Protección contra Servicio de Impuestos Internos Región de Coquimbo

nombre reservado, nombre reservado

Servicio de Impuestos Internos nombre reservado

Rol N° 1537-2016.- La Serena, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.

VISTOS y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en estos antecedentes comparece don nombre reservado, ingeniero comercial, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, Coquimbo, e instaura nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos Región de Coquimbo, representado por su director regional don Víctor Hugo Avila Arriagada, ignora profesión, ambos domiciliados en domicilio reservado, y contra todo aquellos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos responsables.

Expresa, que durante el año tributario 2006, mantuvo en su calidad de contribuyente el giro comercial de venta de Gas Licuado de Petróleo, además de extracción de cobre y alquiler de autos y camionetas sin chofer, junto con actividades de asesoramiento empresarial en materias de gestión, dedicándose principalmente a la venta de gas licuado, ya que mantenía en aquel entonces un contrato de Sub-distribución de Gas Licuado de Petróleo con Empresas Lipigas, para la ciudad de Combarbalá y Quintero.

Señala, con fecha 27 de Julio de 2009 se generó por parte del Servicio de Impuestos Internos la liquidación N° 89, haciendo referencia que con fecha 22 de Septiembre de 2008, se le notificó por carta certificada la citación N° 162300050, practicada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, y se le solicita rectifique el Formulario 22, del año tributario 2006, determinando una diferencia en el Impuesto Global Complementario por control de origen de los fondos con que se financiaron las inversiones por $ 61.279.906.-, considerando la recurrida una diferencia de impuesto por $13.751.600, que posteriormente fue modificada parcialmente, mediante la Resolución Exenta Nº 58.852 de fecha 11 de agosto de 2016, determinándose una diferencia en el Impuesto Global Complementario por control de origen de los fondos con que se financiaron las inversiones por un monto de $ 40.774.766.-, precisándose un impuesto a pagar de $ 6.250.536..

Agrega, que desde el año 2009 ha concurrido en múltiples ocasiones a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, en un principio a la de Ovalle, pero nunca le proporcionaron información clara acerca de su situación tributaria, recibiendo inclusive, malos tratos de la funcionaria nombre reservado, quien lo trató de "estúpido ignorante", por lo que decidió cambiar su domicilio a la ciudad de Coquimbo, lo que realizó el día 29 de julio de 2009, encontrando en esta nueva oficina respuesta a sus inquietudes de parte de los funcionarios en relación a la situación tributaria en la que se encuentra.

No obstante, con fecha 16 de agosto del presente año fue notificado de la Resolución Exenta Nº 58.582, en donde se da a lugar en parte a la solicitud de revisión de la actuación fiscalizadora (RAF) presentada contra la liquidación Nº 89, donde se argumentó principalmente para el rechazo de casi todas las partidas la "no presentación de la contabilidad", en circunstancia que en la misma actuación se indicaba que "la contabilidad estaba en poder del Servicio de Impuestos Internos" desde el año 2013, por lo que concurrió a las oficinas de la OPAT de La Serena, donde un funcionario le señaló “ que su contabilidad estaba perdida en Ovalle y que presentara una solicitud para que le fuera devuelta y el servicio ordenaría su reconstitución” lo que no fue aceptado por el recurrente, ya que debía asumir su responsabilidad en dicho extravío. Agrega, que el día 23 de agosto de 2016, luego de una reunión con los señores nombre reservado y nombre reservado, de la OPAT de La Serena, se le entrega la contabilidad, lo que le parece extraño considerando que la recurrida argumentó no tenerla a la vista, luego se le informa que está perdida, y después de una semana se le entrega.

Sustenta, que las actuaciones de algunos funcionarios del servicio recurrido no le han permitido clarificar su situación, y que tampoco cuenta con ingresos para poder realizar diversos trámites, sin embargo, entiende que existe una controversia en la determinación del impuesto global complementario del año tributario 2006, por justificación de inversiones, no obstante que toda inversión efectuada fue destinada a su empresa individual, y por lo tanto, el origen de los fondos se encuentra acreditado en la contabilidad y a mayor abundamiento con la información adicional anexada y añade, que agotó todas las instancias para que se dejen sin efecto los "bloqueos" que la recurrida mantiene a la fecha e impiden que facture electrónicamente, sin que se le permita solucionar a su situación tributaria, y que lo ha motivado a accionar a través de esta acción constitucional, por estimar que la recurrida con las actuaciones descritas pretende impedir el ejercicio de una actividad económica que genere ingresos.

Invoca como garantía constitucional vulnerada la del artículo 19 Nº 2, -La Igualdad ante la ley-, sustentada en impedir la emisión de facturación electrónica, lo que excede las facultades del servicio recurrido, quien establece diferencias arbitrarias en relación a los demás contribuyentes al mantener "bloqueos" y restricciones, además de no respetar el principio de celeridad que rige las actuaciones de la Administración Pública, y que se encuentra reconocido en el artículo 7 de la Ley N° 19.880, en cuanto establece que los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos.

Solicita que se ordene a la recurrida cesar la medida de impedir la emisión de facturas electrónicas; elimine la justificación que no presenta la contabilidad y acoja en su totalidad la resolución exenta Nº 58.852 de 11 de agosto de 2016, y se le instruya que sus facultades no pueden ser ejercidas en términos que vulneren las garantías constitucionales del contribuyente, imponiendo restricciones ilegales y arbitrarias; y se le instruya a iniciar todos los procedimientos administrativos destinados a poner fin a los actos arbitrarios e ilegales en su contra. Pide, en suma, que se declare que los actos de los recurridos son arbitrarios e ilegales, que afectan las garantías constitucionales señaladas y se ordene restablecer el imperio del derecho haciendo cesar los impedimentos reseñados.

Adjunta: 1. Impresión de mensaje entregado por el sitio web del Servicio de Impuestos Interno. 2) Comprobante de Ingreso Petición Administrativa con documentación sobre contabilidad 2005 en hojas sueltas. 3. Acta de Recepción de Devolución de Documentos. Devolución de contabilidad.

SEGUNDO: Que evacuando el informe solicitado la recurrida puntea que el recurso es en primer término extemporáneo, dado que de acuerdo a lo expresado por el recurrente, las supuestas actuaciones ilegales y arbitrarias de su representada, comenzaron el 27 de julio de 2009, fecha en la que se habría emitido la Liquidación N°89, determinándose diferencias de impuestos por un monto de $13.751.600.- y que producto de la interposición de una revisión de la actuación fiscalizadora (RAF), logró que se emitiera la Resolución Exenta N°58.852, notificada el 16 de agosto del año en curso, rebajándose la suma antes liquidada a $6.250.536.-, de forma que las supuestas "acciones ilegales y arbitrarias" del Servicio, sería precisamente la emisión de la Liquidación N° 89 de 27 de julio de 2009 y el "bloqueo”' que le impediría al recurrente facturar electrónicamente, de manera que, al haberse interpuesto el recurso el 1° de septiembre de 2016, resulta extemporáneo, por ello en el recurso no se menciona cual sería el acto que infringe sus derechos ni la fecha en la cual tomó conocimiento de la acción en su contra, sin perjuicio que, el mismo recurrente manifiesta que impugnó la Liquidación N°89, pretensión acogida en parte mediante Resolución Exenta Nº58.852, notificada con fecha 16 de agosto del año 2016, siendo improcedente que por medio de la presente acción, se pretenda revisar lo resuelto por tratarse de un tema de lato conocimiento que no se condice con el carácter cautelar del nombre reservado.

Añade, en cuanto a los "bloqueos" con antelación al presente recurso, el contribuyente ya había deducido dos recursos de protección en contra de estos supuestos actos ilegales y arbitrarios, los que fueron conocidos por esta Corte en los autos Roles N° 327-16 y 508-16, resolviéndose en esas causas que el recurrente había tomado conocimiento del "bloqueo" al menos el en año 2010, y que a la fecha de interposición de los recursos estos no existían, declarándolos improcedentes, de lo cual resulta evidente que respecto de estas situaciones el recurrente tuvo conocimiento de estos hechos con una anticipación superior a los 30 días.

Por otra parte, estima que el recurso adolece de manifiesta falta de fundamentos, ya que no señala con claridad cuáles son los actos u omisión en las que habría incurrido su representada, específicamente a través de la Dirección Regional de Coquimbo, y de qué forma estas actuaciones u omisiones podrían ser calificadas de ilegales o arbitrarias. No precisa cuales serían las normas legales o reglamentarias que se habrían vulnerado y de qué forma se habían vulnerado, además de hacer una referencia genérica a los derechos fundamentales que se habrían visto afectados, mencionando que en este caso, se infringiría el Derecho a la Igualdad previsto en el artículo 19 N°2 de la Constitución, sin especificar nuevamente de qué modo se produjo tal afectación, cuál es la relación causa efecto existente entre la supuesta acción ilegal o arbitraria y la afectación al ejercicio de su derecho, como tampoco ha precisado,si se trata de una amenaza, una perturbación o una privación de su derecho, ya que el recurrente confunde los efectos de la liquidación, con los efectos de la resolución RAF, con la existencia de anotaciones que le impedirían emitir facturas electrónicas, con una supuesta retención de la contabilidad, sin precisar cuál de ellos es el que produciría la afectacíón de sus derechos. Además se hace mención a supuesta dilaciones arbitrarias, sin indicar en que consistirían.

En cuanto al fondo, señala que con fecha 28 de marzo pasado, a petición del propio contribuyente se eliminó la anotación que supuestamente generaba impedimentos u obstáculos para el timbraje de documentos y para la autorización de folios para la emisión de facturas electrónicas, por lo que no existen impedimentos para efectuar el timbraje o autorización de emisión de documentos tributarios, lo cual permite concluir que el recurso debe ser rechazado, sin perjuicio señala, que en la Liquidación N° 89 de 27 de julio de 2009 notificada con igual fecha, se determinaron diferencias por Impuesto Global Complementario, respecto de la que el recurrente no dedujo reclamación ni recurso alguno en la oportunidad prevista en la ley, promoviendo recién con fecha 2 de agosto pasado, una revisión de la actuación fiscalizadora (RAF) respecto de la Liquidación N° 89 ante el Servicio informante, por medio de la cual se dio lugar en parte a su pretensión, según consta de la Resolución Exenta de fecha 16 de agosto de 2016, acción ejercida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 letra B N° 5 del Código Tributario, y en las Circulares N°13 del 2010 y N°26 de 2008, instrucciones en la que se contempla además la posibilidad de presentar nuevas solicitudes de revisión de la actuación fiscalizadora, en la medida que el contribuyente cuente con nuevos antecedentes.

Estima, que como el recurrente no quedó satisfecho con la resolución exenta antes citada, pretende con esta acción generar una nueva instancia de impugnación de la Liquidación N° 89, ya que no dispone de nuevos antecedentes para hacer valer en sede administrativa, lo que resulta ajeno a un nombre reservado, pretendiendo el recurrente revivir procedimientos jurisdiccionales en que en su calidad de contribuyente tuvo la oportunidad de ejercer, y que no ejerció en su momento, en armonía con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario.

Concluye, en lo que respecta a las anotaciones denominadas bloqueos señala que, como las diferencias de impuestos anuales a la Renta de Primera Categoría y Global Complementario de los años tributaruos 2006 y 2007, emitidos al recurrente en los años 2010 y 2011, se encontraban en proceso de cobranza judicial en el mes de agosto del año 2012 el actor había dado aviso de pérdida de documentos y que desde enero del año 2013, registraba declaraciones de impuesto al valor agregado "sin movimiento", con fecha 13 de mayo de 2013, se procedió a efectuar una anotación, con el sólo objeto de realizarle un examen más exhaustivo cada vez que concurriera a alguna dependencia del Servicio, sin perjuicio de lo cual, igualmente obtuvo timbraje de un talonario completo de boletas de honorarios el 18 de julio de ese mismo año (boletas 51 a 100), según se registra en la cartilla del Sistema de Información Integral del Contribuyente (SIIC), que acompaña al informe, de manera que no puede entenderse que el actuar del Servicio sea arbitrario e ilegal, ya que sólo ejerció sus labores de fiscalización y resguardo del interés fiscal, sin perjuicio que el recurrente, sólo con fecha 08 de marzo del presente año solicitó administrativamente el levantamiento de la anotación, petición acogida con fecha 28 de marzo e informada al requirente el 1 de abril, ambos del año en curso.

Señala que llama la atención que el recurrente refiera que ha existido afectación de derechos, al no poder efectuar facturación electrónica, teniendo en consideración que a partir de mayo de 2011, no ejecutó actividades para las cuales requiera la emisión de documentos, ya que informó a través de sus formularios de declaración y pago simultáneo de impuestos mensuales, que se encuentra "sin movimiento".

Solicita el rechazo del nombre reservado, y teniendo presente que esta acción constitucional es la tercera que el recurrente interpone un nombre reservado, efectuando las mismas alegaciones, solicita se le condene al pago de las costas de la causa.

Adjunta lo siguiente: 1. Cartilla del Sistema de información integrada del contribuyente (SIIC) 2. Copia de la solicitud administrativa del contribuyente de fecha 8 de marzo de 2016. 3. Copia del oficio N'256 de 1 de abril de 2016 de la Jefa de Unidad de Coquimbo. 4. Copia impresa de las peticiones administrativas sociadas al RUT del contribuyente. 5. Pantallazo de la Página del Poder Judicial en la cual se detallan los Recursos de Protección entablados por el recurrente.

TERCERO: Que previo a ulteriores consideraciones al asunto planteado resulta conveniente consignar que el nombre reservado de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado en el recurso, afectando a una o más de las garantías - preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

QUINTO: Que en cuanto a la extemporaneidad del recurso, cierto es que no se ha precisado fecha alguna sobre los hechos que se estiman abusivos o ilegales; sin embargo, se estima que los actos supuestamente atentatorios de las garantías constitucionales se han mantenido en el tiempo y se han ido renovando permanentemente, por lo que no es posible estimar extemporáneo, de manera que la que la acción intentada no es extemporánea.

SEXTO: Que no obstante lo difuso del recurso intentado en su conjunto, no se precisa con claridad en qué forma las actuaciones de la recurrida son ilegales o arbitrarias, es posible extraer que la supuestas acciones ilegales y arbitrarias, tocan en primer término la emisión de la liquidación N ° 89 de 27 de julio de 2009, que se refiere a diferencias de impuestos por un monto de $ 13.751.600.- que posteriormente fue rebajado, existiendo además una controversia en la determinación del impuesto global del año tributario 2006, cuestiones que no pueden ser dilucidadas por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, máxime que esta acción no constituye una declaración de derechos sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentran afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, lo que no es el caso.

SÉPTIMO: Que respecto a la prohibición de parte de la recurrida que le impediría facturar electrónicamente por estar con “bloqueo” del mérito de los antecedentes aparece que han desaparecido las anotaciones realizadas al contribuyente recurrente, por lo que no existe impedimento para llevar a cabo el timbraje o autorización de emisión de documentos tributarios (Oficio N° 126 de 1 de abril de 2016, de la recurrida).

OCTAVO: Que, sobre la base de lo razonado puede y debe concluirse que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, de tal manera que el recurso intentado no está en condiciones de prosperar.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el nombre reservado deducido por don nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos Región de Coquimbo, Notifíquese, regístrese y archívese.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su tiempo.

Redactó el ministro Sr. Humberto Mondaca Díaz.

Nº 1537-2016.- (nombre reservado)

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor Humberto Mondaca Díaz y la abogada integrante señora Marcela Viveros Varela.

nombre reservado

Secretaria (S)

En La Serena, a diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.