nombre reservado CONTRA nombre reservado

nombre reservado y otros nombre reservado y otros Recurso de protección Rol N° 1543-2015.- La Serena, veintitrés de diciembre de dos mil quince.

Vistos:

Que, a fojas 78, comparecen don nombre reservado, comerciante y nombre reservado, empleado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Los Vilos y Directores del Comité de Defensa Personal de Caimanes, e interponen recurso de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de Presidente del Comité de Defensa Personal Caimanes, nombre reservado, en su calidad de Secretario, y en contra de nombre reservado, en su calidad de Director; por vulneración de los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 números 2, 12, 15 y 24 de la Carta Fundamental, consistentes en la igualdad ante la ley, la libertad de opinión, asociación sin permiso previo y el derecho de propiedad.

Fundan su acción en que el día martes 29 de septiembre de 2015, los recurridos sesionaron sin informar ni haber notificado, conforme a los estatutos, a los demás directores del Comité, y sin contar con el quórum del 25% de los socios para auto-convocarse, sosteniendo públicamente que el Comité es dirigido y administrado por ellos, adoptando acuerdos que intentan imponer a los demás asociados, reteniendo los libros de actas y asistencia. Indican que los recurridos realizaron una nueva citación a asamblea extraordinaria para el día sábado 17 de octubre último, a las 16:00 horas, en que se pretende reformar los estatutos con el objeto de permitir a los tres recurridos seguir en calidad de directores, incurriendo el Presidente nombre reservado en causa estatutaria de cesación en el cargo por haber renunciado.

Refieren que constituye un acto ilegal y arbitrario que los recurridos no den cumplimiento a los acuerdos válidamente adoptados por el Comité, negándose a firmar un acta de asamblea donde consta que los socios han acordado iniciar un proceso de conversaciones con Minera Los Pelambres a fin de resolver sus conflictos, para de evitar dicho proceso.

Estos actos se traducen en el menoscabo a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, pues los recurridos se han puesto en una situación de no respetar la ley ni los estatutos, privando así a sus asociados de la igualdad para manifestar y hacer respetar los acuerdos adoptados por la mayoría. A su vez, el derecho de expresar sin restricción opiniones, importa la obligación de garantizar a los asociados el respeto a la opinión de la mayoría y, en esta línea, la Constitución ha asegurado el derecho a organizarse y reunirse sin aviso previo pero, tratándose de organizaciones comunitarias, este derecho está limitado por el respeto que se debe a los estatutos, y tanto este derecho como el de la libre expresión se han visto conculcados por los actos denunciados desde que excluye y margina de la organización a todos aquellos que piensen de forma diversa. Y el derecho de propiedad se ve vulnerado por estos actos ilegales y arbitrarios, dado que existe un patrimonio del que los socios no pueden disponer ni tienen claridad sobre su destino e inversión por cuanto se han ocultado y retenido los libros que dan cuenta de los movimientos de la cuenta bancaria del Comité, arriesgándose una administración torcida del patrimonio de todos los socios.

Añade que los recurridos en nombre de la organización comunitaria y sin sujeción a las normas estatutarias y aún en contravención de ellas y de las disposiciones de la Ley N° 19.418, a partir del día martes 29 de Septiembre han procedido a transgredir los derechos constitucionales de los socios, tomando sobre sí y para sí el Comité de Defensa Personal de Caimanes como medio para alcanzar su propio beneficio, realizando actos ilegales o arbitrarios que posteriormente pretenden ser validados en asambleas que no cuentan más que con su presencia y la de veinte personas más, manteniendo una actitud agresiva, beligerante en contra de los socios que contradigan sus posturas, lo cual implica una amenaza concreta, directa y real al legítimo derecho de ejercicio de las garantías constitucionales ya señaladas.

Finaliza solicitando se disponga que todos los libros de actas, asistencia, registros de cuentas corrientes y movimientos, registro del pago de cuotas y nómina de los integrantes del Comité, sean inmediatamente devueltos al vicepresidente o al tesorero de la organización comunitaria, debiendo permanecer dichos instrumentos en la sede de la organización; además, se ordene al directorio titular o suplente dar cumplimiento a los Estatutos y citar conforme a ellos a una junta general extraordinaria de socios, cuyo propósito será revisar las actas que se hayan realizado transgrediendo los quorum y procedimientos establecidos en los estatutos, dejando sin efecto aquellos acuerdos que no se ajusten a ellos; se dejen sin efecto todos los acuerdos que se hayan adoptado con la intervención de los recurridos y en que se hayan excluido a los demás directores, por ser nulos de acuerdo a los estatutos, tanto por haberse tomado sin convocar al mínimo de directores para sesionar, cuanto no han reunido además el quorum de asistencia requerido por dichos estatutos; y se determine que se cite a una junta general extraordinaria de socios a fin que voten la censura del directorio o una nueva elección, y/o aquellas que esta Corte estime pertinentes.

De fojas 1 a 77, acompañó copias de actas de reunión y mesas de trabajo sostenidas por los habitantes de Caimanes y la minera Los Pelambres; una copia de una querella criminal interpuesta por uno de los recurrentes en el Juzgado de Garantía de Los Vilos; la copia de los estatutos del Comité de Defensa personal de Caimanes. Una copia del certificado de vigencia de la directiva del Comité, de la publicación de una entrevista efectuada al periódico The Clinic y una copia de la citación a asamblea para el día 17 de octubre, a las 16:00 horas.

A fojas 110 rola informe del recurrido nombre reservado, Presidente del Comité de Defensa del Pueblo de Caimanes, solicitando su rechazo, con especial condena en costas.

En primer término indica que la acción intentada no es la vía adecuada para conocer discrepancias sobre el funcionamiento de una organización comunitaria, pues se advierte de la lectura del recurso que dos directores del Comité no están de acuerdo en la forma en que ha funcionado éste, persiguiendo que se interfiera en el funcionamiento de una organización comunitaria autónoma regida por la Ley N° 19.418, y que contempla mecanismos internos para este tipo de disputas. Añade que las garantías supuestamente vulneradas no aparecen relacionados causalmente con las conductas denunciadas, no explicándose por los recurrentes en qué forma han sido discriminados ni por quién o quienes, pudiendo por sí mismos y conforme a los estatutos, someter a consideración de los socios todo tipo de materias y requerir citaciones de asamblea extraordinaria, siendo inoficioso solicitarlo a la Corte.

Añade que tanto el derecho constitucional de emitir libremente las propias opiniones, como el derecho a asociarse sin permiso previo y el derecho de propiedad, son garantías que se reconocen al individuo frente al estado, y en algunos casos tal vez quepa una acción de protección frente a terceros particulares. En cualquier caso, debería tratarse de un derecho de propiedad completamente indubitado. En la especie, no se explica en el recurso sobre qué bienes se declaran propietarios los recurrentes ni la forma en que esa propiedad estaría siendo vulnerada, y ninguna de las conductas que se imputan a los recurridos tiene aptitud causal para afectar los derechos constitucionales que se pretenden "vulnerados”.

Alega que el recurso es extemporáneo, pues la asamblea del 29 de septiembre pasado no marca ningún hito temporal relevante para computar el plazo para la protección, pues prácticamente desde el inicio del Comité en el año 2008, se ha funcionado de manera irregular en cuanto a los quórums necesarios para realizar las asambleas, con pleno conocimiento de los recurrentes. Además señala que los hechos que se describen son falsos, que no ha renunciado a su cargo de Presidente y que en cualquier caso requieren un debate en un procedimiento de lato conocimiento, y que los libros que se reclaman han sido resguardados para evitar su extravío, pero se encuentran a plena disposición de todos los socios.

Termina refiriendo que el acuerdo a que pretende arribar Minera Los Pelambres no se alinea con los intereses del pueblo de Caimanes, que terminaría con un tranque de relaves más grande y más peligroso, sin un estero Pupío que haya recuperado su curso natural de sus aguas libres de desechos, con una indemnización pagada en comodísimas cuotas durante 10 años, que no repara los enormes daños causados y sin la posibilidad de exigir el cumplimiento de los fallos que se encuentran pendientes, lo cual se relaciona con la alegación de la recurrente de que no firmó el acta de acuerdo arribado por los abogados Ossa, Dagnino y Arroyo y Minera Los Pelambres, desconociendo tal pacto, precisando que tal como lo señalan los actores, esos abogados cuentan con contratos individuales con los pobladores y no con el Comité, y el hecho que inicialmente se haya otorgado una autorización a esos abogados para conversar, no implica que el Comité posteriormente pudiese evaluar el rumbo que esas conversaciones, y al ver que el acuerdo pretendido era lesivo para los intereses que dichos abogados debían defender, el Comité en su mayoría, perdió la confianza en tales profesionales revocándoles las amplias facultades y restringiéndoselas a las ordinarias del mandato, ante lo cual los abogados renunciaron.

A fojas 89, se ordenó prescindir de los informes de los recurridos nombre reservado y de nombre reservado, y se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, a efectos de analizar el asunto planteado por la presente vía, útil resulta consignar que el Recurso de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Segundo: Que, según fluye de lo antes apuntado, la acción u omisión ilegal -esto es, contraria a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitraria -producto del mero capricho de quien incurre en él- debe provocar algunas de las situaciones o efectos que antes se indicaron, afectando aquellos derechos preexistentes y no discutidos protegidos por la Carta Fundamental de manera tal que la Corte pueda adoptar medidas en orden a restablecer el imperio del derecho de que se trata. Debiendo considerarse, además, que la presente es una acción cautelar de emergencia contraria a discusiones de lato conocimiento que requieran complejas regulaciones acerca de la forma en que se ofrece y produce la prueba necesaria para emitir pronunciamiento.

Tercero: Que, en la especie, los recurrentes atribuyen a los recurridos que el día martes 29 de septiembre de 2015, sesionaron sin informar ni haber notificado, conforme a los estatutos, a los demás directores del Comité, y sin contar con el quórum del 25% de los socios para auto-convocarse, sosteniendo públicamente que el Comité es dirigido y administrado por ellos, adoptando acuerdos que intentan imponer a los demás asociados y reteniendo los libros de actas y asistencia. Les imputa, que no den cumplimiento a los acuerdos válidamente adoptados por el Comité, negándose a firmar un acta de asamblea donde consta que los socios han acordado iniciar un proceso de conversaciones con Minera Los Pelambres a fin de resolver sus conflictos.

Cuarto: Que informando uno de los recurridos manifestó que el recurso es extemporáneo, pues la asamblea del 29 de septiembre pasado no marca ningún hito temporal relevante para computar el plazo para la protección, pues prácticamente desde el inicio del Comité en el año 2008, se ha funcionado de manera irregular en cuanto a los quórums necesarios para realizar las asambleas, con pleno conocimiento de los recurrentes y que la acción intentada no es la vía adecuada para conocer discrepancias sobre el funcionamiento de una organización comunitaria autónoma regida por la Ley N° 19.418. Alegó, asimismo, que los hechos que se describen son falsos, que no ha renunciado a su cargo de Presidente y que en cualquier caso esas discusiones requieren un debate en un procedimiento de lato conocimiento, y que los libros que se reclaman han sido resguardados para evitar su extravío, pero se encuentran a plena disposición de todos los socios.

Quinto: Que se desestimará la alegación de extemporaneidad porque ésta se basa en comportamientos pretéritos de la organización comunitaria en que habría incurrido todos los directores de la misma, lo cierto es que este recurso se deduce respecto de una situación generada a partir del 29 de septiembre último, de lo que se colige que la acción interpuesta el 20 de octubre de 2015, no se encuentra fuera del plazo de treinta días establecido en el Auto Acordado de Tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema. Lo mismo acontecerá respecto de la existencia de una vía distinta para reclamar, porque el artículo 20 de la Constitución Política de la República, admite esta acción cautelar sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Sexto: Que, habiendo negado el recurrido los hechos que sirven de fundamento al recurso, la presente acción se transforma en reproches que dirigen dos de los Directores del Comité de Defensa Personal de Caimanes en contra de otros tres, uno de ellos, según consta del Certificado de Vigencia N° 406, y Directorio, de 7 de octubre último, emanado de la Secretaría Municipal de la Municipalidad de Los Vilos, es el Presidente en ejercicio de la organización comunitaria. A esa conclusión se arriba al analizar los antecedentes que se han adjuntado al recurso, en que por ejemplo, a simple vista se puede advertir que las comunicaciones de cesación en cargos de director y la de suspensión de funciones de fojas 61 y siguientes, no se encuentran suscritas o están firmadas solo por tres personas, dos de ellos los actores, las que si bien reflejan conflictos o discrepancias al interior de la organización, de los mismos, no afloran derechos indubitados que esta Corte deba cautelar a través de esta acción proteccional de urgencia.

Séptimo: Que, en consecuencia, al constatarse que se ha buscado la protección de derechos que no tienen el carácter de indubitados, esta acción de cautela no puede prosperar;

Octavo: Que la conclusión precedentemente asentada no obsta al ejercicio de las acciones correspondientes, en el procedimiento pertinente, a quien le concierna.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y al Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se decide:

Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección intentado a fojas 78 por don nombre reservado y nombre reservado en contra de don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Sentencia redactada por el Ministro don Vicente Hormazábal Abarzúa.

Rol Recurso de Protección N° 1543-2015.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y señor Vicente Hormazábal Abarzúa.

Jorge Colvin Trucco Secretario En La Serena, a veintitrés de diciembre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.