nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº154-2023 La Serena, diez de abril de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen nombre reservado y Carla Coronel Fonseca, abogadas, interponiendo acción constitucional de protección a favor de don nombre reservado, de nacionalidad haitiana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, pasaporte N°RUT reservado, todos con domicilio en domicilio reservado, Región de Coquimbo, dirigida en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representada por don nombre reservado, sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión en el pronunciamiento de la solicitud de regularización migratoria, contemplada en el artículo 8º transitorio de la Ley de Migración Nº21.325, acto que vulnera su derecho fundamental de la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente, ingresó al país en calidad de turista, y luego estando dentro del país, inició el proceso de regularización migratoria, efectuando su solicitud con fecha 13 de octubre de 2021.

No obstante, indica que han transcurrido más de 1 año y 3 meses sin que a la fecha haya recibido alguna respuesta por parte de la recurrida, situación que lo ha mantenido en una constante preocupación e incertidumbre, toda vez que sin perjuicio contar con la autorización para para ejercer actividades remuneradas mientras se encuentre en análisis la solicitud de regularización migratoria, dicha demora implica una inestabilidad emocional y de su diario vivir, que afecta de manera directa su garantía constitucional del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

En este sentido, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular los artículos 7 y 27 que regulan el principio de celeridad, con la obligación de impulsar el procedimiento de oficio. Del mismo modo, hace referencia al artículo 9 del mismo cuerpo legal, en cuanto al principio de economía procedimental, que establece que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta, y ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud de regularización migratoria, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su presentación: 1. Comprobante de solicitud de regularización migratoria en trámite. 2. Resolución exenta n°21180591. 3. nombre reservado. 4. Cédula de identidad para extranjeros del recurrente.

SEGUNDO: Que, a folio 8 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Expone que con fecha 13 de octubre de 2021, el recurrente solicitó ante el Departamento de Extranjería y Migración regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325.

Mediante la Resolución Exenta N°21180591 de fecha 13 de octubre de 2021, del Servicio Nacional de Migraciones, la solicitud de regularización del recurrente se acogió a trámite, y se le otorgó un permiso de trabajo vigente mientras la su postulación se encuentre en trámite.

Agrega que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en análisis jurídico con fecha 23 de agosto de 2022.

Luego, señala que la Ley N°21.325, estableció un proceso de regularización en su artículo 8° transitorio, respecto de aquellas personas que hubieren ingresado al territorio por pasos habilitados y se encuentren irregulares, pudiendo postular online a través del sitio web de Extranjería.

Que contra la presentación de su solicitud se emitió certificado de solicitud de regularización migratoria en trámite, el que conforme al artículos 1° número 25 de la Ley N°21.325, acredita la residencia regular del recurrente durante todo el período de tramitación de su solicitud.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual al recurrente, ya que su solicitud ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, no es de carácter fatal, y que al solicitante se la otorgado el documento que acredita su residencia legal.

Agrega, que la vía idónea para alegar la falta de respuesta de la Administración, es la figura del silencio administrativo, establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley Nº19.880, invocando para ello el voto disidente contenido en sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 7 de julio de 2022.

Finalmente, alega que el abuso de la vía judicial ha vulnerado la garantía de la igualdad ante la ley de los demás solicitantes de permisos de residencia que, siguiendo la tramitación regular del procedimiento, no han utilizado la vía de la acción de protección para obtener la aceleración en la tramitación de su solicitud, circunstancia que pugna con la garantía de igualdad ante la ley.

En virtud de lo informado, sostiene que no existe actualmente un acto que genere vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, y que el Servicio de Migraciones ha actuado con apego a la normativa que regula la materia.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20, y que no se le condene en costas.

Acompaña a su informe: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1361/2022, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 2. Publicación de Resolución Exenta N°50.422, de fecha 9 de junio de 2022, del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones en el Diario Oficial del día 22 de junio de 2022.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene al recurrido acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de regularización migratoria, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N° 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de regularización migratoria, es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que numerosos trámites administrativos se vieron dilatados por la emergencia sanitaria que afectó a la sociedad, es preciso constatar que por lo menos durante el año 2021 y 2022 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

NOVENO: Por último, corresponde desestimar lo alegado por la recurrida, en cuanto a que la única vía idónea para reclamar por el retraso en la tramitación de la residencia definitiva corresponda a la figura del silencio administrativo de los artículos 64 y 65 de la Ley Nº19.880, pues debe tenerse presente que la existencia de dicho mecanismo legal, en ningún caso obsta al ejercicio de una acción de naturaleza cautelar como la interpuesta en la especie, desde el momento que la Constitución Política ha consagrado esta “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, conforme reza el inciso primero del artículo 20 en su parte final.

A mayor abundamiento, debe también considerarse que la situación de hecho que motiva el ejercicio de la acción, trae aparejado una serie de consecuencias perniciosas para la vida cotidiana del ciudadano, y que lo afecta en sus derechos fundamentales, dificultando gestiones y actividades que son esenciales para el desarrollo normal de la vida cotidiana, tales como realizar trámites en instituciones públicas, comprar bonos para atenciones de salud, solicitar créditos, entre otras varias. Ello conlleva a estimar como adecuado el ejercicio de una acción de naturaleza cautelar y de conocimiento jurisdiccional como la de marras, por sobre la invocación del silencio administrativo, a objeto de poder controlar con mayor eficacia el actuar ilegal o arbitrario en que pudiera incurrir un órgano de la Administración del Estado.

DÉCIMO: Que, atendida la tardanza en dar respuesta a la solicitud del actor, plazo que se estima del todo excesivo, la entidad recurrida será condenada en costas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones (ex Departamento de Extranjería y Migración) dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y en consecuencia se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de regularización migratoria presentada ante ella por la parte recurrente, lo anterior, dentro del plazo de 30 días corridos desde notificada la presente sentencia.

Se previene que el Ministro Sr. Troncoso, fue del parecer de disponer que la recurrida emita el pronunciamiento solicitado respecto del trámite de regularización migratoria en el plazo de 30 días hábiles.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 154-2023 (Protección).-