Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº154-2026 La Serena, once de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Junior Armando Daza Vargas, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, ciudadana de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que señala como ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta NUM000, de 20 de noviembre de 2025, que dispuso el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada.

Expresa que la recurrente presentó una solicitud de refugio, la que se encuentra directamente vinculada a la solicitud de refugio presentada por su cónyuge, ya que ambos conforman un núcleo familiar junto a sus dos hijos menores de edad, quienes cuentan con residencia temporal.

Señala que, sin embargo, la recurrida resolvió archivar su solicitud, por haberse producido el abandono del procedimiento, al no haber asistido a la respectiva entrevista de elegibilidad.

Luego, sostiene que dicho acto administrativo, fue adoptado sobre la base de una notificación deficiente e ineficaz, pues señala que el Servicio sostiene haber remitido la citación a entrevista mediante carta certificada dirigida a su domicilio. No obstante, la recurrente alega que nunca le llegó la referida notificación a su domicilio, lo que resulta más extraño, teniendo presente que en el mismo domicilio fue notificada mediante carta certificada la Resolución Exenta que dispuso el archivo de su solicitud de refugio.

A mayor abundamiento, reprocha que la recurrida haya prescindido injustificadamente del medio de comunicación que el propio Servicio había utilizado de manera habitual con la recurrente, esto es, su correo electrónico personal, expresamente señalado como medio válido de notificación; lo que le impidió comparecer a la entrevista de elegibilidad y evitar el archivo del procedimiento de protección internacional.

Añade que el 04 de diciembre de 2025, la recurrente acudió personalmente a las dependencias del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando formalmente el desarchivo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, explicando que su inasistencia a la entrevista se debió a la falta de notificación. No obstante, el 09 de enero de 2026, mediante Oficio Ordinario NUM001, el Servicio Nacional de Migraciones comunicó el rechazo de la solicitud de desarchivo.

Enseguida, señala que, como consecuencia directa de la decisión recurrida, la amparada se ha visto impedida de renovar su residencia temporal y de acceder a cualquier otro tipo de permiso de residencia, quedando en una situación de total incertidumbre migratoria, la cual se ve agravada por el hecho de que su ingreso al territorio nacional se produjo por un paso no habilitado, circunstancia que la expone de manera permanente al riesgo de que se decrete una orden de expulsión, sin posibilidad real de regularizar su situación migratoria por otra vía.

Por lo anterior, señala que se vulnera su derecho a la integridad física y psíquica, su derecho a la igualdad ante la ley, su derecho al debido proceso, así como su derecho a la libertad personal y seguridad individual, consagrados en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto, y 7 del artículo 19 de la Constitución Política.

Asimismo, señala que se infringe el derecho a la protección de la familia y el principio de no devolución.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección y se deje sin efecto la resolución que dispuso el archivo de la solicitud, y se ordene al Servicio de Migraciones reabrir al procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiada, disponiendo la reprogramación de la entrevista de elegibilidad, ordenando su notificación al correo electrónico registrado en el Servicio, así como disponer que mientras se tramite la solicitud la recurrida se abstenga de decretar cualquier medida expulsiva.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción, por no existir acto u omisión alguna que vulnere aquellas garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

En síntesis, expone que el 09 de junio de 2025, mediante oficio ordinario NUM002, la recurrente fue notificada en su domicilio de su próxima citación a entrevista de elegibilidad para el 27 de agosto de 2025 a las 10:15 horas, haciéndole presente que, en caso que no pudiera presentarse en el día y hora indicados, debería informar a la autoridad dentro de los 30 días siguientes a dicha fecha de los motivos de su inasistencia, para así agendar una nueva fecha de entrevista.

En caso contrario, transcurridos 7 días adicionales, se procedería al archivo de la solicitud.

Señala que, habiendo transcurrido dicho plazo, sin que la persona extranjera concurriera a la autoridad y sin existir ningún tipo de presentación, mediante Resolución Exenta NUM000 de 20 de noviembre de 2025 del Servicio Nacional de Migraciones, se procedió al archivo de su solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, por abandono del procedimiento.

Por otra parte, afirma que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N°19.880, que fija las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, las notificaciones se practicarán por escrito mediante carta certificada enviada al domicilio designado por el interesado.

En el mimo orden de ideas, añade que recién el 27 de noviembre de 2025 la recurrente comunicó un cambio y/o actualización de su domicilio, como consta en los registros del Servicio. Hace presente que la obligación de mantener actualizada la información de contacto, entre ellas el domicilio para efectos de notificación, es responsabilidad del solicitante.

En consecuencia, señala que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto Ley N°837 que establece disposiciones sobre protección de refugiados, se procedió al archivo de la solicitud.

Por lo anterior, afirma que no existe acto ilegal ni arbitrario, toda vez que el archivo de la solicitud se dictó en estricta sujeción a la normativa vigente, previa notificación válida.

Agrega que lo pretendido por la recurrente sería obtener por la vía judicial el reconocimiento de la calidad de refugiada, cuestión cuya competencia corresponde a la autoridad administrativa especializada, conforme a la Ley N°20.430.

TERCERO: Que, la acción constitucional de protección de garantías constitucionales establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, lo cual califica la actora de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contempladas en los numerales 1, 2, 3 y 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene dejar sin efecto la resolución que dispuso el archivo de la solicitud, y se ordene al Servicio de Migraciones reabrir al procedimiento de reconocimiento de la calidad de refugiada, disponiendo la reprogramación de la entrevista de elegibilidad, ordenando su notificación al correo electrónico registrado en el Servicio.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto, es oportuno tener presente que el artículo 45 de la Ley N°19.880, previene en sus incisos 1° y 2° lo siguiente: “Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro.

Las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo”.

Que, a su turno, el artículo 46 del mismo cuerpo legal prescribe en lo pertinente: “Procedimiento. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos en base a la información contenida en un registro único dependiente del Servicio de Registro Civil e Identificación, sobre el cual se configurarán domicilios digitales únicos, cuyas características y operatividad será regulada mediante reglamento dictado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Dichas notificaciones tendrán el carácter de personal.

Quienes carezcan de los medios tecnológicos, no tengan acceso a medios electrónicos o sólo actuaren excepcionalmente a través de ellos, podrán solicitar por medio de un formulario, ante el órgano respectivo o ante el encargado del registro señalado en el inciso anterior, que la notificación se practique mediante forma diversa, quien deberá pronunciarse dentro del tercer día, según lo establezca el reglamento, y deberá hacerlo de manera fundada en caso de denegar la solicitud. La notificación se realizará en la forma solicitada si fuere posible o mediante carta certificada dirigida al domicilio que debiere designar al presentar esta solicitud. En caso de notificaciones por carta certificada, éstas se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.

Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en las dependencias de la Administración, si el interesado se apersonare a recibirla, dejándose constancia de ello en el expediente electrónico, consignándose la fecha y hora de la misma. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le notifica se le dará, sin más trámite, en el mismo momento, en el formato que se tramite el procedimiento”.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, la regla general de notificación en materia de procedimientos administrativos, corresponde a la notificación electrónica, siendo además un hecho conocido, que la tramitación de las solicitudes relativas a residencia ante el Servicio Nacional de Migraciones, se practica en forma digital, y que los interesados son notificados a través del correo electrónico registrado. En el mismo sentido, la actora ha señalado que las comunicaciones remitidas por el Servicio de manera previa al archivo de su solicitud, le fueron notificadas a su casilla de correo electrónico, circunstancia que tampoco fue controvertida por la recurrida.

OCTAVO: Que, además, debe tenerse en consideración que, si bien la recurrida afirma haber notificado a la interesada mediante carta certificada enviada a su domicilio, no obstante, no ha cumplido con acompañar el respectivo comprobante de envío de aquella, limitándose únicamente a consignar en su informe una captura de pantalla del oficio conductor de la resolución reclamada, lo que en ningún permite asentar la efectividad de la notificación que se cuestiona.

Que, en consecuencia, no habiendo acreditado la recurrida la debida notificación de la citación a entrevista de la actora, es que se verifica una infracción a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N°19.880, en cuanto establece el deber de los órganos administrativos de notificar el contenido íntegro de sus resoluciones al respectivo interesado. Dicho vicio, además, en este caso ha impedido a la actora tomar conocimiento de la respectiva citación a entrevista y, luego, concurrir a aquella para dar continuidad a la tramitación de su solicitud de refugio.

NOVENO: Que, en las referidas condiciones, se constata una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley de la recurrente, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en la medida que se impide a la afectada continuar la tramitación de su solicitud de refugio, con respecto a otros interesados quienes sí fueron debidamente notificados de la citación a entrevista de elegibilidad, motivo por el cual el recurso será acogido, en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en beneficio de doña nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta NUM000, de 20 de noviembre de 2025, que dispuso el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada y, en su lugar, se dispone que el Servicio Nacional de Migraciones deberá reabrir el procedimiento, disponiendo una nueva fecha para efectuar la entrevista de elegibilidad, debiendo notificarse la respectiva citación al correo electrónico aportado ante el Servicio por la interesada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°154-2026 (Protección).