Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°1542-2026 La Serena, catorce de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el 17 de agosto de 2026, don nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, venezolana, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por vulnerar la garantía constitucional de la recurrente, establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la recurrente ingresó al país para encontrarse con su novio, efectuando la declaración de ingreso irregular por paso no habilitado el año 2021, ante Policía de Investigaciones de Chile.

Agrega que en su país era funcionaria pública de alta dirección, jefa nacional de alimentos de aduanas nacionales, y se le ordenó desobedecer e iniciar un levantamiento contra el presidente de Venezuela.

Añade que el año 2022 contrae matrimonio con ciudadano chileno, es profesional, sin antecedentes penales en su país de origen, manteniendo conducta intachable, encontrándose desde su ingreso trabajando.

Prosigue señalando que la recurrente ingresó solicitud de condición de refugiado, solicitándole el servicio recurrido una serie de documentación, lo cual acompañó, siendo citada a entrevista en Santiago.

Concluye solicitando se ordene al recurrido reestablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, a folio 4, don Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa el informe solicitando el rechazo del recurso de protección, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Refiere que no existen antecedentes que la recurrente haya ingresado por paso habilitado, solicitando, el 13 de junio de 2023, el reconcomiendo de la condición de refugiada, ante el Servicio Nacional de Migraciones. Añade que, el 23 de noviembre de 2023, se le otorga visa por un plazo de 8 meses, desde el 29 de noviembre de 2023 hasta 29 de julio de 2024. Posteriormente, el 20 de marzo de 2024 y el 13 de julio de 2024, solicita el beneficio de residencia temporal, el que no fue acogido a trámite; asimismo, el 13 de julio de 2024 solicita prorroga de residencia temporal para solicitantes de refugio, lo que se otorga por 8 meses, desde 29 de julio de 2024 hasta 29 de marzo de 2025. Luego, el 09 de junio de 2025 es citada a entrevista a la cual no asiste, archivándose la solicitud de refugiado por abandono del procedimiento, el 20 de noviembre de 2025, solicitando en la misma fecha prorroga de la residencia temporal para solicitantes de refugio, la que es rechazada; desarchivandose la solicitud de refugio, el 03 de diciembre de 2025, solicitando, el 06 de diciembre de 2025, prorroga de la residencia temporal para solicitantes de refugio, la que se otorga por 8 meses, desde 29 de noviembre de 2025 hasta 29 de julio de 2026, reiterando la solicitud pese a tener aprobada prorroga. Agrega que, el 28 de julio del año en curso, solicita nuevamente prorroga de residencia temporal para solicitantes de refugio, la cual es otorgada y se encuentra vigente, por un plazo de 8 meses, desde 29 de julio de 2026 hasta 29 de marzo de 2027.

Continúa señalando que no corresponde al Servicio Nacional de Migraciones resolver las solicitudes de residencia para solicitantes de refugio, solicitud que es resuelta y otorgada por el Ministerio del Interior, correspondiéndole al servicio únicamente otorgar prorroga de residencia temporal solicitadas por los interesados mientras su solicitud de refugio se encuentra en trámite y, a la espera de resolución emitida por el Ministerio, por lo que la demora en el otorgamiento de la solicitud de refugio no es atribuible al servicio.

Continúa señalando antecedentes de derecho y solicitando el rechazo de la acción.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la presente acción se erige en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la omisión en la resolución de solicitud de residencia temporal por condición de refugiado, efectuada por la recurrente.

Al efecto, señala el servicio recurrido que no es de su competencia el resolver las solicitudes de residencia para solicitantes de refugio, lo cual corresponde al Ministerio del Interior, correspondiéndole al servicio únicamente otorgar prorroga de residencia temporal solicitadas por los interesados mientras su solicitud de refugio se encuentra en trámite, a la espera de resolución emitida por el Ministerio, por lo que la demora en el otorgamiento de la solicitud de refugio no es atribuible al servicio.

SEXTO: Que, considerando las alegaciones efectuadas por las partes, dable es señalar que el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, establece que son funciones de la Subsecretaria del Interior, disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios; lo que se condice con la solicitud referida por la actora, cuya omisión atribuye al recurrido.

SÉPTIMO: Que, de conformidad a lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones y a las competencias establecidas en la Ley N°21.325, aparece que el recurrido carece de atribuciones para resolver la solicitud de regularización extraordinaria presentada por la recurrente al amparo del artículo 155 N°9 del citado cuerpo legal, correspondiendo dicha facultad a la Subsecretaría del Interior, razón por la cual no es posible atribuirle la omisión ilegal y arbitraria denunciada en autos, motivo por el cual el recurso será rechazado respecto de dicho recurrido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1542-2026 Protección.