nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES con AFP HABITAT S.A.

nombre reservado

Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

Recurso de protección Rol N°1529-2025.- La Serena, veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., señalando como acto ilegal y arbitrario la negativa a reincorporarla como afiliada activa, lo que representa una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°18 y 24 de la Constitución Política de la República.

Argumenta que inició el trámite de pensión de vejez por su edad y porque fue desvinculada de su trabajo, realizando también la gestión para recibir el pago del seguro de cesantía con aporte solidario.

Explica que no se le informó que al “contratar con la aseguradora”, el pago del seguro de cesantía se suspendería, por lo que acudió hasta las dependencias de la recurrida, oportunidad en que se le indicó que el contrato debía ser resciliado directamente con Penta, lo que realizó, obteniendo el pago de dos cuotas más del seguro. Sin embargo, fue nuevamente fue suspendido, por cuanto si bien dejó sin efecto el contrato, automáticamente quedaba pensionada en la Administradora de Fondos de Pensiones.

SEGUNDO: Que comparece la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A., solicitando el rechazo de la acción intentada.

En primer lugar, señala que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver un conflicto como el de la especie, en tanto no existe un derecho indubitado. En efecto, se reclama respecto de una “mala asesoría” por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat, con el objeto de obtener un beneficio estatal a través de otra entidad –Administradora de Fondos de Cesantía– la que es ajena e independiente a una Administradora de Fondos de Pensiones, no evidenciándose un acto arbitrario o ilegal ni vulneración al derecho de propiedad ni a sus atributos.

Seguidamente, alega la extemporaneidad de la acción, por cuanto el último reclamo de la actora fue respondido en junio del presente año, de forma tal que al haberse incoado la acción el 29 de agosto de 2025, lo fue una vez expirado el plazo que contempla el Auto Acordado que regula la materia.

Detalla el historial de trámites de la actora e indica que solicitó pensión de vejez en febrero de 2025, siendo debidamente informada y asesorada respecto al beneficio que le corresponde pagar a la Administradora de Fondos de Pensiones.

Refiere que efectuó la tramitación del beneficio de pensión en la forma y plazos establecidos en la normativa e inició el pago de pensión en retiro programado conforme a la resciliación de la renta vitalicia como ordena la normativa.

Afirma que el beneficio solicitado a la Administradora de Fondos de Cesantía y sus pagos no son materia de conocimiento y control de la recurrida, considerando que son entidades distintas y separadas.

Acota que la recurrente se acercó recién el 22 de mayo a solicitar dejar sin efecto la pensión –luego del inicio del pago de ésta con sus retroactivos– por lo que dicha petición no fue aceptada por improcedente de acuerdo lo dispuesto por la normativa.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que en relación con la alegación de extemporaneidad, es dable señalar que el numeral primero del Auto Acordado N°94-2025, dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

A su turno, conviene indicar que conforme fluye del recurso intentado, por esta vía se reprocha el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida consistente en la negativa a reincorporar a la protegida como afiliada activa, respuesta que la Administradora de Fondos de Pensiones afirma haber efectuado en junio del presente año.

Así las cosas, considerando los instrumentos allegados a esta sede, de los cuales se desprende que dicha determinación fue expedida el 12 de junio de 2025, sin que la actora haya incorporado algún antecedente que suponga haber tomado conocimiento con posterioridad a dicha oportunidad y habiéndose incoado el arbitrio de protección el 29 de agosto pasado, fluye que se interpuso una vez expirado el plazo perentorio contemplado en el Auto Acordado que regula la materia, consideraciones por las que se hará lugar a la alegación planteada por la recurrida.

A mayor abundamiento, cabe tener presente que el arbitrio de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos indubitados, circunstancia que no se verifica en la especie, dado que el actuar que la recurrente reprocha a la recurrida se funda en una determinación de esta última a propósito de la interpretación de la normativa que regula la materia, la que impide dejar sin efecto la pensión una vez que ya se han cursado pagos de la misma, resultando palmaria la existencia de una controversia que impide la concurrencia de los presupuestos exigidos en el presente arbitrio, no siendo, por tanto, esta la vía idónea para su solución.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1529-2025 Protección.