nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

nombre reservado

Recurso de protección Rol N°1534-2026 La Serena, veintiuno de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, vigilante privado, divorciado, domiciliado en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Refiere que, durante 7 años, tuvo una relación sentimental con la recurrida, y, desde el término, el 25 de marzo de 2026, hasta la fecha de interposición del recurso, la recurrida lo ha hostigado de diversas maneras, siendo desvinculado de su trabajo por sus dichos, hostiga a la madre de sus hijos, lo denunció falsamente por violencia intrafamiliar aludiendo a maltrato físico y psicológico, decretándose a su respecto medidas cautelares de prohibición de acercamiento a la recurrida, sin embargo, ella acude a lugares donde él se encuentra, llamando a Carabineros para que lo arresten por desacato.

Como consecuencia del actuar de la recurrida, señala que se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2, 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando se acoja la acción y se disponga que la recurrida quede impedida de efectuar cualquier acto u omisión que cause afectación de los derechos constitucionales objeto de este recurso, ordenando que se abstenga de concurrir a las actividades de Karate en que participe el recurrente en conformidad a su calidad de instructor y participante en torneos y actividades de esa disciplina; así como acercarse a él y a su familia bajo cualquier pretexto y circunstancia y; en general que cese en su actividad de afectación de sus libertades y garantías denunciadas y; cualquier otra medida que esta Corte determine.

SEGUNDO: Que, a folio 7, doña Graciela Cristina Veas Dubó, abogada, en representación de doña nombre reservado, evacúa el informe, solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas.

Refiere que el recurrente y la recurrida mantuvieron una relación de convivencia que culminó en febrero de 2026, formulando la recurrida denuncia en su contra por violencia intrafamiliar, en mayo de 2026, respecto de lo cual el Tribunal decreto las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y la restricción de porte y tenencia de armas de fuego, declarándose el Tribunal de Familia de La Serena incompetente para continuar conociendo de la causa por configurarse la hipótesis de habitualidad, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público. Añade que, encontrándose vigente la medida cautelar, el recurrente concurrió al recinto donde se encontraba la recurrida, quien aviso a Carabineros, apresurándose causa penal por el delito de desacato.

Agrega que la desvinculación laboral del recurrente no obedece a gestiones realizadas por la recurrida; la hija de la recurrida práctica karate desde antes del término de la relación; el recurrente denuncio el robo de un vehículo de propiedad de una sociedad a la que ambos pertenecen, condicionando el retiro de dicha denuncia al retiro de la denuncia por violencia intrafamiliar.

Añade que la mayoría de los hechos alegados en el recurso son extemporáneos; además, esta no es la vía idónea para obtener la protección que el recurrente reclama, encontrándose los hechos referidos en el recurso en conocimiento del Ministerio Público y del Juzgado de Garantía de La Serena; y, no existen actos u omisiones arbitrarios o ilegales imputables a la recurrida, constituyendo la denuncia, el llamado a carabineros y la concurrencia junto a su hija a actividades deportivas, al ejercicio de sus legítimos derechos, no configurándose las vulneraciones alegadas en el recurso, siendo improcedente la medida solicitada a esta Corte, ya que acceder a lo peticionado implicaría desconocer una resolución judicial firme dictada por Tribunal competente.

Concluye solicitado el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la presente acción tiene como fundamento el actuar de la recurrida que el recurrente califica de hostigamiento, atribuyéndole denuncias falsas e incumplimiento de la medida cautelar que pesa sobre el actor.

SEXTO: Que, del mérito de lo expuesto y los antecedentes acompañados, aparece que las partes han deducido acciones y solicitado medidas cautelares, en la causa substanciada, en primer término, en el Juzgado de Familia de La Serena, la cual fue remitida al Ministerio Público, y, en aquella tramitada ante el Juzgado de Garantía de La Serena. En ese contexto, los hechos descritos dan cuenta de una controversia que se encuentra sometida al conocimiento y resolución del tribunal competente, dentro de un procedimiento legalmente establecido, de modo que la acción constitucional de protección no constituye la vía idónea para dilucidar las materias planteadas, atendido que éstas deben ser resueltas en la sede jurisdiccional correspondiente, lo cual lleva, necesariamente, al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1534-2026 Protección.