nombre reservado con GENDARMERIA DE CHILE

nombre reservado

Gendarmería de Chile Recurso de protección Rol N°1534-2025 La Serena, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de GENDARMERÍA DE CHILE, representada por su Director Nacional, don RUBÉN LEONARDO PÉREZ RIQUELME, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución TRA N°142/48/2025, de 27 de junio de 2025, notificada el 31 de julio de 2025, la que declara la vacancia de su cargo por salud incompatible, lo que conculca las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°16 y N°24 de la Carta Fundamental.

Expone que el 15 de junio de 2015 ingresó a prestar servicios en Gendarmería de Chile, de forma ininterrumpida por 10 años como personal a contrata, en el policlínico de La Serena, y durante el último tiempo ha presentado problemas de salud por lo que hizo uso de licencias médicas, reincorporándose a trabajar el pasado 9 de febrero hasta el 31 de julio de 2025. Indica que en este contexto la recurrida solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) un pronunciamiento sobre su estado de salud, organismo público que mediante Resolución N°18195734, de 25 de noviembre de 2024, resolvió que su condición de salud es "recuperable", resolución debidamente notificada y que se encuentra firme.

Alega que sin perjuicio de lo anterior, la recurrida dictó la Resolución TRA N°142/48/2025, de 27 de junio de 2025, por la cual declara la vacancia de su cargo por la causal de "salud incompatible", fundada en el artículo 151 del Estatuto Administrativo Ley N°18.834, lo cual indica ser ilegal y arbitrario, toda vez que desconoce el carácter vinculante del pronunciamiento de la COMPIN, aplicando una causal de cese de funciones sin que concurran sus presupuestos legales, y desconociendo de manera infundada el sentido y alcance del inciso tercero del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Señala que el artículo 151 del Estatuto Administrativo establece en su inciso primero la facultad del jefe de servicio para considerar como salud incompatible con el cargo el haber hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, sin embargo, su inciso tercero, agregado por la Ley N°21.050, dispone: "El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." Por lo que en su caso no se cumple con el presupuesto legal para que la autoridad pueda ejercer la facultad de declarar la vacancia. Invoca Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema roles 12.835-2022, 24.7151-2023, 17.5301-2023 y 37.973-2024.

Sobre las garantías constitucionales infringidas, se refiere en primer término al derecho a la integridad física y psíquica, señalando que se verifica su vulneración por cuanto la decisión de la recurrida, al privarme de su fuente de sustento de manera abrupta, ilegal y arbitraria, genera un estado de incertidumbre, angustia y aflicción que atenta directamente contra su integridad psíquica, fundando su desvinculación en una causal improcedente, la somete a un estrés indebido que afecta su bienestar emocional y psicológico, considerando que la decisión se toma en un contexto de salud delicado, ignorando precisamente la evaluación técnica que certificaba su capacidad de recuperación. En cuanto a la garantía de igualdad ante la ley, señala resultar conculcada desde que la recurrida al apartarse de la ley y de la interpretación judicial uniforme, le otorga un trato desigual y perjudicial en comparación con otros funcionarios que se encuentran en idéntica situación, pues se desconoce en su caso el efecto vinculante de la resolución de la COMPIN, un requisito que la Excma. Corte Suprema ha calificado como un presupuesto esencial para la legalidad del acto.

Prosigue refiriéndose a la garantía de la libertad de trabajo y su protección, la cual refiere que ampara, además, el derecho a la permanencia en el empleo, del cual una persona solo puede ser privada por una causa legal y a través de un procedimiento racional y justo, por lo cual es infringida la garantía al ser desvinculada por una causal que no se configura en la especie, privándole ilegítimamente de su derecho a conservar su trabajo. Luego en cuanto a su derecho de propiedad, señala verse vulnerada esta garantía al ser privada de su empleo y de sus remuneraciones mediante un acto administrativo que no cumple con los requisitos que la ley establece para su validez.

Adiciona a las garantías vulneradas, la infracción al principio de confianza legitima, pues habiendo servido en la institución por más de diez años de manera ininterrumpida, se configuró a su respecto dicha confianza legítima, por tanto, su desvinculación solo podía fundarse en las causales estatutarias, y no en una declaración de vacancia que, como se ha demostrado, es ilegal por no cumplir con sus propios requisitos. Por lo que su actuar defrauda la confianza que, como funcionaria depositó en que la Administración, lo cual afecta su derecho de propiedad, pues se la despoja de su cargo sin causa legal.

Concluye solicitando que se acoja el recurso, y se deje sin efecto la resolución recurrida, ordenando su inmediata incorporación a sus funciones, y el pago íntegro de las remuneraciones y prestaciones que le correspondían desde la fecha de su separación hasta su efectivo reintegro, con condena en costas.

Acompaña a su recurso: copia de la Resolución TRA N°142/48/2025, de 27 de junio de 2025, suscrita por nombre reservado, Director General de Gendarmería de Chile de la época; copia del acta de notificación de 31 de julio de 2025; y copia de la Resolución de Evaluación, Folio N°18195734, de 25 de noviembre de 2024 emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

SEGUNDO: Que comparece el abogado Cristian Roco Cristi, Jefe de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, evacuando el informe ordenado.

Expone los antecedentes funcionarios de la recurrente, indicando que ingresó a la institución el 15 de junio de 2015, siendo desafectada del Servicio a partir del 01 de agosto del año 2025 tras quedar vacante su cargo por salud incompatible, fue clasificada en Lista N°1 en todos los procesos clasificatorios desde su ingreso, y que registra un procedimiento disciplinario en su contra, incoado por la Dirección Regional de Coquimbo, mediante Resolución Exenta N°473 de 28 de mayo de 2025, por viajar al extranjero estando con licencia médica, el que se encuentra en etapa indagatoria. Añade que registra desde su ingreso a la institución, en el año 2015, 678 días de licencia médica, de los cuales 364 corresponden solo a los últimos 2 años.

Indica que la Resolución TRA N°142/48/2025 de 27 de junio de 2025, la Jefatura de Servicio declaró vacante por salud incompatible, “a contar de la notificación de la total tramitación del presente acto administrativo, por haber hecho uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, el cargo servido por: 1) Don(a) nombre reservado, R.U.N N°RUT reservado, PROFESIONAL, grado 12° ESCALA UNICA DE SUELDOS, Contrata, con jornada de 44 horas semanales, del servicio GENDARMERÍA DE CHILE”. Luego transcribe los fundamentos de la resolución recurrida en sus considerandos primero al octavo y décimo al décimo segundo.

Expone sobre la legalidad de la declaración de vacancia por salud incompatible, refiriéndose al artículo 151 literal a) de la Ley N°18.834. Indica que se dio cumplimiento con solicitar a la COMPIN examen de evaluación de estado de salud irrecuperable de funcionarios públicos, la que señaló que su salud era recuperable.

Refiere que la Contraloría General de la República se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en relación a lo anteriormente expuesto, así en el Dictamen E17351, de 2018, expresó que: “La autoridad de un servicio tiene la facultad exclusiva para calificar la procedencia de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible con su desempeño, una vez producidas las circunstancias de hecho requeridas por la normativa. (...) en el evento que la COMPIN estime que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo, y resolver la vacancia de éste por esa causal”. Asimismo, señala que la Contraloría ha precisado que el informe COMPIN es un antecedente obligatorio pero no vinculante, en el Dictamen N°E188441, de 2022 y Dictamen N°E318983, de 2023, y que el Dictamen N°E527522, de 2024, distingue entre los conceptos de irrecuperabilidad e incompatibilidad, señalando que el primero corresponde al ámbito previsional, mientras que el segundo se refiere a la idoneidad del funcionario para el ejercicio del cargo.

Destaca que la reiterada jurisprudencia administrativa ha reconocido que la sola circunstancia de haber hecho uso de licencia médica en un lapso superior a seis meses en un período de dos años constituye indicio suficiente de salud incompatible, habilitando al jefe de servicio para decretar la vacancia, y añade que no puede soslayarse que lo resuelto por la COMPIN lo fue el 25 de noviembre de 2024, y que posteriormente la recurrente estuvo una gran cantidad de días con reposos médicos, tanto al finalizar el año 2024 como durante la corriente anualidad, incidiendo ello en el adecuado desempeño que se exige en su calidad de servidora pública por lo constantes ausentismos laborales.

Hace presente el efecto relativo de las sentencias y que, los fallos que se invoca la contraria carecen de eficacia expansiva hacia terceros que no fueron parte en dicho litigio, como ocurre en la especie, por lo que pretender lo contrario importaría desconocer el principio de seguridad jurídica, que exige que los efectos de la cosa juzgada queden circunscritos a quienes intervinieron en el proceso.

Agrega que, mediante la Ley N°21.050, se introdujo el inciso tercero al artículo 151 de la Ley N°18.834, creando una instancia previa y necesaria que no existía anteriormente para la regulación de la salud incompatible, sin embargo arguye que dicha disposición no limita ni vincula la facultad del jefe superior del Servicio al resultado de esa evaluación, lo que permite concluir que la intención del legislador no fue alterar lo dispuesto en el inciso primero del mismo artículo, que expresamente faculta al jefe de Servicio para considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo el haber hecho uso de licencia médica en un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, aun sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Señala que, de lo expuesto queda en evidencia que no ha existido actuación u omisión arbitraria o ilegal por parte de la Jefatura Institucional en la declaración de vacancia del cargo de la Sra. nombre reservado que pudiese ser objeto de reproche o que signifique una vulneración de las garantías constitucionales que estima han sido vulneradas, razones por las que el presente recurso de protección debe ser rechazado, con costas.

Acompaña a su informe: Ficha Personal de la recurrente; Resolución TRA N°142/48/2025 de 27 de junio de 2025, del Director Nacional de Gendarmería; Registro de Licencias Médicas de la Sra. nombre reservado; y dictámenes de la Contraloría General de la República números E17351 de 2018; E33241 de 2019; E188441 de 2022; E318983 de 2023 y E527522 de 2024.

TERCERO:

Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo del asunto sometido a conocimiento de esta Corte, se desprende que lo reprochado de ilegal y arbitrario -y que sirve de sustento a la presente acción constitucional de protección deducido en contra de la recurrida, Gendarmería de Chile- es la Resolución TRA N°142/48/2025 de 27 de junio de 2025, que declaró la vacancia del cargo desempeñado por la recurrente, fundada en haber hecho uso de licencias médicas continuas o discontinuas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, lo que tornaba su salud incompatible con el cargo. Y que a juicio de la recurrente tal acto resultaría ser arbitrario e ilegal por cuanto, si bien es cierto que estuvo haciendo uso de licencia médica por más de seis meses durante un período de dos años, la COMPIN, mediante Resolución Folio N°18195734, de 25 de noviembre de 2024, declaró como recuperable la salud de la recurrente.

A su turno la recurrida señala que no es vinculante para el Jefe del Servicio lo resuelto por la COMPIN, por tanto y sin perjuicio de lo resuelto por el organismo de salud, subsiste la posibilidad para el Jefe del Servicio que declare vacante el cargo por salud incompatible, destacando que el ausentismo de la recurrente perjudica el funcionamiento y labor del servicio.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto controvertido es necesario hacer algunas precisiones. En efecto, debe recordarse, primeramente, que el artículo 63 de la Ley N°21.050, agregó un inciso tercero al artículo 151 del Estatuto Administrativo que es del siguiente tenor: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Ahora bien, antes de la entrada en vigencia de la Ley N°21.050, uno de los reproches que se formulaba a la legislación vigente, radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el Jefe Superior del Servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional.

Por este motivo, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N°21.050, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la COMPIN respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales.

Que, por las razones expuestas es que en el mensaje presidencial que inició la tramitación del proyecto que se convertiría en la Ley Nº21.050, se expresa que uno de sus propósitos es “contribuir al fortalecimiento de la función pública, mejorando las condiciones de empleo y comprometiéndose con un Estado al servicio de los ciudadanos y del interés general del país”.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo que se viene razonando, se puede afirmar que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable y si le permite o no desempeñar el cargo, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público. Que, como lo ha afirmado nuestro más alto tribunal, esta es la única interpretación que materializa la intención del legislador, puesto que -de otra forma- aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

OCTAVO: Que, es en este contexto que, a juicio de esta Corte, más allá que efectivamente la supuesta incompatibilidad con las labores debe fundarse en antecedentes técnicos, que determinan que necesariamente la COMPIN debió evaluar además tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación previa de la compatibilidad con el cargo, determina el impedimento del ejercicio de la facultad concedida al jefe de servicio para declarar la vacancia del cargo.

NOVENO: Aclarado lo anterior y yendo al fondo de la controversia, no es un hecho controvertido que la COMPIN sólo se pronunció respecto a la declaración de salud de la recurrente, concluyendo que ésta era “recuperable”, sin embargo no efectúa una declaración acerca de que si dicha recuperabilidad le permitiría o no continuar con el desempeño del cargo del recurrente, esto es, si dicha recuperabilidad es o no compatible con el cargo que estaba ostentando conforme al informe agregado a folio 1, anexo 1, según el cual expresa: “Se resuelve que presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes”, de lo cual se desprende que este fue del todo incompleto al carecer del pronunciamiento indicado.

Conforme a lo expuesto, resulta claro que la recurrida procedió a dictar el acto administrativo impugnado en base al informe evacuado por la COMPIN en los términos expuestos, sin contar con un pronunciamiento previo del órgano técnico -COMPIN- acerca de si el estado de salud de la recurrente era o no compatible para seguir desempeñando el cargo que ejercía antes de la declaración de vacancia.

DECIMO: Que, al haber procedido la recurrida de la manera referida en el motivo precedente, ha tornado en ilegal el acto recurrido, desde que la decisión contenida en el acto impugnado - TRA N°142/48/2025 de 27 de junio de 2025- que resuelve la declaración de vacancia del cargo de la recurrente, se sustenta en un informe del órgano técnico COMPIN - Resolución Folio N°18195734 de 25 de noviembre de 2024- sin que haya mediado un pronunciamiento de salud irrecuperable muy por el contrario se indicó por el órgano especializado que la salud era recuperable, no existiendo antecedente o declaración que dicha enfermedad, declarada como recuperable, no es compatible con las labores para las cuales fue contratada, privando a dicho acto de fundamento, lo que permite a esta Corte hacer uso de las facultades de que se encuentra investida con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dicha irregularidad, por lo que se acogerá el arbitrio constitucional de la manera que se dirá en lo resolutivo del presente fallo.

Por todas estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la resolución TRA N°142/48/2025 de 27 de junio de 2025, dictada por GENDARMERÍA DE CHILE, que dispuso la vacancia del cargo de la recurrente, y en su lugar dispone que se deja sin efecto la referida resolución disponiéndose que el recurrido debe reincorporar a la actora a sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

ROL N°1534-2025 (Protección)