anterior, a juicio de estos sentenciadores la Circular no tiene otro objeto que la unificación de criterios en la selección de mediadores en atención a la relevancia de la materia sobre la que tendrán que ejercer su cargo, lo cual no puede devenir en ilegal o arbitrario.

NOVENO: Que, de lo anteriormente analizado no puede, sino que concluirse que las recurridas han actuado dentro de la esfera de sus competencias y en cumplimiento de un mandato legal, lo cual no ha vulnerado garantías fundamentales que deban ser tuteladas por la presente acción cautelar, por lo que el recurso deberá ser desestimado como se dirá en lo resolutivo.

A mayor abundamiento, la recurrente no puede entender que por cursar un diplomado en materia de familia, ergo adquiere un derecho adquirido en relación a ser mediadora, toda vez que aquello debe ser previamente evaluado por la autoridad competente, como ocurrió en este caso, lo cual devino en el rechazo de su postulación, siendo lo alegado solo una mera expectativa.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Secretaria Regional Ministerial de la misma cartera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1547-2025 Protección