nombre reservado con CORPORACION EDUCACIONAL COLEGIO TRINITY

nombre reservado

Corporación Educacional Colegio Trinity La Serena Recurso de protección Rol Nº1532-2026 La Serena, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Rodrigo nombre reservado Valdivia Briceño, abogado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, estudiante, de 17 años de edad, representado por sus padres don nombre reservado y doña nombre reservado, dirigido en contra de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO TRINITY LA SERENA, representada por su Directora doña nombre reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en no implementar un plan de continuidad pedagógica real y efectivo en favor del adolescente recurrente, en incumplimiento expreso de resolución judicial.

Señala que el estudiante afectado cursa enseñanza media en el Colegio Trinity y que durante el primer semestre de 2026 estuvo afecto a una prohibición de acercamiento al establecimiento, circunstancia que habría perjudicado gravemente su trayectoria escolar y estado emocional. Sin perjuicio de ello, afirma que presentó avances conductuales concretos, reconocidos por el propio colegio mediante anotaciones positivas durante mayo, junio y julio de 2026, y que desde el 21 de abril se encuentra en proceso psicoterapéutico.

Luego, señala que el 15 de julio de 2026, en causa RIT F-1021-2026, el Juzgado de Familia de La Serena decretó como medida cautelar la prohibición de nombre reservado de acercarse al colegio en un radio de 1.000 metros por 180 días, lo que le impidió reincorporarse presencialmente al inicio del segundo semestre, el 3 de agosto de 2026. Sus apoderados dedujeron reposición con apelación subsidiaria y, el 14 de agosto de 2026, el tribunal acogió parcialmente la reposición, ordenando expresamente al Colegio Trinity implementar, dentro de tres días hábiles, un Plan de Continuidad Pedagógica en favor del adolescente.

Sin embargo, sostiene que, vencido dicho plazo, el colegio no informó al Juzgado de Familia y se limitó a responder a los padres mediante correo electrónico de 24 de agosto, señalando genéricamente que había dado cumplimiento a la resolución, sin precisar en qué consistía el plan, cómo operaría, sus contenidos, responsables ni plazos, y sin permitir hasta entonces el retorno presencial de nombre reservado.

La madre respondió ese mismo día solicitando información específica y detallada, sin obtener una respuesta concreta.

Añade que la modalidad remota implementada desde el 11 de agosto -consistente en clases de 15 minutos por asignatura, fallas reiteradas de conexión, ausencia efectiva del docente durante la transmisión y entrega de instrucciones en un lapso insuficiente- no cumpliría la función pedagógica de la asistencia presencial ni constituiría el Plan de Continuidad Pedagógica exigido judicialmente. Además, agrega que nombre reservado llevaba más de tres semanas sin asistir presencialmente y que, entre el 3 y el 10 de agosto, no recibió material de trabajo alguno.

Señala que el daño que esta situación está produciendo en el adolescente se encuentra consignada en el informe psicológico de 25 de agosto de 2026, que da cuenta, según se expone, de pérdida de contenidos y continuidad académica, sobrecarga frente al trabajo pendiente, afectación del sentido de pertenencia al grupo de pares y desestructuración de la rutina. También consigna alteraciones del sueño, aumento del apetito y un episodio de oscurecimiento visual con breve desorientación, además de señalar como riesgo específico la reinstalación de condiciones de aislamiento, indefinición y exclusión.

Destaca que, de acuerdo con dicho informe, la ausencia de una fecha cierta o criterio verificable de retorno constituiría el componente clínicamente más nocivo para el adolescente, ya que cada día adicional de espera erosionaría los avances terapéuticos. Asimismo, hace presente que, según el relato de nombre reservado al psicólogo, la estudiante involucrada en la causa que originó la medida cautelar tampoco estaría asistiendo presencialmente al colegio, lo que haría aún menos justificada su exclusión.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, sostiene que se vulnera el derecho a la educación, consagrado en el artículo 19 N°10 de la Constitución, sosteniendo que el derecho a la educación no se agota en mantener formalmente la matrícula, sino que comprende la continuidad efectiva del proceso de enseñanza y aprendizaje, la integración a la comunidad educativa y el desarrollo escolar en condiciones de dignidad e igualdad.

Asimismo, invoca los artículos 28 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos al derecho a la educación y al interés superior del niño, junto con el Decreto N° 240/2022 del Ministerio de Educación y la Ley N° 21.545, los que -según afirma- reforzarían el deber de asegurar la continuidad pedagógica del estudiante.

En consecuencia, afirma que el Colegio Trinity incurrió en un acto ilegal y arbitrario al no implementar el plan ordenado por el Juzgado de Familia y mantener al adolescente excluido fácticamente de su proceso educativo por más de tres semanas. Afirma que existiría una triple ilegalidad: incumplimiento de la resolución judicial, vulneración del artículo 19 N° 10 de la Constitución y desconocimiento del estándar del interés superior del niño; y que la arbitrariedad radicaría en haber respondido mediante una comunicación genérica y elusiva, pese a contar con medios organizativos para adoptar un plan efectivo.

Culmina solicitando que se acoja el recurso y se ordene al colegio implementar inmediatamente un plan de continuidad pedagógica concreto, específico y verificable, que contemple como mínimo presencialidad en el establecimiento, instrucciones escritas de trabajo, calendario de evaluaciones y materiales por asignatura, además de designar un docente o profesional como contacto único del adolescente, permitiendo su retorno al establecimiento, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 13 de la carpeta digital, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que todas sus actuaciones obedecieron al cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Juzgado de Familia de La Serena, debiendo compatibilizar las medidas cautelares vigentes, la protección de los dos adolescentes involucrados y la continuidad de sus procesos educativos.

Sostiene que la imposibilidad temporal de asistir presencialmente el estudiante se originó directamente en una resolución judicial obligatoria, señalando que durante su vigencia se adoptaron medidas especiales para asegurar la continuidad educativa y que, una vez modificado el escenario judicial, se dispuso la reincorporación presencial del estudiante.

Como antecedente, señala que nombre reservado y otra estudiante del mismo curso habían mantenido una relación sentimental que derivó en situaciones de violencia conocidas en abril de 2026. Frente a ello, el establecimiento activó sus protocolos de convivencia escolar y puso los antecedentes en conocimiento del Tribunal de Familia, dando origen a diversos procedimientos proteccionales. Desde entonces, debió adecuar sus actuaciones a las sucesivas resoluciones judiciales, procurando compatibilizar los derechos educacionales de ambos estudiantes con las medidas de protección decretadas.

Con relación a la imposibilidad de asistencia presencial de nombre reservado, precisa que la resolución de 15 de julio de 2026 dejó constancia de una prohibición total y absoluta de acercamiento a la otra estudiante, incluyendo expresamente el Colegio Trinity, en un radio de 1.000 metros y por 180 días. Añade que dicha prohibición subsistía aun cuando la otra estudiante no asistiera a clases, mientras continuara matriculada. Por ello, sostiene que el colegio no podía autorizar autónomamente el regreso presencial de nombre reservado, pues ello habría implicado desconocer una medida cautelar vigente.

Frente a esa situación, indica que implementó una modalidad excepcional de continuidad pedagógica y acompañamiento a distancia, destinando recursos humanos, pedagógicos y técnicos para proporcionar al estudiante una atención especialmente adaptada e individualizada. Señala que se dispusieron acciones concretas de acompañamiento, comunicación, entrega de material y atención pedagógica, que posteriormente fueron sistematizadas y reforzadas mediante un plan de continuidad pedagógica.

Respecto de la resolución de 14 de agosto de 2026, hace presente que el Tribunal de Familia no ordenó la reincorporación ordinaria a clases presenciales, sino la implementación, dentro de tres días hábiles, de un plan de continuidad pedagógica que adecuara el régimen de evaluación y asistencia y permitiera concurrencias al establecimiento para retirar trabajos o rendir pruebas, con horarios diferenciados respecto de la otra estudiante. El colegio sostiene que elaboró, implementó e informó al Tribunal dicho plan, incorporando además la posibilidad de concurrir presencialmente a retirar material pedagógico.

Afirma que el plan fue real, concreto e individualizado: identificaba al estudiante, curso, profesora jefe, apoderada, fecha de inicio y una responsable específica de seguimiento. Contemplaba publicación semanal de clases y recursos mediante Google Classroom, entrega de guías y actividades, retroalimentación individual por Meet, monitoreo de calificaciones, mecanismos de retiro de material físico, rendición de evaluaciones y canales de comunicación con docentes y UTP.

Añade que los padres conocían la existencia de los planes, distinguiendo entre su inexistencia y la disconformidad de los apoderados con su contenido. Señala que existieron dos planes: uno de 4 de agosto de 2026 y otro de 18 de agosto, rediseñado conforme a la resolución de 14 de agosto. Afirma que la apoderada acusó recibo, pero manifestó que no prestaba su conformidad y pidió su revisión. Para el colegio, ello demuestra que los planes existían y eran conocidos por la familia, aunque esta discrepara de la modalidad predominantemente remota.

En cuanto a su ejecución material, sostiene que los documentos acompañados acreditan la publicación y entrega de material de numerosas asignaturas, junto con registros de clases individualizadas, participación de nombre reservado, resolución de dudas, seguimiento de actividades y recuperación de sesiones. Por ello, rechaza que pueda hablarse de abandono, exclusión o indiferencia frente al proceso educativo del estudiante.

Sobre las fallas de conexión alegadas, señala que pudieron existir incidentes puntuales, propias de una modalidad excepcional de atención remota, pero sostiene que ellas no significan que no haya existido continuidad educativa. Señala que, frente a los inconvenientes comunicados por la apoderada, el colegio respondió y adoptó medidas de coordinación, reprogramación o recuperación, existiendo antecedentes de material pedagógico, atención docente, seguimiento y comunicación durante el período.

Reitera que la presencialidad ordinaria no era una alternativa que pudiera disponer unilateralmente, pues las resoluciones judiciales mantenían la prohibición de acercamiento al establecimiento, incluso si la otra estudiante no concurría presencialmente. La resolución de 14 de agosto tampoco habría dejado sin efecto dicha prohibición, sino que ordenó compatibilizarla con el derecho a la educación mediante un plan de continuidad y determinadas concurrencias bajo horarios diferenciados.

Por otra parte, señala que, a partir de la audiencia de 07 de septiembre de 2026, hubo un cambio de escenario, puesto que se modificaron las condiciones cautelares y se contempló la posibilidad de que nombre reservado retornara presencialmente a clases. Frente a ello, el colegio modificó el plan, suprimió las clases remotas y dispuso su reincorporación presencial a partir del 21 de septiembre de 2026, inmediatamente después del receso de Fiestas Patrias. Asimismo, informó a la apoderada sobre las gestiones de retorno y celebró una reunión el 11 de septiembre para entregar el nuevo plan.

Por ello, sostiene que aquello que el recurrente pretendía obtener ya fue dispuesto y que actualmente no subsiste una medida que la Corte deba adoptar para restablecer el imperio del derecho.

En consecuencia, solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción constitucional de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

QUINTO: Que, el recurso originalmente se enfoca en reclamar el incumplimiento de una resolución judicial, en orden a decretar lo que el recurrente entiende como el reintegro del alumno a la presencialidad.

Más allá que no se comparte íntegramente la interpretación que hace el recurrente sobre lo realmente ordenado por el juez, lo cierto es que esta acción no podrá prosperar, por cuanto su ejecución se encuentra sometida al imperio del derecho, sin que por esta vía pueda ordenarse a la entidad recurrida el acatamiento de una instrucción cuyo contenido debe ser precisado por el órgano que la emitió.

En efecto, tal como lo ha sostenido la E. Corte Suprema en autos rol 22099-21, “…no procede el recurso de protección en contra de resoluciones judiciales, pues ellas cuentan con su propio medio de impugnación como son los recursos, caso en el cual la materia de que se trate estará sometida al imperio del derecho. Sin embargo, pueden existir casos, como el de la especie, en que respecto de resoluciones judiciales lo anterior no sea posible pues los afectados por ellas pueden ser terceros que carecen de legitimación activa al efecto. En tales casos, excepcionalmente, si una sentencia dictada en un procedimiento no contencioso priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio por parte de terceros, de alguna de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 20 de la Constitución, debe considerarse la posibilidad de restablecer el imperio del derecho por esta vía de protección, pues tales terceros pueden verse afectados, sin tener la posibilidad de conocer la existencia del procedimiento, de hacer valer sus derechos en los términos del artículo 823 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco interponer los recursos que establece la ley.”

De esta forma, como ha señalado reiteradamente el Máximo Tribunal, la acción constitucional que nos ocupa, es excepcional y está entregada a aquellas situaciones en que no hay otras vías para reclamar por amenaza o vulneración a las garantías constitucionales que se protegen o las vías que existen no fueron resueltas conforme a derecho, lo que no ha ocurrido en la especie, motivo por el cual el presente recurso no podrá prosperar.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, el libelo carece de oportunidad, desde que las medidas solicitadas dicen relación con la reincorporación del alumno, lo que se verificó estos días, como reconoció el propio apoderado que alegó en estrados, por lo que no se advierten medidas que esta Corte pueda adoptar. Por lo demás, los nuevos antecedentes vertidos en estrados se construyen sobre un debate jurídico y factico notoriamente diverso al planteado y que fue notificado a la recurrida, por lo que resolverlas, importaría afectar los derechos de quien no tomó conocimiento del giro argumentativo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Rodrigo Valdivia Briceño en contra de la Corporación Educacional Colegio Trinity La Serena.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1532-2026 (Protección).